Esta subcuenca considerada la más degradada de la provincia, con conflictividad ecológica, económica y social. Al encuentro asistirán fiscales, autoridades de distintas instituciones y organismos, técnicos y funcionarios.
El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, convocó a una reunión hoy para recabar información vinculada a aspectos técnicos de la problemática de la subcuenca de los ríos Arias y Arenales, que pertenecen a la cuenca alta del río Juramento.
La subcuenca Arias-Arenales, perteneciente a la Cuenca Alta del Río Juramento, es considerada la más antropizada (influenciada o manipulada por la persona humana) y degradada de la provincia y, por tanto, la que presenta una mayor conflictividad ecológica, económica y social a la fecha.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que el procurador estará acompañado por el fiscal de cámara Ramiro Michel Cullen, a cargo del caso “Mercado, Amelia Emilia”, y por el fiscal penal 5, Federico Jovanovics, a cargo de la actuaciones “Sobre contaminación aguas”. También asistirá la secretaria coordinadora de la Procuración, Belén Rubio, y el secretario Relator Ambiental de Procuración, Juan Sebastián Lloret.
La agenda de trabajo contempla un espacio de exposición, distribuido en los cuatro organismos técnicos participantes, y luego se permitirán preguntas, habrá un intercambio y evacuación de dudas técnicas y sugerencias de procedimiento a los magistrados fiscales.PUBLICIDAD
Se indicó que está previsto además que se acerquen diferentes enfoques de la interdisciplina e institucionalidad, con el fin de tratar «con objetividad y de manera global los distintos aspectos complejos y de incidencia colectiva de la problemática».
Con este objetivo fueron invitados a la reunión otros funcionarios: la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse; el responsable del Servicio de Medio Ambiente, José Luis Manzano, que tiene los datos técnico-forenses detectados en la subcuenca. También fue invitado el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Héctor Raúl Casado; la directora del Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), Elsa Mónica Farfán, y los ingenieros Verónica Rajal y Ramiro Poma, quienes ya han realizado evaluaciones científicas en el lugar y realizaron aportes de asesoramiento a la causa penal.
Se ha invitado también al decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta (UCaSal), Pedro Fernández, y la directora ejecutiva del Instituto de Sustentabilidad Urbana y Territorial (ISUT), Gabriela Poliotto, de quienes el Ministerio Público Fiscal dijo que poseen la más vasta trayectoria en planificación urbano-ambiental de la subcuenca y han colaborado asesorando a la Procuración General en estas problemáticas. Y fueron invitados el decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, Julio Nasser, y la secretaria de Relaciones Institucionales, Ana Zelarayán; las responsables de las cátedras de Hidrogeología y Manejo de Cuencas Hídrográficas, Verónica Rocha Fassola y Silvia Elena Ferreira Padilla, respectivamente.
Tanto la universidad pública como la católica tienen convenios de colaboración y asistencia técnica suscriptos con el Ministerio Publico Fiscal de Salta.