El plan prevé no solo la redistribución de camas sino también de medicamentos, insumos y personal médico ante el avance de la pandemia y la alta demanda.

Este martes el gobernador Gustavo Sáenz y los integrantes del COE analizaron el avance de la pandemia en Salta y prosigue el plan de salud prioritaria: quienes no necesiten cirugías urgentes deberán reprogramarlas.

Es que el Gobierno le pidió a los principales hospitales públicos y clínicas privadas llevar adelante un plan prioritario de camas: ante la alta demanda de camas de pisos y de terapias intensivas, el objetivo es destinarlas a estos sectores más complejos, postergando a quiénes no necesiten una internación de manera urgente.

Los principales hospitales en adoptar la medida son el Papa Francisco, San Bernardo, Oñativia, Señor del Milagro, Materno Infantil y Ragone, además del sector privado.

No solo habrá una redistribución de camas, sino también de recursos humanos y tecnológicos, como respiradores, monitores, bombas y gases medicinales, para cubrir las áreas más demandantes.

Si bien el ministro de Salud, Juan José Esteban, anunció que se realizó la compra de medicamentos e insumos críticos por más de $ 90 millones, el plan de priorización de los servicios para los próximos tres meses contempla la redistribución de medicamentos e insumos elementales entre los hospitales y clínicas.

El reporte diario de coronavirus indica que al momento de esta edición hay 136 personas internadas en camas de terapia intensiva en toda la provincia.

FUENTE: DNI SALTA

La asesoría está destinada a personas de escasos recursos. También se ofrecerán charlas gratuitas a la comunidad sobre sus derechos.

La intendenta, Bettina Romero, y el presidente del Colegio de Abogado y Procuradores de Salta, Pedro Burgos, acordaron trabajar en conjunto para brindar asesoramiento jurídico a los vecinos de la ciudad. El servicio gratuito se dará en todos los CICs y Nidos de la ciudad.

“Creemos fuertemente en el trabajo colaborativo. Convenios como estos nos permiten llevar servicios transparentes y de calidad a los vecinos. Este es el camino y el rol del municipio, articulando con instituciones en beneficio de la ciudad”, manifestó la mandataria.

Además, agregó: “Para nosotros es importante continuar trabajando con las asociaciones profesionales e intermedias. Brindar servicios en todos los puntos de la ciudad es nuestro compromiso y este convenio nos permite profundizar con un asesoramiento necesario para ayudar a resolver problemáticas que tienen nuestros vecinos”.

En su visita, la jefa comunal y las autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores recorrieron las instalaciones de la institución. También, la plaza de la Memoria instalada en reconocimiento a la memoria de profesionales victimas del terrorismo de estado.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, expresó: “Nuestro consultorio jurídico gratuito va a poder trasladarse a distintos espacios municipales. Este acuerdo con el municipio revaloriza nuestro trabajo y el compromiso social que tiene el Colegio de Abogados con las personas de escasos recursos”.

Además, agregó: “Agradecemos a la intendenta porque reconoce que esta es la institución que debe brindar este servicio, ya que quienes integran el consultorio jurídico tienen que acreditar capacitación y formación continua. Además, tienen un control disciplinario del Tribunal de Ética en sus actuaciones para tranquilidad de los ciudadanos”.

El servicio de consultoría jurídica gratuita es una prestación a la comunidad previsto en Ley 5412. Está destinado a las personas de escasos recursos a fin de brindar a los ciudadanos la posibilidad de acceder a una orientación para la resolución de los conflictos de orden jurídico planteados en cada caso, por profesionales integrantes del consultorio jurídico de la institución.

También participaron del acto las siguientes autoridades del Colegio de Abogados: la vicepresidenta, Marisa Falconier Diez; el secretario, José Aráoz Fleming y los consejeros, Julia Quipildor y José Restón.

Acompañaron a la intendenta, el secretario de Gobierno, José Luis Gambeta y la subsecretaria de Acción y Gestión, Daniela Vega.

FUENTE: MUNICIPALIDAD SALTA

El proyecto de ley que envió el procurador general Abel Cornejo fue aprobado por unanimidad, con 49 votos, y pasó en revisión al Senado.

La Cámara de Diputados otorgó ayer media sanción al proyecto de ley que promueve la creación de una fiscalía penal especializada en incidentes y seguridad vial.

La nueva figura jurídica tendrá a su cargo la investigación y la persecución de los delitos ocurridos en ocasión de incidentes viales y delitos contra la seguridad del tránsito.

Además, atenderá los requerimientos de las víctimas y articulará con todos los actores intervinientes en la temática, con la finalidad de procurar una mayor protección de los bienes jurídicos esenciales que se encuentran comprometidos, como son la vida y la integridad física de las personas.

La iniciativa aprobada por la Cámara Baja y que pasó en revisión al Senado, establece que la fiscalía especializada tendrá competencia en todo el territorio de la provincia y funcionará en la ciudad de Salta.

Con esta ley se dejará entendido por incidente vial o de tránsito a toda acción u omisión en la que se produzca daño a personas o cosas en ocasión de la circulación en la vía pública.

Además, dispone que, en ejercicio de las facultades legales que tiene, el procurador general de la Provincia será el encargado de dictar la correspondiente reglamentación.

En los fundamentos del proyecto que envió a la Legislatura, el procurador Abel Cornejo señaló la conveniencia de la creación de la fiscalía especializada para que lleve adelante una persecución eficaz de los delitos acaecidos en incidentes de tránsito y contra la seguridad vial.

También indicó que, tomando una mirada responsable del conflicto vial, la terminología adquiere una especial preponderancia para el enfoque hacia una perspectiva de persecución penal estratégica y que la misma sea la de incidentes y no de accidentes.

Explicó que, para afianzar una transformación en materia vial, la denominación adecuada es «incidentes viales o de tránsito» dado que los hechos a los que aluden dependen de una conducta humana, se trata de sucesos evitables que generan responsabilidad penal por hechos tanto culposos como dolosos que sean consecuencia del tráfico vehicular, mientras que los accidentes son sucesos imprevistos o azarosos.

Apoyo pleno

Durante el debate algunos diputados citaron estadísticas oficiales y subrayaron que el alto índice de mortalidad en siniestros viales que tiene la provincia de Salta supera la media nacional de fallecidos.

En esta línea, se hizo notar que los accidentes viales son la principal causa de muerte en menores de 35 años, que representan la tercera causa de mortalidad, que el mayor porcentaje de siniestralidad se concentra en el interior de la provincia y que son los motociclistas los principales víctimas fatales.

También subrayaron el alto costo económico que representa para el sistema sanitario público de la provincia el tratamiento para la recuperación de los afectados.

El proyecto de ley obtuvo apoyo total, fue aprobado por unanimidad, con 49 votos positivos, por los distintos bloques políticos. No obstante, durante la sesión virtual hubo voces que remarcaron que, si bien se trata de la creación de una fiscalía jurídica doctrinaria interesante, con la finalidad de persecución penal de la responsabilidad individual de los conductores, también es necesario tener una visión global del problema.

En este sentido, se puntualizó sobre el pésimo estado que presentan las rutas, tanto nacionales como provinciales, las calles de las ciudades, falta de señalización vial, estricto control sobre la idoneidad para conducir vehículos y motos al momento de otorgar los carnet y campañas de concientización. Estos aspectos fueron señalados como responsabilidad del Estado y de los funcionarios, porque en la actualidad no existe una adecuada planificación en materia de seguridad vial, como tampoco se asignan recursos suficientes para obras públicas que mejoren las rutas y las calles y se remarcó que con solamente la nueva fiscalía no se resolverá el preocupante problema de los siniestros viales.

FUENTE: EL TRIBUNO

El incremento de los abonos será de entre 10% y 15%. Hay conflicto en puerta: el Enacom no autorizó las subas.

Las tarifas de telefonía, internet y cable llegarán con aumentos de entre 10% y 15% a partir de mayo, según la información que las empresas empezaron a remitir a los usuarios.

Pese a que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) asegura que no están autorizados los incrementos, las compañías que prestan estos servicios ya están enviando las comunicaciones.

De este modo, la presión inflacionaria seguirá ascendiendo ya que a los mayores costos de los servicios de telecomunicaciones se sumará el aumento de las tarifas de otros servicios que utilizan las familias como el gas y la electricidad.

En un comunicado emitido el 14 de abril último, el organismo público aclaró que no había «autorizado incremento de precios para mayo o junio de 2021 en servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet o televisión paga».

Agregó que «oportunamente se informará cualquier aumento que se autorice» y remarcó que «cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por este Ente».

Recordó que «las empresas que no hayan cumplido con las resoluciones que fijaron los incrementos autorizados y no hayan respetado el monto de los mismos o no hayan otorgado la prestación básica universal consagrada por el decreto de necesidad y urgencia 690/20 no podrán aplicar variaciones de precios a sus clientes».

En este contexto, las empresas justificaron la decisión de modificar los precios y salieron a anunciar aumentos para compensar el «atraso tarifario» que vienen registrando en los últimos meses.

A raíz de la pandemia, durante 2020 los cuadros tarifarios estuvieron congelados a través del decreto presidencial 690 que declaró servicios públicos esenciales.

El Gobierno autorizó en diciembre del año pasado aumentos del 5% en los servicios de telefonía fija, móvil, internet y tv por cable, aunque las subas llegaron al 20%.

Los anuncios

Entre las empresas que anunciaron aumentos, Movistar lo hizo vía SMS y precisó que el ajuste será del 8% en mayo y del 7% en junio, al igual que la empresa Claro, que ya lo comunicó la semana anterior.

En tanto, Telecom aplicará un incremento del orden del 10% a todos sus productos.

Solo tv satelital

El pasado 16 de abril, el Enacom había autorizado a los licenciatarios del servicio de comunicación audiovisual de televisión por suscripción satelital, el cobro de un cargo específico de $53, a través de la resolución 323/2021, pero había aclarado que no había incrementos en el resto de los servicios públicos de telecomunicaciones.

El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, dijo entonces que «hasta el día de hoy no se ha autorizado ningún aumento para mayo y junio» para los servicios de telecomunicaciones, es decir, telefonía móvil, internet y televisión paga.

«Alguna de las empresas avisaron a sus clientes que iba a haber un aumento de precios, pero hasta que ese aumento o cualquier otro no esté autorizado por el Enacom, no se puede aplicar», había remarcado.

Pese a los dichos del funcionario, ahora el sector de telecomunicaciones avisó a sus clientes que subirá sus tarifas.

Los incrementos en las boletas de televisión por cable, internet y telefonía fija y móvil no serán los únicos en mayo. Para el próximo mes ya está autorizado un aumento en el servicio de gas natural. Será de al menos 6 por ciento para los usuarios residenciales y del 4 por ciento para las pymes.

Las empresas de electricidad también tienen en carpeta un incremento, pero hasta ahora no se fijó ni porcentaje ni fecha para su vigencia.

FUENTE: EL TRIBUNO

El salteño Gustavo Sáenz pidió respiradores. El presidente instó a «bajar los contagios».

Elogios, pedidos, cruces y convocatoria. La reunión que ayer mantuvo el presidente Alberto Fernández con los gobernadores del Norte Grande atravesó por distintos tonos y ánimos. El jefe de Estado pidió a los mandatarios que trabajen para cumplir «la premisa» de «bajar la cantidad de contagios». Y como contrapartida escuchó a varios decir que cuando los gobiernos provinciales fueron a comprar vacunas se encontraron con «buscas» e «intentos de estafa».

Con las cifras de la segunda ola en ascenso, la vacunación fue el gran tema de la conversación, así como la provisión de oxígeno.

«Hay muchos buscas ofreciendo vacunas; nos piden depositar el dinero en fondos fiduciarios, pero después investigamos y resulta que es una inmobiliaria», denunció el gobernador jujeño Gerardo Morales. «A muchos gobernadores les pasa lo mismo», añadió.

El salteño Gustavo Sáenz también sumó su queja sobre la adquisición de dosis: «Salimos a comprar y es imposible para las provincias conseguirlas».

De allí que la mayoría de los doce mandatarios provinciales que mantuvieron una videoconferencia con el presidente Fernández coincidieron en que la vacunación avanza en sus territorios solo con lo que provee la Nación, por lo que varios destacaron la campaña nacional.

Sáenz consideró que el conglomerado de provincias y Nación «tenemos que tomar medidas conjuntas», al tiempo que pidió al jefe de Estado por más respiradores para Salta.

Cada uno de los gobernadores bosquejó al presidente la situación de su distrito. Así, por ejemplo, Morales mencionó las restricciones de circulación nocturna en Jujuy, el control de reuniones sociales y que a las escuelas «van la mitad de los grados».

El chaqueño Capitanich y varios de sus pares hicieron hincapié en que vieron un incremento de casos en niños y jóvenes de 0 a 19 años en el último mes. Esto disparó los contagios y las internaciones.

«Esta película ya la vimos»

Al tomar la palabra, Fernández insistió con la necesidad de bajar el número de contagios y advirtió a los gobernadores «esta película ya la vimos» durante la primera ola de la pandemia.

El jefe de Estado pidió a los mandatarios provinciales «garantizar que la circulación y los contactos sociales sean lo menor posible».

En ese marco, el Presidente exhortó a los gobernadores a hacer el «esfuerzo» de controlar la circulación y las reuniones en el ámbito privado, dado que «se tomaron medidas en el Área Metropolitana de Buenos Aires», pero hay «preocupación por otros conglomerados por la irradiación» del Área Metropolitana hacia el interior.

Durante la reunión virtual, el Presidente estuvo acompañado por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y los ministros Eduardo de Pedro (Interior) y Carla Vizzotti (Salud).

La reunión contó con la participación de los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones).

También estuvieron los mandatarios provinciales Gustavo Valdés (Corrientes), Ricardo Quintela (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Sergio Uñac (San Juan).

FUENTE: EL TRIBUNO

La ocupación de camas UTI es del 70%, es mayor a la del año pasado. De una semana a la otra aumentaron los casos en un 70% y allí se mantuvo.

El mapa que cuelga en la sala de situación del Grand Bourg muestra el 60 por ciento de la provincia pintada de rojo. Lo que indica que 14 de los 23 departamentos de la provincia están en un riesgo epidemiológico alto.

El salto que dejó a los departamentos dentro de esta categoría se dio entre la semana 13 (del 28 a 3 de abril) a la 14 (del 4 al 10 de abril), que pasó de 722 a 1222 casos; lo que implicó un aumento del 70%.Este es el mayor aumento de casos registrados en lo que va del año, el anterior había sido de 40% de la semana de la 4 a la 5, que va del 24 enero al 6 de febrero y que pasó de 360 a 503 casos. El otro registro de incremento fue del 43% de la semana 7 a la 8, que va del 14 al 27 de febrero, en esta fecha se pasó de 513 a 736 casos.

Los indicadores para pasar de categoría son dos: de incidencia que son los casos acumulados de las dos últimas semanas por cada 100 mil habitantes. Para ser considerado de riesgo bajo se marca que deben haber 49 casos cada 100 mil habitantes, de riesgo medio entre 50 y 149 casos y para ser de alto riesgo deben registrarse más de 150 casos por cada 100 mil habitantes.

Mientras que para el parámetro de razón se miden también las ultimas dos semanas pero ya no se compara por cantidad de habitantes, sino con las anteriores dos semanas. Para ser considerado de riesgo bajo este parámetro, la razón debe arrojar un resultado de 0,8, de riesgo medio de 0,8 a 1,2 y de riesgo alto mayor a 1,2. «Se superó el 1,20, en la mayoría de los departamentos, por esa razón están en en rojo”, advirtió la médica Analía Acevedo de Epidemiología del Ministerio de Salud.

En incidencia también se superaron los 150 casos cada 100 mil habitantes.

Departamentos en rojo

Estos dos indicadores, incidencia y razón, se entrecruzan y finalmente se estadifica la zona. De esto resultó que quedaron 14 departamentos bajo alto riesgo, estos son Capital, Iruya, La Viña, La Caldera, Molinos, Rosario de la Frontera, La Candelaria, Rosario de Lerma, Cerrillos, Metán, Los Andes, Chicoana, Cafayate y Santa Victoria Oeste. 

«Con esa estadificacion de riesgo determinamos que la semana pasada tuvimos un solo departamento de bajo riesgo, que es Rivadavia», señaló Acevedo.

La catalogación de zonas se planificó para que en base a ello se decida qué medidas tomar. “Las últimas semanas quedó amesetada la curva”, destacó Acevedo que a su vez recordó que “la categorización es dinámica y cambia de semana en semana”. Y, si bien se mantuvo la cantidad de casos y no incrementó, también se mantuvo la categoría de alto riesgo epidemiológico acompañado por un leve aumento de casos. 

Hasta el momento, desde el Ejecutivo provincial no se anunció ninguna medida nueva. Sin embargo, sí se indicó que el COE se reunirá a fines de la semana, luego del DNU de Nación en el que deben estudiar las restricciones para el centro del país. 

Hasta tanto, el gobernador Gustavo Sáenz mantuvo ayer una reunión con seis gerentes de hospitales públicos de referencia: el Papa Francisco, San Bernardo, Oñativia, Señor del Milagro, Materno Infantil y Ragone. Se comunicó oficialmente que el motivo de la reunión fue “analizar los pasos a seguir por la pandemia de coronavirus”. 

Gran ocupación en camas UTI

Se informa que en la provincia hay alrededor de 190 camas de la unidad de terapia intensiva (UTI), tanto en el sistema público como privado. “En promedio hay una ocupación del 70,47%”, informó Acevedo. Números que también son dinámicos. 

Según indicó la trabajadora de epidemiología, se aumentó la disponibilidad. “Estaba más baja”, destacó. Aunque también reconoció que el año pasado había mayor cantidad de camas disponibles que ahora. “Es por la atención de otras patologías”, advirtió. 

En la primera semana de enero habían 70 camas de UTI ocupadas. Hasta el 21 de abril la ocupación ascendió entre 130 y 140 camas. 

Este fue uno de los puntos que tocó el gobernador durante la reunión con gerentes de nosocomios ayer. Se indicó que el gobernador “instruyó para sumar camas de piso y UTI” a los hospitales convocados a la reunión.

FUENTE: EL TRIBUNO 

Cinco trabajadores de la Planta Hormigonera quedaron detenidos y 2 personas que estaban en una casa donde fraccionaba. Con maniobras delictivas en otras áreas, estiman pérdidas de $15 millones.

Tras una serie de allanamientos, cayó una nueva banda de trabajadores estatales que operaba ilegalmente con recursos de la Municipalidad. Son al menos cinco los agentes de la Planta Hormigonera que quedaron detenidos por el robo de gasoil y otras dos personas que estaban en una propiedad privada donde se fraccionaba el combustible para la reventa. Además, se encontraron herramientas, repuestos y otros productos que habían sido sustraídos de la comuna. 

Daniel Nallar, como secretario Legal, Técnico y de Procuración General, dijo a El Tribuno que se iniciarán averiguaciones para determinar si la pareja que fue detenida no está inscripta como proveedora o contratista de la Intendencia.

No es la única red de corrupción que detectaron las autoridades municipales. Nallar detalló que operaba un cobro paralelo en Habilitaciones Comerciales; en la Agencia de Recaudación no se habían dado de alta más de 7 mil propiedades y, por ende, no tributaban, y había un sistema de estafas con miles de licencias de conducir truchas. “Todo esto, más lo de la Planta Hormigonera, genera un perjuicio económico a la Municipalidad de 15 millones de pesos mensuales”, afirmó Nallar. 

Sobre el robo de gasoil, el funcionario afirmó que desde el primer día de la actual gestión se estableció un sistema riguroso de control de combustible. “El robo saltó por el control que veníamos haciendo”, agregó. 

Licencias truchas / A fines del año pasado fueron imputados once por fraude en perjuicio de la administración pública y falsedad material del instrumento público.

Desde el Ministerio Público informaron que “las tareas desplegadas por personal de la Unidad Especial de Investigaciones permitieron establecer las maniobras ilícitas perpetradas por los empleados municipales y las dos personas externas a la comuna”.

«Así determinaron que entre los días lunes y viernes arribaban distintos camiones del municipio a un domicilio particular situado en la zona sudeste de la capital salteña, cuyos choferes descargaban gasoil de los tanques de combustible. Allí, el diesel -habitualmente utilizado para grandes vehículos o maquinaria- era adquirido por los propietarios de esa vivienda. Se corroboró que luego las mismas personas vendían el combustible malhabido a terceros», detallaron. 

Cobro paralelo / La Municipalidad de Salta investiga también el cobro paralelo en Habilitaciones Comerciales. Hay otra línea en la Agencia de Recaudación. 

La detención se produjo tras el pedido que hizo la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, ante el Juzgado de Garantías 3. 

A la Municipalidad le entregaron unos 360 litros de combustibles tras los operativos. Hoy los implicados serán imputados. 

«En muchos de los casos que seguimos aparecieron algunos referentes de los gremios presentando notas atribuyéndose que las personas que estamos investigando tienen tutela sindical. Espero que no ocurra lo mismo con la Planta Hormigonera», afirmó a este medio Nallar. 

También se iniciaron los sumarios pertinentes con la suspensión de los imputados y detenidos, agregó. 

FUENTE: EL TRIBUNO