A través de modalidad virtual, se trató el proyecto especial de realización voluntaria “Torres Costanera”. Fue sometido a consideración del CoMDUA y aprobado por unanimidad. La planificación coopera con los lineamientos del PIDUA y significaría el primer desarrollo privado del proyecto prioritario “Proyecto de Sistematización del Río Arenales.

En la jornada de hoy, la Municipalidad de Salta llevó adelante la primera reunión del año del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Ambiental (Co.M.D.U.A.). La misma se desarrolló de manera virtual, con la participación de funcionarios municipales y miembros de asociaciones intermedias.

El órgano consultivo creado por el municipio para analizar la planificación de la ciudad con los temas relacionados al desarrollo urbano, está conformado por 26 instituciones intermedias. Tiene por rol garantizar el permanente debate urbanístico, ejerciendo una función de contralor social e institucional del proceso de planeamiento y gestión urbanística.

Durante el primer encuentro de 2021 se trató el proyecto especial de impacto ambiental y social “Torres Costanera”.

El mismo coopera con los lineamientos establecidos en el Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental vigente y significaría el primer desarrollo privado hacia la concreción del proyecto prioritario “Proyecto de Sistematización del Río Arenales en los términos establecidos por el P.I.D.U.A.” Proyecto que transformaría de manera integral la conexión norte – sur de la ciudad potenciando la recuperación ambiental del rio y posibilitando la generación de conexiones este – oeste.

Al respecto la secretaria de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, María Eugenia Angulo, expresó que “Celebro la participación que se llevó a cabo hoy en el CoMDUA,  distintos actores de la sociedad en un ámbito de debate pensando en el progreso de la ciudad a través de distintos proyectos que hacen a la planificación urbana, hoy fue un proyecto de iniciativa privada en la ribera del Río Arenales, pero son muchos los temas fijados en agenda, como por ejemplo el máster plan San Luis, el parque ribereño Río Vaqueros, entre otros”.

“Desde la gestión de la Intendenta Bettina Romero estamos convencidos que es la manera de trabajar, a través de una participación democrática en los temas que atañen a todos los salteños y salteñas”. Indicó la funcionaria.

El proyecto con ubicación en barrio Morosini, propone 4 torres de departamentos, locales y oficinas. Se presenta como un complejo bioclimático, que incorpora conceptos y acciones de sustentabilidad. Con esta iniciativa se busca sentar precedentes para que la costanera del rio Arenales sea transitada, y disfrutada por todos los salteños.

La reunión virtual del CoMDUA de hoy estuvo a cargo de la subsecretaria de Planeamiento, Natalia Vorano, con la participación de funcionarios municipales, colegios profesionales, universidades, arquitectos, urbanistas y demás instituciones intermedias de la ciudad.

Durante el encuentro, se presentó el proyecto especial de realización voluntaria Condominio Costanera, el cual corresponde a un proyecto especial de impacto ambiental y social debido a sus características. Fue expuesto y descripto por el propietario y su representante técnico Arq.  Gustavo Meyer, quien explicó el proyecto arquitectónico, para luego ser tratado, y sometido a consideración del CoMDUA como lo indica la normativa, votado y aprobado por unanimidad de los participantes presentes, sin oposición al proyecto, recibiendo total apoyo al mismo.

El análisis efectuado determina que dada la ubicación lindante con la ribera del rio y el distrito AE- RE (Área Especial de Renovación y Revitalización) , en la cual se promueve la realización de proyectos públicos, privados o mixtos, de interés estratégico para el desarrollo y o estructuración urbana, merece un estudio y análisis particular como proyecto especial.

Se trata de edificios de perímetro libre, con una superficie de construcción superior a 20 mil metros cuadrados, colindante al Área especial de Renovación y Revitalización y a la  ribera del Río Arenales, alineado al Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, cooperando a la concreción del  Proyecto de sistematización del río Arenales, con el fin de fomentar el proceso de revalorización inmobiliaria, preservar el entorno inmediato, optimizar la vinculación vial norte sur y generar a lo largo del eje fluvial espacios abiertos y áreas parquizadas.

Formaron parte de la reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Ambiental: arquitectas e ingenieros del Ejecutivo Municipal, miembros de la COPAUPS; Colegio de Arquitectos de Salta (CAS); Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (COPAIPA), Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta, y  Sociedad Argentina de Planificación Territorial (SAPLAT) y Cámara de Turismo de Salta

En la próxima reunión con fecha a determinar se tratará el tema “Diagnostico Preliminar San Luis”.

FUENTE: SALTA MUNICIPALIDAD

La iniciativa distribuye las facultades de tomar decisiones entre el Poder Ejecutivo, gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, «otorgando una amplitud de intervenciones para la toma de decisiones respecto de la evolución de la pandemia».

El Gobierno nacional envió este lunes por la tarde al Congreso el proyecto de ley de emergencia Covid, que promueve la estandarización de los escenarios epidemiológicos y define las facultades del Presidente y de los gobernadores para dictar «medidas de cuidado de la población», según indicaron fuentes oficiales.

La iniciativa no distingue entre zonas geográficas sino que establece «parámetros epidemiológicos y sanitarios» conforme los cuales las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para evitar la propagación del coronavirus.

En este sentido, establece los criterios para determinar las condiciones de Bajo, Medio o Alto Riesgo Epidemiológico y de Alarma Sanitaria, por los cuales se regirán los distintos tipos de restricción.

Para que todas las medidas y facultades establecidas por el presente proyecto de ley puedan adoptarse en función de datos objetivos, según la situación de cada departamento, partido o aglomerado, se utilizarán tres indicadores:

1) la tasa de incidencia; 2) la razón del incremento de casos (asociada a los valores absolutos) y 3) la capacidad de respuesta del sistema de atención de la salud asociado con la ocupación de las camas de terapia intensiva.

Respecto de las clases presenciales, el proyecto indica que su suspensión «se dispone únicamente para los lugares de Alarma epidemiológica» y prevé que, previa consulta con las provincias, el Poder Ejecutivo «podrá morigerar o dejar sin efecto esa restricción».

Por su parte, la secretaría de Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra, sostuvo este lunes que el proyecto de ley de emergencia Covid que fija restricciones sanitarias para afrontar la pandemia de coronavirus «atiende a las medidas y competencias que tienen cada uno de los gobernadores, los municipios y el Gobierno nacional», al advertir que el Estado está «obligado cuidar, preservar y proteger la vida de los habitantes».

Ibarra explicó que la iniciativa propone un «esquema general con parámetros epidemiológicos y sanitarios muy precisos» que establecen la aplicación de medidas de acuerdo a los niveles de riesgo bajo, medio y alto de cada jurisdicción.

FUENTE: PROFESIONAL

Sáenz y Jalil firmaron este tratado específico para el proyecto Sal de Oro de la empresa Posco. Ambos mandatarios provinciales coincidieron en destacar que “es un momento histórico para Salta y Catamarca”, ya que otorga seguridad jurídica, fomentando y facilitando las inversiones en la zona del Salar del Hombre Muerto.

El gobernador Gustavo Sáenz y su par de Catamarca Raúl Jalil firmaron por teleconferencia un Acuerdo Marco de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero Sal de Oro de la empresa Posco. 

Este convenio marco es un tratado específico para el proyecto Sal de Oro que se localiza en la Puna, en la zona del conflicto limítrofe de ambas provincias.

Al respecto, se dejó claro que “el Acuerdo no implica renunciamiento a las pretensiones y derechos derivados de su jurisdicción y soberanía territorial, que cada una de las provincias entienda debe realizar para la defensa de sus límites geográficos”.

Tampoco significa el reconocimiento de derechos y/o jurisdicción de una u otra parte en la zona de diferendo limítrofe; ni significa otorgar o perder soberanía, o territorio.

Tras estas aclaraciones, ambos mandatarios coincidieron en señalar que la firma implica “un momento histórico para Salta y Catamarca”, ya que otorga seguridad jurídica, fomentando y facilitando las inversiones en la zona. , el gobernador Jalil destacó que “siempre prevaleció la cultura del diálogo para que ambas provincias crezcan por igual” y aclaró que Catamarca y Salta tiene un diferendo histórico “que seguramente tendrá solución en algún momento, pero que no será obstáculo para que las dos provincias puedan brindar todas las condiciones de seguridad jurídica a los emprendimientos que deseen radicarse para generar más empleo genuino”.

Por su parte, el intendente catamarqueño de Antofagasta de la Sierra aseguró que este acuerdo “ratifica la voluntad de los gobiernos provinciales de avanzar hacia un esquema de trabajo conjunto que permita contratar más mano de obra y empleo en nuestro departamento”.

El propósito es fomentar y facilitar las inversiones, promoviendo el desarrollo de la cadena de valor. En este sentido, deberá ser enviado a ambas legislaturas para ser ratificado, y a partir de entonces se creará una Autoridad Interprovincial, a los fines del control minero-ambiental.

El objetivo principal es que las provincias permitan al acceso y realización de todas las actividades y servicios que tengan relación con el proyecto. De esta manera, se busca que Salta y Catamarca brinden un esquema común de promoción que permita dividir los tributos en partes iguales, junto a las regalías y otros gravámenes que surjan del trabajo de la empresa.

Con este reglamento, la contratación de mano de obra, servicios, proveedores o contratistas, se determinarán según un protocolo que será establecido por la Autoridad Interprovincial.

Por Salta participaron de la firma el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas Pablo Outes; el ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable Martín de los Ríos; el Fiscal de Estado Juan Agustín Pérez Alsina; el presidente de REMSA Alberto Castillo y la consultora jurídica Pamela Calletti.

FUENTE: EL TRIBUNO

El Tribunal Electoral fijó el plazo para que las fuerzas políticas carguen sus nóminas en el sistema de forma remota.

La presentación de listas de candidatos ante el Tribunal Electoral vencerá el próximo sábado15 y se realizará exclusivamente de manera remota a través del sistema informático de Gestión Electoral (GESEL).

Las fuerzas política que participarán de los próximos comicios provinciales podrán cargar sus respectivas listas hasta las 24, informó  el órgano de control electoral. 

Vencido ese plazo horario, el sistema será deshabilitado y se harán conocer las nóminas ingresadas inmediatamente en la página web del Tribunal Electoral Provincial www.electoralsalta.gov.ar

Estas disposiciones fueron establecidas a raíz de la pandemia de coronavirus y no se permitirá el ingreso de personas en la sede que tiene el Tribunal Electoral en la Ciudad Judicial.

Las fuerzas políticas de los próximos comicios son 31 en total y 30 de ellos forman parte de los siete frentes que se armaron para competir por los cargos que estarán en juego.

Este año los salteños elegirán 30 representantes para la Cámara de Diputados, 12 para el Senado, 343 concejales para los 60 municipios de la provincia, 60 convencionales constituyentes y los electores de Aguaray al intendente para completar el mandato hasta el 2023.

FUENTE: EL TRIBUNO

Lo crearon Ignacio Jarsún y Omar Exeni tras alejarse de la cada vez más disminuida bancada oficialista que comanda Diez Villa.

En la sesión de hoy hará su debut en la Cámara de Diputados el bloque Todos por Salta que crearon Ignacio Jarsún y Omar Exeni tras pegar el portazo en el bloque oficialista Salta Tiene Futuro. Ambos diputados dieron nacimiento al nuevo bloque luego de la polémica sesión del martes de la semana pasada, donde se manifestaron fuertes diferencias en torno a la aplicación de procedimientos para la votación de dictámenes que emiten las comisiones.

Este plenario fue presidido por Jarsún, que como vicepresidente primero viene reemplazando al titular del cuerpo, Esteban Amat, quien se encuentra en recuperación de la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un problema cardíaco.

Todos por Salta ya figura como nuevo bloque en la página web oficial de la Cámara de Diputados y el alejamiento de Jarsún y Exeni profundiza la sangría que viene teniendo la bancada Salta Tiene Futuro bajo la conducción de Javier Diez Villa.

A pesar del alejamiento de la bancada de diputados oficialistas, Jarsún aclaró públicamente que junto a Exeni siguen trabajando legislativamente en apoyo del proyecto que encabeza el gobernador Gustavo Sáenz para la provincia.

A partir de ahora, en la Cámara baja funcionarán ocho bloques y cinco monobloques.

El más numeroso es el Justicialista Sáenz Conducción con 24 miembros. En orden descendente sigue el también oficialista Salta Tiene Futuro con 12 diputados.

El bloque Frente para la Victoria tiene ocho integrantes, Salta 8 de Octubre tiene tres, Renovador de Salta dos, Ahora Patria dos, UCR dos y el nuevo Todos por Salta, dos.

Como monobloque, con un solo miembro cada uno, quedaron Cambiemos PRO, PO, Pro Cambiemos/Unidos por el Cambio, Adelante Salta- Radicales en Juntos por el Cambio y el Justicialista.

La mayor sangría se viene registrando en el bloque Salta Tiene Futuro, desde donde se fueron Mónica Juárez, Adrián Valenzuela, Ignacio Jarsún y Omar Exeni.

En el acta de labor parlamentaria para la sesión de la fecha, los diputados agendaron para tratamiento siete proyectos de ley y tres declaraciones.

En el primer punto figura un proyecto de ley, enviado nuevamente en revisión por el Senado, que impulsa la expropiación de una fracción de un inmueble de Capital con destino a la preservación de la capilla y el cementerio de la localidad La Quesera.

Otro proyecto de ley propone suspender hasta el 30 de junio del 2021 las ejecuciones correspondientes a créditos prendarios por planes de ahorro para adquisición de vehículos automotores y los secuestros prendarios peticionados en base al artículo 39 del régimen de prenda con registro del decreto ley 15.348/46.

FUENTE: EL TRIBUNO

Había expresado que un estudiante que sufriera frío puede no ir a clases.

El ministro de Educación, Matías Cánepa, a través de un video que se difundió oficialmente se refirió con una frase llamativa a la presencialidad de los estudiantes en las escuelas los días de baja temperatura. «Si hay alguien que sufre una situación de frío y esto le impide seguir normalmente las clases, puede no ir y se lo acompañará de otra manera», afirmó.

Luego desde el Ministerio de Educación salieron a aclarar que esta flexibilización es solo para aquellos estudiantes que sufran algún tipo de enfermedad respiratoria de base, como por ejemplo asma. Ellos son los que podrán no ir.

«Cada escuela tiene que ver cómo mitigar esa situación», afirmó Cánepa sobre el frío. Por protocolo, las aulas deben permanecer con ventanas abiertas para garantizar una buena ventilación. Es una de las recomendaciones en medio de la pandemia de coronavirus.

Algunos colegios ya autorizaron a los alumnos no cumplir con el uniforme o asistir con mantas.

«Es fundamental poder continuar con la presencialidad. El año pasado fue muy duro no tener las escuelas abiertas. Muchos chicos no pudieron seguir adecuadamente su trayectoria escolar por no tener conectividad. El hecho de tener presencialidad, no de una manera normal porque no van todo los días excepto en algunos lugares donde sí se puede hacerlo, es muy importante. Muchos están recuperando el tiempo perdido», expresó el ministro.

Cánepa dijo también que las escuelas son lugares seguros. Los chicos deben ir abrigados porque el frío dificulta un poco las cosas.

«En definitiva, hay que seguir con la presencialidad en Salta. No estamos en la situación del AMBA. Habrá que ir teniendo en cuenta las situaciones, en algunos lugares se deberá restringir, pero en general la situación del sistema educativo es tranquila», manifestó.

Dijo también que se continúa con el avance en la vacunación docente. «Llevamos 20 mil docentes y no docentes vacunados. Esperamos que esto se pueda seguir potenciando con la llegada de más vacunas», finalizó.

Docentes de La Viña reclamaron más vacunas

Pese a los pocos casos, piden clases virtuales. Muchos chicos no tienen computadora. 

Alrededor de cincuenta docentes del Colegio Secundario Manuel J. Castilla de La Viña se manifestaron en las calles del pueblo exigiendo ser vacunados contra la COVID-19 y la suspensión inmediata de las clases presenciales de todos los cursos del establecimiento. La muerte del director Marcelo Santillán el viernes pasado a causa del virus detonó el reclamo, preocupante, de profesores y demás personal del secundario que alberga a 260 alumnos de La Viña y alrededores. No obstante, el nivel de contagios en escuelas es ínfimo en Salta. 
Alejandro Córdoba es parte del personal del Manuel J. Castilla. Tuvo coronavirus y no sabe cómo se contagió. Habló con El Tribuno y manifestó su temor por lo que pasó con sus compañeros de trabajo, “ni siquiera nos permitieron realizar el duelo por el profesor Santillán (Marcelo). Desde el ministerio nos exigieron que se dieran las clases de forma normal a pesar de la precaria situación sanitaria de los docentes”. 
Córdoba señaló que fueron cuatro los docentes con coronavirus, pero fue el director Santillán quien no pudo resistir al virus y después de unas semanas internado con respirador dejó de existir el viernes pasado. “El personal docente está muy asustado. No estamos vacunados y varios alumnos cuyos padres tienen coronavirus concurren a la escuela porque no hay vigilancia epidemiológica en torno a las familias con integrantes contagiados. Estamos todos expuestos”, agregó Córdoba.
Por eso, los docentes del establecimiento esperan una determinación puntual del Ministerio de Educación de la Provincia para saber si seguirán con las clases de forma presencial o pueden optar por la virtual. En la zona muchos chicos ni siquiera tienen computadora. 

FUENTE: EL TRIBUNO

Sáenz y el gobernador de Catamarca firmaron un acuerdo para el trabajo de un proyecto en la Puna. 

El gobernador Gustavo Sáenz y su par de Catamarca Raúl Jalil firmaron ayer por teleconferencia un acuerdo marco de facilitación y fomento del proyecto minero Sal de Oro de la empresa Posco. 
Este convenio es un tratado específico para el proyecto Sal de Oro que se localiza en la Puna, en la zona del conflicto limítrofe de ambas provincias.
Al respecto, se dejó claro que “el acuerdo no implica renunciamiento a las pretensiones y derechos derivados de su jurisdicción y soberanía territorial, que cada una de las provincias entienda que debe realizar para la defensa de sus límites geográficos”.
Tampoco significa el reconocimiento de derechos y/o jurisdicción de una u otra parte en la zona de diferendo limítrofe; ni significa otorgar o perder soberanía, o territorio.
Tras estas aclaraciones, ambos mandatarios coincidieron en señalar que la firma implica “un momento histórico para Salta y Catamarca”, ya que otorga seguridad jurídica, fomentando y facilitando las inversiones en la zona.
Durante la firma del acuerdo, Sáenz reconoció el trabajo de los equipos provinciales y resaltó “el trabajo en conjunto, buscando el equilibrio en beneficio de los salteños y catamarqueños, otorgando previsibilidad y seguridad jurídica a las inversiones”.
Jalil destacó que “siempre prevaleció la cultura del diálogo para que ambas provincias crezcan por igual” y aclaró que Catamarca y Salta tienen un diferendo histórico “que seguramente tendrá solución en algún momento, pero que no será obstáculo para que las dos provincias puedan brindar todas las condiciones de seguridad jurídica a los emprendimientos que deseen radicarse para generar más empleo genuino”. El intendente catamarqueño de Antofagasta de la Sierra, Julio Taritolay, aseguró que este acuerdo “ratifica la voluntad de los gobiernos”.

FUENTE: EL TRIBUNO

El viernes se llegó a un acuerdo y las primarias serán el 12 de septiembre. Cuándo se podría tratar en el Congreso y las últimas modificaciones en las fechas electorales.

El viernes pasado, oficialismo y oposición llegaron a un acuerdo para posponer las elecciones nacionales. Las primarias se realizarán el 12 de septiembre y las generales, el 14 de noviembre, según surgió de la reunión que mantuvieron Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y Eduardo de Pedro, ministro del Interior, con los jefes de los bloques de esa cámara.

El sábado, Alberto Fernández publicó un decreto en el que convoca a las elecciones con las fechas originales: 8 de agosto y 24 de octubre. En este contexto, resulta un formalismo, ya que se vencía el plazo legal para hacerlo. Como se resolvió postergar las fechas, esto será modificado.

Para que ese cambio sea oficial, es necesario que sea por medio de una ley. Para lograrlo, el Poder Ejecutivo enviará el proyecto, en el que ya está trabajado. Según anticiparon los representantes del oficialismo, sería enviado esta semana.

A partir de ahí, debería tratarse en comisiones para que avance el trámite legislativo. Se debatirá en un plenario de dos comisiones, la de Asuntos Constitucionales y la de Legislación General. Ambas son presididas por diputados del Frente de Todos: el pampeano Hernán Pérez Araujo y la porteña Cecilia Moreau.

Sin embargo, existe una complicación: no hay protocolo vigente actualmente para el funcionamiento de la Cámara de Diputados en este contexto de pandemia. Y se vuelve a repetir una discusión que ha tenido algunos capítulos. Es que el Frente de Todos pretende un protocolo por un mes, mientras que Juntos por el cambio quiere hacerlo sesión por sesión.

Igualmente, luego del acuerdo alcanzado entre las distintas fuerzas políticas para la postergación de las elecciones, no sería un problema mayor el acuerdo por el protocolo para sesionar. En medio de posiciones extremas crecientes en ambas coaliciones y con una grieta que parece ahondarse, el acuerdo por la fecha de las elecciones resulta un oasis de consenso en la política argentina.

Estas novedades en el calendario electoral no han sido frecuentes en los últimos años en la Argentina. De hecho, desde 2011, año en el que comenzaron a realizarse las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, siempre se celebraron en agosto.

En cuanto a las generales, la última vez que hubo elecciones nacionales durante el mes de noviembre fue en 1985. El domingo 3, el gobierno de Raúl Alfonsín obtuvo un contundente triunfo legislativo.

Ya en este siglo, hubo dos cambios al calendario electoral. En 2003 se votó en marzo, ya que Eduardo Duhalde adelantó los comicios para entregar antes el poder. En 2009 también se adelantaron, en ese caso al 28 de junio. En ese caso se trató de una estrategia del Frente para la Victoria, que en ese entonces era gobierno, para alcanzar un mejor resultado electoral. Sin embargo, sufrió un revés en las urnas.

Existe una extraña coincidencia con ese antecedente. A mitad de 2009, la Gripe A H1N1 se expandió en la Argentina. Fue la última pandemia que llegó al país hasta el Covid-19. En esa oportunidad, se adelantó el paso por las urnas a pesar de la pandemia. En la actualidad, se postergaron justamente por esa razón. 

FUENTE: CRONISTA

Según datos oficiales, de las 50 millones de vacunas acordadas por contrato llegaron 11 millones pero el Estado ya pagó la mitad del monto global pautado; la Auditoria quiere evaluar por qué se incumplieron los acuerdos

 Desde que el 24 de diciembre del año pasado en que el entonces ministro de Salud, Ginés González García, anunció que la Argentina ya tenía comprometidas por contrato más de 50 millones de dosis de vacunas contra el Covid pasaron muchas cosas pero un hecho central está a la vista: el gobierno muestra un importante retraso en el cumplimiento de esos contratos sellados ya que hasta ahora sólo llegó el 20% de las vacunas y el estado pagó el 50% del monto global por la totalidad de las dosis acordadas.

Según datos del Ministerio de Salud, hasta ahora fueron distribuidas 11.337.571 de dosis en todo el país. Esto es apenas el 20% del contrato original acordado por la Argentina con al menos cinco laboratorios y contempla hasta ahora un global de 9.082.597 de vacunas aplicadas.

La alarmante falta de cumplimiento de contratos y el retraso significativo que muestra la Argentina ante la llegada de dosis empezó a ser investigada por la Auditoría General de la Nación (AGN) con un plan de trabajo que busca poner en evidencia a los responsables locales de todo este descalabro jurídico-sanitario.

Los datos oficiales de la ejecución presupuestaria del gobierno al 30 de abril muestran que sobre una previsión de 31.002.000 de dosis, fueron entregadas 11.695.690 vacunas. Y en un contrato global por las 50 millones de dosis que es de u$s 380 millones, la Argentina ya pagó u$s 189 millones.

El retraso y falta de cumplimiento de contratos viene de arrastre. En diciembre del 2020 había una previsión de entrega de 600.000 dosis pero llegaron 300.000; ene enero de este año se debían entregar 4.000.000 y arribaron 520.000 vacunas; en febrero 16.980.000 dosis estaban pautadas y llegaron 2.497.500; en marzo de las 5.382.000 dosis previstas se entregaron 2.450.000 y abril fue un mes excepcional ya que de las 4.040.000 pautadas arribaron al país un poco más de lo previsto, 5.927.340 dosis.

El monitoreo del Ministerio de Salud sobre el plan de vacunación detalla que la provincia de Buenos Aires es la que más dosis aplicó hasta ahora (3.429.748) y le siguen la CABA (922.149), Córdoba (786.885), Santa Fe (706.846) y entre Ríos (253.379). El 59% de los que recibieron vacunas son mujeres y el resto hombres.

Los voceros de la ministra Carla Vizzotti consultados por El Cronista no quisieron dar mayores detalles de los montos pagados por el Estado hasta ahora en función a los contratos cerrados con diferentes laboratorios por 50 millones de dosis. Tampoco dieron explicaciones por el retraso que hay en el cumplimiento de los contratos más allá de los impedimentos que hay en diferentes países para la fabricación de la vacuna contra el Covid.

Hasta ahora los contratos pautados por la Argentina son con los laboratorios AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik V, Covishield y Moderna. Según el gobierno, el 19 de mayo llegarán al país 861.600 dosis de AstraZeneca por medio del acuerdo Covax que impone la OMS para los países emergentes.

Sin embargo, el retraso en el cumplimiento del contrato de AstraZeneca en coordinación con el laboratorio de Hugo Sigman es el que más llama la atención. Se trata de un acuerdo por 22.4 millones de dosis que aún no llegaron. El laboratorio argentino produce el activo de este medicamento para llevarlo luego a México para su fraccionamiento, envasado y distribución. Pero diversos problemas técnicos y operativos complicaron el proceso y el contrato sigue sin cumplirse.

ALERTA EN LA AGN

En la Auditoría General de la Nación están en alerta por las eventuales irregularidades en el plan de vacunación y por el incumplimiento de los contratos firmados por el gobierno.

El titular de la AGN, Jesús Rodríguez, propuso un plan de trabajo muy extenso para llevar adelante la investigación en el Ministerio de Salud. Este plan ya fue avalado por los auditores de la oposición Miguel Pichetto y Alejandro Nievas aunque resta el aval de los auditores del peronismo que son mayoría.

Sin embargo, en el repaso de los contratos y en los números de entrega de vacunas que ya se empezaron a revisar, en la AGN alertaron a El Cronista que hay «graves problemas de cumplimiento y un pago excesivo de parte del Estado a laboratorios que no han respondido en tiempo y forma».

Desde la AGN se cuestiona centralmente a AstraZeneca por la falta de cumplimiento y ven que el acuerdo con Sigman es bastante engorroso.

En el plan de trabajo de la AGN que propuso Jesús Rodríguez y al que tuvo acceso El Cronista, se plantea establecer si la estructura organizativa y de gestión de los contratos es adecuada para que se cumplan con los objetivos establecidos.

A la vez, se busca determinar si los sistemas de información y registro brindan información oportuna, adecuada, validada y transparente. «Es necesario determinar si se cumple con los criterios de priorización de personas vacunadas por riesgos de exposición, enfermedad grave, personas mayores, personas con factores de riesgo y función estratégica», expresa el plan de trabajo.

De esta manera, se avanzará en analizar el registro nominal de dosis aplicadas; evaluar el registro de dosis descartadas; observar el sistema de distribución de vacunas (presentación, almacenamiento, transporte, cadena de frio, etc.) y relevar si los centros de vacunación se encuentran en condiciones óptimas que garanticen la calidad de las vacunas en todo el proceso.

También desde la AGN quieren relevar si el almacenamiento de las vacunas cumple con los protocolos establecidos y si el sistema de gestión de residuos y disposición final es adecuado.

Por otra parte, la AGN está investigando en qué medida el Ministerio de Salud observó las normas y regulaciones, las políticas, las estipulaciones acordadas en los contratos celebrados a la fecha, los cuales fueron puestos a disposición, y aquellos que, «por acciones derivadas de las tareas llevadas a cabo, se encontraran relacionados con lo estipulado en el artículo 10 de la ley 27.573, y toda aquella documentación complementaria relacionada a la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID 19».

De esta manera, se busca «obtener evidencia de actos de incumplimiento de la entidad, como pueden ser las desviaciones o hallazgos que se hayan identificado en auditorías previas». En ello se tendrá en cuenta las peticiones encomendadas por los organismos de financiación o fuentes de recursos financieros.

FUENTE: CRONISTA

Un estudio de IPSOS entre 28 países reveló que la inflación y el desempleo le preocupan mucho más a la sociedad local que la pandemia, pese al claro aumento de los contagios y agotamiento en el sistema de salud

El aumento de los contagios por el coronavirus no desplazó de los primeros lugares las preocupaciones más importantes de los argentinos: el crimen y la violencia, la inflación, la pobreza y la desigualdad, el desempleo y la corrupción.

Según un estudio global de IPSOS, al que accedió Infobae, la pandemia de covid-19 aparece recién en el sexto lugar en el ranking de inquietud ciudadana.

Se trata de un relevamiento hecho en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Turquía y Estados Unidos.

En el resto de los países que participaron del informe la pandemia aparece en el primer lugar entre las preocupaciones de la gente

Esta ubicación de la crisis sanitaria, pese al notable incremento de los casos en las últimas semanas, contrasta con la percepción en el resto de los países que participaron de este informe, ya que la pandemia aparece en el primer lugar entre las preocupaciones de la gente, seguido por el desempleo, la pobreza y la desigualdad, la corrupción financiera y política y el crimen y la violencia.

En el caso de la Argentina, el crimen y la violencia ocupa el primer puesto con el 44%, seguido apenas atrás por la inflación con 43%, la pobreza y la desigualdad 39%, el desempleo 37%, la corrupción 31% y el covid-19 con 31%, luego se ubican la educación, los impuestos, la salud y el declive moral en el país.

En particular, la preocupación de la Argentina por la inflación aparece en el primer puesto del ranking mundial, con el 44%, frente al 10% de promedio global, un fiel reflejo del alto índice de precios que mantiene el país en las últimas décadas, que lo ubican en el segundo puesto regional luego de Venezuela y entre los primeros 10 a nivel mundial. En esta materia, se ubican luego Turquía, Rusia y Hungría, mientras que Suecia aparece el país menos preocupado por esta cuestión.

En el caso del Covid, la preocupación local llega al 31%, frente al 45% de promedio en los países relevados; la Argentina ocupa el puesto 23 sobre los 28 países participantes en esta materia.

En el tema de la pobreza, donde la Argentina tenía a fines del 2020 una tasa del 42%, el nivel de preocupación local es del 39%, frente al 31% global; así, el país ocupa el quinto lugar entre los países que participaron del relevamiento de IPSOS. En materia de desempleo, el porcentaje alcanza al 37%, frente al 35% global, ubicándose en el doceavo lugar del ranking.

En cuanto al crimen y la violencia, este porcentaje salta al 44%, frente al 25% global y se ubica quinta en el ranking. Finalmente, en términos de corrupción política y financiera la preocupación es del 31%, muy cerca del 30% de promedio global.

Además, el país aparece como uno de los más pesimistas entre los relevados en este informe; en este sentido, solo es superado por Brasil, Sudáfrica, Polonia, Chile, Colombia y Perú.

El país aparece como uno de los más pesimistas entre los relevados en este informe; en este sentido, solo es superado en términos de pesimismo por Brasil, Sudáfrica, Polonia, Chile, Colombia y Perú

Esto se debe a que 79% de los argentinos cree que el país va por el mal camino, frente al 21% que cree que está bien encaminado. El pesimismo se ubica por encima del 65% de promedio global y casi duplica el 40% registrado en la Argentina exactamente hace un año, en el inicio de la pandemia.

La directora de Public Affairs y Corporate Reputation de IPSOS Argentina, Brenda Lynch-Wade, dijo a Infobae que “en la medición de abril vemos que el indicador que evalúa si el país va en la dirección correcta o equivocada se mantuvo estable”.

“La gran mayoría de los argentinos (79%) considera que vamos por mal camino, como también sucede en los otros países de América del sur incluidos en la medición. En Brasil alcanza una proporción semejante, mientras que en Chile es del 82%, en Colombia 84% y en Perú el 89%. Este último es el país peor rankeado en una lista de 27 mercados que se incluyen en la medición de Ipsos”, explicó.

“El listado de principales problemas del país no sufrió modificaciones en el ranking, el cual sigue liderado por economía e inseguridad, pero sí vemos que la segunda ola de la pandemia repercutió en el aumento de menciones del covid-19. En abril un 39% de los argentinos manifestaron estar preocupados por este tema, 13 puntos porcentuales por encima de la marca registrada en el mes de marzo pasado. Algo similar sucede en Chile, donde la preocupación creció 23 puntos y alcanzó 53% de menciones”, precisó.

“Vemos que la segunda ola de la pandemia repercutió en el aumento de menciones del covid-19, subió en un mes 13 puntos porcentuales, a 39%” (Lynch-Wade)

El covid-19 sigue siendo el tema que más preocupa al mundo con 45% de menciones, seguido del desempleo 35% y la pobreza 31%. En los países donde la vacunación se encuentra más avanzada se observa una merma en las preocupaciones. “Israel es el caso más destacado: en el último mes bajaron de 43% a 12% las menciones, mientras el país se consolida como el que tiene mayor porcentaje de su población vacunada con 62,6%, según el sitio Our World in Data”, concluyó Brenda Lynch-Wade.

FUENTE: INFOBAE