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El documento fue elaborado por la Fundación Alem (UCR), el Centro Hannah Arendt (Coalición Cívica) y la Fundación Pensar (PRO)

Juntos por el Cambio difundió este domingo un documento en el cual le propone al gobierno nacional un acuerdo básico sobre cuatro puntos clave para superar la crisis actual y encaminar al país en una senda de desarrollo económico y social.

El texto, titulado Cuatro acuerdos para una nueva etapa, fue elaborado por las principales usinas de pensamiento -think tanks- de la coalición opositora: la Fundación Alem (UCR), el Centro Hannah Arendt (Coalición Cívica) y la Fundación Pensar (PRO).

Según revelaron a Infobae fuentes de Juntos por el Cambio, el documento fue terminado hace más de tres meses y seguía “a la espera de que no hubiese nuevas sorpresas institucionales” para ser presentado.

En términos generales, gira en torno a dos conceptos principales. Por un lado, plantea que no habrá crecimiento sin previsibilidad económica e institucional. Por otro, afirma que se necesita una mirada integral a la hora de diseñar políticas públicas y no medidas parciales.

El documento comienza por señalar que la pobreza afecta a un tercio de la sociedad argentina desde hace más de 30 años y en parte esto se debe a que “los postulados refundadores que procuran deshacer todo lo que había hecho el gobierno anterior, reseteando las reglas económicas y las políticas sociales cada cuatro años” nos impiden alcanzar un desarrollo sostenido.

No obstante, asegura que tal vez la pandemia represente una oportunidad para repensar dogmas y superar prejuicios. Por eso, detalla cuatro temas sobre los que se podría avanzar en conjunto, más allá de las pertenencias políticas:

Un acuerdo institucional. El mismo deberá basarse en la premisa de que la democracia republicana es el conjunto de valores y procedimientos que mejor garantiza nuestros derechos fundamentales al mismo tiempo que permite procesar los conflictos sin violencia.

“Quienes tienen la responsabilidad de conducir, oficialistas y opositores, deben evitar el atajo de la arbitrariedad jurídica en la práctica política, la opacidad en las decisiones públicas y la renuencia a rendir cuentas de sus actos”, destacan.

Así, las reglas de funcionamiento de la sociedad deberán estar basadas en el Estado de Derecho, la independencia de la Justicia, la libertad de expresión y una práctica política que no solo permita sino también promueva diferencias de enfoque. Pero “compartiendo los valores fundamentales de la convivencia en paz, el respeto por la ley y la deliberación pública, y el diálogo como manera de procesar nuestras diferencias”.

Un acuerdo social que propone “superar el enfoque de la mera contención de los grandes núcleos de pobreza” y remarca la importancia recuperar la movilidad social ascendente que caracterizó a nuestro país.

Para eso, plantea la necesidad de mantener las acciones universales -como la AUH- pero limitar el rol de los intermediarios y de los programas para que sean un camino a la autonomía y no una forma de vida.

“No habrá superación de la pobreza estructural sin crecimiento sostenido que promueva el empleo privado. No habrá expansión del empleo sin crecimiento sostenido de la producción, y no habrá crecimiento sin estabilidad macroeconómica que promueva la inversión”, agregan.

Por otro lado, destaca la necesidad de “un acuerdo educativo apoyado en la excelencia de los docentes, la mejora permanente y la búsqueda de una enseñanza plural, de calidad e integrada a las necesidades del quehacer productivo” para garantizar la igualdad de oportunidades.

En tercer lugar, un acuerdo productivo que genere crecimiento económico con inclusión social y que nos permita salir del ciclo de crisis recurrentes.

Según el documento, “esto requiere un sendero de estabilización con consensos básicos de presupuesto equilibrado y financiamiento genuino como condición necesaria pero no suficiente, que promueva el ahorro interno con una moneda sana”.

Además, aseguran que es preciso acordar un plan de desarrollo productivo con inclusión social y competitividad exportadora formando una coalición pro-exportadora y pro-empleo, que sean garantes de la sustentabilidad económica y social que requiere cualquier proyecto de desarrollo.

“El programa económico requiere el consenso de las fuerzas políticas para garantizar la perdurabilidad de sus lineamientos básicos, que no sean reversibles ante la saludable alternancia política, sino que cada gobierno pueda construir sobre los pilares del anterior. De este modo podrá generarse la credibilidad y estabilidad de las reglas del juego necesarias para la inversión y el progreso sostenido”, explican.

Finalmente, un acuerdo de integración al mundo que permita una vinculación fluida y profunda con otro países, participar de la frontera del conocimiento científico y nos involucre en el multilateralismo comprometido con la paz, el medio ambiente y reglas del juego equitativas que promuevan el desarrollo de los países menos avanzados.

“El mundo es para la Argentina una oportunidad, no una amenaza. En la nueva reconfiguración que emergerá de la pandemia, nuestro país tendrá oportunidades comerciales como proveedor mundial de alimentos, energía, participación en las cadenas regionales de valor de los bienes industriales, y nuevas oportunidades en los servicios de conocimiento”, resume el documento.

FUENTE: INFOBAE

La empresa de transporte firmará una alianza estratégica con Scania. El coche, perteneciente a la línea Scania Green Efficiency, produce menos ruido en su funcionamiento y permite una reducción del 40% en el costo operativo y de la emisión de gases de efecto invernadero.

Saeta junto a Scania Argentina firmarán hoy una alianza estratégica por la cual se probará en el sistema de transporte urbano de pasajeros un colectivo de la línea Scania Green Efficiency, motorizado a GNC.

Por este acuerdo Scania facilitará este bus de prueba para que realice el recorrido de la Línea 1A Valdivia, que desarrolla la empresa Tadelva, en condiciones reales durante 30 días. 

Cabe destacar que por su tecnología, además de permitir una reducción del 40% en el costo operativo, los buses de la línea Green Efficiency impulsados a GNC impactan de forma directa en la calidad de vida de las personas: producen menos ruido en su funcionamiento y disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero. 

El acto de entrega se llevó a cabo hoy en instalaciones de la firma Scania Av. Monsteñor Tavella 2740, con la presencia de autoridades provinciales, de Saeta y Scania.

FUENTE: EL TRIBUNO

El Vaticano dio un giro histórico en su Código de Derecho Canónico luego de 14 años de estudio. La nueva ley entrará en vigencia el 8 de diciembre.

El papa Francisco cambió la ley eclesiástica para criminalizar de forma explícita los abusos sexuales a adultos por parte de sacerdotes que sacan provecho de su autoridad, y para señalar que los legos que ejercen labores en la Iglesia pueden ser sancionados por delitos sexuales similares.

Las nuevas normas, publicadas el martes tras catorce años de estudio, forman parte de la sección revisada del código penal del Código de Derecho Canónico del Vaticano, el sistema legal que rige a la Iglesia católica de 1.300 millones de miembros.

Los cambios más significativos están en dos artículos, el 1395 y el 1398, que pretenden corregir problemas y déficits en la gestión de abusos sexuales por parte de la Iglesia. La ley reconoce que los adultos también pueden ser víctimas de sacerdotes que abusan de su autoridad, y dicen que los legos que ejercen labores eclesiásticas pueden ser castigados por abusar de menores o adultos.

Este es uno de los siete libros que forman el Código de Derecho Canónico, y su modificación entrará en vigor a partir del próximo 8 de diciembre. ”Para responder adecuadamente a las exigencias de la Iglesia (católica) en todo el mundo resultaba evidente la necesidad de revisar también la disciplina penal promulgada por san Juan Pablo II el 25 de enero de 1983 con el Código de Derecho Canónico”, explicó el pontífice.

El trabajo de revisión se inició en 2007 con el papa emérito Benedicto XVI, y concluye ahora, con un texto que “introduce cambios de diversa índole en el derecho vigente y sanciona algunas nuevas figuras delictivas”, en palabras de Francisco. También se ha mejorado “desde el punto de vista técnico, especialmente en lo que se refiere a aspectos fundamentales del derecho penal, como el derecho de defensa, la prescripción de la acción penal, una determinación más precisa de las penas”.

Ahora se ofrecen “criterios objetivos en la identificación de la pena más adecuada a aplicar en el caso concreto”, reduciendo la discrecionalidad de la autoridad, para favorecer la unidad eclesial en la aplicación de las penas, “especialmente para los delitos que causan mayor daño y escándalo en la comunidad”, añade el Pontífice.

El Vaticano también penalizó el grooming de menores o adultos vulnerables por parte de sacerdotes para incitarlos a participar en material pornográfico. Es la primera vez que el derecho canónico reconoce oficialmente como criminal el método utilizado por agresores sexuales para entablar relaciones con sus víctimas, con regalos y otras distinciones, para luego explotarlos sexualmente.

La reforma también retira buena parte de la capacidad de discreción que permitía a obispos y jerarcas de la Iglesia ignorar o encubrir los abusos, y deja claro que pueden afrontar responsabilidades por omisiones y negligencia a la hora de investigar y sancionar adecuadamente a los sacerdotes implicados en los abusos.

Desde que se redactó el código actual, en 1983, abogados y obispos se han quejado de que era totalmente inadecuado para gestionar los abusos sexuales a menores, ya que requería largos juicios. Las víctimas y sus defensores, por su parte, afirmaban que había demasiado poder de decisión en manos de obispos interesados en proteger a sus sacerdotes.

El Vaticano ha ido haciendo pequeños cambios a lo largo de los años para corregir problemas y lagunas, como requerir que todos los casos se envíen para su revisión a la Santa Sede y permitir un proceso administrativo más ágil para expulsar del sacerdocio a clérigos si la evidencia en su contra es abrumadora.

Francisco aprobó recientemente nuevas normas para castigar a los obispos y superiores religiosos que no protejan a sus feligreses. El nuevo código penal incorpora esos cambios y va más allá. Según la nueva ley, los sacerdotes que mantengan relaciones sexuales con cualquiera -no solo un menor o una persona sin capacidad de razonar- serán expulsados si utilizan “la fuerza, amenazas o abuso de su autoridad” para conseguir esas relaciones.

La ley no define de forma explícita qué adultos estarían incluidos, y sólo menciona a “uno al que la ley reconozca igual protección”.

Hace tiempo que el Vaticano considera una relación sexual entre un sacerdote y un adulto como un pecado, aunque consensuada, bajo la premisa de que los adultos pueden dar o negar su consentimiento únicamente por su edad. Pero en medio del movimiento #MeToo y los escándalos de seminaristas y monjas que sufrieron abusos sexuales de sus superiores, el Vaticano ha asumido que los adultos también pueden ser víctimas si están en una relación con un desequilibrio de poder.

Esa dinámica era muy visible en el escándalo en torno al ex cardenal Theodore McCarrick, ex arzobispo de Washington. Aunque el Vaticano sabía desde hacía años que se acostaba con sus seminaristas, McCarrick no fue juzgado hasta que alguien denunció que el clérigo había abusado de él cuando era joven. Francisco lo expulsó del sacerdocio en 2019.

En una novedad dirigida a abordar los crímenes sexuales cometidos por legos que ejercen tareas dentro de la Iglesia, como fundadores de movimientos religiosos legos o incluso administradores, la nueva ley indica que los legos pueden ser castigados de forma similar si abusan de su autoridad para cometer crímenes sexuales.

Como los legos no pueden ser expulsados del sacerdocio, se contemplan sanciones como perder sus empleos, multas o ser apartados de sus comunidades.

La necesidad de esa cláusula quedó clara en el escándalo en torno a Luis Figari, el fundador lego del grupo conservador con sede en Perú Sodalitium Christianae Vitae, que tiene 20.000 miembros y delegaciones en toda América del Sur y Estados Unidos.

Una investigación independiente concluyó que el fundador era un narcisista paranoide obsesionado con el sexo y con ver cómo sus seguidores soportaban dolor y humillaciones. Pero el Vaticano dudó durante años sobre cómo sancionarlo, hasta decidir que fuera aparado de su comunidad y trasladado fuera de Perú.

La nueva ley entrará en vigencia el 8 de diciembre.

FUENTE : EL TRIBUNO

El líder de Consumidores Libres, Héctor Polino, advirtió que la Argentina sufre un «proceso inflacionario incontenible» y alertó que la gente dejó de consumir carne.

Héctor Polino, el dirigente legal de Consumidores Libres, alertó que los precios de los productos que integran la canasta básica de alimentos «no dejan de aumentar», con el consiguiente impacto social que ello provoca.

En este sentido, Polino comentó que durante la primera quincena mayo, el valor de la canasta aumentó 1,83%, tras un acumulado desde el 1 enero al 15 de mayo del 20,73%.

«En la mayoría de los países del mundo no hay un aumento en el año como el que nosotros tenemos en 15 días», graficó el directivo, en declaraciones al programa «Esta mañana», que se emite por radio Rivadavia.

Además, comentó que a pesar de las medidas que tomó el Gobierno para contener a la inflación, como Precios Cuidados o Precios Máximos, «los alimentos siguen aumentando, incluso también con una caída del poder adquisitivo del salario por la menor actividad económica que está teniendo el país».

Polino puntualizó que la carne aumentó hasta el 145% en lo que va del año (puso como ejemplo la carne picada, que se incrementó en ese porcentaje) y consideró que, como consecuencia, «los argentinos consumimos menos carne que hace 15 años».

«En este proceso inflacionario incontenible que tiene la Argentina, vemos también una enorme dispersión de precios», enfatizó.

Por su parte, el analista económico Damián Di Pace estimó que la inflación de mayo trepará al 3,8%, pero los alimentos, dijo, aumentaron por encima de se porcentaje: 4,2%.

«Se esperaba un piso de 3% para el mes pasado y estamos viendo una suba del precio de los alimentos que es muy preocupante para los argentinos», indicó el especialista en declaraciones al mismo programa radial.

Los alimentos cuyos precios más aumentaron en mayo fueron, entre otros, las tapas de empanadas (15,2%); dulce de leche (13,8%); manteca (9,6%) y mayonesa (7,2%), precisó Di Pace.

Y señaló que «a eso hay que añadir el aumento de combustibles, el de indumentaria, tambiémn en mayo. La inflación no cede y lo que pensaba el Gobierno de intentar recuperar el poder adquisitivo de los argentinos, no va a poder ser: los ingresos van a perder por goleada en el segundo semestre».

Asimismo, comentó que el salario mínimo «no cubre actualmente ni la alimentación, ya que apenas alcanza a US$150».

FUENTE: AMBITO

Agentes sanitarios de 15 centros de salud dependientes del Hospital Público Materno Infantil captaron en territorio a personas mayores de 55 años o de 18 a 54 años con comorbilidades que, por algún motivo, no pudieron acceder al sistema virtual para pre-turno.

Durante el último fin de semana,5.500 salteños fueron vacunados contra COVID-19 en 15 centros de salud del Área Operativa Norte, dependiente del Hospital Público Materno Infantil.

La jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, manifestó que el operativo de vacunación, direccionado por autoridades del Hospital, tuvo el objetivo de intensificar el proceso de vacunación COVID-19 a las personas que no tienen, por algún motivo, accesibilidad al registro para el pre-turno a la página web vacunate.salta.gob.ar

Por su parte, la jefa del Nodo Castañares y referente de la vacunación en el Centro de Salud N°55, del barrio 17 de Octubre, Patricia Perrén, expresó que “las acciones respondieron a la necesidad que se evidenció a través de los distintos relevamientos efectuados por el Primer Nivel de Atención del Área Operativa Norte con los difentes patologías de la población a cargo, como por ejemplo los de obesidad y diabetes”.

Además, Perrén, indicó que los agentes sanitarios de los diferentes centros de salud salieron a territorio para captar a aquellas personas mayores de 55 años, o de 18 a 54 años que tienen comorbilidades y que están nucleadas en la Campaña Provincial de Vacunación contra COVID-19.

En este sentido, la profesional sostuvo que “cada agente sanitario tuvo la base de datos de quienes son las personas contempladas en el plan de vacunación y que, por diversos motivos, no se la habían aplicado”. Asimismo, agregó que una vez que las personas eran captadas, se las derivaba al centro de salud.

El operativo se desplegó en los centros de salud N°1, de Villa Primavera; Nº28 de Villa Asunción, N°12, de Santa Lucía; N°13, de Villa Chartas; Nº 47, de barrio Roberto Romero; N°59, de barrio Palmeritas; N°15, de barrio Castañares; N°14, de barrio Miguel Ortíz; N°41, de barrio Tres Cerritos; N°55, de barrio 17 de Octubre; Centro de Salud N°63, de zona centro; N°4, de Villa San Antonio; Nº 3, de barrio Hernando de Lerma; N°2, de Campo Caseros; y N°10, de barrio 20 de Febrero.

Disponibilidad de vacunas

Adriana Jure, comentó que el operativo fue posible debido a que, desde el 25 de mayo, la Provincia recibió más de 65 mil vacunas, incluyendo 15.600 dosis de Sputnik V, que llegaron el pasado sábado. 

FUENTE: SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACION