El Gobierno informará hoy que la inflación se ubicó por debajo del 5% en diciembre y en torno del 95% en todo 2022, el mayor registro desde el inicio del plan de convertibilidad en 1991.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el último daño del año pasado del índice de precios al consumidor (IPC), que marcaría por segundo mes consecutivo una suba inferior al 5 por ciento, tal como lo adelantó con entusiasmo el ministro de Economía, Sergio Massa. El funcionario además ratificó que para abril el índice debería arrancar con un “3″ y pico.

En 1991 el índice arrojó un 84% y luego de la explosión de la convertibilidad, en 2002 terminó en el 40% y ascendió al 54% el último año de la gestión de Mauricio Macri; en las dos gestiones de Cristina Kirchner no se supo cuál fue el dato real por la manipulación del Indec, pero las consultoras privadas estimaron que promedió el 25% anual.

En términos de resultados acumulados, con el número de diciembre, el gobierno de Alberto Fernández alcanzó un 300% de inflación desde diciembre del 2019 y superó en 3 años a la administración de Macri, de 4 años. Se trata del mayor incremento durante un gobierno desde principios de los 90.

El equipo económico pudo reducir desde que inició su gestión en julio, tras la traumática salida de Martín Guzmán, el dato mensual de la inflación, que rondaba entre el 6 y el 7 por ciento mensual, con un incremento de las reservas internacionales y más controles sobre los precios al consumidor a través del programa Precios Justos, que tiene una pauta de incremento mensual del 4 por ciento.

Un dato que generó preocupación es que el rubro alimentos y bebidas que mide la ciudad de Buenos Aires tuvo un repunte en diciembre a pesar de Precios Justos: después de haber aumentado un 4,2% en noviembre trepó 4,7% el mes pasado.

El jefe de estadísticas porteño, José Donati, explicó que en la medición realizada por la Ciudad se notó una fuerte diferencia entre los precios de alimentos en los supermercados (donde llega el programa Precios Justos) y el resto de las superficies, como mercados de cercanía o autoservicios, por ejemplo, donde no se aplica este programa.

Fuente: Infobae

“En Argentina existen problemas de derechos humanos”. Así comienza el informe anual que realizó Human Rights Watch sobrela actualidad del país, que resume los sucesos de 2022.

La organización no gubernamental se refirió a la relación del Gobierno y la Justicia e hizo foco en en el pedido del presidente Alberto Fernández de avanzar con un Juicio Político a la Corte Suprema. Y en un apartado que resume el relevamiento, señala: “En Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”.

Sobre la avanzada contra el máximo tribunal, desde Human Rights Watch recuerdan el proyecto de ley para avanzar con la ampliación de cinco a quince el número de integrantes de la Corte Suprema. En ese sentido, considera que “el gobierno de Fernández y sus aliados introdujeron varias reformas al sistema de justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales.

“En septiembre, legisladores oficialistas y de otros partidos aprobaron un proyecto de ley en el Senado que amplía la Corte Suprema de 5 a 15 magistrados, una medida que gobiernos anteriores han utilizado para cooptar la Corte. El proyecto no había sido tratado en la Cámara de Diputados al momento de la redacción de este informe”, consignan.

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En ese contexto, mencionan las causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner: “Investigan la presunta participación de la vicepresidenta en hechos de corrupción”.

Asimismo, en el informe afirman los inconvenientes por lo que atraviesa la Argentina, pero que “la crisis política potenciada por las dificultades económicas y la polarización ha creado un contexto desafiante para que existan mejoras en derechos humanos. Al momento de la redacción de este informe, se encuentra en curso una investigación sobre el intento de asesinato contra Fernández de Kirchner en septiembre de 2022, en el cual un hombre gatilló su arma dos veces cerca de la cabeza de la vicepresidenta”.

Crisis económica

Acerca de la economía argentina, el informe resalta las dificultades que atraviesan las personas de bajos recursos y los menores en el país. “Una larga crisis económica, que se profundizó durante la pandemia de Covid-19, afecta de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos y limita severamente la capacidad de las personas de ejercer sus derechos económicos”.

“Los niños y las niñas se vieron particularmente afectados: más de la mitad de los niños menores de 14 años vivían en la pobreza y más de uno de cada diez en la indigencia”, se apunta en el reporte de la ONG.

El nivel de inflación fue uno de los puntos que tampoco dejó pasar la investigación: “El Banco Central proyectó que la inflación podía superar el 100 % en 2022, lo que dificultaría aún más las posibilidades de que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas”.

Sobre los derechos humanos

“En Argentina existen problemas de derechos humanos que incluyen el abuso policial, condiciones carcelarias deficientes y violencia endémica contra las mujeres. La prolongada crisis económica en el país afecta especialmente a las personas que viven en situación de pobreza”, afirma la organización en su publicación.

El atentado a la AMIA

Un apartado de la publicación, hace referencia al atentado de la AMIA, y la falta de resolución del caso, al no haber condenados. “A 28 años del hecho, aún no hay condenados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el cual perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas”, dice el escrito.

Asimismo, profundizaron sobre la causa Nisman y las declaraciones de Alberto Fernández: “En 2021, un tribunal federal desestimó la acusación de Nisman contra Fernández de Kirchner, al sostener que los actos de los cuales se la acusaba no constituían delito. En agosto de 2022, el presidente Fernández dijo que Nisman se había suicidado y que esperaba que el fiscal que acusó a la vicepresidenta Fernández de Kirchner por hechos de corrupción no hiciera lo mismo”.

Fuente: Infobae

José Ginocchio, subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Salta, aseguró este miércoles por Profesional FM que, desde el 2020 a la fecha, se levantaron aproximadamente 19.600 microbasurales y aún hay 500 que están en proceso. 

Ginocchio solicitó a los ciudadanos trabajar en conjunto para “mantener la ciudad limpia”, ya que los microbasurales perjudican a toda la sociedad, donde se sufre el cambio climático y las olas de calor, por lo que están habilitadas las líneas del 105 o 147 para que denuncien estas situaciones.

En ese sentido, el funcionario advirtió que se generan contravenciones y multas adecuadas a las Unidades Tributarias a todos aquellos que tengan microbasurales y arrojen basura en la vía pública.

Fuente: Fm Profesional

En una jornada positiva entre la comunidad de Olacapato -ubicada en el departamento de Los Andes-, la empresa Manufactura Los Andes y la Autoridad Minera se acordaron compromisos de mejora en los procesos y colaboración permanente.

Con el fin de fomentar el diálogo y el vínculo entre comunidades de la Puna y empresas mineras, la Secretaria de Minería y Energía encabezó una reunión entre la cacique y presidenta de la comunidad de Olacapato Clara Acoria y el director de la empresa Manufactura Los Andes S.A. Pablo Haddad.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Secretaría, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable.

La secretaria de Minería y Energía Romina Sassarini agradeció la presencia y el esfuerzo de los referentes comunitarios y destacó las acciones de sustentabilidad de la actividad, control ambiental y participación social, presentes en el Plan Provincial de Desarrollo Minero Sustentable 2030.

Clara Acoria, por su parte, celebró el encuentro, por tratarse de un espacio de escucha y consenso que permite mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Se trataron temas vinculados al cuidado ambiental, la seguridad vial, el empleo femenino, el impulso de capacitaciones, la necesidad de reforzar servicios médicos, entre otros.

En tanto, la empresa asumió el compromiso de afianzar medidas de control en los procesos, y la colaboración permanente con la comunidad.

Participaron además la directora general de Minería Luciana Cerúsico, técnicos del organismo, y miembros del equipo del Programa Gestión y Policía Minera y referentes de la empresa y la comunidad de Olacapato.

Fuente: Nuevo diario

Pese a las declaraciones del titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos, de suspender los cortes de servicio por falta de pago y de prohibir el cobro de la factura por el mes de diciembre, los autoconvocados resolvieron recurrir a la justicia, con la presentación de una acción de amparo ante el Juzgado de primera instancia en lo civil de personas y familia N°2 de Orán.

Así lo confirmó a Nuevo Diario uno de los abogados amparistas, Cristian Illesca, que detalló el recurso presentado ante la jueza Ana María Carriquiry.

El objeto que persigue la presentación consiste en que, en primer lugar, «se ordene (a EDESA) la abstención de efectuar el cobro compulsivo de los aumentos que han impactado en la factura de diciembre a todos los actores, retrotrayendo los importes al mes de noviembre del 2022, hasta tanto EDESA cumpla con las obligaciones de brindar un servicio normal, adecuado y digno».

Asimismo, solicitan se condene a EDESA a efectuar y acreditar la realización de una inversión inmediata y necesaria para la normalización del servicio. En ese mismo marco, el letrado solicitó como medida cautelar, que se le ordene a la empresa la bonificación del 50% del servicio hasta tanto se cumpla con lo ordenado en la sentencia, al tiempo de que se abstenga de realizar cortes de servicio por falta de pago, y de rever los cobros en adelante.

De esta manera, Illesca planteó la imposibilidad de acudir a otra vía, argumentando que: «el servicio público en pugna es el servicio de electricidad, que resulta fundamental para todas las personas que vivimos en zonas de alta temperatura como Orán, y su falta ineficaz de prestación, con un impacto directo y nocivo en la vida de las personas»

También detalla que: «el aumento desmedido que estamos sufriendo, de casi el 400% en algunas ocasiones, necesariamente conllevará al corte del servicio de aquellos ciudadanos que no puedan pagar», señalando casos puntuales de jubilados y de aquellos que ganan inclusive por debajo de la canasta mínima, remarcando que «el servicio de energía es indispensable para la vida diaria».

Illesca, por último, desmintió a Carlos Saravia del Ente Regulador de los Servicios públicos, en sus declaraciones sobre «la solución del conflicto»: «la propuesta que ellos trajeron no reside en la suspensión de los aumentos hasta que ellos auditen los consumos, lo paradójico en este sentido es que sabemos que es el propio Ente el que acompaña a EDESA en esta sobrefacturación. No se trata de una solución, sino que nos patean el problema por seis meses».

Auditarán los consumos que superen el 50%

El Ente Regulador de los Servicios Públicos resolvió ordenar el inicio de una auditoría del proceso de facturación implementado por la concesionaria EDESA S.A., correspondiente al mes de Diciembre pasado, a todos los casos de los Niveles 2 y 3 de la segmentación tarifaria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, para los departamentos de Orán y San Martín, que hubieren incrementado los montos de facturación en un 50% o más por efecto del incremento de precios de la energía eléctrica aprobado por la Resolución 719/22 de la Secretaría de Energía de la Nación. La acción se lleva a cabo a partir de la denuncia de vecinos de estos departamentos del norte provincial.

El presidente del Directorio del Ente Regulador, Carlos Saravia, explicó en la jornada de ayer que «el proceso de auditoría tendrá una duración de seis meses», durante los cuales EDESA S.A. no podrá realizar cortes del servicio de distribución de energía eléctrica por morosidad en el pago de las facturas correspondientes al período Diciembre 2022, ni ejecutar acción de cobro alguna, ni restringir los derechos de los usuarios del servicio de energía eléctrica.

Por otra parte, Saravia indicó que se concretará una denuncia administrativa sobre el servicio deficiente de la TRANSNOA S.A y solicitará a ese organismo de control que proceda a realizar auditoría de la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica prestado durante los últimos veinticuatro meses en los Departamentos de Orán y San Martín.

Fuente: Nuevo diario

Como se había adelantado, las sesiones extraordinarias serán para tratar el pedido de juicio político a la Corte Suprema y otros proyectos. «Todo marcha según lo previsto y en los próximos días se hará el llamado», expresó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

De esta manera, ratificó ayer que el Gobierno nacional convocará a sesiones extraordinarias al Congreso para la segunda quincena de enero, tal como se había anunciado, para tratar el pedido de juicio político a la Corte Suprema y otros proyectos.

“Tal como informé el pasado jueves en la conferencia de prensa, la convocatoria a extraordinarias será la segunda quincena de enero”, sentenció Gabriela Cerruti.

Cambio desmentido

“Todo marcha según lo previsto y en los próximos días se hará el llamado. No hay ni hubo ningún cambio. La manera en que se va a llevar en el Congreso son decisiones que se discuten y se toman en el Congreso”, señaló Cerruti en declaraciones a Télam.

De esta forma, la funcionaria desmintió cambios en los plazos que se fijó el Gobierno para el llamado a extraordinaria, y se remitió a la información que brindó el jueves pasado, cuando contó en Casa Rosada que el presidente Alberto Fernández pretendía que “los tiempos sean lo más breves posibles” en relación al trámite del pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Decisión histórica

La portavoz había asegurado que “la mayoría de los mandatarios” provinciales acompañan esta iniciativa enviada al Congreso y que “la necesidad pasa, ahora, por juntar voluntades” en la Cámara de Diputados para avanzar con este proceso de juicio político al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y los demás ministros, que requiere del apoyo de una mayoría especial de los dos tercios de los presentes en el cuerpo para que prospere.

“El Presidente y los gobernadores tomaron una decisión histórica que es pedir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando, donde la Corte interviene sobre el accionar de los otros poderes violando claramente la Constitución”, había remarcado la Portavoz en esa oportunidad.

El pedido de juicio político que el Gobierno envió al Congreso se basa en la actuación del máximo tribunal en relación al Consejo de la Magistratura y al reclamo de la ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación.

“Dos cuestiones en las cuales la Corte actuó rompiendo la división de poderes e interviene sobre el Poder Legislativo”, dijo Cerruti.

Fuente: Nuevo Diario Salta

Después de muchos años, el Consejo Provincial del PJ Salta será presidido por un dirigente del interior y la integración de la mesa de conducción será representativa de los lugares de la provincia donde el partido tiene mayor peso electoral.

El próximo conductor del órgano ejecutivo del justicialismo será el actual titular de la Cámara de Diputados y dirigente del justicialismo del departamento La Viña, Esteban «Tuty» Amat.

Por la presentación de una lista única para las internas, que estaban previstas realizarse en febrero, la junta electoral partidaria ya proclamó a las nuevas autoridades. La asunción de las mismas tendrá lugar antes del 9 de abril y la fecha será establecida por el órgano de control electoral interno.

Además de Amat, también formarán parte del Consejo Provincial del PJ por el interior, la actual intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega; Antonio Hucena, que representa al departamento Orán, y Luis Mendaña, por el departamento La Caldera.

Además, el actual intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, que fue el más votado en el departamento Anta en las últimas elecciones; el diputado Gustavo Dantur, del departamento Metán; la diputada Gladys Paredes, del departamento San Martín; Martín Pérez, del departamento Orán, y la exdiputada Liliana Guitián, del departamento Cachi.

En tanto, por la Capital, distrito donde el PJ no levanta cabeza hace varias elecciones, serán representantes el actual titular de la CAP partidaria, Pablo Outes; la diputada nacional por Salta de origen mendocino, Pamela Calletti; la diputada Socorro Villamayor y el actual apoderado del partido, Gastón Galíndez.

También la secretaria de Seguridad, Frida Fonseca; la diputada Laura Deolinda Cartuccia, la exdiputada Nancy Montero, Desiderio Almirón Segovia y Soledad Ahuerma Troyano.

La mesa de conducción del Consejo Provincial del PJ Salta se integra con 18 miembros titulares y también fueron oficializados como electos un igual número de suplentes.

También fueron proclamados los dirigentes que integrarán el Congreso Provincial del PJ, órgano que elegirá autoridades al momento de constituirse.

Fuente: El Tribuno.

El diputado nacional mandato cumplido Pablo Kosiner destacó por Aries el anuncio de Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti de conformar un espacio para disputar las elecciones nacionales por fuera del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

Señaló que se trata de “un espacio nacional que plantee a la Argentina está opción necesaria de salir y darle la oportunidad a la sociedad de poder elegir un espacio que venga a unir a los argentinos”. Además, consideró que “son dos personas con amplia experiencia en gestión que han mostrado ser consecuentes con sus actitudes”.

Asimismo, destacó que se encuentran dialogando con dirigentes de diferentes sectores y partidos y remarcó que “es un espacio para las elecciones nacionales que va a participar en las PASO”. “Después veremos, políticamente, qué decisión se toma en Salta, de acuerdo a los dirigentes que quieran sumarse a este espacio”, agregó.

En este punto, Kosiner subrayó que la construcción no es con el Frente de Todos ni con Juntos por el Cambio. “Entre sectores que no dialogan no puede venir nada positivo para la Argentina, por eso nuestra opción es por afuera”, enfatizó el dirigente.

No obstante, sostuvo que “el cambio en la Argentina no lo va a dar el dirigente político solo”, sino que “lo tiene que dar la sociedad”, y puntualizó: “No descarto ninguna candidatura, pero vamos a evaluarlo más adelante”.

Fue en el marco del refuerzo de acciones por la emergencia hídrica. El objetivo es evitar, prevenir y sancionar las especulaciones al respecto del faltante del recurso.

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, encabezó una reunión del gabinete en Casa de Gobierno, donde se realizó un repaso del trabajo para mitigar los efectos de la sequía en el departamento San Martín. Además, trazaron las próximas acciones con la coordinación del Comité de Emergencia Hídrica.

Realizaron un repaso de las medidas que se pusieron en marcha y se indicó que están ejecutando dos operativos de entrega de agua en los municipios de Tartagal, Mosconi y Aguaray, mismos donde instruyó que se realicen controles de precios de venta de los bidones de agua. Esto es para evitar, prevenir y sancionar las especulaciones al respecto.

También, se están perforando pozos profundos en el dique Itiyuro, para incrementar la capacidad de volumen de agua enviado a la planta.

Fuente: FM Profesional

Así lo expresó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Salta, Benjamín Cruz. Afirmó que confía en las negociaciones y en llegar a un acuerdo.

A finales del 2022, trabajadores pertenecientes al gremio UTM comenzaron a manifestarse para reclamar el pago de un bono de fin de año. Sin embargo, a pesar de las negociaciones que hubo, aun no llegaron a un acuerdo con la Municipalidad.

En diálogo con Profesional FM, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Salta, Benjamín Cruz, aseguró que aun no definieron el monto del bono que les otorgarían a los trabajadores municipales.

Además, expresó que el monto va a depender del bono de $60.000 que otorgará provincia, el cual se repartirá durante enero y febrero, ya que deberán analizar los porcentajes con respecto al sueldo promedio.

Finalmente, afirmó que confía en las negociaciones que mantienen con los gremios, en que podrán llegar a un acuerdo y aseguró que la mayoría de las áreas de la Municipalidad están funcionando con normalidad.

Fuente: Fm Profesional