La Comisión Nacional de Valores, a cargo de Roberto Silva, estableció las condiciones de ingreso y toda la información y documentación que deberán presentar las empresas para su acogida en el mercado de capitales.
Aysa es una de las empresas «sujetas a privatización» que podría ingresar al mercado de capitales. La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanza en la reglamentación para que las empresas estatales puedan poner a la venta sus acciones en el mercado de capitales. Esta medida incluye a empresas sujetas a privatización como «Nucleoeléctrica Argentina», «Yacimientos Carboníferos de Río Turbio», «Enarsa», «Intercargo», «Aysa», entre otras.
En línea con la regulación del miércoles en donde se aclara la necesidad de un régimen contable especial y transitorio por dos años, se suman las condiciones de ingreso que deberán cumplir las entidades. La solicitud deberá ser suscripta por el representante legal de la emisora, quien legalmente lo reemplace o mandatario con poder suficiente. Deberá incluirse el acta de asamblea o instrumento similar que consideró y dispuso el ingreso al régimen de oferta pública de acciones. En la solicitud se deberá indicar el objeto del pedido e identificar de manera precisa el régimen en el que solicitan autorización, al cual quedarán obligadas a cumplimentar durante toda su permanencia en la oferta pública y el acogimiento al régimen especial informativo previsto en esta Sección. Acompañar la totalidad de la documentación detallada en este Capítulo para el régimen para el cual solicita su ingreso, así como la que se indica en los puntos siguientes en caso de solicitar el acogimiento al régimen informativo especial previsto en esta Sección. La CNV brinda mayor información para que las empresas ingresen al mercado de capitales Mariano Fuchila CNV: régimen informativo especial para el ingreso de empresas sujetas a privatización Las empresas comprendidas en esta Sección que soliciten acogerse al régimen informativo especial deberán acompañar: Estados contables de la entidad correspondientes a los TRES (3) últimos estados contables anuales o desde su constitución, si su antigüedad fuese menor, auditado y aprobado con informe y dictamen del auditor externo e informe de los síndicos, y, en su caso, la información indicada en el punto siguiente. En caso de tratarse de una empresa sujeta a privatización, que no cuente con los TRES (3) últimos estados contables anuales, bastará que se acompañe –como mínimo- el último estado contable anual debidamente auditado y aprobado con informe y dictamen del auditor externo e informe de los síndicos y la información especificada en el punto siguiente. 2) Cuando los últimos estados contables anuales superen CINCO (5) meses desde que se encuentre completa la documentación de la solicitud, o se encuentre comprendida en el último párrafo del artículo anterior, deberá acompañarse una reseña informativa que será suscripta por el representante legal, y transcripta en el libro de actas del órgano de administración, y el acta del dicho órgano en la que se apruebe la reseña informativa suscripta por el representante legal de la sociedad, la cual contendrá la siguiente información sintética: a) Breve comentario sobre actividades de la sociedad en el último trimestre y en la parte transcurrida del ejercicio, incluyendo referencias a situaciones relevantes posteriores al cierre del período o ejercicio correspondiente a los estados contables presentados en el punto 1 de este artículo. b) Estructura patrimonial comparativa con los mismos períodos de los TRES (3) últimos estados contables anuales presentados y aprobados. En caso de no contarse con información comparativa, deberá dejarse constancia de ello. c) Estructura de resultados comparativa con los mismos períodos de los TRES (3) ejercicios anteriores. En caso de no contarse con información comparativa, deberá dejarse constancia de ello. d) Información sobre niveles de actividad de la sociedad. e) Los siguientes indicadores comparativos con los ejercicios anteriores: Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente. Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio Neto. Rentabilidad: Resultado del ejercicio / Patrimonio neto Promedio. En caso de no contarse con información comparativa, deberá dejarse constancia de ello. f) Breve comentario sobre las perspectivas para el siguiente trimestre y el resto del ejercicio, como así también los principales riesgos que podrían afectar el desenvolvimiento de la emisora, su situación patrimonial y financiera. 3) Se realizará una declaración jurada por parte del representante legal de la Entidad, en la cual manifestará de forma expresa que no hubo cambios sustanciales en la situación patrimonial y financiera de la Entidad respecto al último estado contable anual acompañado y a la reseña informativa adjunta, en su caso. 4) Nota firmada por el representante legal de la entidad en la que conste el plan de regularización para superar las limitaciones para la preparación de estados financieros de conformidad con la normativa aplicable al régimen que solicita su ingreso, el que no deberá superar los DOS (2) años desde su efectiva autorización de ingreso al régimen de oferta pública por parte de esta Comisión. A su vez, se aclara que, las Emisoras bajo esta Sección deberán presentar sus estados financieros anuales e intermedios. A las entidades sujetas a privatización que soliciten el ingreso bajo esta Sección, les resultarán aplicables las Normas establecidas por esta Comisión, según el régimen para el que ha solicitado su ingreso, las cuales son exigibles desde la presentación de su solicitud y durante toda la permanencia dentro de dicho régimen”. La resolución entra en vigencia a partir del 18 de octubre de 2024
El Observatorio de Costos de la Salud de la UAS alertó sobre las barreras de accesibilidad que generan los altos precios de los remedios en Argentina. El análisis compara el mercado local con el de otros países, destacando la necesidad de abordar este problema desde la política pública
Las empresas de salud privada pusieron el foco sobre la falta de competencia dentro de la industria farmacéutica local (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los precios de los medicamentos en Argentina siguen siendo uno de los grandes obstáculos para garantizar el acceso a la salud, según un informe reciente del Observatorio de Costos de la Salud de la Unión Argentina de la Salud (UAS). El documento subraya que, a pesar de contar con una industria farmacéutica robusta, los valores de los fármacos en el país son considerablemente más altos que en otras economías comparables, lo que genera serias dificultades para los pacientes y una carga significativa para el sistema de salud en general.
De acuerdo con la UAS, la diferencia de precios con otros mercados internacionales es sustancial, lo que restringe la capacidad de los argentinos de acceder a medicamentos esenciales. El informe menciona específicamente el caso de la Metformina, un medicamento de uso frecuente para tratar la diabetes, cuyo precio en Argentina es de $34.517, mientras que en España cuesta solo 2,90 euros (alrededor de $4.350). Esta disparidad es igualmente visible en otros productos, como el Diclofenac 75, que se vende por $20.455 en Argentina, mientras que en España tiene un costo de 2,50 euros, equivalente a unos $3.750.
IPC Medicamentos-IPC Salud-IPC Prepagas y General. Período Enero 2023 a Diciembre 2023 (Fuente: UAS)
Estas cifras reflejan una tendencia que, según el análisis, coloca a Argentina en una situación desventajosa respecto de otros países con características económicas similares. La comparación con España es especialmente relevante, ya que ambos países cuentan con una industria farmacéutica fuerte. En España, hay 174 plantas industriales dedicadas a la producción de medicamentos, mientras que Argentina tiene 190, de las cuales 160 son de capitales nacionales. Sin embargo, esta capacidad productiva no ha generado un descenso de precios en el mercado local, lo que evidencia una desconexión entre el desarrollo de la industria y la accesibilidad para los consumidores.
Una industria en expansión, pero sin impacto en los precios
El informe de la UAS destaca que, a pesar de contar con una industria farmacéutica sólida, el desarrollo del sector no se traduce en menores costos para los consumidores. Argentina se distingue por ser uno de los países con mayor número de plantas de producción de medicamentos en la región, lo que debería generar una ventaja competitiva en términos de precio y disponibilidad. Sin embargo, esto no sucede. Según el documento, las estrategias comerciales de las empresas farmacéuticas y la relativa falta de competencia dentro del mercado local han provocado que los precios se mantengan elevados, limitando el acceso de la población a los tratamientos que necesitan.
Además, se señala que esta situación genera barreras de accesibilidad cada vez más difíciles de superar para los sectores más vulnerables de la sociedad, lo que contribuye al deterioro del sistema de salud en su conjunto. La comparación con España pone de manifiesto que, aunque ambos países tienen una capacidad productiva considerable, en Argentina los costos de los medicamentos siguen siendo notablemente más altos.
Precios por encima de la inflación y el impacto en la salud privada
El aumento sostenido de los precios de los medicamentos en Argentina ha superado la tasa de inflación en varios períodos, lo que agrava aún más el problema de accesibilidad. El análisis de la UAS muestra que, entre enero de 2017 y septiembre de 2024, el costo de los productos medicinales y equipos para la salud aumentó un 9.904,1%, una cifra que está muy por encima de la inflación general del mismo período (7.076%) y del incremento de las cuotas de las prepagas (6.425,2%).
Fuente: UAS
Esta tendencia no solo afecta a los pacientes que dependen del sistema de salud público, sino también a los que recurren a servicios privados. Según el informe, aunque el Estado logró en ocasiones reducir los precios de medicamentos mediante compras centralizadas, como las realizadas por PAMI, estas reducciones en el sector público a menudo se traducen en mayores costos para las obras sociales y prepagas. De este modo, los usuarios del sistema privado terminan absorbiendo los incrementos en los costos, lo que repercute negativamente en su capacidad de pago y acceso a la salud.
El impacto de estos aumentos es significativo. De acuerdo con los datos presentados, el gasto en medicamentos dentro del sistema de salud privado representa actualmente el 40% del total de recursos financieros, una proporción que hace una década no superaba el 20%. Este incremento en los costos está erosionando la sostenibilidad del sistema y agravando las barreras de acceso, en un contexto donde la medicalización de la población también ha aumentado.
Reclamo de políticas públicas
El informe de la UAS sugiere que la situación de los precios de los medicamentos en Argentina demanda una intervención desde las políticas públicas. Se argumenta que es fundamental contar con un enfoque basado en datos objetivos, que permita identificar las causas estructurales detrás de estos aumentos y desarrollar estrategias para revertir la situación. Si bien la industria farmacéutica en Argentina demostró ser competitiva en términos de producción, la falta de competencia en el mercado interno y las barreras regulatorias están contribuyendo a que los precios se mantengan fuera del alcance de muchos.
El análisis también destaca que la creciente medicalización de la población, junto con una tendencia a la sobreprescripción de medicamentos, ha exacerbado el problema. En muchos casos, se observa que se prescriben tratamientos que no tienen una relación costo-beneficio favorable, lo que agrava aún más la carga financiera sobre el sistema de salud.
En este contexto, la UAS subraya la importancia de adoptar medidas que no solo aborden la reducción de precios, sino que también mejoren la accesibilidad de la población a los medicamentos. La creación de políticas que fomenten una mayor transparencia en los precios, así como la promoción de una competencia efectiva en el mercado farmacéutico, son algunas de las soluciones que, según el informe, podrían ayudar a mitigar este problema.
Aysa es una de las empresas «sujetas a privatización» que podría ingresar al mercado de capitales.
