Los ministros de Salud Pública, Federico Mangione, y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, firmaron un convenio para ejecutar el «Plan Estratégico de Trabajo Articulado para la Prevención del Dengue y otras Enfermedades Transmitidas por Mosquitos (ETM). Salta 2024 – 2028».

A través de esta iniciativa, se busca fortalecer el compromiso ciudadano en la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos, con un enfoque especial en el rol protagónico de las instituciones educativas y de salud. El Plan, enmarcado en la Estrategia General Integrada EGI-DENGUE, promoverá acciones de prevención y control del dengue y otras ETM, a través de la educación, la concientización y la participación comunitaria.

El ministro de Salud destacó que “finalmente, concretamos este anhelo que venimos persiguiendo hace muchísimos años: el trabajo conjunto entre Salud y Educación en la lucha contra el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Este convenio tiene un alcance realmente significativo para ambas carteras, ya que nos permitirá trabajar de manera articulada en la promoción y prevención de estas enfermedades, con un impacto directo en la salud de toda la población.»

Por su parte Fiore hizo hincapié en la importancia de que “se puedan acordar acciones con el área de Salud Pública para que se trabaje en la prevención del dengue desde las escuelas. Porque las comunidades educativas, los niños y jóvenes del sistema junto a sus familias son los principales motores para replicar buenas prácticas y hábitos preventivos”.

El plan incluye la implementación de un calendario anual de actividades educativas y de concientización sobre la prevención del dengue en todos los establecimientos educativos de la provincia, desde nivel inicial hasta nivel superior. «Este convenio contempla un calendario que es muy importante, un calendario que va desde enero a diciembre y que se van a realizar en todos los establecimientos educativos del nivel primario, secundario, terciario y superior de todos los establecimientos que se encuentran en la provincia de Salta», agregó el director de la Coordinación de Epidemiología, Francisco García Campos.

Además, se promoverán acciones preventivas para disminuir las poblaciones de mosquitos, con un enfoque en la sostenibilidad y la participación activa de la comunidad, se fortalecerá la vigilancia epidemiológica para la detección temprana de casos y se fomentará la participación ciudadana a través de Mesas de Gestión Integral Local.

«Consideramos que los niños son un punto, un eslabón muy importante en esta cadena de comunicación porque lo que los niños aprenden llevan a sus casas. Entonces actúan como un efecto multiplicador muy importante en la lucha contra el dengue», concluyó el director de Epidemiología.

Finalmente, los funcionarios remarcaron la importancia de que el compromiso debe ser de todos los sectores de la sociedad para lograr erradicar los criaderos de mosquitos y de esa manera evitar la transmisión de la enfermedad.

Los ministros de Infraestructura y de Economía y Servicios Públicos, Sergio Camacho y Roberto Dib Ashur, tomaron nota de los proyectos que los intendentes y legisladores de los departamentos Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria priorizan para 2025. Los funcionarios se reunieron hoy en la ciudad de Metán para abordar aspectos del presupuesto provincial para el año próximo.

La ronda de consultas continuó en el sur siguiendo lo dispuesto por el gobernador Gustavo Sáenz de consensuar un presupuesto federal y participativo, características que se mantienen desde el inicio de la gestión del mandatario. El estado de la ruta nacional 9-34, educación y seguridad fueron los temas más mencionados en la sexta reunión regional convocada por el Gobierno para conocer de primera mano las demandas.
 

El gobernador de Salta Gustavo Sáenz envió el proyecto de Ley de Juicio por Jurados, para su correspondiente tratamiento legislativo por parte de ambas cámaras solicitando la implementación del Juicio por Jurados en la administración de la Justicia penal para delitos graves en la provincia. El proyecto primero será tratado en Cámara de Diputados y luego en la de Senadores.

La solicitud del Gobernador responde a la demanda ciudadana de una mayor transparencia en la administración de la justicia penal, que en parte se cumple destacó Sáenz “con la publicidad de los juicios, pero que se logra de modo completo cuando el pueblo se integra a la actividad judicial participando como jurado”.

La participación de la ciudadanía en la administración de justicia le otorga mayor legitimidad a las decisiones judiciales y fomenta la confianza en un sistema de justicia seriamente objetado en cuanto a su credibilidad.

Por lo que, avanzar en la implementación del juicio por jurados, resulta necesario en tanto es el modelo de la Constitución y dada su utilidad para afianzar la justicia, con una modalidad de mayor participación que derive en una mejor aceptación de las decisiones por parte de la sociedad. 

En ese orden, la transparencia también se encuentra garantizada por un cuidadoso cumplimiento del proceso de selección de los jurados, por medio de actos públicos caracterizados por la nominación aleatoria, debidamente auditados y por las posteriores definiciones sobre la integración del panel por medio de la litigación en audiencia pública.

Juicio por Jurados en el país

Hasta el momento ya son 12 las jurisdicciones provinciales que han establecido este modelo de enjuiciamiento: Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, San Juan, Chaco, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Chubut, Catamarca, la Ciudad Autónomo de Buenos Aires y Santa Fe. 

Desde hace 170 años la Constitución Argentina viene exigiendo que los crímenes, es decir los delitos más graves, sean juzgados por los ciudadanos mediante el sistema de jurados. El mandato ha permanecido inalterado en las sucesivas reformas de la Constitución Nacional y se encuentra vigente en sus artículos 5, 118, 121, 122, 123 y 126.

En ese sentido, la Corte de Justicia de la Nación dijo que ese mandato puede y debe ser cumplido por las provincias que son las que sancionan sus leyes procesales en materia penal.