La medida se presentó por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Dentro de ella se encuentran las más de 350 sanciones y 1.000 intimaciones que ya fueron dirigidas a esos sectores.
La medida se presentó por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) presentó hoy una medida cautelar ante la justicia con el objetivo de asegurar que las empresas de transporterespeten el derecho de las personas con discapacidad a viajar de manera gratuita en servicios de media y larga distancia. Según el comunicado oficial, la acción legal tiene como fin «lograr que las empresas cumplan sus obligaciones y que las personas con discapacidad puedan viajar».
La acción judicial fue impulsada bajo la instrucción de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y está dirigida a la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI). En el recurso, se solicita que la justicia «ordene a CELADI que revea su incumplimiento al sistema de protección integral de las personas con discapacidad».
Desde la CNRT, informaron que esta medida se complementa con las más de «350 sanciones y 1.000 intimaciones que ya fueron dirigidas a las empresas». Asimismo, el comunicado enfatiza que «el derecho de las personas con discapacidad a viajar de forma gratuita en transporte de media y larga distancia sigue vigente y no fue modificado con la desregulación del transporte automotor».
El Gobierno Nacional reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de las personas con discapacidad y aseguró que «se seguirá velando por ese derecho y se controlará que se cumpla la obligación que tienen las empresas de ofrecer esos servicios«.
La medida fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. Así, el presidente Javier Milei continúa con las reformas del Estado que se propuso al inicio de la gestión
La medida fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, mediante el decreto 953/2024, que establece: “Disuélvese la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad autárquica actuante en la órbita del Ministerio de Economía, con los efectos y alcances establecidos en el presente decreto”.
A su vez, el Ejecutivo creó formalmente la ARCA, que también estará bajo la órbita de Luis Caputo. Según indica la normativa, esta entidad “es la continuadora jurídica y mantendrá las responsabilidades, competencias y funciones asignadas por el marco legal vigente a la AFIP hasta la fecha de publicación de las normas y la Estructura Orgánica y Funcional”.
La ARCA asumirá las responsabilidades de la AFIP (Foto: REUTERS/Tomas Cuesta
Así, se hace efectivo lo que había adelantado el vocero presidencial Manuel Adorni a días atrás. “El Gobierno anuncia muy felizmente que la AFIP dejará de existir”, sintetizó. La reforma implica una fuerte reducción del personal, especialmente de aquellos que tienen cargos jerárquicos y de sus salarios. En ese sentido, se modificó la conducción del ente recaudador, puesto que tendrá un director ejecutivo y dos directores generales, de los que dependerán la gestión impositiva y aduanera.
De esta manera, mediante el decreto 954/2024, designaron a las autoridades que estarán a cargo de la ARCA. Tal como habían adelantado, la conducción del organismo continuará en manos de Florencia Misrahi. Este cargo tiene una duración de cuatro años y quien ocupe ese lugar puede ser designado en sucesivos períodos, “siendo un requisito ineludible el previo cumplimento del plan de gestión del mandato anterior”. Fueron nombrados también Andrés Edgardo Vázquez, que estará a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI); y JoséAndrés Velis, de quien dependerá la Aduana.
Según explicaron desde el Gobierno una vez que se conoció la noticia, la ARCA tendrá “una estructura simplificada, con una reducción de aproximadamente un 45% de las autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores de la estructura actual”. Con esto, “habrá un 34% menos de ravioles”.La reforma había sido anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
De igual forma, el artículo 5° de la normativa establece que el personal de la AFIP “mantendrá su situación de revista alcanzada en su carrera administrativa”, por lo que aún resta conocer las medidas complementarias que tomará la gestión en lo relacionado con la estructura funcional y orgánica del nuevo organismo.
En el considerando de la norma, el Ejecutivo alega que la AFIP “se ha sobredimensionado tanto en su estructura organizacional como en la multiplicación de sectores que no desempeñan, estrictamente, funciones esenciales”. “La estructura y funcionamiento de la AFIP han mostrado limitaciones en la capacidad para responder de manera ágil y eficaz a las demandas del sistema tributario, aduanero y de la seguridad social, afectando la administración de los recursos públicos y el control de las actividades aduaneras”, agrega la norma.
El Gobierno sostiene que la ARCA “propiciará un aprovechamiento más racional de los recursos humanos y materiales, al permitir la especialización y capacitación del personal en sus respectivas áreas de competencia contribuyendo a mejorar la calidad del régimen impositivo, de la seguridad social y aduanero y fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado ante las demandas sociales y regulatorias que corresponden a cada área”.
Al respecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, precisó días atrás, durante un diálogo con Radio Mitre, que “toda la reducción de gasto es un alivio para el contribuyente”.
“Estamos llevando adelante una racionalización profunda de la administración pública”, sostuvo Sturzenegger. En esa línea, afirmó que la medida responde a un modelo de eficiencia administrativa que no solo busca achicar el Estado, sino también agilizar los procesos tributarios y aduaneros. “Con menos cargos, buscamos una gestión más eficiente y ágil”, enfatizó el ministro.
Una modificación sustancial en la estructura salarial de las máximas autoridades es que dejarán de cobrar la “cuenta de jerarquización” y pasarán a recibir sueldos equiparables a los Ministros y Secretarios. En concreto, hasta hoy la titular de AFIP cobra un salario aproximado de $32 millones y pasará a cobrar lo mismo que un ministro, cuyo sueldo es de $4 millones. En el caso de los directores al frente de Impositiva y de Aduanas, hasta hoy con un ingreso mensual de $17 millones, pasarán a cobrar igual que un secretario de Estado.
El Presidente le había planteado el tema a Macron durante su visita a Francia, mientras que su hermana hizo lo propio frente al ministro de economía francés. Además del equipo de Justicia, intervinieron funcionarios de Caputo. Hay alivio en el Gobierno, pero esperan la letra chica del documento de aprobación para evaluar nuevas medidas
Javier Milei y Emmanuel Macron
El Ministerio de Justicia de Mariano Cúneo Libarona fue el área encargada de llevar las presentaciones técnicas para evitar que la Argentina cayera en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pero intervinieron varias áreas del Gobierno, y Javier Milei le dio impulso político a las negociaciones desde la cúpula.
Preocupado por evitar una pésima noticia frente a los mercados, actuó en primera persona con una primera aproximación a su par francés, Emmanuel Macron, en julio. También, a través de dos secretarios clave del ministro de Hacienda, Luis Caputo; y del brazo político de su asesor Santiago Caputo en Justicia, Sebastián Amerio. Por último, intercedió su poderosa hermana, Karina Milei, que profundiza la influencia en el Gobierno y aumenta sus responsabilidades políticas. Esta vez, la secretaria general accionó ante el ministerio de Economía de Francia durante su visita a París, la semana pasada.
Dedicado a juzgar sobre el lavado de dinero y el narcotráfico en las naciones, el GAFI está integrado por los principales países del mundo, incluidas las potencias, -Estados Unidos, Alemania, Francia, etc-; y los organismos internacionales más relevantes -desde la OCDE, al Banco Mundial, al FMI, la Comisión Europea y las Naciones Unidas-. Es un organismo técnico, pero por la naturaleza de sus funciones recibe fuerte influencia de la política y la diplomacia.
La misión argentina que se presentó ante el GAFI
El GAFI tiene una metodología minuciosa para examinar a los países, y los técnicos que conocen de cerca los procesos de las evaluaciones aseguran que no hay demasiado margen para el lobby. En cambio, aseguran que se basan exclusivamente en criterios formales. “O cumplís con los parámetros, o no los cumplís, es simple”, dijo un funcionario. Sin embargo, según pudo reconstruir Infobae, el Gobierno activó una serie de acciones políticas y diplomáticas para influir en el resultado final de un análisis que, entre vaivenes y señales negativas, a la postre favoreció a la Argentina.
Los miembros del GAFI votaban ayer a las 12 (hora argentina) para definir si el país pasaba la prueba contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo durante el período 2019-2024. La votación sería el corolario de meses de análisis de sus agentes designados, que habían iniciado las revisiones en marzo. Primero, con la extensa visita de una delegación al país; después, con sucesivos idas y vueltas con Justicia, que a su vez se nutría de información de la Inspección General de Justicia (IGJ), AFIP, el INAES, el Ministerio Público Fiscal, la Judicatura de la Corte, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, entre otras dependencias. Inclusive, con el Ministerio de Seguridad, por las acciones en las fronteras y contra el narcotráfico.
El GAFI extendió al país varios informes, con señalamientos que fueron respondidos cada vez. Y finalmente, esta semana una delegación del Ministerio de Justicia viajó a París, donde tiene su sede la entidad, para dar el “examen final” ante sus miembros. La comitiva, además de Libarona y Amerio, estaba conformada por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, Roberto Silva, de la CNV; y el coordinador del programa de prevención y lavado de activos, Eugenio Curia, convocado en julio justamente para llevar a cabo estas negociaciones. Justo a la par de los primeros contactos presenciales de los Milei con el gobierno francés. La votación resultó, de forma casi unánime, a favor de la Argentina y sólo votó en contra México, cuyo gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum, está distanciado de Milei.
En Balcarce 50 aseguraron que en el proceso fue fundamental el trabajo del equipo de Cúneo Libarona. Pero el Ejecutivo accionó sobre el gobierno de Macron. Días antes del plenario donde cada integrante emitiría su decisión, la secretaria general, que había viajado el jueves anterior a Francia, se reunió con su Ministro de Economía, Antoine Armand, y le planteó la posición argentina.
“Que Karina tuviera esta reunión con el Ministro de Economía de Francia, tres días antes del plenario del GAFI para asegurar la instrumentación de ese apoyo fue valioso. En Francia, la voz en GAFI depende operativamente del Ministro de Economía”, confió un funcionario al tanto de las charlas.
Esa conversación, que tuvo lugar el domingo muy temprano, no hubiera ocurrido sin el encuentro previo que habían sostenido Milei y Macron en el Palacio del Eliseo en julio. El Presidente había viajado a Europa para participar de los Juegos Olímpicos, y en la reunión bilateral con su par francés le pidió apoyo en el GAFI. Poco antes de aquella visita, Karina Milei se había acercado a la embajada francesa en Buenos Aires para remendar los supuestos resquemores que se habían generado por las declaraciones en X de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, sobre la Selección. Según dejaron trascender en ese momento en la Casa Rosada, a partir de ciertas muestras de malestar que le habían llegado desde la sede diplomática que maneja el embajador Romain Nadal.
En ninguna de estas gestiones intervino la canciller, Diana Mondino, en quien Karina Milei ya no confía a pesar de que fue reivindicada en los últimos meses por Milei y por Santiago Caputo (al punto de que le perdonaron la serie de gaffes del último tiempo). Mientras tanto, algunos de los funcionarios del Palacio San Martín que habían actuado en el inicio de las charlas con el GAFI salieron eyectados acusados por una falta de alineamiento con el Gobierno, como el secretario Leopoldo Sahores, que había recibido a la comitiva del organismo.
El Gobierno decidió dejar en manos de Justicia todas las comunicaciones sobre el tema, pero además de ese área y del Ejecutivo, también hubo intervención desde el Ministerio de Economía. A Karina Milei la acompañó a ver a Armand un funcionario de Toto Caputo, Juan Pazo, secretario de coordinación de la producción. Y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, activó contactos en Washington, en particular con la Secretaría del Tesoro, influyente en las decisiones de Estados Unidos del GAFI. De hecho, esta semana Quirno está a DC, donde mantiene una apretada agenda.
En el Gobierno cantaron victoria porque esta decisión significa un panorama mejor para la llegada de inversiones, en especial en el marco del RIGI. Y en la Casa Rosada se jactaron de haber logrado una aprobación a pesar de que las señales que llegaban al GAFI, hasta la semana pasada, eran negativas. En ese momento se mostraban “preocupados, pero no deshauciados”. Ayer, con reserva, un funcionario de alto rango deslizó a grandes rasgos la estrategia que planteó la Argentina luego de las gestiones políticas del Gobierno, para dar vuelta la tendencia negativa que percibían en el GAFI durante la etapa final de la evaluación. “Digamos que pudimos demostrar que aquello que los evaluadores habían interpretado no estaba del todo correcto y que había margen de maniobra”, dijo.
Aún quedan dos etapas del proceso, y el GAFI todavía no emitió el comunicado sobre la aprobación del caso argentino, que se conocerá formalmente este viernes. El documento final del informe se conocería en diciembre, con una serie de recomendaciones para la Argentina. Ahora, en el Gobierno esperan a ver la letra chica para evaluar la viabilidad de los cambios que deberían implementar para sostener al país lejos de la lista gris.
La medida se hizo efectiva esta madrugada
La ARCA asumirá las responsabilidades de la AFIP (Foto: REUTERS/Tomas Cuesta
La reforma había sido anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
