Se firmó un convenio con la Federación Argentina de Asociación de Empresas de Viajes y Turismo. Además, se destacó la realización del Congreso de FAEVYT Joven en el Centro de Convenciones de Cafayate.
Salta apuesta a un compromiso conjunto por un Turismo Seguro.
Salta formalizó su compromiso con el desarrollo del turismo a través de un convenio de cooperación con la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT). Este acuerdo busca apoyar el Registro Nacional de Agencias de Viajes, promoviendo la seguridad y buenas prácticas en el sector.
El acuerdo se firmó en el marco del Workshop organizado por la ASAT en Salta, en el que participaron con rondas de negocios, exposiciones y muestras, referentes turísticos de todo el país.
Este nuevo compromiso no es un hecho aislado, sino que la Provincia desde hace cinco años trabaja con una política clara de contrarrestar la informalidad en el sector, con seguridad para los turistas e igualdad de condiciones para quienes apuestan e invierten en el sector.
El ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña, subrayó “la importancia de este registro para fomentar un entorno seguro para el turismo, una de las políticas centrales para el desarrollo del sector y la seguridad de los visitantes”. El compromiso del Gobierno provincial y el sector privado es claro en su objetivo de continuar generando empleo y promoviendo el sector turístico en la región.
El presidente de FAEVYT Andrés Deya, como lo hiciera oportunamente en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) resaltó el acompañamiento de Salta desde un primer momento, junto a otros destinos del país. “El objetivo es reglas justas para los profesionales del sector, pero principalmente, seguridad para quienes demanden un este servicio”.
En el mismo sentido se pronunció la presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT) Lía Rivella, quien agradeció al Gobierno provincnial por el apoyo incondicional a la gestión y enfatizó el compromiso del sector privado a «seguir adelante generando trabajo en Salta”.
Congreso de Faevyt Joven en Cafayate
Durante el acto de apertura del Workshop de Asat, se destacó el encuentro de FAEVYT Joven, programado para el 29 y 30 de noviembre en el Centro de Convenciones de Cafayate, donde se espera la participación de más de 300 jóvenes empresarios del sector. Este congreso resalta la relevancia de Salta como un destino de referencia en el ámbito del turismo de reuniones, potenciando su posicionamiento con la nueva infraestructura en la Ruta del Vino.
“Estas dadas todas las condiciones de infraestructura para que en Cafayate se realice el primer congreso Joven de FAEVYT. “Los invito a este encuentro histórico, en esta provincia que tiene todo para ser potencia turística”, indicó Deyá.
“Confirma el camino correcto del gobierno. En 2024 dijimos ‘basta’ a estas tácticas extorsionadoras”, señaló el libertario Ezequiel Atauche. En tanto, Pablo Blanco (UCR) advirtió por la actividad afectada
El jefe libertario en el Senado y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (Adrián Escandar)
En medio de días con poca actividad en el Senado, un puñado de legisladores del oficialismo y la oposición dialoguista criticaron el inminente paro de transportes que se realizará entre hoy y mañana y reclamaron diálogo urgente entre los sindicatos y la Casa Rosada.
“Me parece que, como todos estos últimos paros, van a contramano de lo que quiere el argentino trabajador, que ya se cansó de que le corten las calles, le paren el transporte y le hagan la vida imposible un grupo de sindicalistas que no representan a los trabajadores y que ven amenazados sus privilegios”, manifestó a Infobae el jefe de La Libertad Avanza en la Cámara alta y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche.
El legislador jujeño luego destacó: “Nosotros vinimos a luchar en contra de la casta sindical y estos paros no hacen más que confirmar el camino correcto de este gobierno. Los argentinos le dijimos ‘basta’ el año pasado a estas tácticas extorsionadoras, con el fin de empezar a construir la argentina trabajadora que todos queremos”.
Atauche forma parte de la comisión de Transporte del Senado, como el Pablo Blanco (Unión Cívica Radical), quien aseguró a este medio: “Ante el paro total de transporte previsto, llamo al diálogo urgente. La actividad en Tierra del Fuego, entre otras, se verá afectada, perjudicando directamente al pueblo. Es necesario buscar soluciones que prioricen el bienestar de todos”.
La comisión que ambos integran es comandada por la también radical Mariana Juri. Fue consultada sobre el tema, sin respuesta. La mendocina sí promocionó horas atrás un proyecto presentado junto a su comprovinciano y ex gobernador, Rodolfo Suarez, para que el Gobierno nacional devuelva a las provincias el 1,9% de impuestos coparticipables que utilizaba la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para financiarse.
En concreto, la iniciativa busca que se distribuyan los fondos que el organismo nacional retuvo al conjunto de las jurisdicciones argentinos. Por caso, en el ejercicio 2023, Suarez y Juri describieron que la AFIP retuvo $643.000 millones, el equivalente al 0,34% del Producto Bruto Interno (PBI).
A través de un comunicado, los senadores deslizaron que “si se comparan los gastos de AFIP con algunos organismos nacionales surgen notorios resultados: el de 2022 ($331.000 millones) es muy superior a los gastos del Conicet ($80.000 millones) y la mitad del gasto de todas las universidades nacionales argentinas ($599.000 millones)”.
Para Suarez y Juri, “los fundamentos del proyecto son claros y llevan a concluir, por el volumen de los fondos que percibe la AFIP, que se ha constituido a ese organismo no sólo como una provincia más, sino como la cuarta provincia argentina en la distribución de dinero coparticipado”.
El senador radical y ex gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez
En las próximas horas ingresará otra iniciativa de ley de la UCR que podría generar un dolor de cabeza en sindicalistas, tras el acuerdo de días atrás entre libertarios, kirchneristas y otros “dialoguistas” en Diputados para no limitar el poder de los gremios. Es de Carolina Losada y apunta a eliminar los descuentos obligatorios de recibos de sueldo, redireccionados como -la mal llamada- “cuota solidaria”, en detrimento de los trabajadores.
Villarruel y las Fuerzas Armadas
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, entregó ayer la mención de honor “Domingo Faustino Sarmiento” al “Hospital Militar Central Cirujano Mayor Doctor Cosme Argerich”, por “su destacada labor, dedicación, compromiso en todas sus áreas y dependencias de atención y servicio”, informó la Cámara alta.
Durante el acto, en el que estuvo Infobae, la funcionaria libertaria expresó: “Mientras el gobierno nacional continúa trabajando con éxito para revertir el embate sufrido por las Fuerzas Armadas en las últimas cuatro décadas a manos de la política, quiero pedirles que continúen con esta noble tarea que realizan todos en el Hospital Militar Central”.
El ministro resolvió comprar bonos en dólares al BCRA para saldar deudas acumuladas con empresas del Plan Gas.Ar. El objetivo de la medida, menciona el texto oficial, es garantizar la compensación a las productoras del suministro que participaron del programa.
Plan Gas.Ar: el Gobierno adquiere bonos por $2.481 millones para compensar a productoras de gas
La Secretaría de Hacienda y Finanzas, bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, autorizó una operación financiera relacionada con el Plan Gas.Ar, un programa para promover la producción de gas natural en el territorio nacional.
La Resolución Conjunta 60/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial establecíó la compra de bonos en dólares estadounidenses (BONOS USD 2038 – AE38) por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para saldar compensaciones adeudadas a las empresas productoras de gas que participaron de dicho programa. Los títulos adquiridos se entregarán a dichas compañías como parte de un esquema de pago de deudas acumuladas en el marco del Plan Gas.Ar.
La oposición está cerca de un consenso para cambiar la ley de DNU y podría avanzar con el dictamen
Hoy vence el emplazamiento y el oficialismo no puede por reglamento demorar el debate. Buscan poner un plazo de 120 días para que el Congreso ratifique o rechace los decretos
Germán Martínez, de UxP, junto a Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal
El Congreso avanza para cambiar la ley de DNU
La oposición quiere poner límites a los decretos de necesidad y urgencia que firma el Presidente.
Quieren establecer un límite de 120 días para que ambas Cámara se expidan. Si una sola rechaza, el decreto quedaría sin efecto
El plenario de comisiones debe dictaminar hoy porque en la última sesión se aprobó un emplazamiento
Lo esencial: la oposición negocia para avanzar esta tarde con un dictamen de consenso para reformar la Ley 26.122 que regula los decretos de necesidad y urgencia. Si bien todavía no se llegó a un texto en común, tanto el peronismo como Encuentro Federal, Democracia para Siempre (radicales), la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y algunas fuerzas provinciales coinciden en que el gobierno de Javier Milei utilizó de forma abusiva esta herramienta y se deben establecer limitaciones. Si consiguen el dictamen, el tema quedaría listo para debatirse en el recinto a pesar del rechazo libertario.
Comisión de Asuntos Constitucionales
Sectores de la oposición dialoguista, el peronismo y la izquierda están cerca de llegar a un consenso para modificar la Ley 26.122 que regula el dictado de los decretos de necesidad y urgencia. El objetivo es facilitar y acelerar el proceso para rechazar un DNU y así limitar una herramienta a la que el presidente Javier Milei ha recurrido en repetidas ocasiones ante su debilidad parlamentaria.
Este miércoles es la fecha límite del emplazamiento que la oposición aprobó durante la última sesión, luego de que el oficialismo lograra sostener el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. El emplazamiento obligó al oficialismo a convocar a especialistas para que expongan en un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.
Luego de dos reuniones informativas, hoy se deberá avanzar con el dictamen, ya que el oficialismo no puede por reglamento posponer el debate. A los libertarios solo les queda convencer a los dialoguistas para evitar que el peronismo llegue a juntar la mitad de las firmas del plenario. Pero este no sería el caso ya que diferentes sectores, como el bloque Encuentro Federal, la Coalición Cívica y los radicales de Democracia para Siempre, han dejado en claro que pretenden llevar el tema al recinto.
Los DNU están contemplados en la Constitución Nacional (artículo 99) y el Presidente solo puede utilizarlos bajo una premisa: que existan “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios”, de ahí el nombre decretos de “necesidad y urgencia”. No obstante, este criterio pocas veces se cumple y los gobiernos utilizan los decretos para avanzar con iniciativas que no reúnen consenso opositor. Por ejemplo, el DNU 656 que otorgaba $100 mil millones en gastos reservados a la SIDE.
Según la Ley 26.122, el Congreso no puede cambiar los decretos, solo ratificarlos o derogarlos con el rechazo de ambas Cámaras. Este último caso solo se dio una vez en la historia, con la derogación del DNU que ampliaba los fondos a la SIDE. En caso de no ser rechazados, quedan vigentes con fuerza de ley.
El presidente Javier Milei anunció la firma del mega DNU 70 en diciembre de 2023
Las negociaciones continúan por estas horas y según pudo saber Infobae algunos espacios abogan por un texto “minimalista” que permita dejar de lado las diferencias. Hay varios puntos en discusión: en primer lugar el límite de tiempo para que el Congreso se expida, y por otro lado la bicameralidad para la ratificación.
Mientras que el peronismo pretende que en 90 días ambas Cámaras rechacen o ratifiquen los decretos, los diputados de Encuentro Federal plantean que ese lapso de tiempo es demasiado corto y se inclinan por los 120 días (inspirado por la legislación de Brasil). Una vez cumplido el plazo, los decretos pierden vigencia automáticamente. En tanto, desde la Coalición Cívica advierten que lo mejor es no poner plazos (como funciona en la actualidad).
Por otro lado, la mayoría coincide en que ambas Cámaras deben ratificar un decreto para que quede firme, lo que en la práctica se traduce en que el rechazo de alguno de los cuerpos sería suficiente para que un DNU quede descartado. Por ejemplo, el mega DNU 70 habría quedado sin efecto con el rechazo del Senado. En cambio ahora se mantiene vigente porque Diputados todavía no lo trató a pesar de que ya pasaron diez meses.
El debate sobre la ley de DNU tuvo la particularidad de que dos de los principales bloques cambiaron su posición histórica. A pesar de que siempre la defendió, Unión por la Patria accedió a modificar la Ley 26.122, sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, porque entienden que Milei está haciendo un uso abusivo de esa herramienta. Como ejemplo destacan que ningún gobierno sacó un decreto como el 70/2023 de desregulación de la economía, que modificó cerca de 300 normas. Del otro lado, el PRO, que durante el kirchnerismo impulsó varios proyectos para limitar el uso de los DNU, ahora jugó tácitamente con el oficialismo y pidió más tiempo para dar “un debate serio”. Con malicia algunos diputados memoriosos recordaban que la propia Patricia Bullrich había presentado un proyecto en este sentido durante su paso por la Cámara de Diputados.
Si Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el FIT llevan el tema al recinto la media sanción quedará en manos el bloque radical, que recientemente sufrió una fractura y sigue definiendo cómo será su relación con el Gobierno, y de Innovación Federal, que responde a gobernadores de tres provincias que siguen de cerca las negociaciones por el Presupuesto 2025.
