A partir del 1° de enero de 2025, Argentina dará un paso importante hacia la modernización de su sistema de salud con la plena implementación de la receta electrónica. Esta iniciativa tiene como objetivo sustituir completamente los formatos tradicionales en papel por uno digital, para asegurar una prescripción más segura, eficiente y transparente.

El Ministerio de Salud de la Nación publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución 5744/2024, mediante la cual dispuso que los repositorios de recetas electrónicas, es decir los archivos que permite almacenar y organizar los recursos digitales, deben estar disponibles para todas las plataformas de prescripción y farmacias, que solo podrán acceder a las recetas que el paciente requiera. El objetivo de esta norma es garantizar las condiciones de funcionamiento del ecosistema de salud digital para la implementación de la Ley N° 27.553 de Recetas Electrónicas.

“La receta electrónica será la única modalidad vigente para la prescripción de medicamentos. No habrá prórroga ni nuevos plazos de adecuación”, indicaron a Infobae altas fuentes de la cartera sanitaria. Y sumaron: “La dispensa de los medicamentos se podrá realizar en cualquier farmacia del país, no importa si está conveniada con la obra social o prepaga del afiliado”.

Para garantizar que este proceso se lleve a cabo de manera efectiva, el Ministerio de Salud ha establecido una normativa clara que regula la interacción entre las plataformas de prescripción y las farmacias en todo el país. De este modo, se crea un ecosistema de salud digital conectado y accesible.

173 plataformas se inscribieron en el ReNaPDiS para implementar la receta electrónica (Freepik)

La receta electrónica no solo implica la digitalización de la prescripción, sino también la creación de un sistema de validación y almacenamiento de estas recetas que garantiza su disponibilidad en las farmacias. Para ello, el Ministerio de Salud dispuso que todos los sistemas informáticos encargados de validar y despachar las recetas electrónicas deben estar disponibles para las plataformas de prescripción y para todas las farmacias en las que el paciente requiera sus medicamentos.

Esto incluye el acceso a los repositorios electrónicos, plataformas que validan las recetas emitidas por los profesionales de salud y las almacenan de manera segura. Estos repositorios de recetas electrónicas cumplen una función esencial en el nuevo sistema, ya que no solo permiten la validación y el almacenamiento de las recetas, sino que también garantizan la privacidad, integridad y confidencialidad de la información del paciente.

Gracias a su implementación, las recetas estarán siempre disponibles para su dispensación, sin importar la ubicación del paciente ni de la farmacia. Este avance no solo agiliza el proceso, sino que también minimiza los riesgos de error asociados a las recetas en papel, como las dificultades de lectura de la letra manuscrita.

Por otro lado, las plataformas de prescripción deberán integrarse a este sistema de repositorios a través de interfaces de programación de aplicaciones (API), un proceso que será obligatorio y deberá pasar por un estamento de autenticación. De esta manera, se garantizará la interoperabilidad de los datos entre las plataformas de prescripción y las farmacias, asegurando que el paciente reciba la medicación adecuada bajo normas de buenas prácticas y con total seguridad.

El sistema de receta electrónica en Argentina incluye la validación y almacenamiento de las recetas en repositorios electrónicos, garantizando la seguridad, privacidad e integridad de la información médica de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sistema también tiene un componente clave de seguridad, ya que los repositorios deben contar con protocolos técnicos y administrativos que aseguren su alta disponibilidad y el almacenamiento seguro de las recetas electrónicas durante el tiempo que establece la normativa. Además, se implementarán mecanismos de respaldo y recuperación (backup) para proteger los datos de los pacientes frente a fallas técnicas o incidentes imprevistos.

Según informaron a Infobae fuentes calificadas de la cartera sanitaria, hasta el momento la situación en las jurisdicciones es la siguiente:

• Hay 17 Jurisdicciones con Ley de Receta Electrónica: 11 adhirieron a la Ley Nacional (Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Tierra del Fuego, Tucumán); 4 tienen su Ley Provincial de Receta Electrónica (Buenos Aires, CABA, Chubut, La Rioja); 2 tienen el Proyecto de Ley Provincial en curso (Río Negro, Santa Fe).
• 4 son las Jurisdicciones que utilizan Receta Electrónica y se espera que cuenten con Proyecto de Ley Provincial este año (San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Cruz).
• 3 no cuentan hasta el momento con una Ley Provincial vinculada a esta iniciativa (La Pampa, Neuquén, Formosa).

El sistema asegura la privacidad e integridad de los datos de los pacientes (Freepik)

Este proceso a nivel nacional está respaldado por la Ley N° 27.553 de Recetas Electrónicas, que regula la forma en que los profesionales de la salud recetan medicamentos y cómo estos son gestionados en las farmacias, ya que establece un circuito digital claro desde la prescripción hasta la entrega.

La reglamentación de esta ley, que entró en vigencia el 1° de julio de 2024, otorgó un plazo de 180 días para la adecuación de las plataformas de prescripción y la readecuación de los repositorios electrónicos. Esto significa que este mes será el último antes de su plena implementación, y desde el 1° de enero de 2025, la receta electrónica será la única modalidad válida para la prescripción de medicamentos en el país.

Uno de los aspectos fundamentales de la implementación de la receta electrónica es la creación de protocolos técnicos y administrativos que aseguren el correcto funcionamiento de los sistemas involucrados. Los repositorios de recetas electrónicas deben cumplir con normas estrictas que garantizan la alta disponibilidad de los datos, así como mecanismos de respaldo y recuperación ante posibles fallos del sistema.

Los errores en las recetas en papel podrían minimizarse con la digitalización (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cumplimiento de estos protocolos no solo tiene una dimensión técnica, sino también administrativa. Los repositorios deberán operar bajo estrictas condiciones de seguridad y privacidad para proteger la información sensible de los usuarios, respetando los derechos de los pacientes en todo momento. Además, las plataformas de prescripción deberán garantizar la interoperabilidad de los datos, permitiendo que los sistemas digitales se comuniquen de manera efectiva y eficiente. Este enfoque integral busca asegurar que las recetas electrónicas no solo sean funcionales, sino que también operen dentro de un marco legal que garantiza su confiabilidad y cumplimiento de las normas de privacidad.

El camino hacia la plena implementación de la receta electrónica también implica un proceso de adecuación de las plataformas de prescripción y los repositorios, con fechas clave que marcan su desarrollo. El 31 de diciembre de 2024 será el día límite para que todas las plataformas de prescripción de medicamentos inscritas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS) se adecuen a los nuevos requisitos establecidos.

A partir de esta fecha, solo las plataformas aprobadas por el ReNaPDiS podrán operar, garantizando que los sistemas utilizados para la prescripción sean seguros y cumplan con las normativas vigentes.

Con la implementación de la receta electrónica, se logrará una mayor trazabilidad de los medicamentos recetados, facilitando el seguimiento desde su prescripción hasta su entrega en la farmacia, y mejorando la supervisión del proceso (RAPISAN JOHN)

Según detallaron desde el Ministerio de Salud a Infobae, se inscribieron 173 plataformas en el ReNaPDiS. 136 pasaron el filtro, de las cuales 81 ya fueron aprobadas, al día 28 de noviembre último, y 55 se encuentran en trámite de adecuación, con tiempo de adecuarse hasta fin de año. “Para operar, los softwares de recetarios electrónicos y repositorios deberán estar aprobados por el ReNaPDiS”, detallaron.

El Ministerio de Salud dispone que el listado de páginas aprobadas esté disponible en su sitio web oficial, junto con los enlaces de acceso a cada una de ellas. Este registro permitirá a los usuarios y profesionales de la salud conocer qué plataformas están habilitadas para emitir recetas electrónicas de manera legal y segura. De igual forma, los repositorios que almacenan y validan las recetas electrónicas deberán ser homologados por el ReNaPDiS para asegurar que cumplen con los estándares técnicos y de seguridad necesarios para el funcionamiento del sistema.

Este proceso de homologación y adecuación también incluye la necesidad de que las plataformas y los repositorios se conecten correctamente al ecosistema de salud digital, garantizando la interoperabilidad y asegurando que todas las partes del sistema —desde el profesional de la salud hasta la farmacia— puedan acceder a la receta electrónica de manera eficiente y segura.

La digitalización de las recetas médicas en Argentina será respaldada por estrictos protocolos de seguridad para proteger la información sensible de los pacientes, respetando la privacidad y garantizando la confidencialidad de los datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de la receta electrónica promete transformar significativamente el proceso de prescripción y dispensación de medicamentos en Argentina.

A medida que se avanza hacia la digitalización de este proceso, surgen una serie de beneficios que contribuyen a mejorar la seguridad, eficiencia y transparencia del sistema de salud. Entre las principales ventajas, destacan la reducción de errores médicos, la mayor trazabilidad de los medicamentos y la optimización de la toma de decisiones clínicas por parte de los profesionales de la salud.

Uno de los principales beneficios de la receta electrónica es la seguridad . A diferencia de las recetas en papel, que pueden estar sujetas a errores de interpretación debido a la letra manuscrita o a posibles manipulaciones, la receta digital elimina estos riesgos.

Desde el 1° de enero de 2025, las plataformas de prescripción de medicamentos deberán estar aprobadas por el ReNaPDiS para garantizar su seguridad, cumpliendo con las normativas vigentes y asegurando su conexión con el ecosistema digital de salud

El sistema garantiza que las recetas sean emitidas por profesionales de salud matriculados y habilitados, quienes deben autenticarse adecuadamente antes de prescribir cualquier medicamento. Esto proporciona un nivel adicional de confianza tanto para los pacientes como para las farmacias que dispensan los medicamentos.

Además, la receta electrónica facilita la trazabilidad de cada medicamento prescrito. Esto significa que es posible seguir el rastro de la prescripción, desde su emisión hasta la entrega en la farmacia, lo que mejora la supervisión y el control del proceso. En caso de cualquier incidencia, como un error de medicación o un intento de falsificación, se puede rastrear rápidamente la receta y tomar las medidas correctivas necesarias. Este seguimiento también reduce el riesgo de prescripción duplicada o de medicamentos incompatibles, mejorando así la seguridad del paciente.

Otro beneficio destacado es la eficiencia en la gestión de recetas. El sistema digital elimina muchos de los trámites administrativos asociados con las recetas en papel, como la necesidad de archivar manualmente las recetas o de enviar y recibir documentos físicos entre profesionales de la salud, farmacias y pacientes. La receta electrónica simplifica estos procesos al permitir que la información se gestione de forma instantánea y segura en un entorno digital, lo que ahorra tiempo y recursos tanto a los pacientes como a los proveedores de servicios de salud.

A medida que se avanza hacia la digitalización de este proceso, surgen una serie de beneficios que contribuyen a mejorar la seguridad, eficiencia y transparencia del sistema de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el uso de plataformas digitales para la prescripción facilita la gestión de tratamientos médicos. Los profesionales de salud pueden acceder rápidamente al historial de recetas de un paciente, lo que les permite tomar decisiones más informadas y personalizadas. También pueden verificar interacciones entre medicamentos o alertas de dosificación, lo que mejora la calidad de los tratamientos.

La transparencia es otro valor agregado que proporciona la receta electrónica. Al ser completamente digital, el sistema permite un registro detallado de todas las recetas, lo que brinda una mayor visibilidad sobre el uso de medicamentos en el país. Esto no solo mejora la confianza de los pacientes en el sistema de salud, sino que también facilita el trabajo de los organismos reguladores, que pueden acceder a datos precisos y actualizados para monitorear el cumplimiento de las normativas y detectar posibles irregularidades o patrones de abuso.

Este enfoque digital también mejora la calidad del servicio al permitir que los profesionales de la salud cuenten con herramientas tecnológicas que los apoyen en la toma de decisiones. Al acceder a bases de datos actualizadas sobre medicamentos, interacciones y pautas de tratamiento, los médicos y otros profesionales pueden ofrecer un tratamiento más preciso y adecuado a las necesidades de cada paciente. Asimismo, la receta electrónica fomenta la estandarización de los procesos, lo que asegura que todos los profesionales sigan las mismas pautas y directrices al prescribir medicamentos.

“El PAMI tiene que financiar la demanda, y no la oferta como era antes», dijo el director del organismo Esteban Leguizamo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El PAMI decidió restringir la cantidad de afiliados que acceden a cinco medicamentos gratis por mes. Es que a partir de ahora los jubilados que requieran una cobertura del 100% en los remedios deberán gestionar el “subsidio social”, un trámite que impone requisitos que hasta el momento no eran exigidos.

En la práctica el nuevo esquema significa una restricción ya que muchas personas que hasta el momento accedían a medicamentos gratis ya no lo podrán hacer.

Entre los requerimientos para tramitar el nuevo “subsidio social”, se exige que el beneficiario no perciba más de $390.000 mensuales, no esté afiliado a una prepaga y no tenga un automóvil de menos de 10 años.

Con los cambios dispuestos por el Poder Ejecutivo, se termina el plan “Vivir Mejor”, creado por el gobierno Alberto Fernández, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos a los afiliados del PAMI.

Fuentes oficiales aseguraron que la medida busca garantizar que la cobertura al 100% de los medicamentos llegue a las personas que realmente la necesitan. Además, buscan financiar la demanda y no la oferta de fármacos, como sucedía hasta el momento. Uno de lo desafíos del nuevo esquema es cómo se implementará el trámite del subsidio social, especialmente en la población más longeva.

«Como parte de una gestión planificada y eficiente , nos vimos en la necesidad de llevar a cabo readecuaciones en las coberturas de medicamentos a lo largo de este año», señala el comunicado del PAMI

La decisión fue adoptada en el contesto de un reordenamiento de la cobertura de medicamentos de PAMI a más de 5,3 millones de personas. La obra social difundió un comunicado en el que aclaró que, como parte de una “gestión planificada y eficiente”, el organismo se vio “en la necesidad de llevar a cabo readecuaciones en las coberturas de medicamentos a lo largo de este año en distintas etapas.

Las autoridades explicaron que se garantizará que el costo del medicamento esté “cubierto por el subsidio social para toda aquellas personas que realmente lo necesitan, priorizando el equilibrio financiero de la institución y garantizando el acceso a medicamentos para quienes no puedan pagarlos”. En ese sentido, el director del PAMI, Esteban Leguizamo remarcó: “No estamos sacando ningún medicamento del vademécum”.

“Están todos los medicamentos a disposición y aquel afiliado que no pueda pagar el tratamiento, puede tramitar en cualquier agencia del país el subsidio social. Es un trámite simple, hasta se puede iniciar por en la web y es ágil”, enfatizó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

En cuanto al porcentaje, Leguizamo remarcó que el PAMI tiene “la mayor cobertura de medicamentos del sistema salud, con entre el 50 y el 80% de cobertura, que no lo da ninguna obra social” y garantizó que, “si el afiliado no lo puede pagar, tiene el subsidio social a disposición para seguir percibiéndolo”.

En declaraciones al canal de noticias La Nación+, agregó que ese descuento se aplica sobre un precio de venta del PAMI que en promedio “está un 30% por debajo del precio de venta al público”.

El trámite de subsidio social del PAMI podrá realizarlo la persona afiliada, su apoderado/a o familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

PAMI garantiza el 100% de cobertura en medicamentos ambulatorios a través del Subsidio por Razones Sociales, destinado a personas afiliadas que debido a su situación de vulnerabilidad social no pueden afrontar el costo de sus medicamentos con descuento. Los afiliados que deseen tramitar este beneficio deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previos mínimos ($390.000). En los hogares con convivientes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deberán ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.
• No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga de forma simultánea con PAMI.
• No ser propietario de más de un inmueble, ni poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.
• No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, salvo los hogares con convivientes que tengan CUD, quienes podrán ser titulares de un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.
• No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Si una afiliación no cumple con los puntos 1 y 2, pero los medicamentos necesarios representan un gasto igual o superior al 15% de sus ingresos, podrá solicitar el 100% de cobertura mediante un mecanismo de excepción. En este caso, se evaluará la situación a través de:

• Un informe social según la Disposición 7339/GPSyC/13 y la escalada de vulnerabilidad socio-sanitaria establecida en la Disposición 306/GPSyC/05 .
• Una revalidación médica.

No están alcanzados por estas restricciones los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

el PAMI reforzará las medidas de seguridad en las credenciales de los afiliados, evitando duplicaciones de identidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a tratamientos de alta complejidad, Leguizamo enfatizó en que se mantendrá la cobertura total para casos como obesidad severa, trasplantes y oncología.

“Somos la obra social que más trasplantes realiza en Argentina, con uno cada 11 horas. Además, cubrimos el 50% de todos los tratamientos oncológicos del país al 100%. Esto no cambiará”, aseguró el funcionario.

El director enfatizó la magnitud del trabajo del PAMI: “Estamos dando salud a 5.300.000 afiliados, lo que equivale a la población de países como Noruega o Irlanda. La responsabilidad es enorme, pero seguimos adelante, priorizando siempre a los más vulnerables”.

“Con una administración ordenada y planificada, vamos a hacer que el gasto, o como me gusta llamarlo a mí, la inversión, sea realmente eficiente y llegue a los que más la necesitan”, remarcó el funcionario y planteó que hay que sincerar los recursos disponibles “El Instituto tiene que financiar la demanda, y no la oferta como era antes. Ese es el concepto de administración más importante que tenemos”, explicó.

El funcionario a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), dijo que estas medidas de reordenamiento buscan poner fin a las irregularidades dentro del sistema que se detectaron en los últimos años, desde abusos en la solicitud de medicamentos hasta fraudes relacionados con recetas falsas.

Según Leguizamo, uno de los problemas más graves fue el uso indebido de medicamentos por parte de afiliados que no cumplían los criterios necesarios para recibirlos de manera gratuita. “Por ejemplo, detectamos que 600.000 afiliados retiraron medicamentos gratis mientras estaban afiliados a prepagas. Esto no solo perjudica a la institución, sino también a quienes realmente necesitan el acceso a esos medicamentos”, explicó.

Además, el director detalló cómo funcionaban redes organizadas que realizaban fraudes millonarios: “Había bandas que ofrecían medicamentos en WhatsApp y Telegram, lo que generó una pérdida presupuestaria importantísima para el PAMI”. Para combatir estos delitos, se fortaleció la seguridad en la emisión de recetas electrónicas, garantizando que “los médicos sean verdaderamente quienes prescriben los tratamientos”.

En paralelo, el PAMI reforzará las medidas de seguridad en las credenciales de los afiliados, evitando duplicaciones de identidad y otros abusos. Estas acciones han permitido, según el organismo, optimizar los recursos y garantizar que los medicamentos lleguen a quienes realmente los necesitan.

El Poder Ejecutivo analiza nuevos cierres de organismos y un esquema para “premiar” áreas del Estado que no gasten todo su presupuesto

El Gobierno dará inicio la semana que viene a la primera tanda de exámenes de idoneidad a empleados públicos, que estará apuntado a unos 40 mil personas cuyos contratos temporales terminan a fin de año y que tendrá que ser aprobado como requisito obligatorio para una eventual renovación. En paralelo, el Poder Ejecutivo pondrá a revisión la planta de personal de todas las áreas del Estado para determinar si necesita una reestructuración que implique reducirla.

En los próximos días el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger publicará oficialmente las condiciones bajo las que se realizará el examen a unos 40 mil empleados temporarios en esta primera instancia. Será una prueba presencial, de complejidad diferenciada según qué tipo de trabajo se trate (profesional, administrativo y servicios generales) y que apuntarán a asegurar un umbral de idoneidad similar a un secundario completo.

Por el momento la realización del examen será obligatorio para ese grupo de trabajadores contratados que vivan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por tratarse de una evaluación presencial, que será en las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en el centro porteño y que podría extenderse eventualmente a otras locaciones como Tecnópolis. Habrá tres excepciones: empleados de planta permanente, quienes vivan en el interior o sean personas con discapacidad.

La aprobación del examen será obligatoria tanto para los empleados públicos que busquen una renovación de su contrato como para ingresantes, algo que sucede no por una ampliación de la dotación de personal sino por la rotación que sucede cuando se desocupan lugares por retiros o jubilaciones. Así como es obligatoria, no será una garantía de recontratación o de ingreso, que siempre dependerá de la decisión administrativa de cada área. “No queremos que sea un filtro, sino para tener un mecanismo objetivo para saber si el personal es eficiente”, dijeron desde un despacho oficial.

El Gobierno apunta a seguir reduciendo empleo público y estructuras del Estado. REUTERS

Por año, cada empleado que sea sujeto al examen de idoneidad tendrá tres posibilidades de aprobarlo. “Nadie se va a quedar sin contrato sin tener antes las tres posibilidades”, aseguraron fuentes oficiales. En términos operativos, se tratará de una evaluación de una hora, de entre 20 y 24 preguntas con respuesta multiple choice, frente a una tablet o computadora en el INAP y con un resultado corregido por el sistema de manera automática. Habrá un sistema en el portal para sacar turnos y al aspirante se le dará un código que deberá ingresar antes de completar el examen. En la nómina solo quedará registrado si el examen fue aprobado o no.

Según números del Indec, a octubre la planta total de personal del Estado, contando administración central, organismos descentralizados y empresas públicas ascendía a 305.688 personas, que contrasta con los 343.353 de noviembre, antes del cambio de Gobierno.

El inicio de las pruebas de idoneidad es una de las patas de lo que Sturzenegger bautizó, con jerga presidencial, deep motosierra. Es una instancia posterior del ajuste fiscal y de la estructura de la administración del Estado que comenzó el Gobierno libertario a lo largo del año.

Hasta esta altura del año el Poder Ejecutivo despidió unos 30 mil empleados, redujo la cantidad de ministerios de 18 a 8, 33% los puestos superiores y apuntan a terminar con unos 300 direcciones y coordinaciones del Estado nacional. “Nada que pueda hacer el sector privado o corresponda a provincias o municipios lo va a seguir haciendo la Nación”, resumieron como leit motiv.

El paso siguiente, en ese contexto, será el de iniciar un proceso de revisión área por área y oficina por oficina para detectar si hay alguna porción de la dotación de personal que no tiene una tarea que en el Gobierno juzguen de utilidad. También incluirá cierres de organismos que consideren innecesarios. Como ejemplo citan a Conami (Comisión Nacional de Microcrédito), una oficina que tenía un presupuesto más alto para el pago de empleados que su cartera de préstamos.

El Ministerio de Desregulación, Federico Sturzenegger

El filo de la motosierra profunda apuntará también a organismos descentralizados –aquellos que tienen autonomía de la Casa Rosada– como ARCA, ex AFIP, o el Indec. Como argumento, aseguran que la Ley de Bases le dio sustento jurídico para entrar en ese universo y revisar las estructuras. Estiman que hay unos 100 organismos de este tipo y creen que hay funciones duplicadas que dejarán de existir, algunos serán cerrados y otros volverán a ser dependientes de la administración central.

También buscarán utilizar otra prerrogativa que le dio a Sturzenegger la ley ómnibus que es la potestad de pasar a disponibilidad empleados de planta permanente, que tienen un nivel de protección legal más alto que el resto, en casos de cierres de organismos. Para eso, se le dará una ventana de entre 6 y 12 meses, período tras el cual si no se le encontrara una tarea, el Estado nacional puede terminar el vínculo laboral tras el pago de una indemnización.

Otras ideas que componen la próxima etapa del ajuste en el sector público están menos maduras pero están sobre la mesa. Entre ellas, un sistema de “premios” para áreas del Estado que no gasten todo su presupuesto sino que consigan un ahorro fiscal de los fondos que les había sido asignado, la renegociación de más de 50 convenios colectivos de trabajo que existen en el empleo público y una reconfiguración de escalas salariales, en especial para evitar la disparidad de salarios entre la administración general del Estado y organismos con sueldos muy altos.