El domingo 26 de octubre se harán las elecciones nacionales de medio término en la que se renovarán 24 senadores y 127 diputados. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

El esquema electoral para este 2025 incluirá importantes cambios. A la suspensión de las Primarias Abiertas (PASO) se le sumará la implementación en la mayoría de las jurisdicciones de la Boleta Única de Papel (BUP) y que en varias provincias, como en ocasiones anteriores, habrá desdoblamiento de fechas en las que se votará para los cargos locales y los nacionales.

Ya son siete las provincias que tienen confirmado que desdoblarán, hay otras cuatro que analizan hacerlo, dos en las que también se elige gobernador que seguirían ese camino, pero aún no lo determinaron y otras once en las que está confirmado que la elección será unificada el domingo 26 de octubre porque no tienen comicios de medio término a nivel provincial.

Hasta ahora son siete los distritos en los que se decidió el desdoblamiento. El que hará punta es Salta, el domingo 4 de mayo, donde se elegirá a 12 senadores provinciales y a 30 diputados provinciales mediante el uso del voto electrónico. Una semana después será el turno de tres provincias: Chaco, Jujuy y San Luis. El 18 de mayo le tocará a la Ciudad de Buenos Aires elegir a sus nuevos 30 miembros.

Al mes siguiente se sumarán Misiones, el 8, que fue la última en confirmarlo, y por último Santa Fe, el 29 de junio para concejos municipales, intendentes y presidentes comunales de distintas localidades santafesinas. Las Primarias en esa jurisdicción se efectuarán el 13 de abril y también ese día elegirán a los Convencionales Reformadores de la Constitución.

Entre las que todavía analizan implementar esta opción, además de la provincia de Buenos Aires, se encuentran Mendoza, Formosa y La Rioja.

En Buenos Aires, el viernes de la semana pasada, Axel Kicillof convocó a las PASO provinciales de este año para el domingo 13 de julio y espera que la Legislatura las suspenda. Si así se resuelve, después el gobernador podrá disponer si habrá un desdoblamiento de fechas de la elección general o no.

Hay sectores del peronismo que especulan con adelantarlas o también que sean después de las nacionales para que el resultado los favorezca.

Alfredo Cornejo (Mendoza) todavía no definió si desdoblará las elecciones este año.

Aunque el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, había dicho en declaraciones a la prensa que “antes de que yo fuera gobernador, los mandatarios ponían la fecha de las elecciones cuando se les antojaba”, todo quedó supeditado a una suspensión de las PASO locales, que ya fuera solicitada por sectores de la oposición, uno del Partido Justicialista y otro de Unión Mendocina.

“Al no haber PASO nacionales, hay tiempo hasta mediados de julio para decidir si se va unificado con la Nación. Debería salir por un decreto del Gobernador. Si se suspenden las PASO provinciales, se requiere una ley y tendría que debatirse en abril o mayo”, expresó el titular de la Cámara de Diputados mendocina, Andrés Lombardi, en Sitio Andino.

Cornejo no descarta realizar una alianza con La Libertad Alianza para los próximos comicios y por eso su vice, Hebe Casado, de buena relación con Karina Milei, estuvo varias veces en Buenos Aires tratando de acercar posiciones. El jefe provincial dijo también que “simplificar las elecciones en un solo día suena razonable”, sobre todo al mencionar que se ahorraría una importante suma de dinero.

La Rioja es otra de las que mantiene la incógnita. Se renueva la mitad de los 36 cargos provinciales y el gobernador Ricardo Quintela, uno de los que con mayor dureza expresa su diferenciación de la gestión nacional de Javier Milei, podría definir mediante un decreto un probable descalce de la fecha de fines de octubre.

Formosa todavía no estableció su cronograma. En esta ocasión cambia la mitad de la Legislatura (15 diputados provinciales), donde se volverá a utilizar la cuestionada Ley de Lemas y, además, seleccionará a los 30 convencionales para modificar la Constitución local. El gobernador Gildo Insfrán, que transita su séptimo mandato consecutivo, pretende instaurar la reelección indefinida que ya recibió la objeción de la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad. Seguramente desdoblará ese turno del nacional donde se elegirá a dos diputados nacionales.

En Santiago del Estero -junto con Corrientes, las dos provincias desfasadas del calendario nacional porque sufrieron intervenciones federales- el radical K Gerardo Zamora todavía no definió al candidato del oficialismo que lo sucederá. Además, habrá comicios para 40 legisladores provinciales, aparte de concejales. El 26 de octubre será el turno de tres senadores nacionales y tres diputados nacionales con Boleta Única de Papel.

No está clara aun la postura adoptará Zamora. En 2019 unificó y en 2021 cuando se produjo su reelección eligió desdoblar.

El gobernador correntino Gustavo Valdés, en la apertura de sesiones legislativas de su provincia este año. No podrá ser reelecto. Todavía no determinó si las elecciones serán desdobladas.

Corrientes votaría al menos dos veces porque históricamente así lo hizo. El radical Gustavo Valdés no puede ir por la reelección (lleva dos mandatos consecutivos) y convocaría entre julio y septiembre para que surja el nuevo mandatario provincial y también 5 senadores y 15 diputados para la Legislatura local. Según lo que establece la Constitución provincial, la elección debe realizarse entre cuatro y dos meses antes del fin del mandato en curso.

Hay negociaciones en marcha para la conformación de alianzas en un distrito en el que los candidatos pueden ir en listas con distintos sellos partidarios.

En octubre renueva 3 bancas de diputados nacionales, por primera vez con Boleta Única de Papel.

En 2023 solamente en tres jurisdicciones se votó conjuntamente con las nacionales: Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos. En los otros 21 distritos se votaron los cargos locales en otras fechas diferentes a las de las nacionales. Ahora serán 11, al menos por ahora, las que tengan elecciones unificadas.

Catamarca, donde gobierna Raúl Jalil (foto), tendrá elecciones unificadas con las nacionales como ocurrió en 2023.

En Catamarca, el territorio que gobierna el peronista Raúl Jalil (de muy buena relación con el gobierno libertario), ya quedó descartada la posibilidad de desdoblar porque según la Constitución local las elecciones deben ser en conjunto o en el mes de marzo. Como en enero no se convocó a realizarlas, serán el 26 de octubre. Estarán en juego 3 bancas para diputados nacionales (con BUP), 21 escaños de los 41 de diputados provinciales y 8 de los 16 de la Cámara de Senadores, en estos dos últimos casos con lista sábana.

Lo mismo ocurre en Chubut (pone en juego dos diputados), La Pampa (tres diputados), San Juan (tres diputados), Entre Ríos (tres senadores y cinco diputados), Neuquén (tres senadores y tres diputados), Río Negro (tres senadores y dos diputados), Tierra del Fuego (tres senadores y dos diputados), Tucumán (tres diputados) y Santa Cruz (tres diputados).

FUENTE: INFOBAE

Agentes de la Policía Federal buscan contener el avance de los manifestantes que provocaron destrozos durante la marcha de los jubilados, en la que participaron barrabravas y militantes políticos (Foto:AFP)

El Ministerio de Seguridad de la Nación, por instrucción de la ministra Patricia Bullrich, denunció penalmente a Karina Andrade, la jueza que liberó rápidamente a los detenidos por los incidentes que se produjeron el miércoles 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso, en el marco de la marcha de los jubilados.

En concreto, el Gobierno acusa a la magistrada de los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado, basado en la resolución de la magistrada que dispuso la liberación de 114 detenidos sin un análisis adecuado de las pruebas ni de los antecedentes penales de los implicados.

El Ministerio de Seguridad describe que la jueza actuó de manera arbitraria, interfiriendo indebidamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia exclusiva de la Fiscalía. 

En lugar de seguir los procedimientos legales establecidos, Andrade decidió liberar a los detenidos a través de un grupo de mensajería instantánea, como WhatsApp, sin dejar un registro oficial ni dar intervención formal a la Fiscalía, señala la acusación.

La jueza Karina Andrade dijo que priorizó el derecho de protesta y admitió que no analizó los antecedentes de los detenidos

Además, la jueza permitió además que defensores no designados intervinieran en el proceso, una violación clara de las normas procesales, ya que según el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los defensores oficiales solo deben intervenir cuando sean expresamente designados.

Entre los detenidos que fueron liberados había personas con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo, lo que agrava aún más la actuación de la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La denuncia especifica que la jueza no verificó las pruebas ni los antecedentes de los detenidos antes de ordenar su liberación, lo que contraviene la legislación vigente. El caso recayó en el Juzgado Federal N° 1 de la magistrada María Servini.

El Ministerio también menciona que, al analizar la situación, la jueza incumplió con el procedimiento de flagrancia que establece que el Fiscal tiene la responsabilidad primaria de evaluar la detención.

Personas con los rostros tapados arrojan piedras contra la policía; en la marcha se vieron muchas camisetas de fútbol, lo que reforzó las especulaciones previas sobre la participación de barrabravas (Foto: AFP)

En su resolución, Andrade justificó su accionar apelando a la falta de espacio en los centros de detención, un argumento que se refutó posteriormente, ya que existían lugares disponibles en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y la Policía Federal.

Además, en declaraciones radiales, apuntó: “No fue una decisión trasnochada, sino que se priorizó el derecho a manifestarse”. En la misma entrevista reconoció que no analizó los antecedentes penales de los sospechosos porque, en esa instancia, sólo correspondía verificar si tenían vigente algún pedido de captura.

La denuncia presentada por el gobierno nacional también señala que la decisión de Andrade de liberar a los detenidos no solo carece de fundamento legal, sino que podría haber colaborado en el encubrimiento de los delitos cometidos durante los disturbios.

La jueza no solo desconoció la gravedad de los hechos, sino que su intervención contribuyó a que los imputados pudieran eludir la acción de la Justicia.

El Ministerio de Seguridad solicitó que se inicie un sumario penal por los delitos denunciados y que se recojan las pruebas pertinentes, incluida la documentación audiovisual de los hechos ocurridos en la Plaza de los Dos Congresos el 12 de marzo de 2025. Este caso continúa siendo investigado, dado que los disturbios dejaron un saldo de más de una docena de policías heridos y daños materiales graves en el espacio público.

Además, la denuncia incluye el pedido de que el fuero federal se encargue de los hechos, dado que involucran delitos de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada, situaciones que afectan directamente el orden democrático y constitucional del país.

FUENTE: INFOBAE

Luis Juez, senador nacional

El senador nacional por el PRO, Luis Juez, aseguró que la oposición va a “buscar un muerto” en las próximas manifestaciones contra el gobierno nacional.

“Lo van a buscar y te lo van a tirar, esto hay que decirlo”, señalo el legislador en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Las declaraciones surgen en una semana en donde podría renovarse la tensión en las calles tras los incidentes de la semana pasada. El próximo miércoles el gobierno nacional enfrentará una nueva movilización opositora. Barras y militantes políticos anticiparon que se sumarán nuevamente a la marcha que suelen realizar los jubilados luego de los enfrentamientos que hubo el miércoles anterior, que terminaron con heridos y más de cien detenidos.

Esta semana habrá una nueva manifestación opositora al Congreso

La Casa Rosada ha anunciado que tomará medidas preventivas para controlar cualquier manifestación violenta. Se espera una nueva protesta similar a la ocurrida en la semana pasada, cuando las calles se llenaron de tensiones, enfrentamientos con la policía, y daños materiales, incluidos autos y contenedores incendiados. El Gobierno ha garantizado que “está preparado para lo que venga”, y pondrá en marcha un operativo de seguridad similar al anterior para intentar controlar a los manifestantes.

Por su parte, Juez también reflexionó sobre la situación política en general, indicando que esta no es una novedad. Aseguró que “cuando el que gobierna no es un presidente peronista, se alinean todos los astros para hacérsela imposible”. En su análisis, Juez vinculó estas protestas con un patrón histórico que, según él, se repite cada vez que no gobierna un dirigente peronista, lo que genera un clima de confrontación con sectores que se oponen a la administración.

El senador subrayó la participación de los grupos radicalizados, mencionando que “van a ir con la barra brava, después con las organizaciones sociales, después con los movimientos piqueteros, después con el peronismo organizado, después con la CGT”, reflejando una práctica recurrente que, a su juicio, siempre se repite en tiempos de crisis política.

Además de la violencia callejera, Juez también condenó el clima de confrontación política y social que alimenta este tipo de manifestaciones. “La violencia en la calle la terminan pagando los que no se pueden defender”, dijo, enfatizando que, en su opinión, este tipo de situaciones puede salir de control rápidamente y terminar con consecuencias graves. En su discurso, Juez agregó que los sectores organizados detrás de estas protestas “lo van a buscar y te lo van a tirar”, un claro indicio de la desestabilización que, según él, estas manifestaciones pueden provocar.

Juez también criticó fuertemente a los sectores que promueven estos disturbios, haciendo un llamado a la reflexión sobre cómo estos enfrentamientos pueden escalar rápidamente. “No se puede ir a los pedradón a querer hablar con un senador para discutir el sistema previsional”, sostuvo, refiriéndose al enfrentamiento violento que tuvo lugar durante la marcha anterior. Añadió que “no podés destrozar el mobiliario urbano e irte a los golpes con la policía”, destacando que, en ningún lugar del mundo, los conflictos se resuelven de esa manera.

Mientras tanto, el Gobierno de Milei continúa enfrentando una serie de desafíos políticos internos y externos, con la CGT manteniendo firme la convocatoria de un paro general para el 8 de abril. Este paro se mantiene como una amenaza para la administración nacional, a medida que el sindicalismo y los sectores más duros de la oposición continúan endureciendo su postura. Juez, desde su perspectiva, mostró su temor de que esta situación derive en una mayor polarización y, finalmente, en un desbordamiento de la violencia.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, por instrucción de la ministra Patricia Bullrich, denunció penalmente a Karina Andrade, la jueza que liberó rápidamente a los detenidos por los incidentes ocurridos el miércoles 12 de marzo en los alrededores del Congreso, en el marco de la marcha de los jubilados. El Gobierno acusa a la magistrada de los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado, debido a su resolución de liberar a 114 detenidos sin un análisis adecuado de las pruebas ni de los antecedentes penales de los implicados.

La acusación sostiene que la jueza actuó de manera arbitraria, interfiriendo indebidamente en un procedimiento de flagrancia, el cual es competencia exclusiva de la Fiscalía. Según la denuncia, Karina Andrade liberó a los detenidos a través de un grupo de mensajería instantánea, como WhatsApp, sin dejar un registro oficial ni dar intervención formal a la Fiscalía. Además, permitió que defensores no designados intervinieran en el proceso, lo que constituye una violación clara de las normas procesales, ya que el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que solo los defensores oficiales pueden intervenir cuando son expresamente designados.