Javier Milei y Kristalina Georgieva y Javier Milei durante un encuentro oficial en Washington, (Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobará hoy un crédito de Facilidades Extendidas por 20.000 millones de dólares en favor de la Argentina que deberá utilizar para fortalecer las reservas públicas, comprar letras intransferibles al Banco Central, abrir el cepo financiero y pagar las deudas de capital al organismo multilateral que empiezan a vencer a mitad del 2026.

Javier Milei y Luis Caputo protagonizaron una compleja negociación que fue respaldada por la administración Trump y resistida por ciertos funcionarios del staff del FMI e importantes miembros del directorio como Alemania, Países Bajos, Suiza y Japón.

Argentina nunca cumple los programas del Fondo, y ya hay muchísimo hartazgo en el histórico edificio de la calle 19 que vio pasar a ministros de Economía desde Bernardo Grinspun (Raúl Alfonsín, 1983-1989) a Sergio Massa (Alberto Fernández, 2019- 2023).

En este difícil tablero institucional, Kristalina Georgieva se distinguió por su lealtad política a Milei, quien desde su primer encuentro en Davos le prometió a la directora gerente (y cumplió) que ajustaría la economía nacional por encima de lo acordado entre la Argentina y el FMI.

“Queremos mucho a Kristalina. Siempre nos jugó bien”, reconocen en las cercanías del jefe de Estado.

Javier Milei y Donald Trump durante su encuentro en la CPAC, (Maryland, Estados Unidos)

Pero Georgieva no hubiera podido enfrentar sola a técnicos del Staff y Sillas del Board sin el respaldo explícito de Donald Trump.

El papel definitivo del Presidente de los Estados Unidos se puede verificar en dos ejemplos. Scott Bessent -secretario del Tesoro- abrió su despacho un domingo al mediodía para escuchar las necesidades de Caputo, que llegó hasta allí junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, y secretario de Política Económica, José Luis Daza.

Y casi dos meses más tarde de ese gesto inédito para un secretario del Tesoro, Bessent aterrizará en Buenos Aires para encontrarse con Milei y su equipo económico. Eso sucederá el lunes 14 de abril, primer día de apertura de los mercados tras la aprobación del crédito de Facilidades Extendidas para la Argentina.

Bessent conoce la situación económica del país, sabe la historia de la Argentina como deudora sistemática y en los últimos días se transformó en la figura más poderosa de la administración republicana. Fue el secretario del Tesoro quien convenció a Trump de pausar los aranceles recíprocos por 90 días, cuando los mercados del mundo se derretían inexorablemente.

Scott Bessent en los jardines de la Casa Blanca (Estados Unidos)

El FMI ya admitió que concederá un crédito de 20.000 millones de dólares de libre disponibilidad, y que el adelanto -en principio- será de 8.000 millones de dólares. Sin embargo, Caputo insistió en llevar esa suma a un techo de 15.000 millones de dólares, que no habría podido obtener.

No hay antecedentes de un frontload del 70 por ciento del total del crédito concedido, ni siquiera sucedió con Ucrania que está en guerra con Rusia y no deberá una suma gigantesca como la Argentina, después de recibir los 20.000 millones de dólares en los próximos 4 años.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva durante su reunión en el G20 de San Pablo, (Brasil)

Además de la incertidumbre de la cifra definitiva del adelanto que hará el FMI, tampoco hay certezas respecto a las metas comprometidas por la Argentina para lograr el crédito de Facilidades Extendidas.

A priori, Milei está en condiciones de cumplir con la emisión monetaria requerida y con el déficit fiscal, pero hay absoluta oscuridad respecto a la cotización del dólar, los niveles de reservas netas del Banco Central, la apertura del cepo financiero y las reformas estructurales, que sólo se podrían ejecutar a través del Congreso.

La reunión del board está citada para la tarde de Washington, y su decisión oficial sería anunciada cuando ya sea noche en la Casa Rosada.

FUENTE: INFOBAE

La CGT debatirá su estrategia ante el Gobierno

Luego del paro general, en la CGT se abrirá la semana que viene un fuerte debate: ¿qué estrategia se debe seguir ante el Gobierno? ¿Hay que intentar el diálogo o seguir con los paros generales? El decisivo tema se empezará a discutir el martes próximo en la reunión del Consejo Directivo cegetista, aunque el telón de fondo que condicionará cualquier definición es cómo frenar el eventual impulso de la administración libertaria en el Congreso a diversos proyectos de ley que jaquean al poder sindical.

El cotitular cegetista Octavio Argüello (Camioneros) admitió este jueves que hablarán con los legisladores para rechazar esas iniciativas, e incluso trascendió que los gobernadores del PJ, a pedido de los sindicalistas, les pedirán a sus diputados y senadores que no voten ninguna ley que perjudique a la CGT.

Pero en la central obrera hay planes más de fondo que buscan bloquear la tentación de reformas laborales o sindicales inconsultas. La más ambiciosa va más allá de la cuestión coyuntural que preocupa al sindicalismo: en las últimas semanas se profundizó el acercamiento entre dirigentes de la CGT y sectores empresariales para consensuar “temas que hay que cambiar” en la legislación laboral.

Gerardo Martínez y Guillermo Francos, dos de los dialoguistas del Gobierno y la CGT (Foto Franco Fafasuli)

La idea es armar una mesa de trabajo bilateral en la que analicen qué modificaciones habría que hacer en el andamiaje jurídico para favorecer la producción y la generación de empleo, con el fin de llevar luego las conclusiones al Gobierno en busca de apoyo político para que se puedan instrumentar.

Entre los temas conversados entre empresarios y gremialistas no se contemplan modificaciones en el modelo sindical como la eliminación de la cuota solidaria ni la derogación de la reelección indefinida. Igualmente, algunos hombres de negocios no quieren ese tipo de cambios y tienen una mirada más tolerante hacia el poder sindical. El año pasado, por ejemplo, cuando en el Congreso se debatió en comisión el proyecto de Democracia Social, la Unión Industrial Argentina (UIA) explicitó su oposición a que se hicieran modificaciones en la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales con el argumento de que respeta “la libertad y autonomía sindical”.

Héctor Daer, en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados

El temor entre los dirigentes sindicales, en realidad, es que el oficialismo tome represalias contra la dirigencia de la CGT y promueva la sanción del proyecto sobre Democracia Sindical, impulsado por la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y otros partidos, que propone eliminar la reelección perpetua de los gremialistas, prohíbe la cuota solidaria que sostiene “la caja sindical”, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para “democratizar las obras sociales”.

La semana que viene, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que preside el radical Martín Tetaz, retomará el tratamiento de distintos proyectos sobre el tema (el de Democracia Sindical original perdió estado parlamentario) mediante una ronda de especialistas que opinarán sobre las iniciativas, mientras también se espera que haya señales oficiales para que avance el proyecto de ley de Promoción de Inversiones y Empleo, presentado el año pasado en la Cámara Baja por la diputada nacional de La Libertad Avanza Romina Diez, en coautoría con otros 14 colegas del bloque, entre quienes están José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, titular de esa bancada.

Martín Tetaz, diputado de la UCR y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja

Esa iniciativa apunta a “impulsar el crecimiento de las empresas (especialmente las pymes), potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral”, aunque, en la práctica, plantea modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo ya rechazadas por la CGT porque estaban en el DNU 70 frenado por la Justicia. Entre otros puntos, el proyecto le otorga a los empleadores la posibilidad de introducir de manera unilateral cambios en la forma y modalidades en las que se desarrollan las tareas y al trabajador que no acepta sólo le quedará la opción de considerarse despedido y reclamar una indemnización.

Además, según un análisis de la CTA Autónoma, el texto flexibiliza al extremo el otorgamiento de las vacaciones anuales, habilita a que los convenios colectivos de trabajo modifiquen la jornada laboral con el único límite de respetar un descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada, y propone un endurecimiento del régimen de licencias por enfermedad, entre otros puntos.

FUENTE: INFOBAE