El Gobierno de Javier Milei tendrá su primera licitación para definir qué empresa se hará cargo del escrutinio de las elecciones legislativas de este año

Es la primera vez que se votará con boleta única de papel en todo el país, sin primarias obligatorias desde su implementación, en las elecciones del 2011. En la capital, donde se libra una batalla descarnada entre el PRO y La Libertad Avanza, la administración porteña decidió separar la elección local de las nacionales y que esa instancia se realice con máquina electrónica. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40 del padrón, el panorama es muchísimo más incierto: aún no se sabe si hay o no PASO y si el cronograma va en línea con la votación general de octubre o si, como quiere Axel Kicillof, se adelanta para mediados de año.

En ese abanico electoral todavía faltan algunas precisiones. No solo en términos políticos, sino en lo que se refiere a las cuestiones estrictamente logísticas. En particular, a cuáles serán las empresas encargadas de llevar adelante el escrutinio provisorio y el sistema de boleta electrónica en la ciudad de Buenos Aires, el escenario de la primera disputa entre el gobierno y el PRO. Es decir, entre los hermanos Milei y los primos Macri.

Este martes, la administración porteña dio el primer paso para la adjudicación de la BUE para las elecciones legislativas del próximo 18 de mayo. Tal como había anticipado este medio, el sistema estará a cargo del Grupo MSA. Así se preveía publicar este martes en el boletín oficial de la capital, en base al dictamen de pre-adjudicación elaborado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, que analizó la presentación realizada por la empresa mencionada, la única que se presentó a la licitación lanzada por el gobierno de Jorge Macri.

El procedimiento lo lleva adelante el Instituto de Gestión Electoral (IGE). Es un negocio, según fuentes del mercado, de algo más de 25 millones de dólares, aunque la cifra no había trascendido hasta este lunes. Esta vez, la logística y la boleta única estarían a cargo del mismo proveedor.

En la Ciudad de Buenos Aires se volverá a votar con la boleta electrónica (Maximiliano Luna)

El grupo en cuestión, que tiene como cara visible a Sergio Angelini, ya había proveído las máquinas para la votación de las primarias porteñas de agosto del 2023. Por la simultaneidad con las PASO nacionales, que se llevaron adelante con la boleta partidaria, la logística no terminó por aceitarse, hubo demoras durante la jornada electoral y máquinas que fallaron, por lo que Horacio Rodríguez Larreta resolvió entonces volver al sistema tradicional de papel de cara a octubre. Hasta ese año, nunca se había votado de manera concurrente en la capital con dos sistemas. En esas horas, durante la ejecución de las PASO, la jueza María Servini lanzó durísimas críticas a la empresa: habló de “improvisación”. MSA devolvió después los reproches: “Es una lástima que no hayamos tenido oportunidad de mostrarle (a la jueza) como funciona el sistema, y que entendiera el concepto del funcionamiento de la tecnología, y cómo incorporar tecnología a este tipo de procesos”, resaltó Angelini.

Lo cierto es que en el mercado reconocen que MSA, que también prevé organizar los comicios provinciales de Salta una semana antes que los de la capital -en esa provincia trabajan desde hace años-, es la única empresa con máquinas a disposición y el sistema listo para ser operado. El resto de las empresas debería importarlas o tercerizar el negocio. La adjudicación, que ahora deberá ser confirmada por el jefe de Gobierno, ya era, en ese sentido, un secreto a voces.

En el caso del cronograma nacional, el Ejecutivo prevé iniciar la licitación del escrutinio provisorio en las próximas semanas. Es un negocio millonario, a cargo del Correo Argentino. Su presidente, Camilo Baldini, proviene de anteriores gestiones, se acomodó a La Libertad Avanza y se reporta con Santiago Caputo, el principal asesor del gobierno que, según las fuentes consultadas, monitorea y controla la concesión del negocio. “Esto se está manejando bien arriba”, resaltó a Infobae una fuente interesada.

El asesor presidencial Santiago Caputo

Según trascendió, hay dos empresas que, en principio, se disputan el rubro: INDRA y Smartmatic. La primera se había consolidado durante el kirchnerismo en la ejecución del escrutinio provisorio, y perdió la hegemonía en el 2019, cuando el macrismo desembarcó en el gobierno y abrió el negocio a otras compañías. Ahí fue cuando Smartmatic incursionó en el rubro. Una vez que la administración de Macri se fue del gobierno, el Frente de Todos volvió a otorgarle el escrutinio a INDRA -el 28% del paquete accionario le pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), del Estado español-.

Ahora, el gobierno libertario deberá organizar por primera vez una elección, con la implementación de la boleta única de papel que nunca se utilizó a nivel nacional. En las últimas horas, fuentes que conocen el negocio reconocieron que todavía no habían trascendido demasiados detalles, pero que sí existía desde hacía semanas una batería de versiones.

Por ejemplo, la posibilidad de solicitar entre los pliegos de condiciones un antecedente de elección con 90 mil mesas con una antigüedad no mayor a cinco años. También, la opción de unificar en un solo proceso el escrutinio provisorio con el sistema de transmisión de datos desde las escuelas al centro de cómputos del correo. “Es algo que se analiza seriamente”, explicaron fuentes oficiales. Desde el 2019, el negocio a cargo Smartmatic -el gobierno de Cambiemos lo licitó entonces por seis años- y que finaliza a mediados de año.

La licitación, que aún no arrancó oficialmente, está plagada de trascendidos y de conversaciones informales entre el Ejecutivo, el Correo -depende formalmente de la Jefatura de Gabinete- y operadores de las empresas involucradas. El caso más resonante es, según se pudo reconstruir, el de INDRA, que tiene al tucumano Facundo Prado, muy vinculado a empresarios cercanos a la Casa Rosada, como principal lobbista.

Según el registro oficial de audiencias, Prado visitó en febrero del año pasado a Guillermo Francos en la sede del Gobierno junto a Hernán Agustín Araya, director de procesos electorales de Indra a nivel regional, y el director general de Indra Colombia, Fernando Ayala. En el caso de Prado, según la información oficial, en calidad de “financista”.

La firma MSA se hará cargo de las elecciones porteñas al igual que en las primarias del 2023

En relación a la provincia de Buenos Aires, el escenario es todavía una incógnita porque Kicillof no resolvió la suspensión o no de las primarias -este jueves está convocada una sesión- y si define avanzar o no con el adelantamiento del calendario, una decisión que puede terminar de dinamitar la relación con Cristina Kirchner, que no descarta ninguna postulación, ni nacional ni provincial. La ex presidenta se ocupó por desparramar los trascendidos para presionar al gobernador.

Pero más allá de la interna política, al mandatario provincial y a algunos de sus colaboradores les preocupa la logística si es que finalmente deciden desdoblar el cronograma electoral. Es que, según proyectaron, la organización de la elección bonaerense cuesta no menos de $100.000 millones. Pero no es solo el aspecto económico el que inquieta: antes del verano hubo conversaciones con el Ejecutivo nacional para saber si desde el gobierno estaban dispuestos a ceder el comando electoral. Es decir, las fuerzas federales para custodiar y llevar adelante los comicios.

La semana pasada, en el proyecto presentado por Teresa García, del riñón cristinista, para impulsar la suspensión de las primarias y avanzar con un cronograma concurrente, se deslizó: “La organización de una elección desdoblada por primera vez en más de 40 años de democracia requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de los recursos humanos provinciales, que no es posible realizar en escasos meses que antecedente a la elección”. Por el contrario, un intendente referenciado en Kicillof dijo: “Si no podemos organizar una elección, nos tenemos que ir a casa”.

FUENTE: INFOBAE

Los sindicatos marcharán junto a los jubilados este miércoles frente al Congreso de la Nación

La Confederación General del Trabajo (CGT) redefinió los detalles del próximo paro general, que finamente será de 36 horas y no de 24, como se había estipulado inicialmente. La medida de fuerza empezará antes, al mediodía del 9 de febrero, dado que los sindicatos marcharán el miércoles con los jubilados frente al Congreso de la Nación.

Los cambios fueron confirmados por Octavio Argüello, el co-secretario general de la central obrera que asumió en lugar del camionero Pablo Moyano.

Sin embargo, según confirmaron fuentes sindicales a Infobae, la modificación no afectaría el transporte público, que funcionaría normalmente durante el miércoles. Los gremios que conducen Omar Maturano (La Fraternidad), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Roberto Fernández (UTA), que representan a los trabajadores de trenes y colectivos y apoyaron la medida de fuerza, recién interrumpirían los servicios a las cero horas del jueves 10 de abril.

Donde no hay certezas todavía es en los subtes. Al cierre de esta nota, los Metrodelegados todavía no habían decidido cuándo frenarán la circulación.

Desde donde sí confirmaron que pararán las 36 horas que durará la medida de fuerza es en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Así, los organismos públicos bajarán la persiana el miércoles al mediodía.

La CGT hará un paro general de 36 horas entre el 9 y el 10 de abril

La decisión de movilizarse hacia el Congreso un día antes de la huelga ya se había tomado en la reunión que mantuvo el consejo directivo en la sede de Azopardo 802 para llamar al paro general. El objetivo, según dijeron desde la CGT, es mostrar respaldo hacia los reclamos de los adultos mayores, algo que ya habían hecho semanas atrás barras bravas, organizaciones sociales y políticas y algunos gremios.

“Será una marcha masiva”, adelantaron fuentes sindicales a Infobae. Se espera que la convocatoria sea mucho mayor a la de los miércoles pasados.

“Exigimos la libertad para negociar paritarias libres. Pedimos un aumento para los jubilados. Planteamos nuestro apoyo a la discusión que se va a dar en el Congreso por el bono de $760.000 para los jubilados y repudiamos la represión policial que ocurrió la semana pasada”, había dicho en conferencia de prensa Héctor Daer (Sanidad), otro de los líderes de la CGT, tras el anuncio del paro general.

Además, solicitó “volver a discutir las asignaciones familiares y los problemas del sector productivo e industrial de la Argentina”. En esa misma línea exigió que “se reabra la obra pública”, ya que hay “muchas obras que están realizadas en un 90% y es muy grande la pérdida al no terminarlas”.

La medida de fuerza definida concretará el tercer paro de la central obrera durante el gobierno de Javier Milei. Es una iniciativa que, en un principio, no tuvo el acompañamiento de todos los sectores, debido a la falta de consenso previo. Sin embargo, el tema se destrabó durante las reuniones que antecedieron al lanzamiento de la medida de fuerza.

El último paro general de la CGT fue el 9 de mayo de 2024, el segundo en la era Milei

Entre las novedades del acuerdo sindical que hubo acerca del paro está la adhesión del sector liderado por el gastronómico Luis Barrionuevo; el ala kirchnerista donde están gremios como SMATA, Canillitas y La Bancaria; y las dos CTA más todos los gremios del transporte. A ese grupo sindical se acopló el apoyo de la UTEP, liderada por Alejandro “Peluca” Gramajo.

Durante la conferencia de prensa, Daer también anticipó que habrá otra movilización el 1 de mayo, cuando se conmemore el Día del Trabajador. Será la tercera marcha en poco más de un mes, si se tiene en cuenta también la movilización que hicieron durante el Día de la Memoria.

La decisión de realizar el paro rompió la tregua que existía entre la cúpula de la CGT y el Gobierno, en el marco de una negociación para que no se avance con la reforma sindical en el Congreso.

FUENTE: INFOBAE