En una entrevista, el gobernador Gustavo Sáenz, se desmarcó de la grieta política nacional con duras críticas hacia los expresidentes Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. «La gente votó claramente que no quiere más ni a Macri ni a Cristina. El desgaste que generaron es enorme y lo paga la gente común», sentenció.

Sáenz, que forma parte del grupo de gobernadores conocidos como «dialoguistas», lanzó declaraciones tajantes en un momento en el que el país atraviesa una profunda crisis económica y política. «Quieren que el Gobierno caiga», afirmó en referencia a los dos exmandatarios, a quienes acusó de no aceptar haber quedado fuera del poder.

Críticas al Pacto de Mayo y a los juegos de poder

Durante la entrevista para los colegas de Infobae, Sáenz calificó al llamado Pacto de Mayo como «una linda foto» y cuestionó el ego político de quienes se ofenden por su lugar en la escena. «Macri se ofendió por el lugar que le dieron. Pero tanto él como Cristina se ofenden mucho. En vez de eso, deberían ponerse a trabajar», disparó.

En relación a la influencia del PRO en el Gobierno nacional, el mandatario salteño fue tajante: «Han colaborado igual que nosotros, pero nosotros no estamos encima del presidente pidiéndole cargos, ministros en la Corte, jueces o auditores. No podés cogobernar como intentaron con Alberto Fernández, o como Macri quiere hacer ahora con Milei».

«Una vez que se fueron, se fueron»

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista fue cuando Sáenz dejó en claro su visión sobre el rol que deben tener quienes ya no están en el poder. «No pueden pretender ser parte de un poder que ya no les corresponde. El problema de la política argentina es no entender que, una vez que te fuiste, te fuiste», dijo. Y añadió: «Acá gobierna una sola persona. No se puede seguir pretendiendo manejar los hilos desde afuera».

Federalismo de palabra, pero no de hechos

Sáenz también aprovechó el espacio para plantear los reclamos estructurales del norte argentino. «Nos falta todo lo que tiene el centro del país y que al norte se le negó históricamente. Este es un país federal en la retórica, pero en la práctica no lo es», denunció.

Pidió discutir temas centrales como el impuesto al gasoil -clave para el mantenimiento de rutas nacionales- y el reparto desigual de los subsidios al transporte. «Nos sacaron los subsidios a todas las provincias, pero al AMBA no tanto. Nosotros nos hacemos cargo de la salud, la educación, la seguridad, de las rutas… pero queremos que nos devuelvan la plata», exigió

Y sentenció: «En Buenos Aires no empieza y termina la Argentina. Hay una Argentina que necesita obras de infraestructura para poder vivir dignamente, no para estar con la mano extendida pidiendo limosna».

Fuente: Que Pasa Salta 

El procedimiento participativo que abrió el Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta, luego de que el Ejecutivo provincial decidiera proponer ante el Senado un nuevo acuerdo que permitiría a Pablo López Viñals mantenerse por otros diez años en la Corte de Justicia, sumó otro fuerte cuestionamiento social: la del histórico referente Raúl Córdoba, fundador de la Comisión de Familiares contra la Impunidad.

Desde hace más de una década, Córdoba encabezó junto a familiares de víctimas de homicidios, siniestros viales, desapariciones y femicidios, una lucha constante para visibilizar la falta de respuestas del sistema judicial. En diálogo con El Tribuno, Córdoba fue claro:

“Nosotros conocimos a López Viñals cuando era Procurador General. Ya en ese momento denunciábamos la falta de humanización en el trato a las víctimas. Los fiscales no se interesaban en los casos, los procesos se hacían eternos y no había respuestas”.

Luego remarcó que las familias pedían justicia, no venganza. “Pero tampoco hubo interés”, dijo el padre de la Comisión de Familiares contra la Impunidad.

La Comisión de familiares contra la impunidad realizó 546 marchas pacíficas todos los viernes durante 11 años en la Plaza 9 de Julio, convirtiéndose en un símbolo de reclamo y perseverancia ciudadana frente a un sistema judicial que, para ellos, nunca terminó de escuchar.

“Durante todos esos años, no vimos una reacción real de López Viñals, ni como procurador ni luego como juez. Su apellido estuvo, pero su presencia en los reclamos fue nula”, apuntó Córdoba.

Si bien muchas de las causas que impulsaron la Comisión ya concluyeron o están en sus tramos finales, Córdoba advierte que los problemas estructurales siguen vigentes:

“Hoy seguimos viendo femicidios, homicidios viales y desapariciones. Pareciera que la justicia no aprendió nada. Se repiten los mismos errores que denunciábamos hace más de 10 años”, enfatizó con indignación.

El caso Vera y el silencio institucional

Uno de los episodios más polémicos que marcó la gestión de López Viñals como parte de la Corte fue el caso de Santos Clemente Vera, condenado por el doble homicidio de las turistas francesas. En diciembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la condena y ordenó su inmediata liberación, señalando serias falencias en el proceso judicial salteño.

“Condenaron a un inocente. Estuvo 11 años preso. La Corte Nacional cuestionó a todos los jueces que intervinieron, incluyendo a López Viñals. ¿Cómo puede entonces aspirar a quedarse otros diez años?”, cuestionó Córdoba.

“No se trata de edad, se trata de cerrar un ciclo”

Más allá de lo jurídico, el referente planteó también una necesidad de renovación generacional dentro del Poder Judicial:

“Como a nosotros la edad nos pasó factura y tuvimos que dejar la plaza, también los funcionarios deben saber cuándo dar un paso al costado. Ya no hay impulso, ni respuestas. Hace falta gente nueva, con otra visión y sensibilidad”, sentenció.

Apoyo a otras voces críticas

Córdoba coincidió con las advertencias que lanzó recientemente Armando Caro Figueroa, desde el Foro FOCIS, quien también criticó la postulación de López Viñals y alertó sobre la falta de independencia judicial, la injerencia política y el deterioro institucional.

“Cuando se eternizan los cargos, se estanca todo. No hay evolución. Sostener la candidatura de López Viñals es sostener una forma de hacer justicia que ya demostró que no alcanza”.

Un cierre con preguntas urgentes

La postulación para renovar a Pablo López Viñals como juez de la Corte, que requiere acuerdo del Senado, sigue generando tensiones. Desde distintos sectores jurídicos, sociales e institucionales ya se plantearon objeciones de fondo, tanto constitucionales como éticas.

“¿Qué mensaje le estamos dando a las víctimas si premiamos con otros diez años a alguien que no escuchó, no actuó y fue cuestionado por la Corte Suprema?”, finalizó Córdoba.

Fuente: El Tribuno de Salta 

La Confederación General del Trabajo (CGT) criticó este miércoles el decreto del Gobierno que limita las huelgas y aseguró que «cercena un derecho constitucional». Ante esta decisión, anticipó que no se «mantendrá en silencio ante esta grave avanzada» y que «dará las batallas que tenga que dar». El jueves o viernes se reunirán para definir un plan de lucha.

La central obrera denunció en un comunicado que el Gobierno «intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo». Calificó de «pretexto» el objetivo de declarar servicio esencial la actividad de la Marina Mercante Nacional y afirmó que no tienen ningún criterio, sólo eliminar este instrumento de lucha del movimiento obrero.

Ante esta medida, la CGT anticipó que «no permanecerá en silencio frente a grave avanzada» y no descartó ninguna medida de fuerza para defender el derecho a huelga. «Dará todas las batallas que tenga que dar, sean en los Tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el Gobierno Nacional».

La CGT se reúne para definir plan de lucha

El co-secretario de la CGT, Octavio Argüello, adelantó que la central obrera se reunirá entre el jueves y viernes para plantear «el plan de lucha a seguir”. Anticipó que no van a «tolerar que vengan y avancen sobre los derechos de los trabajadores”.

“Desde ya que nos oponemos a todo esto», afirmó Argüello en diálogo con El Destape Radio. “Este gobierno no dialoga, quiere imponer”, afirmó. Según su mirada, el decreto del Gobierno «quiere seguir planteando la discusión» sobre el rol de las protestas sindicales.

El Gobierno limitó por decreto el derecho a huelga y amplió las actividades esenciales

A través del decreto 340 del Boletín Oficial, que desreguló el transporte marítimo, el Gobierno limitó el derecho a huelga de gran parte de los sindicatos, tras ampliar las actividades consideradas esenciales.

“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, indicó el artículo 3 del decreto, que modifica el artículo 24 de la ley N° 25.877.

El texto precisó que en cuanto a la «prestación de servicios mínimos esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare».

Además, el texto siguió que «en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

Cuáles son los servicios esenciales a partir de ahora

Según el artículo 3 del decreto 340, serán considerados servicios esenciales a partir de ahora:

• Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos, insumos hospitalarios y servicios farmacéuticos;
• La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica;
• Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;
• La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;
• Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;
• El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial;
• El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;

A su vez, se considerarán actividades de importancia trascendental las siguientes:

• La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;
• El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;
• Los servicios de radio y televisión;
• Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y cementera;
• La industria alimenticia en toda su cadena de valor;
• La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;
• Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y
• La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación. /Ámbito

Fuente: Opinorte 

Una serie de jornadas de cese de tareas en universidades nacionales que reclaman la reapertura de paritarias y la actualización de los fondos para gastos de funcionamientos para las instituciones finaliza este jueves, en un clima que repercute también en el sector científico nacional. En simultáneo, diputados aguardan un proyecto de consenso entre rectores y gremios docentes para comenzar su debate en comisiones.

“El frente gremial, la Federación Universitaria Argentina y los rectores están preparando un texto y se calcula que la presentación será la última semana de mayo”, señalaron a Ámbito desde el Consejo Interuniversitario Nacional. El documento contaría con el respaldo de al menos cuatro bloques de la Cámara de Diputados (Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda), que resolvería presionar a Alejandro Finocchiaro y José Luis Espert, titulares de las comisiones de Educación y Presupuesto respectivamente, para que convoquen al debate.

Semana a semana, legisladores opositores se abocan a enmendar los atrasos financieros que tienen diversos sectores ante la falta de un Presupuesto 2025 y la paralización de las comisiones -claves- que presiden los legisladores del oficialismo. Es por ello que apuntarían a un emplazamiento, que implica la obligación de un organigrama de debates. “Es muy dificultoso que efectivamente Finocchiaro convoque a la Comisión de Educación, con lo cual la vía que nosotros estamos viendo es un emplazamiento a ambas comisiones”, señaló a este medio Blanca Osuna, quien en conjunto con Danya Tavela y Maximiliano Ferraro aparecen como referencias en el debate.

El proyecto busca atender el reclamo de los trabajadores de las universidades, que se manifestarán este jueves frente al Ministerio de Economía por la reapertura de paritarias: aseguran que desde octubre de 2024 no son convocados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias y que las actualizaciones salariales se dan por decreto. La federación de gremios universitarios nucleados en la CONADU describió que, desde diciembre 2023 hasta abril del 2025, la inflación medida creció un 204,8%, mientras que el aumento de sueldos del sector fue del 90,4%.

Senado acompaña el reclamo por fondos para educación y ciencia

Hubo novedades en el sector también en el Senado de la Nación. Este miércoles, se revalidaron las autoridades en la Comisión de Educación y Cultura, donde fue reelecto como titular el bonaerense Eduardo de Pedro (Unión por la Patria), quien convocó a autoridades de federaciones docentes para «escuchar y aportar soluciones»: «Vamos a hacer el intento de poder convencer al Gobierno de que la educación esté en el primer orden de necesidades de nuestro pueblo».

Minutos antes, la rionegrina Silvina García Larraburu (Unión por la Patria) fue revalidada como titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, un área con una coyuntura sensible. Los espacios laborales públicos de los investigadores académicos de la Argentina vienen atravesando un progresivo desmantelamiento, que repercute en el achicamiento de su planta de científicos: desde la asunción del nuevo Gobierno, se perdieron más de 4.148 empleos en Ciencia y Técnica, 531 de ellos en los últimos tres meses.

Un informe de la periodista especializada Nora Bär sintetiza que «se desfinanciaron prácticamente todos los programas de colaboración internacional y multilaterales de cooperación científico-tecnológica«, incluido el programa Raíces, que promovía la vinculación con científicos argentinos radicados en el exterior. Además planteó que «se eliminaron de hecho los sistemas nacionales de grandes equipamientos científicos» y que «la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPCyT) sigue incumpliendo con los contratos».

Su estudio coincide con el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación que reveló que, en medio de la falta de un Presupuesto 2025, el Conicet viene sufriendo una caída del 16,2% de sus fondos en términos reales, luego de haber perdido un 17,2% el año pasado.

Fuente: Ámbito Financiero

A la luz de las últimas manifestaciones públicas del ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno se encamina a incumplir la meta de acumulación de reservas prevista en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para junio.

Desde que se anunció el acuerdo el 14 de abril pasado, el Banco Central acumuló apenas algo más del 10% de las reservas comprometidas para junio, afirman en Cohen Argentina. Los analistas ya asumen que habrá un «waiver». Para el mercado, la jugada para llegar a octubre consiste en la dispensa del FMI, la emisión de un Bopreal que saque pesos del mercado, un préstamo REPO y la emisión de un bono “peso linked”.,

Queda claro que la gestión de Caputo en Economía da prioridad a la baja de la inflación antes que a la compra de dólares como se suponía en el espíritu del acuerdo. Al no haber demanda del BCRA, el tipo de cambio quedó quieto y eso ayudó a la desinflación.

Aún así, los operadores financieros mantienen cierta cautela porque consideran que a pesar de la señal negativa, el Gobierno podría conseguir condiciones para volver a los mercados a fin de 2025 o el año próximo.

El FMI le prestó a la Argentina u$s20.000 millones para que -se supone- devalúe, intervenga en el medio de la banda comprando dólares por arriba de los $1.000 y con ello dar señales certeras a los inversores de que Argentina está en condiciones de juntar el dinero suficiente para cumplir con sus compromisos.

A partir de ello tendría que caer el riesgo a niveles de 400 o 500 puntos y así volver a emitir para refinanciar vencimientos y además cubrir el creciente déficit de cuenta corriente.

Pero Caputo ya dijo ante los empresarios de AmCham este martes, que el BCRA no va a comprar por arriba de $1.000, de manera que si no es por esa vía, piensa sumar reservas «a través de la cuenta capital». Es decir, va a buscar dólares financieros.

«Probablemente no podamos acumular reservas vía MULC»

Milagros Gismondi, economista de Cohen Argentina, afirmó en una charla con inversores que “probablemente no podamos acumular reservas vía el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)”.

“Desde que se liberó o flexibilizó el cepo hasta ahora, solamente se acumularon para lo que es la meta con el Fondo de junio, u$s638 millones, o sea, realmente poco”, indicó.

Gismondi explicó que “para la primer meta de de junio se tenían que acumular u$s4.700 millones” y dijo que “había que pasar de u$s9.000 millones negativas a u$s2.700 millones negativas y además hacer pagos con organismos y con vencimiento de Bopreal y demás”.

“Un ‘waiver’ que podría dar el FMI, con explicación, es que cuando se pusieron estas metas se estimaba unas reservas netas negativas de u$s7.200 millones y arrancó el programa con u$s8.900 millones negativos, o sea que ahí hay una diferencia que eventualmente se podría reconocer, pero el resto sigue siendo una incógnita”, explicó.

La apuesta al circulo virtuoso

La economista sugirió que Caputo va a apostar a un “círculo virtuoso” que generaría con el tipo de cambio en el piso de la banda, la inflación cayendo y un buen resultado electoral en octubre. “Que baje el riesgo país y con eso se logre financiar la cuenta corriente que se va a hacer más negativa”, explicó.

Pero advirtió que «si el círculo virtuoso no se llega a completar en la parte de baja del riesgo país y colocación en el mercado, podría darse que algunos esperen una devaluación post elecciones, y se cubran antes”.

La semana pasada, el economista Eduardo Levy Yeyaty también previó que hay altas chances de un «waiver» de Argentina ante el FMI ya en la primera revisión. Pero a su criterio, eso podría ser una mala señal para los mercados y podría conspirar contra el objetivo de bajar el riesgo y volver a las emisiones internacionales.

Por su lado, el analista Amilcar Collante estima también que crece la posibilidad de una dispensa ante el organismo que dirige Kristalina Georgieva, debido a la suba de tasas en Estados Unidos. ”Se pica la tasa y nosotros buscando REPO para cumplir con el FMI. Suben más las posibilidades de un ‘waiver’”, dijo Collante.

Fuente: Ámbito Financiero

Tal como anticipó Ámbito, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero, Manuel Adorni, darán a conocer los detalles de las medidas. El objetivo es remonetizar la economía con ahorros no declarados de los argentinos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará este jueves una conferencia de prensa junto al vocero y legislador electo, Manuel Adorni, en la que anunciarán los cambios que habilitarán el uso de dólares no declarados, según anticiparon fuentes oficiales a Ámbito. No será un nuevo blanqueo sino «un cambio de régimen».

Los anuncios se realizarán a las 11. Allí, el titular del Palacio de Hacienda y el portavoz brindarán detalles de las modificaciones que se pondrán en marcha para «remonetizar» la economía con los ahorros no declarados de los argentinos. La medida que, según supo este medio, se anunciará mañana, permitiría hacer uso de los dólares ahorrados sin brindar excesivas justificaciones sobre el origen de los fondos.

Fuente: Ámbito Financiero

 

Respecto de las críticas sindicales por la validez de la norma, recordó que “el DNU 70, que en la parte laboral fue suspendido por la Cámara del Trabajo, no llegó a la Corte ni tampoco fue derogada o ratificada por el Congreso, pero, de cualquier manera, después se produjo la delegación de facultades legislativas, que está vigente.”

Además, Funes de Rioja destacó: “Siempre pensé que era muy limitativa la enunciación que existía de los servicios esenciales o de importancia trascendental en las dos vertientes que tiene la doctrina internacional. Y con respecto a la posibilidad de establecer los servicios esenciales, el decreto está alineado con los convenios de la OIT y con la legislación internacional”.

Por su parte, Pablo Torres Barthe, abogado del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), respaldó el decreto porque “el derecho de huelga no es absoluto y requiere de alguna forma de regularlo” y recordó que en una causa en la que defendió a una empresa por un bloqueo la Cámara de Entre Ríos cuestionó la validez de la huelga indeterminada por tiempo indeterminado porque “puede afectar la fuente de trabajo de los que no están haciendo huelga”.

“El decreto seguramente va a ser impugnado por la CGT, pero esperemos que no tenga éxito y que las medidas de protesta sean razonables y adecuadas, eincluso que cumplan con la normativa, cosa que no siempre sucede”, consideró el abogado.

Torres Barthe insistió en que espera que “la reglamentación sirva para poner un freno a las huelgas generales y a las huelgas políticas y que los conflictos se solucionen hablando más que llegando a la huelga, que siempre debe ser el último recurso”.

El decreto 340, en realidad, está vinculado con el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional y su artículo 2 declara como “servicio esencial a la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, de mercaderías, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin”.Javier Milei dispuso la reglamentación del derecho de huelga (Foto: Jaime Olivos)

Sin embargo, en su artículo 3 modifica la Ley de Reforma Laboral N° 25.877 y allí establece que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”.

Een el caso de los servicios esenciales, afirma el decreto, “en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Y agrega que “en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

A continuación se consideran como servicios esenciales las siguientes actividades:

a. Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;

b. La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica;

c. Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;

d. La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;Los servicios bancarios y financieros están incluidos en el decreto 340 (Foto: Adrián Escandar)

e. Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;

f. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial; y

g. El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.

Se consideran actividades de importancia trascendental las siguientes:

a. La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;

b. El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;

c. Los servicios de radio y televisión;

d. Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;

e. La industria alimenticia en toda su cadena de valor;

f. La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;La educación es uno de los sectores donde se reglamentó el derecho de huelga

g. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y

h. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.

Luego, establece que “una comisión independiente y autónoma, denominada Comisión de Garantías, integrada según se establezca en la reglamentación por 5 miembros de reconocida solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones del trabajo, del derecho laboral o del derecho constitucional y destacada trayectoria, podrá, mediante resolución fundada, calificar como servicio esencial o servicio de importancia trascendental una actividad no incluida en las enumeraciones precedentes, cuando se diere alguna de las siguientes circunstancias:

a) La extensión y duración de la interrupción de la actividad de que se tratare pudiere poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la persona en toda o parte de la comunidad;

b) La actividad afectada constituyere un servicio público de importancia trascendental o de utilidad pública;

c) La interrupción o suspensión del servicio pudiere provocar una situación de crisis nacional aguda que hiciere peligrar las condiciones normales o de existencia de parte de la población; y

d) la interrupción o suspensión de la producción pudiere poner en peligro el adecuado abastecimiento de productos críticos para la población y/o afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal.

Fuente: Infobae

 

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