El expresidente resolvió mantener hasta el 2026 las intervenciones nacionales en Córdoba, Mendoza, Salta, Tierra del Fuego y Corrientes, donde ayer se sacó una foto con Gustavo Valdés para ordenar la interna. La estrategia y los acuerdos “con dignidad”

El expresidente Mauricio Macri
Con el objetivo de evitar una dispersión aún mayor del partido, la fuga de dirigentes, reordenar su estructura de cara al calendario electoral y, en definitiva, mantener la lapicera y cierto control en el armado de las listas, Mauricio Macri resolvió en las últimas semanas mantener hasta 2026 la intervención formal del PRO en cinco distritos clave: Córdoba, Corrientes, Tucumán, Salta y Tierra del Fuego.
En línea con el pedido del expresidente de cerrar acuerdos provinciales según las necesidades en cada uno de los distritos, esta decisión -no exenta de críticas internas- responde a diferentes irregularidades: estructuras colapsadas, riesgo de judicialización, fragmentación de bloques legislativos, traiciones partidarias y disputas internas sin resolución.
“En lo que queda de 2025 no tiene sentido. Es un caos político. Marzo de 2026 nos permite un tiempo razonable y una salida ordenada”, señaló a Infobae uno de los dirigentes más importantes del PRO.
En Córdoba, el conflicto lleva años. Primero con el ex presidente partidario Javier Pretto —ahora alineado con el peronismo provincial—, luego con Agustín Agost Carreño, cercano de Nicolás Massot, apuntado desde las oficinas nacionales del por votar en contra de las posiciones del bloque en el Congreso y plegarse a la bancada Encuentro Federal, que responde a Miguel Ángel Pichetto.
Corrientes: una intervención preventiva y gesto de Macri
En Corrientes, la decisión de intervenir respondió al riesgo real de judicialización en el marco del cierre de listas para el 30 de junio. La conducción nacional del PRO tomó el control del distrito para evitar que las disputas internas dejaran al partido sin representación o envuelto en un proceso legal. Es más, el propio Macri viajó ayer para sacarse una foto con el gobernador Gustavo Valdés, ratificar su apoyo al frente oficialista de cara a las elecciones del 31 de agosto y, también, para controlar la interna de un grupo de dirigentes que pedía negociar por separado con LLA. Se busca retener la banca de la diputada Sofía Branbilla, uno de los nueve diputados “díscolos” del macrismo que votaron la suba para las jubilaciones, y que el presidente Javier Milei prometió vetar.
En Salta y Tierra del Fuego, las intervenciones se mantienen por falta de condiciones básicas. No hay conducción política activa ni órganos partidarios en funcionamiento. La estrategia nacional es reconstruir con referentes de segunda línea y militancia residual, apostando a futuras elecciones internas. “Hemos dado la directiva de que nos informen qué propuestas tiene la dirigencia local, en estos casos aún no hay un panorama claro”, indicaron.
María Eugenia Chiarvetto, apoderada designada en Tierra del Fuego, admitió en las últimas semanas que hay conversaciones para cerrar un acuerdo con LLA. En tanto, el interventor en Salta, Leonardo Aguilar, debe lidiar con la salida de varios dirigentes, el caso más representativo es el del diputado provincial José Gauffin, uno de los referentes del partido amarillo, cansado de una intervención nacional que ya lleva más de cuatro años.
Tucumán representa otro foco de debate estratégico. El PRO carece de fuerza territorial propia, y en 2023, llevó de candidato a gobernador al radical Roberto Sánchez, que logró el 35,09 % de los votos, quedando en segundo lugar detrás de Osvaldo Jaldo (Frente de Todos) que obtuvo el 58 %.
Fuente: Infobae