El Gobierno convocó a una Audiencia Pública en Olacapato, con el objetivo de analizar el impacto ambiental y social del proyecto Rincón Litio, operado por Rio Tinto Rincón Mining Pty Limited. El encuentro permitirá a la comunidad expresar sus opiniones sobre la planta que producirá 50.000 toneladas de carbonato de litio anuales.

La Secretaría de Minería y Energía convocó formalmente a una Audiencia Pública para el próximo 29 de julio, en el marco del proceso de evaluación ambiental del proyecto Ricòn Litio presentado por Rincón Mining Pty Limited, subsidiaria de Rio Tinto.

La Audiencia se realizará en el Centro Vecinal de Olacapato, con el objetivo de continuar avanzando en el tratamiento del Informe de Impacto Ambiental y Social correspondiente a la planta proyectada para la producción de 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio en el Salar de Rincón.

Este paso forma parte de un proceso fundamental para los proyectos mineros en la provincia, ya que la Audiencia Pública permite a la comunidad, a los sectores involucrados y a cualquier persona interesada, expresar opiniones, consultas u objeciones que serán consideradas al momento de tomar decisiones sobre el desarrollo del emprendimiento.

Cabe recordar que la empresa anunció recientemente su adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y confirmó una inversión total de 2.500 millones de dólares, la mayor anunciada en Argentina para un proyecto de litio, lo que representa un hito no solo para la provincia de Salta sino también para el país.

Para garantizar la transparencia y el acceso a la información, la Secretaría puso a disposición de la ciudadanía toda la documentación vinculada al proyecto, la cual podrá ser consultada tanto en el Programa de Audiencias Públicas del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable como en los centros vecinales de Olacapato y Pocitos.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Hoy la jueza Loretta Preska ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los beneficiarios del juicio en EEUU.

El acto, con toda pompa, se hizo el 16 de abril de 2012 en el salón Juana Azurduy de la Casa Rosada. Estuvo a cargo de Cristina Kirchner, presidenta de la Nación en ese momento. “No es de estatización, sino de recuperación de la soberanía y control de los hidrocarburos”, dijo la exmandataria, quien hoy cumple prisión domiciliaria, condenada en la llamada causa “Vialidad”.

Al otro día, Clarín tituló: “La Presidenta intervino la empresa y nombró al frente a De Vido y Kicillof” y “Repsol considera ‘ilícita’ la expropiación de YPF y anuncia medidas legales”. Página 12, en tanto, celebró: “Volvió YPF”.

Más allá de los motivos, e incluso aunque hubiese sido una buena decisión política y estratégica –porque Repsol administraba mal la empresa o por potencial que ya se avizoraba de Vaca Muerta– fue una expropiación viciada, llevada adelante con mala praxis. Mal hecha, técnica y estratégicamente.

Los USD 16.000 millones representan una cifra que está viva, en rigor. La sentencia tiene intereses diarios por unos USD 2,5 millones y el monto total ya superó los USD 17.000 millones.

Argentina apeló ese fallo de primera instancia. Pero en paralelo se siguieron cursando medidas extra que pidió el bufete británico Burford Capital, principal beneficiario de la demanda. En uno de esos pedidos, hoy Preska le ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago por la expropiación de la petrolera.

La noticia fue una verdadera bomba: el país va a apelar y eso “congelará” el traspaso accionario por un año y medio. Pero se trata de una noticia negativa. Tanto que las acciones de la petrolera se derrumbaron más 5%, mientras que las de Burford se dispararon más de 20 por ciento.

Un resumen muy rápido de una extensa demanda podría ser el siguiente: el kirchnerismo le pagó rápido a Repsol, la empresa que controlaba la operación, y dejó de lado a otros accionistas minoritarios.

Los accionistas que se quedaron con las manos vacías iniciaron una demanda por ese “destrato” (no es esa la figura jurídica, claro) y luego le vendieron los derechos de litigio a una empresa que se dedica a comprar ese tipo de demandas y sostenerlas por años, haciéndose cargo de los gastos e incluso vendiendo parte de las futuras ganancias. A eso se dedica Burford Capital y por eso más de uno lo considera un “fondo buitre”, aunque no lo sea en rigor.

Fuente: Infobae

Los fiscales Luciani y Mola objetaron la detención de la ex presidenta en su departamento y pidieron que “continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria”. También que si sigue en esa modalidad sea en otro lugar y no en San José 1.111

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron hoy la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa “Vialidad” y pidieron que “continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria”.

Fuentes judiciales informaron al medio Infobae que la Fiscalía presentó hoy su dictamen para que la Cámara Federal de Casación Penal revoque la detención que la ex mandataria cumple en su departamento de la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat. “Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”, sostuvieron los fiscales en su apelación.

Pero además plantearon que si la ex presidenta continúa en prisión domiciliaria debería ser en otro lugar. Señalaron que lo que se observó desde su detención es que genera complicaciones al barrio que fueron expuestas en un informe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y también en la propia seguridad de la ex presidenta que en 2022 sufrió un intento de homicidio. Así señalaron que “se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria”.

El Tribunal Oral Federal 2 le había dado la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner por razones de seguridad. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron que por su rol de dos veces ex presidenta y por el intento de homicidio que sufrió en una cárcel debería estar en un régimen de aislamiento que no es compatible con razones humanitarias de una detención. Además que la ex mandataria tiene 72 años.

Los fiscales -que en dos instancias previas ya habían pedido que la condena se cumpla en una cárcel- objetaron esos argumentos.

Por un lado plantearon que su postura es que “las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto”. Y que en una detención domiciliaria no hay expectativas de resociabilización, tal como la ley establece.

Los fiscales señalaron que el Tribunal Oral no analizó ese informe y que su detención en alguno de esos lugares no implicaría un aislamiento de su persona. “No se ha demostrado que las condiciones de alojamiento en una unidad penitenciaria supongan un trato inhumano”, señalaron. También rechazaron el argumento de los 72 años ya que la edad es un requisito no obligatorio, sino una facultad del juez.

Por otra parte, la Fiscalía sostuvo que a Cristina Kirchner se le dio un trato especial porque los otros ocho condenados en la causa se presentaron en Comodoro Py para quedar detenidos. A la ex presidenta no se le impuso ese trámite después que se le concedió la detención domiciliaria.

“Concretamente, es necesario que el tribunal de casación declare que no existe impedimento real alguno para que Fernández cumpla intramuros la pena que se le impuso. Su situación (sin dejar de ponderar las particularidades que presenta cada una de las personas condenadas) no difiere en nada de la de los otros ocho condenados en este proceso, que se han presentado a cumplir la pena y fueron alojados en diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal», sostuvieron Luciani y Mola.

Los fiscales citaron en su presentación imágenes de medios de comunicación con gente subida a balcones de departamentos linderos y las concentraciones frente al domicilio de la ex presidenta. Así, entendieron que se presenta una situación que afecta al barrio pero también a la propia seguridad de la ex presidenta.