El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, encabezó una serie de reuniones en el Valle de Lerma, enfocadas en optimizar la gestión sanitaria y la calidad de atención en la zona.

En una jornada marcada por importantes anuncios, el intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, detalló los resultados de la visita del Ministro de Salud de la provincia, Federico Mangione, quien realizó una recorrida por el Hospital Santa Teresita y mantuvo reuniones con autoridades locales para coordinar soluciones urgentes en materia de salud pública.

“Tuvimos la visita del Ministro Mangione, primero para conversar sobre su visita al Hospital Santa Teresita, donde se hizo un control sorpresa y rutinario a la vez”, explicó Borelli. Según detalló, durante la inspección se detectaron algunas falencias ya previstas por el Ministerio, lo que permitió avanzar en soluciones conjuntas.

Uno de los temas principales fue la reparación de la caldera del Hospital Santa Teresita, una obra clave para garantizar la atención médica. “Es necesario actuar rápido y en conjunto. Se va a firmar un convenio de cooperación entre la Municipalidad y el Ministerio de Salud para concretar esta reparación”, señaló el jefe comunal.

Pero los anuncios no se limitaron al hospital. Borelli confirmó avances para los centros de salud de barrios periféricos, en respuesta a reiteradas demandas vecinales. En el caso del Centro de Salud del barrio Congreso Nacional, se resolvió ampliar la atención hasta las 22 horas. “Claramente era un pedido y una necesidad del barrio. Un barrio aislado urbanísticamente que requiere atención especial por su ubicación”, remarcó.

Además, se dejó abierta la posibilidad de ampliar aún más el horario o incluso brindar atención 24 horas, si la demanda lo justifica. “Eso está en evaluación, pero hoy lo concreto es que se extiende el horario hasta las 10 de la noche”, dijo Borelli.

En cuanto al Centro de Salud de Pinares, otro punto crítico de la localidad, Borelli confirmó que se elevaron los pedidos para que funcione con un médico las 24 horas. “Este centro depende del Hospital Papa Francisco. El ministro se comprometió a trabajar junto al gerente para lograrlo”, explicó. También destacó que la ampliación del edificio está incluida en el Presupuesto 2025 de la provincia y que desde el municipio gestionarán un convenio con el Ministerio de Infraestructura para iniciar la obra cuanto antes.

“Estamos trabajando para dar soluciones rápidas. Ya lo hicimos con el Ministro de Seguridad y ahora también con Salud. Gestionar con provincia permite dar respuestas concretas a los vecinos”, subrayó Borelli, destacando el modelo de gestión activa que impulsa junto a su equipo.

Sobre la relación con el gobierno provincial, Borelli fue enfático: “Estamos alineados con la visión del gobernador. Él nos pide estar en la calle, con el vecino, escuchando y dando respuestas. El Ministro Mangione está cumpliendo esa consigna y nosotros acompañamos”.

Finalmente, el intendente remarcó el compromiso municipal de ir más allá de los servicios básicos. “Es tarea nuestra transmitir las inquietudes del vecino a los ministerios, gestionar y lograr soluciones. Cerrillos no se queda atrás y queremos que cada sector reciba la atención que merece”.

En este sentido, anticipó que se espera avanzar pronto en soluciones para los tres sectores más comprometidos del municipio: el centro (con el Hospital Santa Teresita), Pinares sobre la Ruta 26, y el barrio Congreso Nacional.

 

El Gobernador firmó con Nación convenios por el que se cede a la Provincia la continuación de los trabajos en este primer tramo; asimismo, podrá avanzar en la búsqueda de financiamiento para otros dos: Campo Amarillo – Salar del Rincón – límite con Chile.

La Provincia ejecutará las obras en la RN 51, tramo San Antonio de los Cobres – Mina Poma.

El gobernador Gustavo Sáenz firmó con el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy un convenio por el que la Provincia continuará con las obras en el primer tramo de la RN 51, tramo San Antonio de los Cobres – Mina Poma. Por el Ministerio de Economía de Nación, estuvieron Pablo Quirno secretario de Finanzas y Martín Maccarone secretario coordinador de Infraestructura y por la Provincia, la secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera, Liliana Corona.

Asimismo, por otros convenios la provincia podrá avanzar con la búsqueda de financiamiento para la confección del estudio, Proyecto Ejecutivo y ejecución de obras en los tramos IV: Campo Amarillo – Salar del Rincón y tramo V: Salar del Rincón – límite internacional con Chile.

El acuerdo es el resultado de las numerosas gestiones del mandatario salteño para concretar la pavimentación completa de esta ruta estratégica que vincula a la región con los puertos del Pacífico.

La RN 51, en su extensión desde San Antonio de los Cobres hasta el paso de Sico, representa un nexo clave para el corredor Bioceánico, facilitando la conexión con los mercados internacionales a través de los puertos chilenos. El gobernador Sáenz enfatizó la relevancia de esta ruta no solo para la producción, sino también para fortalecer la integración y el progreso regional.

La financiación del primer tramo estará a cargo de la Provincia, a través de FONPLATA, el Banco de Desarrollo que impulsa la integración de los países miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) mediante operaciones de crédito y recursos no reembolsables.

En tanto para los otros dos tramos, la Provincia espera concretar el financiamiento a través del BID, siendo la firma de estos convenios un paso necesario para poder avanzar con las gestiones.

En el caso del primer tramo, el convenio suscripto establece los términos de esta transferencia de responsabilidades, detallando que mientras la Provincia aportará el financiamiento, la Dirección Nacional de Vialidad entregará el Anteproyecto Ejecutivo ya elaborado, y Salta tendrá a su cargo la confección de los Pliegos de Licitación Pública. Finalmente, la Provincia, como responsable de la ejecución de las obras, llevará a cabo la inspección, medición, certificación y pago de las mismas.

Estos convenios marcan un adelanto en la materialización de un proyecto largamente anhelado, ratificando el compromiso del Gobierno de Salta con el desarrollo de infraestructura estratégica que impulse el crecimiento y la conectividad de la provincia y la región.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

El ministro Roberto Dib Ashur presentó ante legisladores los alcances del programa de integración territorial que contempla una inversión de 100 millones de dólares, con financiamiento de Fonplata, para transformar la infraestructura logística del norte provincial.

Diputados provinciales conocieron los beneficios del préstamo para financiar obras del Corredor Bioceánico.

El equipo del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, encabezado por el ministro Roberto Dib Ashur, expuso ante diputados de distintos bloques legislativos los beneficios del préstamo internacional gestionado por la Provincia para ejecutar las obras incluidas en el Programa de Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio.

La operación financiera —que prevé una inversión de 100 millones de dólares, con Fonplata como organismo financiador, 20 años de plazo y 5 años de ejecución y desembolso— permitirá avanzar en una serie de obras estructurales que Salta impulsa desde hace años y que buscan consolidar su rol estratégico como nexo entre el Atlántico y el Pacífico.

Este jueves se llevará a cabo una nueva medida de fuerza. La designación del nuevo director del centro de salud pediátrico elevó otra vez la problemática.

Los trabajadores del Hospital Garrahan preparan una nueva medida de fuerza por 24 horas en otro capítulo que escala en el conflicto con el Gobierno por los aumentos de sueldos. En ese sentido, preparan una movilización para el próximo jueves 17 de julio.

La protesta se profundiza en medio de una tensión persistente entre los equipos de salud del principal hospital pediátrico del país y las autoridades nacionales. La organización sindical ATE-Garrahan formalizó la convocatoria de un paro total al que se plegarán también los médicos, técnicos y personal de diferentes áreas, destacando la falta de respuesta oficial ante la demanda de recomposición salarial.

El foco de la disputa se centra en el reclamo por las condiciones laborales y en el reclamo de salarios “acorde a la canasta básica”, conforme expresaron referentes gremiales.

La nueva huelga está anunciada desde las 7 de la mañana del jueves 10 de julio y se extenderá durante toda la jornada. Según confirmaron los voceros del personal, durante la medida solo se garantizarán las guardias para emergencias, la atención de urgencias y los turnos que resulten impostergables por motivos clínicos.

Las consultas ambulatorias y el funcionamiento habitual de los servicios verán reducida su operatividad al mínimo indispensable, como detallaron desde la representación sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El anuncio se concreta con la coordinación de asambleas en los diferentes turnos y la adhesión de agrupaciones de profesionales y técnicos, quienes manifestaron que la situación salarial y las condiciones contractuales empeoraron en los últimos meses y piden la reapertura de las paritarias.

Por su parte, en referencia a anteriores medidas de fuerza, desde el Ministerio de Salud de la Nación, comandado por Mario Lugones, afirman que los sectores que convocan al paro están incumpliendo las condiciones de la conciliación obligatoria. “No cumplir con ese acuerdo atenta contra la buena fe negocial”, afirman.

El trasfondo de la protesta se conecta con la reciente disputa entre los equipos profesionistas y la administración del centro de salud, agravada por la situación de los médicos residentes. Estos trabajadores realizaron reclamos de actualización salarial y alcanzaron la percepción de un bono extra, costeado por recursos internos del propio Hospital Garrahan.

En ese marco, tras la intervención del Ministerio de Salud, el Gobierno dispuso la modificación del régimen de residencias: a partir de ese momento las residencias se redefinieron como “becas” y se condicionó el acceso al bono a la renuncia voluntaria del contrato laboral formal, lo que implica perder recibo de sueldo, aportes jubilatorios y cobertura de obra social.

Este cambio impulsado por el Ejecutivo generó rechazo por parte de los gremios y de múltiples colectivos profesionales. Los trabajadores del nosocomio señalaron que la medida pone en riesgo la estabilidad laboral y los derechos de los residentes, y advirtieron sobre el impacto en la formación de nuevos especialistas para el sistema público de salud.

Fuente: Infobae

El Gobierno nacional respondió a los planteos de Petersen/Eton y Bainbridge, que buscan ejecutar de forma inmediata el fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF.

En una nueva etapa del juicio por la expropiación de YPF, el Estado argentino presentó su rechazo formal a los pedidos de los demandantes Petersen/Eton y Bainbridge, quienes solicitaron a la jueza Loretta Preska que no suspenda la ejecución de la sentencia que ordena la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal.

La presentación argentina responde a los escritos presentados el lunes 7 por los fondos litigantes. En particular, el documento de Petersen/Eton incorpora una transcripción traducida de una reciente conferencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En esa línea, la Procuración del Tesoro presentó sendas respuestas en ambos casos. Los principales argumentos esgrimidos por la Argentina son:

En el caso Petersen/Eton, los abogados del Estado hablaron de “la naturaleza excepcional y cuestiones legales sin resolver” y destacaron que se trata de un caso sin precedentes, con un fallo de u$s16.100 millones aún apelado y con fundamentos jurídicos complejos. “Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, destacan.

Otro argumento es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal ya que ejecutar el “turnover” forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible.

Por último, la ausencia de perjuicio para los demandantes e interés público. Según la defensa argentina, no existe daño concreto si se suspende la ejecución, dado que la legislación local impide la venta de acciones sin aval legislativo. Además, avanzar con la orden afectaría a terceros no involucrados -como provincias y bonistas- y podría activar cláusulas perjudiciales para YPF.

En el caso Bainbridge, advirtieron una violación del derecho argentino ya que transferir las acciones implicaría incumplir la Ley 26.741, que consagra el dominio público sobre los recursos hidrocarburíferos.

También advierten que no existen antecedentes jurisprudenciales que avalen ejecutar activos de otro Estado en EEUU en las condiciones que propone la orden de la jueza Preska, “lo que refuerza las chances de revertir el fallo”, completan.

El Gobierno también trabaja en la apelación formal de la orden de “turnover” y en un pedido de suspensión ante el Segundo Circuito, en caso de que la jueza Preska rechace la solicitud.

Fuente: Ámbito

El Presidente cuestionó duramente el reclamo de fondos de las provincias. Hoy podría sufrir una derrota en el Congreso. A la par, se acerca al PRO y define la estrategia electoral.

A pesar de que un sector del oficialismo busca negociar, el presidente Javier Milei se prepara para una confrontación extensa con los gobernadores por el reclamo de fondos para sus provincias, que este jueves comenzará a tratarse en el Senado.

Las autoridades nacionales saben que el proyecto presentado por los representantes de las 24 jurisdicciones del país podría avanzar en la Cámara alta y, más allá de algunos cuestionamientos reglamentarios, se resignan a una primera derrota legislativa.

El propio líder libertario se refirió al tema y, durante una entrevista, sostuvo que los dirigentes impulsan esta iniciativa en el Congreso porque perjudica a su administración en la antesala de las elecciones bonaerenses.

“La intención de ellos es romper todo, porque saben que, si La Libertad Avanza se convierte en La Libertad Arrasa, ellos tienen un problema, que es que se tienen que jubilar. Entonces, están dispuestos a hacer sufrir a los argentinos todo lo que sea necesario con tal de mantener el poder”, opinó en El Observador.

Este jueves en el Senado se tratarán cinco grandes proyectos: tres que provienen con media sanción de Diputados, el aumento jubilatorio, la emergencia en Discapacidad y la moratoria previsional; y dos que tienen unanimidad de todas las provincias, la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional -las ATN- a las provincias y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.

Milei ya prevé que todos los proyectos de la oposición tienen los números para ser aprobados. Por eso aprovechó para dar una señal hacia el mercado para decir que desde el Poder Ejecutivo están “absolutamente tranquilos” y que solo se tratará de un “efecto transitorio”; aunque reconoció que podría haber una suba del riesgo país (un factor que preocupa al Gobierno por el impacto potencial que tiene en los rollover de deuda), pero que no se va a extender.

“Si me rechazan el veto lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero. No les dan los tiempos para causar daño”, afirmó.

Fuente: Infobae