El ministro de Economía y el Secretario del Tesoro coordinan a equipos técnicos que trabajan sin descanso para cerrar una iniciativa que tranquilice a los mercados y evite que los parlamentos de ambos países traben el salvataje que aseguró Trump a Milei.

(Desde Washington, Estados Unidos) Hasta anoche en Washington, el salvataje financiero prometido por Donald Trump a Javier Milei tendría la siguiente forma:

1. Swap de 20.000 millones de dólares integrado -en su mayoría- por los Derechos Especiales de Giro (DEG´s) que el FMI entregó a la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos.
2. Compra de bonos durante octubre para estabilizar los mercados y bajar el riesgo país.

Pero ésta ingeniería financiera del salvataje enfrentaría ciertos dilemas técnicos:

1. Quién compra los DEG´s de Estados Unidos a cambio de dólares.
2. Una vez que la Secretaría del Tesoro envía al Banco Central de la República Argentina esos 20.000 millones de dólares para la compra de los bonos, cómo hace la autoridad monetaria para girarlos al Ministerio de Economía.

Los DEG´s de Estados Unidos podrían ser comprados por la Reserva Federal (FED), y Caputo tendría la posibilidad de acceder a los USD 20.000 millones depositados en el Banco Central, con una Letra Intransferible.

Al margen de los detalles técnicos, la administración republicana y el gobierno de la Libertad Avanza trajinan distintas hipótesis de trabajo para evitar que la oposición en los parlamentos de cada país traben el salvataje que despliega Trump a favor de Milei.

“Trump realmente quiere hacernos creer que no hay suficiente dinero para arreglar las primas de atención médica de la ACA (Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio), no hay suficiente dinero para los controladores aéreos, ¿¡pero de alguna manera hay US$20.000 millones disponibles para rescatar a la Argentina?!“, escribió Chuck Schumer, influyente senador demócrata, en su cuenta oficial en X.

El Congreso de Estados Unidos no tendría facultades explícitas para trabar el salvataje a la Argentina, pero la bancada demócrata del Senado explora antecedentes jurídicos destinados a quebrar el acuerdo que negocian Caputo y Bessent.

De todas maneras, por la Mexican Debt Disclosure Act aprobada en 1995, Trump y Bessent deberán informar al Capitolio sobre el salvataje financiero para la Argentina.

En este contexto, Kristalina Georgieva -directora gerente del FMI- ya habría encargado a la burocracia del organismo multilateral que prepare un informe técnico que facilitaría las explicaciones de Trump y Bessent al Congreso de los Estados Unidos.

Georgieva habría dado la tarea al Departamento de Investigación del FMI (SPR, en sus siglas en inglés), y la consigna del paper técnico es simple: debería afirmar que Argentina está en condiciones de honrar la deuda que contraerá con Estados Unidos. Además de la instrucción al Departamento de Investigación del FMI, la directora gerente ya se prepara para una nueva negociación con la Argentina.

Si Bessent acelera el paso como anticipó a su staff técnico, el actual programa con el Fondo sería papel mojado antes que concluya 2025.

Y esta posibilidad pondrá en máxima alerta al Congreso argentino, que por ahora es controlado por la oposición peronista. Las bancadas kirchneristas en Diputados y el Senado ya anticiparon que se opondrán al salvataje porque implicaría más deuda con más tasa de interés.

En la Casa Rosada explicaban ayer que no habrá más deuda publica que la actual contraída y que la tasa de interés será menor a la que cobrarían los mercados a la Argentina para acceder a USD 20.000 millones con un riesgo país inestable.

Trump definirá cuándo será el anuncio formal del salvataje financiero, aunque hay una fecha límite que es obvia: el 14 de octubre, ya que ese día Milei estará sonriendo en el Salón Oval.

Entonces, si Bessent cree que es mejor anunciarlo antes de la bilateral, Trump aceptará ese punto de vista en favor de la Argentina. En cambio, y asumiendo que hay pocas rondas en el mercado y una fuerte expectativa por la propuesta de Bessent, podría ocurrir que Trump anuncie el salvataje financiero durante la audiencia con Milei.

Fuente: Infobae

El fiscal federal Federico Domínguez decidió avanzar con la investigación por presunto lavado de dinero. El diputado nacional adjudicó el pago a un trabajo de consultoría para una minera guatemalteca.

El fiscal federal de San Isidro Federico Domínguez decidió impulsar la investigación contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero. Desde este martes el diputado nacional de La Libertad Avanza está imputado por las sospechas alrededor de los USD 200.000 que recibió a principios de 2020 de parte de “Fred” Machado, empresario acusado por narcotráfico en los Estados Unidos.

El juez Lino Mirabelli, a cargo del expediente, delegó la investigación en la Fiscalía, que ya solicitó las primeras medidas de prueba.

El caso se originó a partir de una denuncia del dirigente Juan Grabois, quien llevó el caso a la Justicia para que se determine si los fondos “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal”.

El nombre de Espert apareció en registros financieros oficiales del Bank of America y en una contabilidad paralela que se usó como prueba en el juicio que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico “Fred” Machado.

El pago de los 200.000 dólares, que ocurrió entre enero y febrero de 2020, forma parte del expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.”, de donde el equipo de Juan Grabois obtuvo la información.

“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”, explicó el diputado libertario en un video que difundió en sus redes sociales, previo a renunciar a su candidatura. La firma en cuestión es Minas del Pueblo de Guatemala.

“Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejos para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada”, alegó Espert.

De acuerdo a su versión, los 200.000 dólares fueron “un adelanto en virtud de ese contrato”, y “no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales”.

La denuncia de Juan Grabois también mencionó que Espert usó vehículos y aviones de “Fred” Machado durante la campaña presidencial de 2019.

Esto se toca directamente con la causa judicial que tramita en el Juzgado Federal N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, donde se están investigando 36 vuelos. Un escenario posible es que el expediente de San Isidro, que está en manos del juez Lino Mirabelli, pase a Comodoro Py y todo se unifique en un mismo caso.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó hoy la extradición de “Fred” Machado a los Estados Unidos. Falta la firma del presidente de la Nación, Javier Milei, para que el presunto narcotraficante sea llevado por la fuerza pública a los tribunales de Texas.

El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se basa en considerar que el pedido de extradición formulado por la justicia de los EE.UU. se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.

El propio Machado reconoció, minutos antes de que la Corte habilite su extradición, en una entrevista con Radio Rivadavia, que financió la campaña presidencial de Espert, algo que el diputado y su partido no habían declarado, como lo obliga la ley.

“¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”, contó Machado que le dijo Espert en 2019. Según su propia estimación, “entre comidas, hoteles, aviones, habrán sido 100 o 150″ mil dólares los que aportó a la campaña.

Fuente: Infobae

A través del Decreto 717/2025, el Ejecutivo puso en marcha un organismo que coordinará la prevención y lucha contra el terrorismo, integrado por representantes de varios ministerios y agencias estratégicas del Estado.

El Gobierno oficializó la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), un nuevo organismo que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y tendrá como objetivo coordinar políticas, analizar información y diseñar estrategias en materia de prevención y lucha contra el terrorismo. La medida fue establecida mediante el Decreto 717/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El CNA fue anunciado previamente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y estará compuesto por representantes de distintos ministerios y organismos del Estado. Su misión será recibir, integrar y compartir información, elaborar planes de acción y coordinar esfuerzos entre las fuerzas federales, las áreas de inteligencia y los ministerios vinculados al área de seguridad y defensa.

Funciones clave del Centro Nacional Antiterrorista

Entre sus funciones principales, el CNA deberá:

• Requerir asistencia e información de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.

• Elaborar y aprobar lineamientos estratégicos.

• Emitir informes sobre amenazas terroristas en los niveles nacional, regional e internacional.

• Dictar su normativa interna e impulsar proyectos legislativos para fortalecer la respuesta estatal frente a las amenazas terroristas.

El decreto dispone que la SIDE proveerá al CNA los recursos humanos y presupuestarios necesarios, además de dirigir sus actividades de contrainteligencia y prevención, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 25.520 y sus modificaciones. Asimismo, el organismo contará con una unidad especializada encargada de diseñar directivas, estrategias y protocolos operacionales, cuyo titular será designado por el Secretario de Inteligencia de Estado.

El Centro Nacional Antiterrorista estará integrado por representantes de la SIDE, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, la Dirección Nacional de Migraciones y los ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y Justicia, a través de la Secretaría de Justicia.

En su considerando, el decreto subraya que Argentina debe reforzar los mecanismos de cooperación interinstitucional y “mantener reuniones periódicas entre especialistas en inteligencia” para garantizar respuestas efectivas frente a eventuales amenazas. También ordena la creación de un protocolo de acción que articule la intervención de todas las autoridades competentes cuando se detecten indicios de actividades terroristas.

El texto cita los informes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en su “Cuarta Ronda de Evaluación Mutua” instó al país a fortalecer la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Centro Nacional Antiterrorista contará con una unidad especializada.

Modelos internacionales en los que se inspira Argentina

El modelo argentino toma como referencia las estructuras creadas en Estados Unidos y España tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del 11 de marzo de 2004, respectivamente, organismos que permitieron mejorar la coordinación interinstitucional en la materia.

El Gobierno recordó además los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), considerados una deuda pendiente en materia de justicia y seguridad. Según el texto oficial, esos hechos “pusieron en evidencia las deficiencias en los marcos de prevención y cooperación”, motivo por el cual el nuevo centro busca evitar la repetición de episodios similares y alinear la política nacional con los compromisos internacionales, como la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Finalmente, el Ejecutivo justificó la medida señalando que la creciente vinculación del terrorismo con redes del crimen organizado transnacional exige una estructura capaz de integrar esfuerzos nacionales e internacionales bajo un mando unificado. “La creación de este centro permitirá aprovechar de manera más eficiente las capacidades del Estado y fortalecer la cooperación global en defensa de la democracia y el Estado de Derecho”, concluye el decreto.

Fuente: Ámbito