El balance de gestión muestra un fuerte aumento de la demanda ciudadana, un crecimiento del 76% en la atención digital y una caída del 30% en las denuncias formales gracias a la intervención preventiva.

La Dirección de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino presentó el balance de gestión correspondiente al período 2024–2025, con indicadores que reflejan el fortalecimiento del servicio y una mayor presencia del Estado en la defensa de los derechos de los vecinos.

Durante el 2025, la Dirección registró un incremento del 40,1% en las consultas, impulsado principalmente por el área de inquilinos y por las consultas vinculadas al consumo en general, que crecieron un 26,8%. Este aumento da cuenta de una ciudadanía más activa y de un mayor acceso a los canales de atención.

Uno de los ejes centrales de la gestión fue el fortalecimiento de la atención digital, especialmente a través de WhatsApp, que registró un crecimiento del 76% y se consolidó como el principal canal de contacto con los vecinos. Esta herramienta permitió una atención más ágil y eficiente, con un incremento del 14,4% en los casos documentados respecto al año anterior.

En materia de resolución de conflictos, los resultados también fueron positivos. La tasa de acuerdos conciliatorios aumentó del 64,3% al 66,2%, mientras que las denuncias formales descendieron un 30%, pasando de 115 a 80 casos, como resultado de una política de prevención y conciliación temprana.

Además, se evidenció una mejora en la continuidad de los trámites administrativos. La cantidad de desistimientos bajó de 21 a 6 casos, lo que refleja un mayor compromiso de las partes con los procesos y una mayor eficacia del acompañamiento institucional.

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Fuente: Municipalidad de Salta

La Municipalidad de Salta junto a representantes del sector privado participaron hoy del encuentro «Salta se transforma: impulso urbano en acción». El intendente, Emiliano Durand, encabezó el evento en el que se presentaron nuevos proyectos urbanísticos para la ciudad.

La Municipalidad de Salta llevó adelante, en la jornada de hoy, una importante reunión con empresarios, instituciones y profesionales, en la que se repasaron los avances alcanzados en materia de articulación público-privada. Se trata de una de las líneas estratégicas de la actual gestión para promover el desarrollo sociourbano en distintos puntos de la ciudad.

Durante el encuentro denominado «Salta se transforma: impulso urbano en acción», realizado en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, se compartieron avances concretos para generar previsibilidad y acompañar proyectos de mediana y gran escala.

En ese marco, se brindaron detalles sobre las nuevas condiciones para el desarrollo urbano, a partir de la actualización de los códigos de planeamiento. Estos cambios habilitan nuevos usos del suelo y amplían las posibilidades para la concreción de emprendimientos. A su vez, permiten generar un horizonte de estabilidad para los próximos diez años.

Durante el encuentro se expusieron los incentivos fiscales impulsados por el municipio, junto con los mecanismos de recuperación de plusvalía urbana. Estas herramientas permitirán a los nuevos desarrollos aportar a la inversión en infraestructura estratégica en zonas con alta demanda de equipamiento y servicios.

El intendente, Emiliano Durand, ratificó su apoyo al sector privado que invierte, genera trabajo y apuesta por el crecimiento de Salta. A su vez, destacó la necesidad de un trabajo articulado para impulsar el desarrollo urbano y construir la ciudad del futuro.

Desde el área de Planificación Territorial del municipio precisaron que el nuevo contexto de alianzas público-privadas ofrece alternativas que antes no existían para la inversión. Actualmente, hay 35 proyectos de mediana y gran escala en curso, incorporados a partir de las nuevas condiciones de desarrollo urbano.

Algunos de estos emprendimientos forman parte de desarrollos más amplios en sectores estratégicos como: San Luis Chico, el Acceso Norte y el Acceso Oeste de la ciudad, lo que refleja el impacto positivo de las políticas públicas impulsadas y su capacidad para dinamizar distintas zonas del ejido urbano.

Además del intendente Emiliano Durand, las exposiciones estuvieron a cargo de: la arquitecta, Mariana Zoricich, coordinadora general de Planificación Territorial del municipio; y del reconocido urbanista y arquitecto Álvaro García Resta. También, participaron representantes de COPAIPA, el Colegio de Arquitectos, CADISAL, COPAUPS, empresarios, desarrolladores inmobiliarios, profesionales del sector y funcionarios municipales.

Fuente: Municipalidad de Salta

La obra garantiza seis meses de reserva hídrica y aporta fiabilidad al Sistema Itiyuro que abastece a más de 100 mil personas de las zonas altas de Aguaray y parte de Tartagal. Además, se instalaron boyas ultrasónicas para eliminar las algas y optimizar el sistema.

El gobernador Gustavo Sáenz verificó el alteo en el dique El Limón, una obra que aporta previsibilidad y fiabilidad al Sistema Itiyuro. El mandatario destacó que estas inversiones forman parte de la decisión de declarar al agua y saneamiento como política de Estado.

“Nuestro objetivo fue cambiar definitivamente la matriz de abastecimiento en San Martín. Antes, el departamento dependía en un 80% del Sistema Itiyuro; hoy, gracias a los pozos profundos ejecutados y estas obras de reserva, hemos logrado una relación de 50 y 50, ganando independencia y seguridad hídrica”, indicó el Gobernador, al subrayar el impacto de las obras estructurales en el norte provincial.

La obra de alteo consistió en elevar el anillo que rodea al espejo de agua en más de tres metros. Gracias a esta intervención, el embalse —que opera como reserva estratégica del dique Itiyuro— duplicó su capacidad de almacenamiento, lo que permite contar con reservas de agua para seis meses.
 

El convenio, que reemplaza a uno con 21 años de antigüedad, prioriza la transparencia, el fin del cobro indebido y la digitalización total mediante Token. Funcionarios y autoridades médicas destacaron la previsibilidad económica y la protección al afiliado como ejes centrales de esta nueva etapa.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud Pública y el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), formalizó la firma de un nuevo convenio prestacional con el Círculo Médico de Salta. El acuerdo tiene como objetivo principal garantizar a los afiliados el acceso oportuno a servicios de calidad, eficientes y seguros.

Este acuerdo establece un marco de trabajo conjunto por un plazo de tres años, basado en la transparencia, la buena fe y la eficiencia en el gasto, con novedades y ratificaciones.

El acto contó con la presencia del jefe de Gabinete, Sergio Camacho; el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el interventor del IPS, Emilio Savoy; y la presidente del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco. También refrendó el acuerdo el Síndico General de la Provincia, Federico Javier Mateo.

El secretario Mónico, se reunió con ministros de la Corte de Justicia de Salta para avanzar en una agenda conjunta orientada a fortalecer el acceso a la justicia, modernizar los procesos judiciales y mejorar la respuesta del sistema ante las demandas de la ciudadanía.

El organismo previsional aplicó un cambio en el esquema de pago de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo.

La ANSES dejará de retener el 20% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE). Con este cambio, el organismo previsional liquidará la totalidad de ambas asignaciones.

En la Casa Rosada responsabilizan a seis gobernadores, especialmente a tres cuyos legisladores no votaron como se esperaba. En el oficialismo consideran que así fuerzan al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit. Habrá gestiones para que la iniciativa no salga así como está o se vete.

La Libertad Avanza obtuvo ayer la media sanción del Presupuesto 2026 que impulsa en sesiones extraordinarias. Sin embargo, en la votación realizada esta madrugada en la Cámara de Diputados se lograron aprobar todos los apartados salvo el Capítulo XI, el más central de todos ellos, ya que contenía la derogación de leyes que el Gobierno consideraba inviables para el ahorro fiscal que promulgan desde el Ejecutivo, como la de Emergencia en Discapacidad o la de Financiamiento Universitario.

La Casa Rosada tiene la certeza de que el proyecto que se remitirá al Senado no le sirve para la sanción definitiva. “Vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”, afirmó en altas horas de la madrugada a Infobae una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo. Con la eliminación del Capítulo XI del proyecto, consideran que están forzando al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, algo que el Gobierno considera inaceptable.

Para la administración nacional, el foco del debate no es técnico ni reglamentario, sino político y económico: déficit versus superávit, pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. Para los libertarios, las dos leyes que continúan vigentes generan obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit fiscal, y consolidan un presupuesto que no le sirve al Gobierno para cumplir ese mandato electoral.

Es por eso que de acá en adelante el oficialismo debe elegir la estrategia legislativa a adoptar en las próximas semanas.

A priori, en ciertos despachos del Poder Ejecutivo consideran que deben demorar el envío del Presupuesto al Senado e intentar patearlo lo máximo posible a la espera de que primero se trate el proyecto de Modernización Laboral. El oficialismo podría apostar por movilizar de manera exprés un cambio en la redacción del proyecto y volver a incluir el Capítulo XI. Así, el proyecto debería volver a la cámara de origen, pero el Gobierno no tiene los números para insistir con su versión.

Una alternativa que parece imponerse por estas horas es la de vetar el propio presupuesto, ya que los bloques abiertamente opositores tienen incentivos para que salga el proyecto tal y como está.

“Solo Discapacidad son 5 puntos del PIB”, se limitan a decir desde el Poder Ejecutivo. Tal y como adelantó Infobae, pese a fallos judiciales, el Gobierno no está aplicando los fondos de esa ley (así como sucede con la de Financiamiento Universitario) porque se amparan en la postura de que no tienen presupuesto asignado. “Si se aprueba la ley, ya no hay excusas”, marcan.

Así, varios sectores del oficialismo coincidían de que era mejor de que el responsable de abroquelar el superávit fiscal del Gobierno, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, vuelva a tener en 2026 un manejo discrecional de los fondos. “Va a tener que seguir armando el Excel”, bromeaban en altas horas de la madrugada.

La administración nacional de Javier Milei se convirtió en la primera gestión en prorrogar dos veces consecutivas un presupuesto nacional. Así, durante el 2024 y el 2025 estuvo vigente el texto calculado para 2023. Esto le permitió al oficialismo poder llevar a cabo de manera más sencilla el recorte fiscal en diversas áreas de la administración pública, pero la aprobación de

La Cámara de Diputados logró aprobar el Presupuesto en general con 132 votos. Se trata de la primera ocasión en la que el oficialismo consigue una media sanción de este tipo de iniciativas, marcando además el debut de la nueva composición del recinto, que tiene a La Libertad Avanza con 95 bancas propias y como primera minoría.

A horas de que iniciara la sesión especial, tanto fuentes de la Casa Rosada como negociadores libertarios en la cámara baja eran optimistas respecto a la votación en general del proyecto y de todos sus apartados. La única excepción era el artículo 75, el cual derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

Dada la incertidumbre sobre ese punto, los estrategas parlamentarios de LLA propiciaron en la reunión de Labor Parlamentaria que se votara por capítulos y no por artículos. La esperanza era que la oposición se viera forzada a aprobar el Capítulo XI. Finalmente, el plan libertario no terminó funcionando, consiguiendo 117 votos afirmativos contra 123 negativos y 2 abstenciones.

Varios gobernadores de la oposición dialoguista habían avisado horas antes que iban a llamar a sus diputados a votar contra el capítulo. Entre este grupo, el oficialismo coloca a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta); a los que el Poder Ejecutivo les brindó importantes cifras en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Pero hay tres mandatarios que se dieron vuelta a último momento: Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco). La actitud sorprendió hasta a los principales negociadores del Gobierno, ya que este último fue aliado electoral de La Libertad Avanza en octubre, mientras que el gobernador patagónico había mantenido una campaña cordial con los libertarios en su provincia. En las filas del oficialismo también sorprendió que se abstuviera el diputado nacional por Entre Ríos, Darío Schneider, quien ingresó por la boleta de La Libertad Avanza a pedido de la alianza con Rogelio Frigerio.

Como parte de las negociaciones entre la Nación y los jefes provinciales, el Gobierno condensó en las últimas dos semanas el 33% de las transferencias de ATN a seis provincias en total. Estos fueron destinados a Tucumán ($ 20.000 millones); Misiones ($ 12.000 millones); Chaco ($ 11.000 millones); Catamarca ($ 10.500 millones); Entre Ríos ($ 7.000 millones); y Salta ($ 6.000 millones). Esto no surtió efecto para que la mayoría de estos acompañaran al oficialismo en la votación por el Capítulo XI.

Fuente: Infobae

Con 132 votos a favor contra 97 rechazos logró media sanción en general, pero no consiguió mayoría en el artículo en el que se derogaba la ley de financiamiento universitario y de discapacidad. Avanzó la propuesta de Inocencia Fiscal.

En la primera semana de sesiones extraordinarias, el Gobierno no pudo concretar su estrategia parlamentaria por completo. Si bien alcanzó a aprobar la propuesta general en Diputados el Presupuesto 2026, con 132 votos a favor a 97 en contra, perdió en la votación del capítulo más drástico de su iniciativa al no garantizarse respaldos provinciales, lo que podría representar un mensaje de sus aliados ante los intentos de tratamiento exprés de sus reformas. Aún así, Casa Rosada podría intentar la sanción de un porcentaje del proyecto en el Senado antes del fin de año. Sobre el cierre de la sesión, y de forma inesperada, definieron a los tres representantes para la Auditoría General de la Nación.

Dentro de los alineados con los gobernadores, los apoyos a La Libertad Avanza del proyecto general llegaron desde Neuquén, Salta, Tucumán, Catamarca, Santa Cruz y Misiones. Las oposiciones fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal (integrada por Nicolás Massot y Miguel Pichetto). Una particularidad se vio en el bloque de exlibertarios País Federal, en donde sus dos miembros votaron distinto: Marcela Pagano se opuso, mientras que Claudio Álvarez apoyo el Presupuesto 2026 oficialista.

Antes de la votación en general y pasada la medianoche, «Bertie» Benegas Lynch (La Libertad Avanza) anunció dos reformas: una que habilitaba al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para la ciudad Autónoma de Buenos Aires (como parte del acuerdo de Nación con el PRO), en simultáneo a la inclusión de un fondo especial de $21.347 millones a la «Jurisdicción 5 del Poder Judicial». Ambas modificaciones fueron introducidas en el capítulo 11 del proyecto, el más controvertido porque incluye el artículo 75 que eliminaba el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

Aún así, a la hora de la votación de ese capítulo (que además removía la movilidad de asignaciones familiares y la zona fría) distintos aliados provinciales modificaron su postura: la neuquina Maureira, el salteño Bernardo Biella, el correntino Diógenes González, el mencionado puntano Claudio Álvarez y los peronismos tucumanos y catamarqueños se posicionaron igual que Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Provincias Unidas (que se abstuvo hasta la última definición, en donde su postura fue fundamental), para superar por 123 votos a 117 al entramado libertario. También se registraron 2 abstenciones del radicalismo (Cipolini y Agüero) y dos ausencias del MID.

A la madrugada se definieron los otros dos propuestas del oficialismo. Una de ellas es la modificación del Régimen Penal Tributario, conocida como ley de Presunción de Inocencia Fiscal, que actualiza los montos que se precisan declarar para evitar ser considerados delitos de evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones. Esta iniciativa, que redefine «los criterios para la configuración de los delitos fiscales y prioriza la intervención penal en los casos de evasión relevante» -según precisaron en un documento libertario-, obtuvo media sanción con 130 votos a favor 107 en contra.

Definieron representantes de la Auditoría General de la Nación

Luego de esa aprobación, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, propuso la votación de la designación de los tres auditores generales de la Nación: Mónica Almada (por el oficialismo), Juan Ignacio Forlón (peronismo) y Pamela Calletti (representante de las provincias). La iniciativa provocó la ofuscación de Cristian Ritondo (PRO), que señaló que ese tema no corresponde a extraordinarias: «Que quede bien claro que la falta de códigos y de respeto a los compromisos asumidos corren por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara».

En ese momento, los miembros de Provincias Unidas definieron salir del recinto. Fueron seguidos por el PRO, la UCR y el Frente de Izquierda; quedaron provincialistas, peronistas y libertarios. Hasta ese momento cruzados, coincidieron en la aprobación a mano alzada de los representantes de Diputados para la Auditoría General de la Nación. Pasadas las 3 de la madrugada, juraron en la misma sesión.

Recaían dudas sobre la iniciativa denominada Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que establece penas de prisión para funcionarios que dicten o ejecuten «normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento». Es decir: se deben precisar el origen de los recursos para efectivizar los fondos. Finalmente, la sesión se cayó por falta de quorum y el tema no tuvo tratamiento.

Otro momento llamativo de la sesión ocurrió cuando tomó la palabra el correntino Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) que destacó obras en rutas nacionales y autopistas de su provincia, aunque se equivocó de dictamen: leyó el proyecto peronista. “No es una chicana, pero lo que leyó Almirón es nuestro dictamen. Las obras están incluidas por pedido de los diputados de Chaco y Corrientes, en una lista anexa que presentamos”, explicó Germán Martínez.

Presupuesto 2026: los puntos más importantes

Entre las proyecciones del Presupuesto 2026, el Gobierno estipula un crecimiento del 5,4% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 hacia diciembre del próximo año, objetivo que implicaría un fortalecimiento del peso nacional dado que en la jornada de sesión el dólar cerró a $1.475. Además, se considera como meta un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI.

Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la recaudación crecerá 0,47% del PIB, «con mayor presión sobre Combustibles y el Impuesto a las Ganancias, y menor en Bienes Personales». El organismo también detectó que las transferencias corrientes a provincias se incrementan 31,1% respecto del cierre previsto para este año; mientras que las empresas públicas recibirán $4,4 billones en transferencias corrientes y de capital.

El Impuesto a las Ganancias aportaría $16,5 billones, con una suba real del 12,8%. El IVA, $32,9 billones, con un crecimiento real del 8%. Débitos y créditos bancarios —uno de los tributos que el Gobierno aspira a reducir o eliminar— generaría $16,4 billones, con una mejora real del 10%. Por otro lado, se prorroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovables.

Entre los proyectos más criticados por la oposición se encontraba el artículo 69, que reducen los territorios geográficos alcanzados por el Régimen de Zona Fría; y el artículo 70, que derogaba tres artículos del Régimen de Asignaciones Familiares eliminando la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del resto de las asignaciones sujetadas a la movilidad previsional, pasando a depender de las decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

Además, en su artículo 75, eliminaba dos leyes sancionadas este año que fueron insistidas por dos tercios del Congreso: la de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Para las universidades nacionales, el Presupuesto prevé recursos por $4,8 billones, que «resultará insuficiente», según un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional. Para la Atención Integral a las Personas con Discapacidad, los aumentos iban a ser determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la ANDIS.

En el artículo 30, se derogan también las disposiciones legales para el aumento paulatino de inversión en Educación Técnico Profesional, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema de Educación Nacional y el Fondo Nacional de la Defensa. También se establece el congelamiento del bono de $70.000 para jubilados, dispuesto en el 2023, aunque se establece un incremento real del 5,7% en jubilaciones.

Fuente: Municipalidad de Salta