El proyecto de Presupuesto 2026, enviado por el gobierno nacional, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, con el respaldo mayoritario de los legisladores, incluidos los siete representantes de Salta. La sesión extraordinaria reflejó la nueva correlación de fuerzas tras las elecciones de octubre, con un apoyo general de los bloques alineados al oficialismo.

En la votación en general sobre el Presupuesto, la totalidad de los diputados salteños apoyó la iniciativa que busca consolidar los lineamientos económicos del gobierno, entre ellos el equilibrio fiscal y la reducción del tamaño del Estado. La delegación provincial está integrada por tres legisladores del bloque Innovación Federal, vinculados al gobernador Gustavo Sáenz, y cuatro de La Libertad Avanza.

Sin embargo, el apoyo uniforme se quebró cuando llegó el momento de votar en particular sobre el artículo 75 del capítulo 11, que proponía la derogación de dos leyes consideradas clave: la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento a las Universidades Nacionales.

Aunque originalmente desde Innovación Federal se había anticipado una postura en contra de esa modificación, terminó siendo el diputado Bernardo Biella el único salteño que votó en contra del intento de eliminar estas normas. Sus colegas tanto de su propio bloque como los de La Libertad Avanza votaron a favor de mantener el artículo dentro del texto presupuestario.

La propuesta de eliminar esas leyes no prosperó: el capítulo que contenía ese artículo fue rechazado por 123 votos contra 117 a favor del oficialismo libertario, lo que constituye una derrota parcial para el gobierno a pesar de la aprobación general del Presupuesto.

Las leyes en cuestión —la de emergencia en discapacidad y la que garantiza el financiamiento de las universidades nacionales— son consideradas pilares para la atención de personas con discapacidad y el sostenimiento de la educación pública. La intención de derogarlas había generado críticas de distintos sectores sociales y políticos por el posible impacto adverso que podría tener sobre estos grupos.

Con la votación en particular resuelta y el Presupuesto aprobado en general, el proyecto ahora será remitido al Senado para continuar con su tratamiento legislativo.

La Cámara de Senadores de la Provincia de Salta dio media sanción a un proyecto de ley que busca agravar las sanciones para quienes se dedican al cobro ilegal por estacionamiento, cuidado o limpieza de vehículos en la vía pública, práctica conocida popularmente como la de los “trapitos”.

La iniciativa propone modificar la Ley de Contravenciones para elevar las penas y dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas más firmes para actuar ante esta conducta que, según los legisladores, genera situaciones de intimidación y molestia para los conductores.

Según lo aprobado en el Senado provincial, las sanciones podrán incluir arresto de hasta 40 días o 40 días multa para quienes realicen estas prácticas, en sustitución de las penas actuales.  
Además, el proyecto contempla que “las penas serán de cumplimiento efectivo cuando se compruebe la existencia de una organización detrás de esta actividad”, lo que busca alcanzar casos en los que haya coordinación o grupos estructurados detrás de estos cobros.

Desde la Legislatura se destacó que el objetivo de la reforma es brindar a las autoridades una respuesta más contundente ante las quejas de vecinos y automovilistas que, en múltiples ocasiones, se han visto forzados a pagar bajo amenaza de daños a sus vehículos o porque sienten vulnerada su seguridad.

El proyecto, que ya recibió el visto bueno de la Cámara alta, fue impulsado con el respaldo de representantes municipales y de diversos sectores que reclamaron un marco legal más firme para frenar estas prácticas en puntos de alta circulación y durante eventos públicos.

Tras la aprobación en el Senado, la iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados de Salta, donde seguirá su tratamiento con el objetivo de convertirse en ley definitiva.

Con esta edición del Neumatón ya son 20 los operativos realizados desde su puesta en marcha: 8 en 2024 y 12 en 2025, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y a mantener una ciudad más limpia y sustentable.

La Municipalidad de Salta, a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible, llevó adelante el último Neumatón del año y presentó un balance altamente positivo del programa. Con esta edición ya son 20 los operativos realizados desde su puesta en marcha: 8 en 2024 y 12 en 2025.

El director general del área, José Piú, destacó la amplia participación de vecinos, empresas y distintas instituciones, entre ellas la Municipalidad de San Lorenzo, la Policía y otros organismos que se sumaron acercando neumáticos en desuso.

“El balance es muy positivo. Ya salió el primer camión con 14 toneladas rumbo a Jujuy para su reciclado y, con esta edición, superamos ampliamente el objetivo que nos habíamos propuesto a principios de año”, señaló.

En total, el programa alcanzó las 1.451 toneladas recolectadas hasta la fecha y se estima que, sumando las últimas cargas de hoy, se superarán las 1.500 toneladas de neumáticos recuperados en las 20 ediciones realizadas. En promedio, cada operativo mensual recolecta entre 45 y 50 toneladas, con un mínimo registrado de 35 toneladas y un máximo de 63.

“El Neumatón no es solo el punto de recepción. Contamos con camionetas del Ministerio de Salud de la Nación que recorren la vía pública y con el apoyo del Ejército, que realiza la recolección en gomerías de la zona. Toda esta coordinación permite dar una respuesta integral y obtener estos números”, sostuvo el funcionario.

Cabe recordar que los neumáticos recolectados reciben una disposición final adecuada y son reciclados para su reutilización en la industria del cemento, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y a mantener una ciudad más limpia y sustentable.

Fuente: Municipalidad de Salta

La Dirección General de Mediación intervino en más de mil expedientes y llevó adelante más de 2 mil audiencias. Del total de casos abordados, la mayoría correspondió a conflictos de índole familiar, seguidos por otras problemáticas comunitarias.

 Municipalidad de Salta presentó el informe estadístico 2025 de la Dirección General de Mediación, que refleja el impacto positivo del servicio en la resolución de conflictos vecinales y familiares. Durante este año, el equipo de mediadores municipales trabajó sobre 1.098 expedientes, llevando adelante 2.352 audiencias y logrando 952 mediaciones cerradas, lo que representa una tasa de cierre del 87%.

Del total de casos abordados, la mayoría correspondió a conflictos de índole familiar, seguidos por otras problemáticas comunitarias. En cuanto al perfil de las personas solicitantes, se registró una mayor participación de mujeres, tanto en el inicio de los procesos de mediación como en la intervención general.

El informe también señala que, en promedio, cada expediente requirió dos audiencias, lo que da cuenta de un abordaje sostenido, con seguimiento y acompañamiento por parte de los mediadores. Asimismo, se destaca la intervención en 801 casos que involucraron a niños y adolescentes, garantizando un tratamiento adecuado y priorizando la protección de derechos.

En relación con situaciones de discapacidad y violencia familiar, intrafamiliar o de género, los registros muestran que estos casos representan un porcentaje menor del total, aunque cuentan con un tratamiento específico y articulado con las áreas correspondientes.

Desde la Municipalidad se invita a los vecinos a acercarse al Centro de Mediación Comunitaria más cercano a su domicilio para resolver sus diferencias de manera pacífica y constructiva.

Para consultas, los vecinos tienen disponible la línea de WhatsApp 3874120342.

Fuente: Municipalidad de Salta

El secretario de Justicia Javier Mónico, mantuvo una reunión con el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, en la que se abordó la situación de las personas privadas de la libertad, las condiciones de las unidades carcelarias y la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas a un trato digno y humano.

Durante la recorrida, el Gobernador destacó que esta infraestructura es clave en el Corredor Bioceánico. Integrará tecnología y el trabajo interdisciplinario de cinco organismos: Rentas, Gendarmería, Seguridad, Aduana y Municipio.

El gobernador Gustavo Sáenz verificó la obra del nuevo puesto de control en Salvador Mazza, emplazado en la zona del antiguo peaje, que registra un 90% de avance y es ejecutada con fondos provinciales. La infraestructura busca modernizar y reforzar la lucha contra el comercio ilegal y contrabando de mercadería.

Durante la visita, el Gobernador destacó la importancia de la obra para reforzar los controles en ruta, especialmente en una provincia como Salta con fronteras internacionales.

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur explicó que esta obra se emplaza en un lugar estratégico, ya que Salta “tiene tres países limítrofes y este es uno de los pasos más importantes de la Argentina”.

Con un recorrido por distintas dependencias, el Secretario de Seguridad verificó los trabajos operativos preventivos que se despliegan en la zona del departamento San Martín. Junto a autoridades del Distrito de Prevención 4 evaluó las tareas investigativas, la labor conjunta de las unidades especiales y las obras en edificios policiales.

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, supervisó el amplio trabajo operativo que se desarrolla en el norte provincial, relacionado al servicio policial y a los controles estratégicos establecidos en prevención de delitos.

Avellaneda, verificó, en el Puesto Policial Urundel, trabajos que se realizan para avanzar con el mejoramiento de la infraestructura del lugar junto al municipio local. Destacó la importancia de los controles vehiculares que continuamente se desarrollan en ese cruce de la ruta 34 y el acceso a esa localidad.

También supervisó los operativos integrales de seguridad que se instalan en esa zona, junto al jefe de la subcomisaría de Urundel,Manuel Aramayo dependiente del Distrito de Prevención 8, en los que participan integrantes de unidades especiales de la Policía.

Dejará para una segunda etapa su reforma más ambiciosa. «Ha sido el pedido de muchos sectores», explicó Patricia Bullrich. «Ahora empieza otro partido», plantearon desde la CGT.

Tampoco en el Senado el Gobierno pudo concretar su estrategia legislativa al pie de la letra: luego de una extensa jornada de expositores informativos en la que se iba garantizar el dictamen mayoritario de reforma laboral, anunció que prorrogará su tratamiento en sesión para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, en el mes de febrero. Su objetivo inicial era obtener una media sanción la próxima semana. Ahora el oficialismo priorizará la aprobación del Presupuesto 2026 e insistiría con el capítulo 11 rechazado en Diputados.

«Vamos a firmar un dictamen abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero«, explicó Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Trabajo del Senado, en medio del Plenario legislativo en conjunto con la Comisión de Presupuesto que trabajaba para apurar el dictamen. «Este ha sido el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley, en vez de discutirla el día 26 de diciembre», agregó la exministra, que explicó que esa fecha se destinaría a la votación del proyecto de Presupuesto 2026 y de Presunción de Inocencia Fiscal sancionadas por la madrugada en Diputados.

Ahora el plan del Gobierno es alcanzar dictamen del proyecto de Presupuesto 2026 este viernes 19 de diciembre a las 10 horas, en una reunión de comisiones. A partir de allí, precisarían aprobar la iniciativa en el Senado en los cinco días hábiles que le restan, considerando que su propuesta original no logró avanzar en Diputados tras la caída de un capítulo completo.

Es por eso que intentarán volverlo a introducir ese capítulo en el debate de la Cámara alta, lo que implica un tratamiento a contrarreloj: de tratarse el 26 de diciembre, Diputados tendría dos días hábiles para dictaminar nuevamente el mismo proyecto y sancionarlo en el recinto, intentando que la sesión no se extienda más allá de la medianoche porque las extraordinarias fueron convocadas hasta el 30 de diciembre. En caso de que no pueda aprobar el proyecto en lo que queda del año, Casa Rosada debería tomar la decisión de prorrogar el Presupuesto 2023 por un período de tiempo más.

Durante la jornada, las negociaciones con el sector dialoguista se tensó por discordancias de la redacción original y por el acuerdo entre libertarios y peronistas en Diputados por la AGN. Antes de terminar de definir la prórroga, Patricia Bullrich incluso hizo una visita de urgencia a Casa Rosada. Horas después, confirmó que se firmaría un dictamen «como criterio de cierta certeza», aunque su borrador final aún no se ha difundido públicamente.

«Es bueno que se prorrogue el debate y que no se cierre tan express como se venía intentando y que se escuche», destacó el senador Mariano Recalde (Fuerza Patria), aunque se lamentó porque «el dictamen no recoge ninguna observación ni ningún planteo, siquiera lo que ustedes consideraron aceptables».

Reforma laboral: marcha de la CGT en simultáneo

La prórroga del tratamiento de la reforma laboral se definió horas después de una marcha de la Confederación General del Trabajo en Plaza de Mayo, que formó parte de un «plan de resistencia programada», según plantearon en la central obrera. Desde ese organismo, también advirtieron por la posibilidad de un paro nacional en caso de que se avance el proyecto sin modificaciones.

Un miembro de la conducción sindical atribuyó la decisión oficialista a «la presión de CGT sobre los senadores, el efecto de la movilización y los errores nos forzados del oficialismo. Además de los cuestionamientos generalizados en la comisión». «Ahora empieza otro partido«, agregaron. Un legislador peronista que también forma parte de la dirigencia gremial explicó en qué momento se rompieron los puentes con Casa Rosada: «Con Guillermo Francos se hablaba bien. Después venía Santiago Caputo y… más o menos. Pero llegaba Sturzenegger y se pudría todo». Su testimonio subraya las tensiones que subsisten dentro de la gestión nacional acerca del tipo de vínculo que deben tener contra el gremialismo nacional.

Desde la conducción sindical, en conjunto con los bloques legislativos justicialistas, insisten con su plan inicial de ocho puntos para la reforma laboral: reducción paulatina de la jornada laboral, recomposición salarial, garantías para trabajadores de plataformas, articulación de convenios colectivos, participación en las ganancias de grandes empresas, derecho a la desconexión digital, creación de comités de salud y seguridad en las compañías y aumento de la licencia parental. Estos últimos dos apartados tuvieron dictamen en 2023, con otro oficialismo nacional.

Fuente: Ámbito

Tras un debate entre Gobierno, provincias, el sector minero y las organizaciones ambientales, se firmó el dictamen y el proyecto pasó a febrero, cuando se prevé su tratamiento en el recinto.

Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado aprobaron este martes el dictamen del proyecto que propone modificaciones a la Ley de Glaciares (Ley 26.639). Tras una jornada de exposiciones, el tratamiento en el recinto quedó previsto para el próximo 10 de febrero, en el marco de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias.

El plenario, presidido por los senadores Flavio Fama (UCR) y Edith Terenzi (Despierta Chubut), se desarrolló en el Salón Arturo Illia y dio continuidad al cuarto intermedio dispuesto en la jornada anterior.

Participaron representantes de organizaciones ambientales, del sector científico, del ámbito empresario minero y los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, quienes cerraron el debate político antes de la firma del dictamen.

Durante el encuentro, las organizaciones ambientales expresaron fuertes objeciones a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió que el proyecto introduce cambios “por vía de la interpretación” que, a su entender, alteran el espíritu original de la ley y el esquema constitucional vigente.

En la misma línea, referentes de Aves Argentinas, Greenpeace y el Círculo de Políticas Ambientales cuestionaron la celeridad del tratamiento y reclamaron mayor participación pública.

Desde el ámbito científico, Pablo Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), defendió el Inventario Nacional de Glaciares, concluido en 2018 y reconocido internacionalmente, al señalar que no presenta errores significativos y que actualmente se encuentra en proceso de actualización. Otros especialistas remarcaron la complejidad de los ecosistemas glaciares y alertaron sobre los riesgos de una eventual flexibilización normativa.

El sector empresario minero, en cambio, respaldó la iniciativa oficial. Alfredo Vitaller, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), sostuvo que el objetivo de la industria es proteger los glaciares en tanto cumplan funciones estratégicas como reservas de agua, y afirmó que la ley vigente presenta imperfecciones que generan incertidumbre jurídica. A su turno, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), destacó la necesidad de una minería responsable para acompañar el crecimiento económico y la transición energética.

Las posiciones más críticas llegaron desde el ámbito jurídico-ambiental. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó el debate como “un proceso exprés nunca visto” y advirtió que el proyecto, de avanzar, podría incrementar la inseguridad jurídica y derivar en nuevos conflictos judiciales.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de los gobernadores de San Juan y Catamarca, por ser los presidentes de la Mesa del Cobre y la Mesa del Litio, respectivamente.

Marcelo Orrego afirmó que su provincia tiene voluntad de proteger los glaciares y el ambiente periglacial cuando constituyan reservas de agua estratégicas, pero remarcó la necesidad de una ley de presupuestos mínimos que permita una aplicación clara y efectiva. Raúl Jalil, en tanto, subrayó la importancia de evaluar integralmente los impactos ambientales, sociales y económicos de la minería, y destacó el crecimiento del empleo formal del sector en Catamarca como un factor clave para el desarrollo y la diversificación productiva.

Con la firma del dictamen, el proyecto quedó formalmente habilitado para su debate en el recinto del Senado el 10 de febrero, fecha en la que se anticipa una discusión intensa en torno al equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo de la actividad minera en la Argentina.

La postura del Gobierno nacional con la ley de Glaciares

El Gobierno nacional defiende la adecuación de la ley de Glaciares como una ley aclaratoria y no regresiva, cuyo objetivo es ordenar su aplicación y reducir la incertidumbre jurídica sin modificar las prohibiciones centrales ni afectar proyectos en marcha. Desde el Ejecutivo lo sintetizan de forma directa: “No es una ley nueva, es una ley aclaratoria para tener una mejor interpretación”, explicaron a Energy Report fuentes oficiales que participaron en la redacción del texto enviado al Congreso, subrayando que la iniciativa responde a reclamos históricos de las provincias cordilleranas.

La Casa Rosada sostiene que la adecuación persigue un doble objetivo estratégico: garantizar la protección efectiva del agua y respetar el federalismo consagrado en la Constitución Nacional. “El objetivo de la ley es garantizar un ambiente sano y respetar la autonomía federal, y como sostuvo la Corte Suprema, también respetar el federalismo de concertación”, remarcan desde el Ejecutivo.

En ese marco, el proyecto se apoya explícitamente en los artículos 41 y 124 de la Constitución. “Respetar la autonomía provincial no es un capricho, es un mandato constitucional”, afirman, al tiempo que rechazan de plano las interpretaciones que hablan de una flexibilización ambiental.

Desde el Gobierno también buscan despejar dudas sobre el impacto de la iniciativa en las inversiones y el marco regulatorio vigente. “El proyecto no desprotege el ambiente, aclara los alcances y responde a un mandato constitucional”, enfatizan.

Además, aseguran que la adecuación no tendrá efectos retroactivos: “Si se aprueba la ley, no se modifican los RIGI aprobados ni las Declaraciones de Impacto Ambiental ya aprobadas”, ni genera implicancias sobre el Acuerdo de Escazú. Para el oficialismo, la reforma no implica un retroceso ambiental, sino una corrección necesaria para brindar reglas claras, previsibilidad jurídica y desarrollo sostenible en un sector clave para la economía argentina.

Ley de Glaciares: repaso artículo por artículo de los principales cambios

Artículo 1°: nuevo objeto de la ley de Glaciares

El proyecto sustituye el artículo 1° de la ley de Glaciares y redefine su objeto. Se mantiene el principio central de la norma: la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.

La novedad es que el texto incorpora una interpretación explícita en consonancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional, reconociendo la utilización racional de los recursos naturales por parte de las provincias, titulares originarias de los mismos según el artículo 124 de la Constitución. De este modo, el proyecto busca equilibrar protección ambiental y competencias jurisdiccionales.

Artículo 2°: redefinición del Inventario Nacional de Glaciares

Se sustituye el artículo 3° y se refuerza el rol del Inventario Nacional de Glaciares como herramienta central de la ley de Glaciares. El Inventario deberá identificar únicamente aquellos glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas.

El proyecto aclara que el Inventario será de consulta obligatoria, pero sin afectar las atribuciones que la ley otorga a las autoridades competentes en materia ambiental. Este punto es clave, ya que introduce una mirada más funcional y menos automática sobre qué formaciones quedan alcanzadas por la norma.

Artículo 3°: incorporación del principio precautorio (artículo 3° bis)

La iniciativa incorpora un nuevo artículo 3° bis que formaliza la aplicación del principio precautorio. Mientras una geoforma esté incluida en el Inventario Nacional de Glaciares, se presume protegida por la ley de Glaciares.

Sin embargo, el proyecto introduce un cambio relevante: si la autoridad ambiental competente verifica que un glaciar o geoforma periglacial no cumple funciones hídricas, deja de estar alcanzado por las previsiones específicas de la ley, sin perjuicio de la protección general que otorgue la Ley General del Ambiente.

Este punto, anticipado por Energy Report, es uno de los ejes centrales de la adecuación normativa.

Artículo 4°: nuevo esquema para la realización del Inventario

Se sustituye el artículo 5° y se ratifica al IANIGLA como organismo responsable del inventario y monitoreo de glaciares, en coordinación con la autoridad nacional de aplicación.

El texto refuerza la participación de las provincias: si una autoridad local detecta un glaciar o ambiente periglacial con funciones hídricas que no esté inventariado, debe informarlo para su incorporación. Del mismo modo, si se comprueba que una geoforma ya inventariada no cumple esas funciones, el IANIGLA deberá eliminarla del Inventario.

Un punto relevante es que la omisión de actualización del Inventario no invalida autorizaciones ambientales provinciales, lo que introduce mayor seguridad jurídica para proyectos evaluados bajo este esquema.

Artículo 5°: actividades prohibidas

El proyecto sustituye el artículo 6° de la ley de Glaciares y mantiene sin cambios de fondo las prohibiciones. Siguen vedadas las actividades que alteren de modo relevante la condición natural de glaciares y ambientes periglaciales, incluyendo:

• La liberación de contaminantes.

• Obras de infraestructura (salvo excepciones científicas).

• La exploración y explotación minera e hidrocarburífera.

• El desarrollo de actividades industriales.

La diferencia central es que ahora será la autoridad ambiental competente la que determine, mediante evaluación de impacto ambiental, qué actividades generan una alteración relevante.

Artículo 6°: evaluación de impacto ambiental

Se reemplaza el artículo 7° y se reafirma la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa para cualquier actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial.

El proyecto introduce con mayor claridad la posibilidad de realizar evaluaciones ambientales estratégicas cuando la escala del proyecto lo amerite y garantiza instancias de participación ciudadana, conforme a la Ley General del Ambiente.

Se mantienen las excepciones para actividades de rescate, científicas de bajo impacto y prácticas deportivas no motorizadas.

Artículo 7°: autoridades competentes

El nuevo artículo 8° redefine el esquema de autoridades. Cada jurisdicción determinará su autoridad ambiental competente, mientras que en áreas protegidas nacionales la responsabilidad recaerá en la Administración de Parques Nacionales.

Las provincias tendrán a su cargo identificar qué glaciares y ambientes periglaciales cumplen funciones hídricas y compartir esa información con el IANIGLA para la actualización del Inventario Nacional.

Fuente: Ámbito

El Presidente encabezó la ceremonia de egreso conjunto de las Fuerzas Armadas y destacó el rol fundamental del poderío militar para el país.

El presidente Javier Milei encabezó este jueves la ceremonia de egreso conjunto de las Fuerzas Armadas, donde hizo hincapié en la necesidad de invertir y reforzar el poderío militar argentino.

En ese sentido, el Presidente consideró que la misión del Gobierno es «más clara que nunca«: «Tenemos el deber de recomponer el crecimiento económico y también utilizarlo para restituir y aumentar la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas, porque sin ellas y sin ustedes no podremos garantizar la continuidad de ese crecimiento, que no es otra cosa que el bienestar de todos los argentinos», remarcó.

Sobre este punto, enfatizó que «un país sólo puede ser soberano cuando construye riqueza y tiene las posibilidades de defender su riqueza» y apuntó contra administraciones anteriores, al señalar que «se dedicaron a demonizar a las Fuerzas Armadas y a desfinanciarlas».

«Intentaron fracturar la relación entre la sociedad civil y las fuerzas encargadas de defenderla», condenó Milei aunque destacó que «nunca lograron destruir el lazo inquebrantable que existe entre los argentinos y sus Fuerzas Armadas«.

En contraposición, el mandatario aseguró que desde su administración van a hacer «todo lo que esté en su poder para apoyarlos» y cerró: «Les propongo, como mensaje final, un retorno al orden más elemental: de hoy en adelante, ustedes se dedican a defender el país y nuestro gobierno se va a dedicar a defenderlos a ustedes«, dijo para concluir su breve discurso.

Javier Milei conmemoró a los dos soldados fallecidos esta semana

Antes de abrir su intervención, el Jefe de Estado mencionó el fallecimiento de los dos soldados que murieron en los últimos días, uno en la Quinta de Olivos y otro en un cuartel de Corrientes. «Quiero conmemorar a los dos integrantes del Ejército y de Gendarmería que fallecieron esta semana. Merecen nuestra eterna gratitud», expresó el Presidente, quien a su vez envió sus condolencias a las familias.

El martes pasado, un joven soldado de 21 años fue encontrado en uno de los puestos internos de la Quinta de Olivos mientras se realizaba tareas de seguridad en la residencia presidencial. Si bien se barajan distintas hipótesis, la principal apuntaría a que el soldado se habría quitado la vida. El joven era de Misiones y formaba parte del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo.

En paralelo, el miércoles un suboficial principal del Ejército fue hallado muerto dentro de un cuartel ubicado en la provincia de Corrientes. En este caso, se trató de Juan Pereira, de cerca de 50 años y con más de 28 años de servicio, cuyo cuerpo fue hallado durante la madrugada en instalaciones de la Guarnición de Ejército Monte Caseros.

Fuente: Ámbito