El Ministro del Interior se refirió a los pasos a seguir que evalúa el Poder Ejecutivo luego de la caída del capítulo XI en Diputados. Según dijo, la meta del oficialismo es tener Presupuesto con déficit cero.
Mientras el Senado se prepara para el debate del Presupuesto 2026 que tendrá lugar este viernes, en el Gobierno debaten posibles pasos a seguir en caso de quedarse sin margen para derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. En ese sentido, el ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó que si no se logra modificar el texto implementarán un ajuste para cumplir con el déficit cero. En paralelo, la Justicia ordenó aplicar la norma sobre el gasto de universidades para recomponer salarios docentes y becas estudiantiles.
Luego del rechazo en Diputados del capítulo XI, que contemplaba la derogación de ambas iniciativas cuestionadas por el oficialismo, y previendo la aprobación de la ley de leyes tal como llegó desde la Cámara baja, el funcionario nacional advirtió que en caso de que no se logre “corregir” habrá que “empezar a ajustar de otras partidas”.
“Presupuesto tenemos que tener”, remarcó e insistió: “Nos merecemos tener una hoja de ruta, una manera de expresar una visión, un camino, un presupuesto cuyo 85% está en jubilaciones, gasto social, salud, educación y discapacidad”, subrayó.
“Los argentinos deberíamos bregar por tener Presupuesto y creo que la mayoría de los gobernadores y senadores están en la misma dirección”, confió Santilli. En ese plano, tal como contó Ámbito, el Ejecutivo puso en marcha una estrategia para convencer a los legisladores nacionales que responden a los mandatarios provinciales con el fin de reunir los votos que le permitan tener la sanción definitiva.
En diálogo con “Pan y Circo”, el programa que se emite por Radio Rivadavia, el Ministro del Interior destacó que Salud, Educación y Discapacidad conllevan “aumentos por encima de la inflación sustancialmente”. Y apuntó contra las leyes las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario aprobadas por el Congreso: “Configuran un exceso de norma”.
“Cuando vos mirás el marco regulatorio que generan las pensiones por discapacidad, si lo tomás al extremo son 1.600.000 nuevas pensiones por discapacidad. Estas son las cosas que hay que corregir”, puntualizó. Sobre qué hacer respecto a esas dos leyes que hasta ahora el Gobierno no pudo frenar, admitió que “la discusión (al interior del oficialismo) está entre derogación y corrección”.
“Ahí tenés un debate. Pero para nosotros, si eso no camina, lo que tenés que hacer es empezar a ajustar de otras partidas”, apuntó y amplió: “Si eso no prospera (hay que) trabajar para tener un camino de diálogo y de corrección en esa materia”.
Revés para el Gobierno por el financiamiento universitario: otorgan cautelar para actualizar salarios docentes
La Justicia Federal otorgó una cautelar para actualizar salarios docentes y becas estudiantiles en las universidades nacionales, luego de un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional que cuestionó la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario dispuesta por el Poder Ejecutivo y advirtió un impacto directo sobre el funcionamiento del sistema y el derecho a la educación.
El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que se cumplan los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Esos artículos establecen la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, así como la actualización del monto de las becas estudiantiles, en función del índice inflacionario.
La resolución judicial llega en un contexto de fuerte tensión entre el sistema universitario y el Poder Ejecutivo. Tras la sanción de la ley, el Gobierno dispuso su suspensión mediante el Decreto 795/2025, al sostener que la norma no autorizaba ni preveía de manera expresa los gastos necesarios para garantizar el financiamiento universitario. Esa decisión dejó sin efecto, en la práctica, los mecanismos de actualización salarial y de becas previstos por la ley.
Ante ese escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional inició a fines de octubre de 2025 un proceso colectivo con un doble objetivo: solicitar la declaración de inconstitucionalidad del decreto y exigir el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario. El planteo puso el foco en los artículos 5 y 6, al considerar que la falta de actualización salarial y de becas profundizaba la pérdida del poder adquisitivo y comprometía el normal funcionamiento de las universidades.
En su presentación, los actores alegaron una afectación colectiva y urgente. Argumentaron que el incumplimiento de la ley no solo impactaba en los ingresos de docentes y no docentes y en el acceso de los estudiantes a las becas, sino que también lesionaba derechos constitucionales vinculados a la educación y a la autonomía institucional de las universidades nacionales.
Al resolver, el juez Martín Cormick dispuso: “Admitir la cautelar solicitada por la actora declarando inaplicable a su respecto, lo dispuesto en el decreto 795/2023 aquí impugnado en cuanto dispone al promulgar la ley 27.795 que por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la ley 24.629, quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el H. CONGRESO DE LA NACION, determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere’”.
Fuente: Ámbito
