El Gobierno envió al Senado el proyecto que se debatirá en sesiones extraordinarias. Las reuniones semanales con la CGT y el objetivo del Gobierno para fomentar el trabajo registrado.
El presidente Javier Milei firmó finalmente la reforma laboral este jueves y comenzó así el proceso legislativo de la norma que plantea varios cambios en el sistema actual y le quita poder a los sindicatos, además de crear distintos regímenes para fomentar el blanqueo de los trabajadores.
De acuerdo con lo que explicaron a Infobae las principales autoridades nacionales que participaron de la elaboración de esta iniciativa, el texto buscó dar respuestas a cuatro desafíos fundamentales: cómo crear empleo; cómo aumentar los salarios; cómo reducir los litigios para terminar con la “industria del juicio”, y cómo lograr una baja de impuestos que derive en un incremento de la productividad.
Para esto, los funcionarios se plantearon como objetivo para el diseño de los artículos la formulación de leyes para “incentivar a que las empresas salgan a contratar”, partiendo de la base de que el sector privado no muestra mejoras en la Argentina desde hace más de 10 años.
Según sus cálculos, de la masa total de personas en actividad que existe en el país, cerca del 50% tiene menos de 35 años y se encuentra en la informalidad, por lo que el Gobierno considera que el esquema actual perjudica, principalmente, a los trabajadores.
Por esa razón, en el Poder Ejecutivo destacan que la reforma introduce cambios tanto en el plano de los contratos y convenios colectivos, como en la Justicia, en las cargas patronales y en las inversiones.
Uno de los mecanismos que se crea con esta propuesta es, por ejemplo, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual está destinado a cubrir los costos de las indemnizaciones en casos de despido.
“Esto beneficia mayormente a las PyMEs, que muchas veces tienen tres o cuatro empleados y cuando tienen que echar a uno, no pueden pagarlo y van a la quiebra. Terminan perdiendo todos”, explicó una de las personas que planificó esta nueva herramienta.
Según el proyecto, este pozo estará compuesto de “una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo” de los aportes patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Ese dinero será recaudado por cada empresa y administrado por “una entidad habilitada” que tenga autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV), pero todavía no está definido cómo lo invertirán esos organismos.
“Cuando se apruebe la reforma, luego en la reglamentación se detallarán las reglas específicas, pero la idea es que la plata que se aporta mensualmente quede en un fondo que genere intereses, para evitar que se vaya devaluando. Habrá algunas limitaciones, por supuesto. Una de ellas va a ser que estos fondos no puedan invertir en ellos mismos, pero todo lo va a explicitar el Banco Central. Lo primero que hay que destacar es que esto tiene costo cero tanto para el empleador como para el empleado”, remarcaron desde el Gobierno.
Por otra parte, hay varios puntos que le quitan poder a los sindicatos o transparentan el sistema, como un ítem que se agregará en los recibos de sueldo para detallar, no solo cuanto se le saca al trabajador para financiar los gremios, sino también cuánto destina la empresa.
Mientras el Consejo de Mayo estaba elaborando el texto, en la secretaría de Trabajo Julio Cordero recibía semanalmente a representantes de la CGT para debatir junto a ellos algunos de estos aspectos.
De esos encuentros solían participar también el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.
“En algunos casos nos poníamos de acuerdo, en otros, también por posicionamientos políticos, ellos planteaban que no estaban conformes con alguna parte en particular y no hubo consenso, pero son cambios que hay que hacer”, señaló una fuente del Ejecutivo al tanto de esas reuniones.
Si bien no se avanzó con la modificación de las cuotas solidarias, que representan uno de los principales ingresos de los gremios, el proyecto final sí establece que las empresas ya no estarán obligadas a ser agente de retención de los pagos mensuales de afiliación.
A partir de ahora, esto será opcional y “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”, aunque tampoco está claro cómo se va a implementar en caso de que la ley sea sancionada.
“Los sindicatos van a tener que hacer su propio sistema de recaudación, pero no vemos que sea un problema. Hoy en día, existen mil formas de cobrarle a un afiliado, hay un montón de mecanismos digitales, incluso, no necesitás ir puerta por puerta”, sostuvieron las autoridades nacionales.
Por último, en cuanto al sistema judicial se plantearon distintos ejes: por un lado, se agregó un artículo para reforzar el traspaso de los fueros laborales de la Nación al ámbito de la ciudad de Buenos Aires y, por el otro, se precisaron algunas pautas para que no haya más “grises”.
Por caso, el texto aclara que el aguinaldo no forma parte del cálculo para las indemnizaciones en caso de despido, algo que muchas veces generó controversia por las diferentes interpretaciones en los juicios.
Para esto, los funcionarios consultaron al ex juez laboral Guillermo Comadira, quien defendió la decisión de no incluir ese sueldo complementario en el cálculo, “siguiendo la norma mayoritaria en el país”.
“Antes, había jurisprudencia contradictoria, porque mientras en algunos lugares, como en la provincia de Buenos Aires, tenías juzgados que consideraban que se tenía que tomar en cuenta para el monto final, en otros, como en la ciudad, se rechazaba. Ahora no hay más lugar a interpretaciones”, remarcaron quienes redactaron el artículo.
Para el Poder Ejecutivo, la reforma, si es aprobada por el Congreso, va a generar un incremento de la formalización en el sector privado, lo cual, a su vez, traerá más recaudación para el Estado y un sistema más eficiente. Esto permitiría avanzar con los cambios en el régimen previsional.
Sin embargo, en la cúpula libertaria no tienen un estimado del efecto que esta medida podría traer: “No queremos plantear ante la sociedad una cifra que después no se cumpla, queremos ser cautelosos. De lo que sí estamos convencidos es de que esto va a hacer que el sector privado prefiera registrar a su personal”, auguraron.
Fuente: Infobae
