La autoridad monetaria volvió a cerrar la rueda con saldo comprador en el mercado de cambios y sostuvo la racha positiva de enero. El aumento de las reservas se dio en un contexto de pagos de deuda y obtención de financiamiento externo mediante una operación de Repo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró otros USD 62 millones en el mercado de cambios este jueves, con lo que ya acumula un total de USD 175 millones adquiridos desde que comenzó el año.

En tanto, las reservas brutas alcanzaron los USD 44.781 millones, el mayor nivel registrado durante la actual gestión y el valor más alto en los últimos tres años.

La semana en la que se realizaron estas adquisiciones también estuvo marcada por la concreción de un acuerdo de financiamiento en el exterior con un grupo de bancos internacionales. En ese marco, el BCRA acordó una operación de Repo por USD 3.000 millones pactada a un plazo de 372 días con una tasa de interés equivalente a la SOFR más un spread de aproximadamente 400 puntos básicos. Este crédito, garantizado con títulos públicos, busca reforzar el balance de divisas de la autoridad monetaria de cara a los vencimientos de deuda programados para los próximos días.

De hecho, la operación se dio en la antesala del pago de vencimientos de deuda que deberían ser cancelados este viernes por el Gobierno argentino. El cronograma de compromisos incluye pagos por USD 4.216 millones, lo que había generado incertidumbre respecto de la disponibilidad de divisas suficientes para afrontarlos sin recurrir a las reservas. En ese contexto, el acceso a financiamiento externo mediante el mercado de repos constituye una herramienta adicional para administrar la liquidez en moneda extranjera.

La acumulación de reservas

Según los datos oficiales del BCRA, la suba de reservas brutas, que ya se acerca a los USD 45.000 millones, se da en paralelo con el nuevo esquema de bandas cambiarias que se actualiza de manera periódica con la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Bajo ese régimen, la entidad monetaria puede comprar divisas siempre que la oferta supere la demanda, sin que estas operaciones alteren de manera significativa el equilibrio del mercado cambiario.

La acumulación de divisas contrasta con los meses previos en los que la intervención había sido más limitada. Operadores del mercado señalaron que el BCRA estuvo activo en las ruedas donde se observó un predominio de oferta de dólares, lo que facilitó las compras sin presionar sobre el tipo de cambio oficial. Además del volumen comprado, la persistencia de esta estrategia en los primeros días de 2025 indica una continuidad en la política cambiaria implementada por la entidad.

Mientras tanto, en el mercado cambiario local, el tipo de cambio mayorista continuó operando dentro de la banda establecida por el BCRA, con variaciones moderadas en el precio de la divisa. La estabilidad de la cotización en el segmento oficial contribuyó a que la entidad monetaria pudiera sostener sus compras de dólares sin presionar los límites de intervención diaria que rigen en el mercado.

Analistas del segmento cambiario observaron que el incremento de las reservas brutas no necesariamente se traduce en un aumento equivalente de las reservas netas medidas según criterios del Fondo Monetario Internacional (FMI). La diferencia entre ambas cifras radica en la consideración de pasivos y otros compromisos que el Central mantiene, incluidos swaps y otras operaciones internacionales, lo que implica que la liquidez disponible a efectos de pago de obligaciones puede ser distinta al monto bruto de activos en moneda extranjera.

No obstante, el avance en la acumulación de tenencias brutas se percibe como un paso hacia adelante respecto al contexto de finales de 2025, cuando las reservas se encontraban en niveles menores y había dudas sobre la capacidad de sostenerlas ante pagos de deuda significativos. El impacto de los flujos de ingreso de dólares y de las operaciones externas puede verse reflejado en la evolución de los activos internacionales del BCRA en las próximas semanas, especialmente si se concretan nuevas rondas de compras bajo el esquema actual.

En síntesis, la compra de USD 62 millones de hoy se suma a un conjunto de intervenciones que colocan al Banco Central en una senda de acumulación. La combinación de compras en el mercado de cambios, el financiamiento externo y la gestión de vencimientos de deuda configuran un marco operativo que en los primeros días del año ha producido un nuevo récord en el nivel de reservas.

Fuente: Infobae

La posibilidad de una mayor oferta de crudo presiona sobre los precios internacionales y eleva la competencia por el financiamiento en una industria intensiva en capital.

El año no comenzó de la mejor manera para las empresas energéticas argentinas. El sábado por la mañana se conoció la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la decisión del presidente Donald Trump de avanzar en la comercialización del petróleo de ese país. La noticia provocó una caída cercana al 7% en las acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street, entre ellas YPF, Vista, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Si bien este jueves esos papeles operan en terreno positivo, como un efecto rebote tras las fuertes bajas, el panorama para el sector sigue siendo incierto. El anuncio de que Estados Unidos buscará incrementar la oferta petrolera venezolana podría afectar a las compañías locales por dos vías: una mayor presión a la baja sobre el precio internacional del crudo y un aumento de la competencia por el capital, en una industria que depende fuertemente del financiamiento.

Según especialistas del sector, para que Venezuela logre incrementar su producción en un 50% —desde el actual nivel de 1 millón de barriles diarios— se necesitarían al menos tres años y una inversión mínima de US$15.000 millones. Aun así, la decisión de Trump refuerza su objetivo explícito de reducir el precio del petróleo.

El presidente estadounidense ya había dejado en claro esa intención durante su discurso de asunción, cuando pronunció la frase “Drill, baby, drill” (“perforá, nene, perforá”), en alusión al eslogan de campaña del Partido Republicano.

“La política de Trump apunta a bajar los precios del petróleo inyectando más volumen en el mercado. Eso introduce un factor adicional de incertidumbre en la ecuación del precio del crudo”, explicó un empresario del sector con conocimiento directo del mercado petrolero venezolano.

En los próximos tres años, Venezuela podría llevar su producción a 1,5 millones de barriles diarios. La industria petrolera argentina tiene una meta similar: pasar de los actuales 850.000 barriles diarios a 1,5 millones hacia 2030. Sin embargo, la combinación de un precio del petróleo significativamente más bajo —que pasó de US$110 por barril en 2022 a alrededor de US$60 en la actualidad— y los elevados costos de financiamiento podría ralentizar las inversiones y demorar esos objetivos.

Este escenario ya se refleja en el desempeño bursátil de las empresas locales. La acción de YPF en Nueva York cayó 6,5% en la última semana, al pasar de US$36,10 a US$33,86. En términos de valuación, la petrolera perdió cerca de US$800 millones, de US$14.187 millones a US$13.306 millones.

Las acciones de Vista, la empresa fundada por Miguel Galuccio, retrocedieron 7,74% en el mismo período, de US$48,58 a US$44,82. Pampa Energía, controlada por la familia Mindlin, registró una baja del 5%, desde US$87,88 hasta US$83,53.

A nivel global, la producción de petróleo y líquidos ronda los 109 millones de barriles diarios. La Argentina aporta apenas el 0,8% de esa oferta. Estados Unidos lidera el ranking con 13,9 millones de barriles por día, seguido por Rusia y Arabia Saudita, ambos con 8,9 millones. Completan el grupo de mayores productores Canadá y China.

La mayor parte del petróleo estadounidense, al igual que el de Vaca Muerta, es un crudo liviano conocido como Medanito. En cambio, el petróleo de Venezuela —al igual que el de Rusia o el que se produce en el Golfo San Jorge— es más pesado.

En los últimos años, las empresas refinadoras argentinas realizaron fuertes inversiones para adaptar sus plantas al procesamiento del crudo liviano de Vaca Muerta, que ya representa más del 60% de la producción total del país.

Para este año, las proyecciones más pesimistas estiman que el Brent podría promediar los US$55 por barril, mientras que los escenarios más optimistas lo ubican cerca de los US$60.

“Venezuela, con las mayores reservas de crudo pesado del mundo, podría recapitalizar su industria, profesionalizar PDVSA y aumentar significativamente su producción y exportaciones. Cuando el chavismo llegó al poder producía 2,8 millones de barriles diarios; hoy produce alrededor de 1 millón. Si Venezuela logra aumentar su producción y vender sin restricciones, eso va a incidir en la tendencia bajista de precios que anticipan los mercados de futuros”, dijo el exsecretario de Energía Daniel Montamat.

“Pero todo dependerá de la evolución política del país. Si hay una transición ordenada con influencia de Estados Unidos, el proceso de apertura y recapitalización de la industria petrolera venezolana puede acelerarse. Si el escenario político se complica, una mayor oferta de crudo se demorará. La Argentina es tomadora de precios y debe concentrarse en reducir costos y mejorar la productividad para sostener su competitividad y el desarrollo intensivo de sus recursos”, concluyó.

Fuente: LN+

Debido a las intensas lluvias registradas durante la tarde de hoy, funcionarios y equipos de distintas áreas de la Municipalidad de San José de los Cerrillos desplegaron recorridos preventivos y operativos de control en distintos barrios del municipio para evaluar los daños ocasionados y brindar asistencia inmediata.

Uno de los sectores más afectados fue la zona de Ruta 26. En los barrios Santa Rita I, II y III se registró anegamiento de calles como consecuencia de la gran cantidad de agua que cayó en un corto período de tiempo, situación que fue normalizándose con el correr de las horas. En el barrio Los Paraísos se produjo una situación similar, con el ingreso de agua a una vivienda, donde se brindó asistencia directa a la familia damnificada.

Asimismo, en los barrios Los Pinares y Las Palmas (Ruta 21) se registró la caída de ramas y árboles, siendo el personal de Servicios Públicos quien realizó de manera inmediata el despeje de calles para garantizar la circulación y la seguridad de los vecinos.

Por su parte, el personal de Tránsito Municipal acompañó a la Policía de la Provincia en la implementación de retenes de circulación sobre las rutas 68 y 23, debido a cortes parciales provocados por la presencia de agua en la calzada.

Por último en el resto de las zonas del municipio se realizaron monitoreos permanentes, sin que hasta el momento se hayan reportado inconvenientes.

Desde la Municipalidad continuamos con guardias activas y monitoreo permanente ante la contingencia climática.

Fuente: Municipalidad de Cerrillos

El ministro Ignacio Jarsún recibió al secretario General de ASIJEMIN, Marcelo Mena, a los fines de trazar ejes de trabajo comunes para la actividad.

Con el objetivo de avanzar hacia una provincia más integrada, el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, se reunió con el secretario General de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera en Argentina (ASIJEMIN), Marcelo Mena. 

Durante el encuentro, dialogaron sobre la importancia de actualizar la legislación vigente, integrar a todas las comunidades y analizar los requerimientos actuales para el desarrollo del cobre, la plata y el oro. Asimismo, coincidieron en potenciar la formación profesional a través de la conjunción empresas, sindicatos y Gobierno provincial. 
 

La Secretaría de Justicia y el Ministerio Público Fiscal firmaron un convenio que tiene como eje central garantizar una atención integral y oportuna a las víctimas, priorizando su contención psicológica, el asesoramiento jurídico adecuado y el acceso efectivo a los servicios del Estado desde los primeros momentos posteriores al hecho delictivo.

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y Justicia  firmó hoy un convenio de colaboración con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento integral, la protección y el respeto de los derechos de las víctimas de delitos graves y de sus familiares. El acuerdo fue suscripto por el secretario de Justicia, Javier Mónico, y el procurador general de la Provincia, Pedro Oscar García Castiella.

El convenio tiene como eje central garantizar una atención integral y oportuna a las víctimas, priorizando su contención psicológica, el asesoramiento jurídico adecuado y el acceso efectivo a los servicios del Estado desde los primeros momentos posteriores al hecho delictivo. Asimismo, se busca reducir los efectos traumáticos derivados del delito, mediante un abordaje respetuoso de la dignidad, la intimidad y las necesidades particulares de cada persona afectada.

En ese marco, se formaliza la articulación institucional entre la Secretaría de Justicia, a través del programa de Orientación y Asistencia a las Víctimas y Familiares de Víctimas de Delitos Graves, y el Ministerio Público Fiscal, estableciendo canales de comunicación y derivación que permitan un acompañamiento continuo, sin interferir en el proceso penal y respetando en todo momento el consentimiento de la víctima y la confidencialidad de la información.

El acuerdo prevé además la coordinación de acciones para facilitar el acceso a la Justicia, garantizar una tutela judicial efectiva y asegurar que las víctimas cuenten con información clara sobre sus derechos y los recursos disponibles, promoviendo un rol activo del Estado en su protección y asistencia.

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, con renovación automática, y se inscribe en las políticas públicas provinciales orientadas a consolidar un sistema de atención centrado en la víctima, con una intervención articulada, respetuosa y sostenida por parte de los organismos del Estado.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

El fin del impuesto PAIS y la reducción de retenciones explican gran parte de la caída de la carga impositiva, que se ubicó en su nivel más bajo desde 2006; el desafío ahora es sostener el equilibrio fiscal y avanzar en nuevas reducciones en 2026.

El Gobierno logró en 2025 sostener el superávit fiscal por segundo año consecutivo, con una particularidad relevante: la presión tributaria nacional fue la más baja de los últimos 19 años, según estimaciones privadas.

Ese alivio, sin embargo, no fue homogéneo entre todos los tributos y exigió un mayor esfuerzo del equipo económico para reducir el gasto, incluso mediante el diferimiento de algunos pagos, un aspecto que se conocerá con mayor detalle cuando el Tesoro publique el resultado fiscal de diciembre.

Durante 2025, el fisco recaudó por impuestos $183 billones (US$145.000 millones), lo que representó un aumento nominal de 39,4% respecto de 2024. No obstante, en términos reales —con una inflación promedio anual de 41,8%, según la consultora Outlier—, la recaudación mostró una caída de 1,7%.

“La presión tributaria nacional se ubicó en 21,9% del PBI nominal, con un descenso de 1,2 puntos porcentuales (p.p.) frente a 2024, convirtiéndose en la más baja desde 2006”, señaló Outlier.

Ya sea por decisión propia o forzado por las urgencias del contexto, el equipo económico redujo impuestos de manera significativa en dos momentos clave. Por un lado, con la eliminación del impuesto PAIS —que representaba 1,1% del PBI y gravaba la compra de dólares— y, por otro, con la quita transitoria de las retenciones al agro en agosto, en plena crisis cambiaria desatada tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Según Outlier, en el acumulado del año la recaudación por derechos de exportación se contrajo cerca de 16% en términos reales. Esto incluye la baja permanente de algunas alícuotas a fin de año. Como resultado, la presión tributaria asociada a las retenciones se ubicó en 0,9% del PBI, con una baja de 0,2 p.p. respecto de 2024.

Un tercer factor que contribuyó a la menor presión tributaria fue la ausencia de ingresos impositivos extraordinarios, como los provenientes de blanqueos de capitales o moratorias.

“Entre estos tres factores se explica una caída de la presión tributaria nacional de 1,3 p.p., superior a la que finalmente se registró (-1,2 p.p.). Esto implica que el resto de los tributos mostró aumentos de presión que amortiguaron parcialmente la baja”, explicó Outlier.

Entre los impuestos que incrementaron su peso relativo, pese a la reducción agregada, se destacan los aportes a la Seguridad Social (+0,4 p.p.) y los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (+0,15 p.p.), aplicados sobre la venta de nafta y gasoil. Ambos representaron el 5,5% y el 0,6% del PBI, respectivamente.

Los aranceles a las importaciones (0,8% del PBI) y el impuesto al cheque (1,7%) completan el grupo de tributos que registraron aumentos de presión tributaria. En estos casos, sin embargo, la suba respondió a un mayor dinamismo de las bases imponibles en relación con el crecimiento del PBI, indicó la consultora.

La situación fue inversa para el IVA (7,3% del PBI) y el impuesto a las Ganancias (4,4%), dos de los tres tributos más relevantes en términos de recaudación. Ambos mostraron una reducción de su presión específica como consecuencia de un desempeño de la actividad económica inferior al del PBI.

“Este comportamiento de los ingresos tributarios implicó desafíos adicionales para el frente fiscal, especialmente en el último tramo del año. Para que la presión tributaria continúe bajando en 2026 será necesario avanzar en reducciones explícitas adicionales, permanentes o transitorias, aunque el sostenimiento del equilibrio fiscal aparece como una clara restricción en tanto no se logren mayores recortes permanentes del gasto primario”, advirtió Outlier.

“Para ello serán cada vez más necesarias reformas estructurales. Esto cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que, de convertirse en ley el proyecto de reforma laboral, se produciría una pérdida de recursos para la seguridad social vía el fondo de cese, lo que afectaría negativamente la dinámica de la recaudación tributaria”, agregó.

El economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), coincidió en que una mayor baja de la presión tributaria requiere continuar reduciendo el peso relativo del gasto público. “El desafío de bajar impuestos es compartido por los tres niveles de gobierno. Para eso es necesario coordinar una dinámica de gasto público real que permita que el peso del gasto consolidado en la economía siga disminuyendo”, sostuvo.

Por su parte, la consultora LCG señaló que, una vez agotado el efecto de la eliminación del impuesto PAIS y la reducción de alícuotas de Bienes Personales que impactaron en 2025, para 2026 proyecta una recaudación tributaria de $242 billones, lo que implicaría una caída real anual de 0,5%.

Fuente : LN+

 

“Si el Gobierno no complicaba a Diputados con la derogación de leyes de universidades y discapacidad en el Presupuesto 2026, los votos estaban en el Senado”, aseguró a Infobae un dialoguista que siguió de cerca las negociaciones. Algunos oficialistas sugieren acelerar y no perder chances.

Ni el vertiginoso año pasado, ni un Congreso de receso y con guardias mínimas calman las ansiedades ya extremas relacionadas con la reforma laboral, sobre la que se aguardan definiciones concretas para finales del corriente mes o inicios de febrero, en el escenario más optimista. Mientras casi todo el mundo mira hacia Venezuela, la propuesta de modificaciones a la regulación del trabajo en la Argentina tuvo, ante los primeros movimientos de la oposición para bloquearla, a aliados que piden a la Casa Rosada no repetir los errores de diciembre último, los cuales significaron un freno repentino de la misma, pese a haber obtenido dictamen en la Cámara alta.

“Si el Gobierno no complicaba a Diputados con la derogación de leyes sobre universidades y discapacidad que incluyó en el Presupuesto 2026, los votos de reforma laboral estaban en el Senado”, aseguró a Infobae un dialoguista que siguió de cerca las negociaciones. En esa línea, agregó: “Por eso no sorprendió lo que ocurrió luego con las normas que sí se sancionaron. Recuerdo en la sesión del 26 -de diciembre- que, salvo por los que relataban escenarios ficticios, el resto ya sabía ocho horas antes que había un piso de 40 votos. Y fueron varios más. ¿Sabe por qué? Porque el Ejecutivo dio muestras de cumplir con la palabra. Hasta los peronistas lo reconocieron más tarde».

En el oficialismo también hubo un puñado de integrantes de la bancada que comanda Patricia Bullrich que -con mucha discreción- sugirieron avanzar, en línea con un sector de la Casa Rosada. “Nos favorece todo el orden que impuso la gestión económica y eso da mayor previsibilidad. Dicho esto, la Argentina es un país donde no hay que perder ninguna chance y creo que hubo, hasta lo que ocurrió con el Presupuesto 2026 en Diputados. Es decir: estuvo bien Bullrich en detallar la situación completa al Ejecutivo para tomar una decisión razonable. El inconveniente que se presenta ahora es que regalamos semanas a un kirchnerismo enojado, aunque golpeado. Y nunca se sabe. La CGT ya está haciendo lo suyo y no la juzgo, pero tampoco me hago el distraído”, sentenció un libertario a este medio.

Las normas que se dictaminaron y no arribaron al recinto de la Cámara alta fueron la reforma laboral y los cambios en la ley de glaciares. Allí, Bullrich maneja un interbloque de 21 legisladores. Para el quorum y activar el recinto, se necesitan 37. Por ende, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Y nada es fácil para la administración de La Libertad Avanza a la hora de hablar del Congreso.

Agenda en espera

Junto a la reforma laboral y los cambios en glaciares, otro despacho que aguarda a febrero es el de estabilidad monetaria. En la Cámara baja, este tema no preocupa en demasía a los bloques -en general-, y muchos prefieren dejarlo en la parrilla hasta marzo, cuando Javier Milei inicie un nuevo período de sesiones ordinarias.

Uno que nada debajo de la línea de flotación y podría generar rispideces es el del Código Penal, que ya estuvo incluido en el temario extraordinario de diciembre y no se presentó en mesa de entradas. Tampoco se conoce la modalidad. El oficialismo deslizó a través de una bicameral, algo no aceptado por diversos espacios. Lo más probable es que, al ser un texto pesado y que llevó mucho tiempo calibrarlo, se debata con tranquilidad una vez que Milei pase por el Congreso, en marzo. Allí, el jefe de Estado anunciaría el envío de más iniciativas.

Fuente: Infobae

La medida incluye la autorización para importar tecnología y equipos destinados a modernizar la industria petrolera y mejorar la red eléctrica venezolana.

El gobierno de Estados Unidos anunció el inicio de un retiro parcial y selectivo de las sanciones económicas que durante años limitaron la exportación de petróleo venezolano, con el objetivo de permitir la venta y el transporte de crudo y derivados a los mercados internacionales.

La medida, comunicada tras la reciente operación estadounidense que derivó en la captura del dictador Nicolás Maduro, redefine el manejo de uno de los mayores reservorios de petróleo del mundo.

La flexibilización de sanciones está centrada exclusivamente en el sector energético y apunta a reactivar la comercialización de petróleo venezolano bajo estrictos mecanismos de control financiero.

Según informó el Departamento de Energía de Estados Unidos, las operaciones comenzaron de manera inmediata con una primera fase que contempla la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo.

Estas transacciones, de acuerdo con el comunicado oficial, “continuarán de manera indefinida”, siempre que se realicen por canales autorizados y compatibles con la legislación estadounidense y los criterios de seguridad nacional.

Uno de los elementos centrales del nuevo esquema es el manejo de los ingresos. Washington precisó que todos los fondos obtenidos por la venta de petróleo y productos derivados serán depositados inicialmente en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos internacionales de primera línea.

El objetivo, según el gobierno estadounidense, es garantizar la trazabilidad, legitimidad e integridad de los recursos, en contraste con los mecanismos opacos que caracterizaron la gestión petrolera venezolana durante la última década.

“Todos los ingresos se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos”, indicó el Departamento de Energía.

El presidente Donald Trump indicó que la medida permitirá reorganizar el flujo de crudo venezolano hacia mercados formales. En declaraciones previas, el mandatario republicano había anticipado que el petróleo venezolano volvería a circular bajo supervisión directa de Washington, luego de años en los que gran parte de las exportaciones se realizaron mediante intermediarios y destinos alternativos para evadir sanciones.

El retiro parcial de sanciones también contempla medidas técnicas destinadas a recuperar la capacidad productiva del sector petrolero venezolano, severamente deteriorado tras años de desinversión, mala gestión y pérdida de personal especializado.

Estados Unidos autorizó la importación de equipos, repuestos y servicios para campos petroleros, con el fin de compensar el prolongado declive de la producción y generar un aumento de corto plazo. Estas autorizaciones permitirán la participación de empresas energéticas estadounidenses y de otros países en tareas de modernización y mantenimiento.

Otro componente clave es el suministro de diluyentes. Washington confirmó que el crudo liviano estadounidense será enviado a Venezuela para mezclar y mejorar la calidad del petróleo pesado y extrapesado, que representa la mayor parte de las reservas del país sudamericano.

Además del sector petrolero, el acuerdo incluye compromisos vinculados a la infraestructura eléctrica venezolana, un factor crítico para la producción energética.

El Departamento de Energía señaló que la red eléctrica del país se encuentra en condiciones precarias y que la generación nacional cayó más de un 30% en los últimos años. Funcionarios estadounidenses indicaron que trabajarán en la mejora del sistema eléctrico, al considerarlo indispensable para sostener cualquier recuperación económica y energética.

El proceso de implementación de esta política será objeto de evaluación continua y podrá ajustarse según los avances en la situación política y económica de Venezuela.

Bajo el nuevo esquema, solo las operaciones autorizadas por Estados Unidos serán consideradas legales, mientras que cualquier intento de evadir este control será objeto de sanciones adicionales.

Estados Unidos busca no solo reactivar el comercio energético regional, sino también impulsar la recuperación de una infraestructura clave para la economía venezolana y sentar las bases para un crecimiento sostenido en el sector.

(Con información de Europa Press)