Es la mayor compra desde marzo del año pasado. Las acciones argentinas perdieron más del 5% en Wall Street.

Las provincias exigen que la reducción tributaria quede atada al crecimiento económico para no perder coparticipación. Santilli promete, pero quieren la palabra del ministro de Economía.

Patricia Bullrich sigue con su gira costera y sube videos hablando con empresarios sobre la reforma laboral. El eje está en el trabajo no registrado, una constante en los negocios de verano, por lo que no es difícil encontrar hombres y mujeres de negocio que hagan referencia a este tipo de situaciones.

Pero mientras Bullrich recorre la costa bonaerense, los gobernadores mantienen encuentros y conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli. El funcionario nacional tiene que recolectar los votos de los diputados y senadores que responden a los jefes de los estados provinciales y, hasta ahora, el resultado no es del todo el esperado.

El “Colorado” tiene como función la negociación, pero se está encontrando con un pedido que no sabe si puede saldar. Y llegó de parte de los gobernadores que suponían más simple la conversación. “La baja de impuestos de la reforma laboral nos mata”, aseguran que le dijo un gobernador dialoguista del norte. La misma frase la escuchó de parte de otros mandatarios con diferentes variantes, pero el reclamo es el mismo.

La preocupación se concentra en la caída de Ganancias para las empresas que propone la norma. Este es un impuesto coparticipable y, con una Casa Rosada poco adepta a abrir la billetera y casi sin obra pública, la preocupación es cómo van a transitar este año.

“Hay una idea de parte de varios de los jefes de los estados provinciales, pero para eso hace falta que se sume a la negociación Caputo“, explicó una fuente provincial. La idea que le llevaron a Santilli es que la baja impositiva quede supeditada al crecimiento de la actividad económica. Es decir, que las provincias tengan la posibilidad de recaudar por actividad lo que caiga de la coparticipación nacional.

El pedido incluye la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en las conversaciones ya que la rebaja de impuestos no entrará en vigencia de manera automática si el proyecto se aprueba en el Congreso. En el dictamen que se firmó en el Senado -y que el oficialismo espera llevar al recinto en diciembre- se incorporó un artículo que establece una condición clave que posterga su aplicación y traslada la decisión final al Ministerio de Economía.

El artículo 212 establece que varias disposiciones no comenzarán a regir por el solo hecho de la sanción de la ley, sino cuando así lo disponga el Ministerio de Economía, en función de las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal. En particular, se refiere a que todos los cambios que incluyan el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), las modificaciones a leyes impositivas y la reducción de la carga tributaria, sólo entrarán en vigencia cuando lo determine el Ministerio de Economía y no cuando los apruebe el Congreso de la Nación y se reglamente.

Este punto es muy relevante porque los distritos enfrentan un año en el que 18 gobernadores tienen pensado empezar a trabajar de cara a su reelección. Las elecciones de medio término los puso en alerta.

“Los libertarios donde cerraron acuerdos para las elecciones de medio término se quedaron con las listas y donde no cerraron, pusieron gente a competir. No tienen gobernadores, es obvio que van a pelear en el 2027, y si los actuales no tienen fondos van a terminar gestionando la escasez frente a una fuerza política que crece”, señaló un asesor de una provincia del centro del país.

En este esquema, los gobernadores buscan un seguro que les permita llevar adelante una gestión que se pueda mostrar. Para eso necesitan fondos y los avales para tomar deuda en el exterior, como ofrece Santilli a cambio de los votos, no parecen ser la mejor solución para todos. “Si existe el Compromiso real de Caputo tienen una chance, pero ya nos pasó con Francos, que prometía cosas que después Caputo no habilitaba. No hay margen para que vuelva a suceder”.

Por ahora no hay un llamado a sesiones extraordinarias ni las mesas de trabajo que adelantó Bullrich que iba a citar. Por ahora los gobernadores mantienen bajo su manga la decisión de acompañar o no, y así se lo están haciendo saber a la jefa del bloque de LLA en el Senado y al ex diputado del PRO en sus recorridas provincias.

Fuente: Infobae

Desde el entorno de Javier Milei argumentan que la idea es concentrar esfuerzos para la aprobación del proyecto que modifica el régimen del trabajo en las extraordinarias de febrero.

Sobre el final de la primera quincena de enero, el Gobierno Nacional reactiva incipientemente la actividad, con foco en la agenda legislativa, y estudia la posibilidad de postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal para concentrar los esfuerzos en lograr la aprobación de la Reforma Laboral durante el mes de febrero, según revelaron al menos tres fuentes a Infobae. Si bien la última palabra la tiene el presidente Javier Milei, en las filas libertarias se inclinan a debatir las modificaciones de la ley penal durante el período de sesiones ordinarias del Congreso que iniciará a partir del 1° de marzo.

“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la Laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de Modernización”, expresó ante este medio un importante funcionario en referencia a la determinación del Ejecutivo de posponer el tratamiento del proyecto que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en diciembre, para unificar negociaciones que posibilitaran la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, algo que finalmente ocurrió.

De esta forma, la mesa política, que se reunirá por primera vez este 2026 el próximo viernes a la mañana, trazará una estrategia unificada con el objetivo de este verano: conquistar las voluntades que permitan obtener la aprobación de la Reforma Laboral, uno de los pilares fundamentales de la segunda etapa de la gestión del libertario.

Se trata de un proyecto que contempla profundas revisiones tendientes a endurecer las penas para delitos que revisten gravedad, por lo que en el Gobierno consideran que debería enviarse a ordinarias “para que se trabaje bien”. Además, consideran que el temario enviado para la prórroga de las sesiones en el Congreso es extenso de por sí, por lo que analizan evitar sumar un nuevo objetivo. “Es difícil tratar todo junto al mismo tiempo”, se sinceraron ante este medio.

Si bien, en una primera instancia, había intenciones de discutir durante las extraordinarias el proyecto que redactó la mesa judicial, con el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, a la cabeza, la opción de postergar el debate toma forma día a día. Hasta ahora sigue sin enviarse al Congreso para que los legisladores puedan acceder al detalle.

Como contó este medio, el nuevo proyecto estará compuesto por más de 900 artículos y persigue la idea de intensificar la política criminal, para dotar a los magistrados de herramientas y, a su vez, evitar “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa. “Hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas la sociedad no la sienta insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas. El que la hace las paga”, sintetizó la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, involucrada en el diseño.

Según revelaron fuentes al tanto, el proyecto transita la fase final, próximo a concluir su redacción de la que participaron además la mano derecha del asesor, la abogada Macarela Alifraco; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la flamante senadora Patricia Bullrich, y el abogado penalista Fernando Soto, del equipo de la ex funcionaria.

Sin embargo, la determinación parecía ser la de instruir al equipo abocado a la negociación legislativa a trabajar en la búsqueda de los consensos necesarios que le permita al Poder Ejecutivo anotarse un nuevo triunfo con la Reforma Laboral. El próximo viernes a la mañana, pasado el receso vacacional, los alfiles políticos terminarán de definir los detalles y la estrategia en la que se encolumnarán para el despliegue legislativo.

De esta forma la mesa compuesta por Santiago Caputo; Patricia Bullrich y Martín Menem en el diálogo con ambas cámaras; el armardor Eduardo “Lule” Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, en la articulación con las provincias, bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como nexo con Javier y Karina Milei, se prepara para volver a la carga con los contactos con los aliados que posibiliten computar apoyos a la voluntad expresa del libertario. Para eso, utilizarán todos los mecanismos a disposición.

De concretarse la posibilidad que figura en carpeta, el proyecto no estaría incluido en el temario que deberá hacerse público cuando el mandatario firme el decreto que oficialice la continuidad de las extraordinarias que iniciaron el 10 de diciembre y culminaron el 30 del mes, y que podría reactivarse a partir del próximo 2 de febrero.

Lo cierto es que en Balcarce 50 defienden la ya anunciada reforma como una de las claves en las que trabajaron en coordinación los Ministerios de Justicia y de Seguridad. Incluso, la propia Bullrich se mostró escoltada por el Presidente durante la presentación del proyecto a principios de octubre en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, y que defendió tiempo más tarde en conferencia de prensa.

Fuente: Infobae

Funcionarios provinciales de las secretarías de Modernización y Minería abordaron la incorporación de oferta educativa en el sitio web y analizaron además aspectos vinculados a la reingeniería de procesos administrativos y a mejoras del SIMSa, correspondientes a la Secretaría de Minería.

Los ministros de las carteras de minería de Salta, Catamarca y Jujuy mantuvieron un encuentro de trabajo orientado a consolidar una mirada regional sobre el desarrollo minero, con foco en sustentabilidad, previsibilidad para las inversiones y fortalecimiento del empleo local y de las cadenas de proveedores.

El Ministerio de Salud Pública presentó el balance 2025 de la Dirección de Asistencia Médica. En un contexto marcado por el recorte de fondos nacionales y el aumento de la demanda en el sistema público, la Provincia aseguró con fondos propios el acceso a insumos críticos, derivaciones y tratamientos oncológicos.

En el marco de una sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta otorgó media sanción a un proyecto de ley orientado a promover el desarrollo profesional y la inserción laboral de jóvenes recientemente graduados, mediante la implementación de mecanismos de financiamiento accesibles.

La iniciativa, impulsada por la diputada Soledad Farfán, establece la creación de líneas de créditos blandos que serán operadas a través de entidades bancarias, con el propósito de brindar apoyo económico durante los primeros años de ejercicio profesional. El proyecto contempla un esquema de financiamiento estructurado en tres etapas: infraestructura edilicia, equipamiento y formación de posgrado.

El objetivo central de la propuesta es facilitar la transición entre la finalización de los estudios y el ejercicio profesional formal, atendiendo las dificultades que enfrentan numerosos egresados para acceder a recursos económicos que les permitan iniciar su actividad laboral en condiciones adecuadas.

Durante su exposición, la autora del proyecto remarcó la importancia de generar políticas públicas que acompañen a los jóvenes profesionales en el inicio de su trayectoria laboral, fomentando el empleo genuino, la autonomía económica y el desarrollo de servicios profesionales en distintas áreas.

Asimismo, se destacó el trabajo articulado entre los distintos bloques legislativos y las comisiones intervinientes, que contribuyó a mejorar el contenido del proyecto y ampliar su alcance, con el fin de beneficiar a un amplio sector de la juventud salteña.

La iniciativa continuará su tratamiento en el ámbito legislativo conforme a los procedimientos establecidos, a la espera de su sanción definitiva.

El bloque del peronismo en Diputados propone declarar la emergencia ígnea y autorizar la compra de aviones hidrantes. El Frente de Izquierda quiere dotar de fondos al Servicio Nacional de Manejo del Fuego con un impuesto especial.

Desde la semana pasada la provincia de Chubut enfrenta uno de los incendios forestales más graves de las últimas décadas que ya destruyó 11.970 hectáreas en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo y zonas aledañas. Si bien 22 de los 32 focos ígneos fueron controlados, este martes las ráfagas de viento reavivaron las llamas en varios puntos, particularmente cerca del Lago Epuyén.

En este contexto, durante los últimos días distintos diputados de la oposición presentaron iniciativas en el Congreso para aumentar los recursos federales destinados a combatir el fuego tras una temporada marcada por la extensión y gravedad de los focos ígneos en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.

Las iniciativas, presentadas por legisladores del Frente de Izquierda y Unión por la Patria, reclaman medidas excepcionales de financiamiento, refuerzo de equipos y protección de los afectados, debido a la magnitud del desastre y la insuficiencia de la respuesta estatal.

Los diputados del bloque Unión por la Patria presentaron dos iniciativas complementarias. La primera declara el Estado de Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica durante 180 días para las provincias afectadas y faculta al Poder Ejecutivo Nacional a asignar fondos extraordinarios para asistencia sanitaria, reconstrucción de infraestructura, alivio fiscal y duplicación de prestaciones sociales para las familias damnificadas. El proyecto, impulsado por José Alejandro Glinski y otros legisladores patagónicos, autoriza la entrega de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias perjudicadas, priorizando la reconstrucción de bienes públicos y privados, la atención a productores locales y la reparación ambiental.

Por otro lado, la segunda propuesta del peronismo se enfoca en fortalecer la capacidad operativa del Estado mediante la adquisición de aviones hidrantes especializados, con una inversión autorizada de hasta 50 millones de dólares. El proyecto, firmado por Pablo Todero, Pablo Yedlin y Martín Aveiro, permite la importación de aeronaves y equipamiento sin impuestos y contempla el financiamiento externo a través de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Pero también sugiere que el financiamiento se obtenga a través de la venta de inmuebles por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

En ese sentido, la oposición sostiene que la dependencia de contrataciones privadas para la lucha contra incendios ha resultado ineficiente y costosa, y que una flota estatal propia es esencial para una respuesta rápida y coordinada.

Ambos proyectos de Unión por la Patria incluyen medidas de apoyo fiscal para los sectores productivos y turísticos afectados, la suspensión de ejecuciones fiscales, líneas de crédito blandas y la prohibición de cambios en el uso del suelo en áreas incendiadas, en línea con la normativa nacional vigente.

En sus fundamentos, las iniciativas opositoras remarcan la recurrencia de incendios de magnitud en la región, el impacto social y económico para las comunidades y la urgencia de una respuesta integral y federal. Las propuestas también advierten sobre el riesgo de que la crisis ambiental derive en la apropiación privada de tierras y en un deterioro irreversible del patrimonio natural. De acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y reportes de organizaciones ambientales, la crisis climática, la falta de inversión estatal y la expansión de monocultivos exóticos figuran entre los factores que agravan la vulnerabilidad de los bosques patagónicos.

Por su parte, otra propuesta impulsada por el Frente de Izquierda busca declarar la emergencia presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y exige la garantía de recursos plenos para enfrentar los incendios.

El texto, firmado por Romina Del Plá, Néstor Pitrola, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, establece que el Estado deberá destinar fondos específicos para la adquisición de aviones hidrantes, helicópteros, vehículos y herramientas de combate, además de un aumento salarial para los brigadistas y la regularización de su situación laboral. También contempla la provisión inmediata de ayuda a los damnificados, la reconstrucción de viviendas y servicios, y la prohibición de cambios en el uso del suelo en las zonas afectadas durante sesenta años, con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria.

Desde la oposición atribuyeron la gravedad de la situación al recorte presupuestario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que, según datos citados en el proyecto, perdió un 70 por ciento de su financiamiento real desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

No obstante, el proyecto del Frente de Izquierda va más allá de la emergencia inmediata e introduce la creación de un Bono de Emergencia Ígnea, que grava a grandes empresas por sus ganancias en la región, y establece un impuesto especial a las grandes fortunas para financiar un fondo permanente de prevención y combate de incendios. Además, prohíbe el cultivo de pinos para uso comercial en la zona y exige la recuperación del monte nativo.

Debido a que el Congreso se encuentra fuera del período ordinario, ninguno de estos proyectos podrá llegar al recinto de la Cámara de Diputados si el Poder Ejecutivo no los incluye expresamente en el temario de la segunda convocatoria de sesiones extraordinarias que, según dejaron trascender fuentes oficiales, se extenderá durante todo febrero.

Fuente: Infobae

En Casa Rosada destacaron que el índice de 2025 es el más bajo desde 2017. Además, se muestran expectantes por el cumplimiento de la reducción de la cifra y que inicie con cero pasado mitad de año.

Con gran parte del Gabinete en piloto automático por el receso vacacional, el Gobierno celebró el dato de inflación de 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que ubicó al mes de diciembre en 2,8% y cerró en 31,5% anual. Pese a la aceleración de diciembre, en Casa Rosada hablan de “estabilidad” para el futuro y se esperanzan con cumplimentar la meta de inflación “que inicie con cero” pasado el primer semestre del año, tal y como lo anticipó el presidente Javier Milei.

“Venimos de la catastrofe económica y financiera más grande que pudo dejarle un gobierno a otro que fue la herencia que recibimos”, definió ante Infobae un importante funcionario, y añadió: “Sin haber roto contratos, sin haber caído en una hiperinflación y sin haber confiscado depósitos, el haber logrado apenas 24 meses después una inflación de 31,5%…”.

Por los pasillos de Balcarce 50 se jactan de haber alcanzando la reducción sin haber pisado el dólar ni haber impulsado medidas similares al programa de Precios Cuidados para controlar el espiral de precios. “Tampoco tuvimos personas midiendo góndolas en los hipermercados. El número es alucinante. Además, este año se va a terminar de derrumbar la inflación”, garantizaron desde el círculo rojo del mandatario.

Pese a la leve tendencia alcista registrada en los últimos meses, una alta fuente de Gobierno aseguró que no hubo preocupación en el número de diciembre, cuya variación le atribuyen a la estacionalidad del mes marcada por las fiestas y el turismo. “Es un buen número. No hay preocupación. Vamos a llegar a agosto iniciando en cero. Lo importante es que enero sea menor que diciembre y lo será”, vaticinó ante este medio.

“La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, producido por la oferta y la demanda de dinero. Los efectos monetarios no son instantáneos. Toda la volatilidad económica registrada entre febrero y octubre de 2024 produjo una brutal e histórica caída en la demanda de dinero”, justificó otra fuente calificada en uso de los habituales argumentos que esgrimen Luis Caputo y Javier Milei sobre el tema. Expectante por el “derrumbe” de la inflación que augura próximo, evitó dar precisiones sobre los tiempos.

Algo similar plantearon en otra oficina de Casa Rosada una vez oficializados los resultados que desnudaron la dificultad de perforar el 2%. “Siempre para fin de año pasa eso. Si ves el gráfico de 18 meses la tendencia es baja”, justificó otra voz del ecosistema libertario que no tardó en comparar los actuales números con la acumulada del último año de gestión de Alberto Fernández que fue de 211,4%.

En la primera entrevista del año, el mandatario libertario reafirmó el objetivo inflacionario y anticipó que a partir de la mitad de este 2026 la cifra iniciará con 0. “Cuando llegamos, la tasa de inflación corría al 1,5% diario. Si bien el año terminó en 211%. Después bajó al 117% y este año al 31% (…) El proceso de desinflación está funcionando de una manera importante. Estimamos que, dado que la cantidad de dinero quedó fija a mitad del año pasado, los rezagos de la política monetaria, debería empezar con cero la tasa de inflación a partir de mitad del año que viene”, sostuvo en la nota que grabó a finales de diciembre y se emitió a principios de enero para el canal CNN en Español.

Con sobrados elogios a la política económica del ministro de Economía, Luis Caputo, algo que se replicó también por redes sociales, por los pasillos de Balcarce 50 destacaron que la reducción inflacionaria del período se ubicó en el nivel más bajo desde el año 2017. Asimismo, confían en que los precios retomarán el curso de desaceleración al tiempo que hablan de un rezago entre el freno a la emisión monetaria y el impacto sobre las góndolas, y se mantienen expectantes ante la posibilidad de perforar el 1% mensual a partir de agosto.

El mandatario rápidamente se hizo eco del anuncio y destacó el rol del ministro de Economía al que califico de “el más grande”. A través de su cuenta de X, el titular del Palacio de Hacienda explicó: “El año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo. Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2″.

En medio de la quietud que caracteriza a los pasillos de Balcarce 50 por estos días, un integrante de la mesa chica sostuvo que ante este medio que la reducción inflacionaria configura uno de los grandes “éxitos” de la administración libertaria. Además, se atrevió a argumentar el resultado del estudio realizado por la encuestadora Opina Argentina que arrojó un nivel de confianza en el libertario del 95%.

“Los puntos más altos de esta gestión están vinculados con la estabilización de la macro, el haber otorgado seguridad mental y fiscal a la ciudadanía y es producto también del manejo en las relaciones internacionales. Desde que llegamos, logramos potenciar a la Argentina cómo protagonista del globo. El plus es la enorme cantidad de reformas que impulsamos”, resumió.

Fuente: Infobae

La senadora libertaria promete media sanción para el 11 de febrero. La central sindical tendrá reuniones esta semana y el peronismo se prepara para ir al recinto a debatir punto por punto.

Patricia Bullrich asegura que para mediados de febrero la Reforma Laboral va a tener media sanción. Le pone fecha y dice que el “11 de febrero el riesgo país va a bajar porque vamos a tener ley”, según declaró este fin de semana en Mar del Plata.

Mientras se espera el llamado a sesiones extraordinarias, y aunque solo tendrá media sanción en el caso de que sea aprobado, Bullrich se muestra en público confiada en que va a tener los votos para avanzar el 10 de febrero en el recinto. Y para ello comenzará una ronda de reuniones y negociaciones.

Se espera que en los próximos días se termine de confirmar fecha y lugar para que la líder del bloque de La Libertad Avanza mantendrá un encuentro con el triunvirato que hoy conduce la Confederación General de los Trabajadores (CGT) y con varias entidades empresariales. En paralelo, se mantienen las negociaciones con los diferentes bloques que en diciembre se mostraron reacios a acompañar el proyecto de la Casa Rosada.

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, recorre provincias —hoy va al Chaco a reunirse con el gobernador Leandro Zdero, cercano al oficialismo—, las conversaciones con los sindicatos se vuelven cruciales ya que el Gobierno busca evitar ir a un debate con las calles tomadas por las manifestaciones. A partir de esto es que Bullrich repite que están abiertos a modificaciones.

Pero mientras el oficialismo recorre, expone y arma comisiones técnicas, la oposición hace lo propio. El peronismo mantiene abiertos los canales de diálogo con los sindicalistas. En especial en la Cámara de Diputados en donde hay varios legisladores de extracción sindical. Acá los encargados son Vanesa Siley, secretaria general de los judiciales porteños, Hugo Yasky, secretario general de la CTA, Mario “Paco” Manrique, secretario de Smata; y el titular del gremio de La Bancaria, Sergio Palazzo, y su colega en la cámara y en vida gremial, el también bancario Carlos Cisneros.

“La CGT mantiene contactos con nosotros y también con el Gobierno. Teníamos una agenda de reuniones planeada para los primeros días de enero pero cuando Bullrich dijo que se pasaba todo a febrero se atrasaron los encuentros. Ahora lo que estamos viendo es quién está de vacaciones para tener un encuentro presencial, pero los contactos son fluidos».

Todos están abiertos a las conversaciones. Y todos tienen algún “pero” para las conversaciones. La ex ministra de Seguridad les dijo en público y en privado que está dispuesta a negociar siempre que no se toque el “espíritu” de la norma. Los sindicalistas ya avisaron que no van a apoyar nada que elimine la ultraactividad, el Fondo de Asistencia Laboral o impactos en los convenios colectivos.

Pero no solo el peronismo mantiene contactos con los sindicalistas. Desde el bloque Unidos también hay contactos que van en varias direcciones. Mientras los gobernadores conversan con los funcionarios nacionales, los diputados hacen lo propio con los sindicalistas.

En medio de esto, el Gobierno también abre la puerta a las conversaciones y hasta deja de lado las internas en pos de un objetivo. “Los Menem y Santiago Caputo se muestran permeables a la conversación“, señaló un diputado opositor que, aunque busca evitar las miradas indiscretas, se lo ha visto por la Casa Rosada.