Lo acusarán de abuso de autoridad. Se trata de Raúl Ojeda, que le concedió una cautelar a la CGT que permitió suspender 80 artículos de la medida.
El Gobierno avanzará con distintas denuncias contra el juez Raúl Ojeda, que frenó parte de la reforma laboral y le otorgó una cautelar a la CGT. En el Ejecutivo afirman que ya trabajan en varias presentaciones y que las harán públicas a medida que queden formalizadas. “La decisión es avanzar a través de diferentes vías”.
En paralelo, ya hubo una denuncia penal presentada por fuera del Ejecutivo contra Ojeda. Se trata de una acción impulsada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, que pidió que se investigue al magistrado por abuso de autoridad.
En la Casa Rosada aclaran que su avanzada no está centrada solo en la cautelar que suspendió parte de la reforma laboral, sino en la resolución posterior del magistrado sobre la representación del Estado dentro de la causa. En esa decisión, el juez cuestionó la intervención del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto con la de los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira.
El argumento fue que no estaban matriculados para actuar en el expediente. En Balcarce 50 rechazan ese criterio y sostienen que la representación del Estado está dada por el cargo y por el régimen legal de la Procuración del Tesoro. En el oficialismo sostienen que la medida afectó su “derecho de defensa”.
Ese planteo quedó además cruzado con la estrategia judicial que ya había activado el Estado para sacar la causa del fuero laboral. El Gobierno dejó asentado en el recurso de per saltum que había planteado una inhibitoria ante el fuero contencioso administrativo federal y que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 hizo lugar a ese planteo el 10 de abril y requirió las actuaciones al juzgado laboral.
En el Ejecutivo interpretan que, en ese contexto, la decisión de Ojeda profundizó el conflicto. La lectura que hacen en el oficialismo es que el magistrado no solo mantuvo su intervención en un expediente que el Estado buscaba trasladar, sino que además avanzó sobre la integración misma de la defensa oficial en una causa de “alta sensibilidad política y jurídica”.
La resolución se dio, además, en paralelo a la presentación del per saltum ante la Corte Suprema por la cautelar que benefició a la CGT. En la Casa Rosada remarcan que ambos movimientos forman parte del mismo expediente, pero distinguen la discusión de fondo sobre la reforma laboral de la disputa puntual por quiénes pueden representar al Estado en ese proceso.
La mesa técnica de Balcarce 50 avanza en ese marco a través de distintas alternativas y desliza que abarcan desde una presentación ante el Consejo de la Magistratura, un pedido ante la Corte y una denuncia penal junto a otras acciones que mantiene bajo reserva.
Fuente: TN