La senadora libertaria programó reuniones con los ministros de Salud de todo el país para avanzar en la discusión del proyecto. El proyecto del Ejecutivo redefine los criterios para las internaciones involuntarias, incorpora el consumo problemático de sustancias y establece nuevas pautas para el alta y el seguimiento de los pacientes.
Las senadoras de La Libertad Avanza Patricia Bullrich e Ivanna Arrascaeta avanzaron este lunes con el tratamiento del proyecto de ley de Salud Mental enviado por el Poder Ejecutivo y comenzaron una ronda de conversaciones para buscar consensos con otras fuerzas políticas y las provincias.
En ese marco, las legisladoras mantuvieron reuniones virtuales junto al ministro de Salud, Mario Lugones, y autoridades sanitarias de distintas jurisdicciones. Durante la jornada de este lunes participaron representantes de la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.
Este martes continuarán las reuniones con dos nuevos encuentros virtuales. Por la mañana participarán representantes de los ministerios de Salud de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones.
La segunda reunión será por la tarde y contará con autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo es analizado en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, presididas por las senadoras oficialistas Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez, respectivamente.
Como parte del inicio del tratamiento, el Senado ya mantuvo una reunión con funcionarios del área de Salud Mental del Ministerio de Salud. Luego, por convocatoria de ambas comisiones, se realizaron dos jornadas de exposiciones con más de 70 invitados, propuestos por distintas bancadas.
Entre los participantes hubo especialistas, organizaciones no gubernamentales, familiares de pacientes, asociaciones profesionales, funcionarios provinciales y trabajadores del área de salud mental.
“Estamos dando un paso fundamental. Este debate responde a una realidad que vemos todos los días: familias que no encuentran respuestas en la ley actual. Queremos una normativa que acompañe, que intervenga a tiempo y que no abandone”, expresó la senadora neuquina Nadia Márquez.
La legisladora también sostuvo: “Las palabras tienen poder porque definen. No es lo mismo hablar de consumo social que de uso, abuso o adicción. Estamos hablando de enfermedades, y la ley debe reflejarlo con claridad”.
Entre los principales cambios que propone la iniciativa se encuentra la incorporación, dentro del capítulo de Derechos y Garantías, de acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria. Estas pautas funcionarían como un piso federal, por lo que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán establecer regulaciones más favorables.
El proyecto también incorpora las denominadas Reglas Nelson Mandela, vinculadas al tratamiento de personas privadas de la libertad, como lineamientos para las políticas públicas.
Otro de los puntos centrales es la relación entre salud mental y consumo problemático de sustancias. La iniciativa integra este último dentro del abordaje y los tratamientos de salud mental.
En materia de derechos del paciente, se establece la posibilidad de consentir o rechazar tratamientos de manera anticipada. Además, la atención deberá estar a cargo de un equipo interdisciplinario, cuya conformación dependerá de la disponibilidad de recursos humanos de cada jurisdicción. También se habilita la teleconsulta como herramienta para ampliar la cobertura territorial.
Respecto de las internaciones, se requerirá la firma de dos profesionales del servicio asistencial, uno de los cuales deberá ser médico y, preferentemente, psiquiatra. La internación involuntaria quedará limitada a los casos en los que exista un riesgo grave para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.
La iniciativa también establece que el abordaje deberá adaptarse a la edad, el desarrollo cognitivo y la situación afectiva y mental de cada paciente.
En relación con las altas, se prevé que la decisión sea comunicada con una anticipación razonable al representante legal, cónyuge o conviviente, padres, hijos u otros familiares alcanzados por la normativa, con el objetivo de coordinar las condiciones de egreso. Los familiares, además, tendrán derecho a recibir información y orientación sobre el tratamiento.
Si la persona no cuenta con una red familiar o esta no puede asumir su cuidado, el Estado deberá garantizar los apoyos y dispositivos comunitarios necesarios.
El proyecto contempla además medidas de acompañamiento posteriores al alta, que podrán extenderse hasta seis meses mediante tratamiento ambulatorio. Durante ese período habrá un seguimiento judicial cada 30 días y el equipo tratante deberá informar al juez sobre la necesidad de mantener o modificar esas medidas.
Para niños, niñas y adolescentes, se incorpora un artículo específico sobre el consumo problemático de sustancias. La atención deberá realizarse mediante equipos con formación infantojuvenil y en dispositivos diferenciados de los destinados a adultos, mientras que la internación en unidades para mayores quedará restringida.
También se establecen principios de autonomía progresiva, derecho a ser escuchado, confidencialidad, abordaje familiar y no criminalización, además de mecanismos de coordinación entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y las provincias.
Fuente: TN