El Senado provincial dio media sanción al proyecto que autoriza la adjudicación de terrenos a familias productoras del departamento Anta. Se trata de la primera etapa de un proceso que alcanza a unos 110 grupos familiares que viven y trabajan en esas tierras desde hace generaciones.
La Cámara de Senadores de Salta aprobó un proyecto de ley que habilita la adjudicación en propiedad de inmuebles pertenecientes a Salta Forestal S.A. a favor de 17 familias reconocidas como ocupantes beneficiarias de esos terrenos.
La iniciativa se enmarca en el régimen de regularización dominial establecido por la Ley 8500 y representa el primer avance concreto para un grupo de productores que, pese a desarrollar actividades en la zona desde hace décadas, todavía no cuentan con títulos de propiedad.
Durante el tratamiento legislativo, la senadora por el departamento Anta, Alejandra Navarro, destacó la importancia de la aprobación y recordó que muchas de estas familias tienen una historia de permanencia en el territorio que supera los 100 años.
La legisladora sostuvo que, cuando se creó Salta Forestal S.A., las tierras ya estaban habitadas por familias criollas que desarrollaban actividades productivas. En ese sentido, señaló que se trata de pobladores históricos que permanecieron en la zona sin contar con documentación formal que acreditara la titularidad de los terrenos.
Navarro también recordó los conflictos que atravesaron los habitantes durante la década del 90, cuando la empresa estatal fue privatizada y parte de las tierras fueron entregadas para su explotación. Según relató, ese proceso provocó desalojos y afectó viviendas y animales de numerosas familias.
En relación con la iniciativa, explicó que los 17 beneficiarios incluidos en esta primera etapa ya fueron relevados y que forman parte de un universo estimado de 110 familias que esperan regularizar su situación dominial.
La senadora remarcó que la aprobación legislativa resulta necesaria para otorgar validez a los convenios celebrados entre Salta Forestal y los ocupantes, de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley 8500.
El régimen establece determinadas condiciones para las adjudicaciones: los terrenos no podrán superar las 1.200 hectáreas, deberán mantenerse en producción y constituir el principal medio de vida de sus beneficiarios. Además, las propiedades no podrán ser transferidas durante los primeros diez años.
Con la media sanción otorgada por el Senado, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento. Allí deberá obtener la aprobación correspondiente para avanzar hacia la formalización de los títulos de propiedad.