Fin de la emergencia: cómo y desde cuándo se va a aplicar la nueva Ley de Discapacidad que aprobó el Senado

Fin de la emergencia: cómo y desde cuándo se va a aplicar la nueva Ley de Discapacidad que aprobó el Senado

El texto pasa ahora al Poder Ejecutivo, que tiene diez días hábiles para promulgarlo y otros 30 días, desde su publicación en el Boletín Oficial, para reglamentarlo. Los pagos pendientes a los prestadores tienen un cronograma aparte.

El Senado convirtió en ley este jueves la nueva Ley de Discapacidad, que puso fin a la emergencia que regía hasta el 31 de diciembre para regularizar el esquema de atención y prestaciones del sector. Los plazos de la implementación ahora dependen del Gobierno, que deberá promulgar y reglamentar la ley para que todos sus puntos entren en vigencia.

Una vez aceptada por Milei, la ley será publicada en el Boletín Oficial, lo cual activa su vigencia a partir del día siguiente. Sin embargo, para su aplicación completa hay que esperar su reglamentación, que en este caso está estipulada dentro de los 30 días hábiles tras la publicación.

Se trata de un decreto posterior en el que el Gobierno define cómo se aplica lo que la ley dejó abierto. De eso dependerá la designación de la autoridad de aplicación, los criterios de la evaluación socioeconómica que deberán aprobar quienes pidan la pensión (que se elaborarán junto con el Consejo Federal de Discapacidad, COFEDIS) y los lineamientos para la capacitación obligatoria del personal de los prestadores. Hasta que el Gobierno las defina, esas partes no podrán aplicarse.

En cambio, los pagos a los prestadores no necesitan un decreto. Si al momento de la sanción quedan compensaciones pendientes de la ley 27.793, el Gobierno deberá notificar y publicar un cronograma dentro de los 30 días corridos de la entrada en vigencia.

La cancelación total, para quienes hayan terminado el trámite administrativo, debe completarse en un máximo de 90 días corridos. La ley aclara que no habrá compensaciones por períodos distintos de los ya previstos.

Cuáles son los puntos principales de la nueva Ley de Discapacidad

El cambio central está en las pensiones no contributivas por discapacidad. Los requisitos, que hasta ahora fijaba el Ejecutivo, quedan establecidos por ley, con un monto que equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado, actualizado según el régimen previsional.

Para acceder hay que acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la identidad con el DNI, ser argentino o, en el caso de los extranjeros, tener al menos cinco años de residencia legal continuada. A su vez, aclara que el beneficiario no debe percibir ingresos individuales netos de dos salarios mínimos, vitales y móviles o más, ya que se mide el ingreso de la persona y no el del grupo familiar. Tampoco se puede estar amparado por otro régimen previsional ni cobrar la asignación por hijo con discapacidad. A eso se suma aprobar una evaluación socioeconómica y, para quienes sean propietarios, acreditar que la vivienda es la única de la familia.

La nueva norma mantiene la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o monotributista, siempre que los ingresos no superen esos dos salarios mínimos. Si los superan, se suspende de forma automática, y cuando termine el vínculo laboral o los ingresos bajen del límite, el titular podrá pedir la rehabilitación inmediata y cobrar desde la fecha de la solicitud. Se mantienen, además, los beneficios para los empleadores que contraten a personas con discapacidad por tiempo indeterminado.

Los titulares de pensiones por invalidez laboral y por discapacidad tendrán acceso a un programa de cobertura médica con las prestaciones básicas de la ley 24.901, a través de Incluir Salud. Los gastos se afrontarán con partidas del Ministerio de Salud y, si no alcanzan, con transferencias de fondos del Tesoro. A su vez, la ley enfatiza que las leyes de Presupuesto deberán garantizar fondos suficientes y que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.

La norma también crea un sistema de control. La Secretaría Nacional de Discapacidad auditará periódicamente que los beneficiarios sigan cumpliendo los requisitos, cruzando datos con Anses, ARCA, el SINTyS y el Renaper. Si detecta un incumplimiento, notificará al afectado, que podrá presentar su descargo. Vencido ese plazo, podrá suspender la pensión de forma preventiva, aunque el titular podrá pedir la rehabilitación inmediata y provisoria hasta que se resuelva su caso. El Ministerio de Salud deberá publicar periódicamente los datos de ejecución presupuestaria, los aranceles del sistema y la cantidad y el valor de las pensiones. Por último, el texto regula el pago de la deuda acumulada con los prestadores, con los plazos ya mencionados.

Junto con el financiamiento, este fue uno de los puntos donde hizo hincapié la oposición durante el debate. “Hay que ver la reglamentación, el financiamiento y si cumplen”, enfatizó el senador de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro.

Por su parte, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que el proyecto viene a dar respuestas al sector de la discapacidad: “Un índice actualizado, la garantía de que trabajar no te hace perder la pensión y consecuencias para quienes falsifican o se aprovechan de esta ayuda. Queremos que las personas con discapacidad y sus familias tengan algo fundamental: tranquilidad, reglas claras y la seguridad de saber con qué cuentan”.

Fuente: TN

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *