El proyecto impone actualizaciones por lo perdido en 2024 y el corriente año, junto a una convocatoria obligatoria a paritarias. La iniciativa obtuvo 58 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones. Es decir que, incluso, logró el aval de los dos tercios del pleno.

Con un resultado cantado de antemano -de hecho, el tema fue habilitado con dos tercios, sin problemas, al igual que su aprobación final-, la oposición senatorial le asestó una nueva derrota esta tarde al Gobierno libertario, con la sanción de la ley que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. Bajo este panorama, el Ejecutivo ya prepara un nuevo veto.

Al momento de la definición, la iniciativa obtuvo 58 votos a favor, diez en contra y las abstenciones de Andrea Cristina, Victoria Huala (ambas, del PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas) y . La discusión no termina y continuará en el Congreso: ante un cantado veto desde la Casa Rosada, la norma podrá ser insistida por la oposición, que precisará dos tercios en ambas Cámaras.

Qué plantea el proyecto

El texto impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

A un mes de la eventual sanción, habrá “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.

Fuente: Infobae

Es por la reciente actualización paritaria de los empleados del Congreso para los próximos meses. Los legisladores de la Cámara alta están atados a dicho mecanismo.

En medio de una sesión compleja para el Gobierno en el Senado, se cerró una nueva paritaria para los trabajadores del Congreso y los legisladores que integran la Cámara alta pasarán, desde noviembre próximo, a cobrar más de $10,2 millones en bruto, según las estimaciones realizadas por Infobae en base al flamante acuerdo entre las autoridades y los sindicatos.

¿Cómo se arriba a dicha cifra? En abril de 2024, oficialismo y oposición pactaron sin chistar y en secreto un nuevo sistema y lo aprobaron en el recinto del Senado. Desde ahí, los haberes pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos -con los que cobran los agentes del Congreso, y por eso la atadura vigente-, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo. Es decir, un total de 4.000.

En cuanto al desarraigo, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron en abril de 2024 una dieta más a las 12 actuales, como para “compensar” el aguinaldo. La única senadora que no entró en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación.

Durante el segundo semestre de 2024, tras otra paritaria, los senadores volvieron al recinto y congelaron sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024. Cuando eso cayó, los legisladores le tiraron la mochila a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien primero dudó -cuándo no- y luego estiró el freezer hasta el 31 de marzo. La titular de la Cámara alta deslizó en ese momento que la medida, adoptada durante el receso estival, era la última que tomaba y que una próxima decisión tendría ser de los propios bloques en una sesión.

En junio pasado, tras un nuevo consenso paritario, Villarruel, firmó una resolución para desvincularse de la polémica por las dietas de los legisladores, que pasaron en ese entonces a más de $9,5 millones en bruto. Esto generó el repudio de varios bloques, en particular, del Frente de Todos.

Villarruel invitó “a los senadores de la Nación a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas, informándolo por nota a la Presidencia, en mérito a las facultades que les son propias”.

Desde varias bancadas -La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y algunos silvestres provinciales- se desprendieron de dicho aumento y habrá que ver qué harán con el de las últimas horas. Casi todo el kirchnerismo no lo hizo -como adelantó este medio, excepto el riojano Fernando Rejal y Kirchner, que cobra su jubilación-, así como la oscilante santacruceña Natalia Gadano -de opositora a aliada del Gobierno libertario según el día-, quien fue consultada en reiteradas oportunidades en junio, sin respuesta desde su despacho. En la información oficial, no aparece entre las renunciantes. En resumidas cuentas, casi partidos en mitades.

En concreto, la última paritaria involucra incrementos para los empleados del Congreso de 1,3% y un bono remunerativo de $25.000 para junio, julio y agosto, respectivamente. En tanto, para septiembre, octubre y noviembre, el porcentaje será -para cada mes- de 1,2%, con un bono remunerativo de $20.000. Un acumulado de 7,52%. De esta manera, el módulo quedará en 2.554 y, al multiplicarlo por los 4.000 de las dietas es que se llega a los más de $10,2 millones en bruto, sin los descuentos correspondientes -como Ganancias- que disminuirán el sueldo en mano de cara a los primeros días de diciembre.

Durante la corriente semana, el líder del gremio APL, el kirchnerista Norberto Di Próspero -respetado por muchos y temido por tantos otros-, arrasó y fue reelecto. Es una buena noticia para Villarruel y también para el titular de Diputados, Martín Menem. Quienes conocen el paño deslizan que las relaciones, a pesar de las “quejas” de los sindicatos por los sueldos, es más que cordial.

Fuente: Infobae

Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, los empresarios anticipan que la medidad regirá desde las 0 horas del viernes el 22 de agosto, por incumplientos por parte de Saeta. Afectará a todo el servicio que cubre el área metropolitana.

El servicio de transporte de pasajeros en el área metropolitana de Salta sufrirá una fuerte restricción a partir del viernes 22 de agosto, cuando los subcontratistas que prestan el servicio nocturno suspendan completamente la circulación en ese horario.

La medida fue anunciada a través de un comunicado de prensa firmado por las empresas concesionarias, quienes advirtieron que la decisión responde al atraso en los compromisos financieros por parte de SAETA, lo que dificulta afrontar el pago de créditos asumidos para la renovación del parque automotor y la compra de combustible.

Los empresarios reconocieron que la suspensión generará inconvenientes a miles de usuarios que utilizan los colectivos por la noche, pero advirtieron que la situación financiera es insostenible. “Nuestra capacidad financiera puede colapsar”, señalaron, recordando que en varias oportunidades solicitaron a las autoridades el pago de las deudas pendientes, sin obtener respuesta.

La Municipalidad de Salta pondrá en marcha un fondo especial para ayudar a las familias cuyos hijos necesiten atenderse en el hospital pediátrico de referencia nacional. El objetivo es acompañar a quienes deben viajar a Buenos Aires y aliviar los gastos que esa situación conlleva.

El intendente Emiliano Durand anunció este miércoles la creación de un fondo especial de asistencia para las familias salteñas que tengan que viajar a Buenos Aires porque sus hijos necesitan atención en el hospital Garrahan. La medida busca dar respaldo en momentos difíciles, cuando además de la preocupación por la salud de los chicos aparecen los gastos de traslado y estadía.

Este nuevo fondo será gestionado por la Secretaría de Desarrollo Social y funcionará como una política pública estable. La ayuda cubrirá pasajes y alojamiento, tanto para los pacientes como para sus familiares, con el objetivo de que ninguna familia se quede sin la posibilidad de acceder al tratamiento por cuestiones económicas.

Durand resaltó la importancia del Garrahan como hospital de referencia y recordó que “año tras año recibe también a muchos niños y niñas de Salta”. En ese sentido, expresó: “El Garrahan es un hospital muy importante y necesitamos que los chicos que tengan que viajar puedan llegar”.

En los próximos días, la Municipalidad dará a conocer cómo será el procedimiento para acceder a la asistencia. Con esta decisión, el municipio busca ampliar la red de apoyo a las familias y garantizar que todos los niños tengan las mismas oportunidades de acceder a la salud.

Fuente: Municipalidad de Salta

Las autoridades provinciales resaltaron, en el marco de una mesa de diálogo, que se están articulando todas las herramientas institucionales para garantizar la estabilidad laboral y facilitar la continuidad de la actividad.

El Gobierno de la Provincia de Salta tomó intervención inmediata frente a la declaración de quiebra de la firma President Petroleum, con el objetivo de resguardar la estabilidad de los trabajadores afectados, garantizar la continuidad de la producción hidrocarburífera en el área Puesto Guardián y proteger los intereses provinciales.

La acción se articula mediante un trabajo conjunto entre la Fiscalía de Estado, que representa a la Provincia en el Juzgado Comercial N° 23 de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la quiebra de President Premium; la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo; y el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, junto a la Secretaría de Minería y Energía. Participó además Sebastián Barrios, Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy.

La empresa tiene la concesión el área Puesto Guardián, en el norte salteño, además de tres áreas hidrocarburíferas en la provincia de Río Negro. En este escenario, el Gobierno de Salta centra sus esfuerzos en sostener las 18 fuentes laborales que dependían directamente de la compañía, al mismo tiempo que se evalúan alternativas que aseguren la continuidad operativa del yacimiento.

Entre los ejes centrales de análisis se destacaron: definición de herramientas para potenciar las Economías Regionales, controles fitosanitarios y fronterizos, sanidad animal, sanidad vegetal y políticas para impulsar la producción de camélidos, ganado porcino y menor.

Representantes del Gobierno Nacional y de las carteras productivas de Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y Salta se reunieron en el Centro de Convenciones de Casa de Gobierno para acordar cuestiones vinculadas al desarrollo de las Economías Regionales, articular controles fitosanitarios y políticas públicas para impulsar la ganadería. Esto se realizó en el marco de la segunda reunión anual del Consejo Federal Agropecuario Región NOA.

La misma estuvo encabezada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, acompañado por el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, sus pares de las Provincias del NOA, y el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato.

La oposición había anulado previamente el veto a la emergencia en discapacidad. Por falta de respaldos, no se trató la recomposición de la moratoria previsional.

La atención política de la jornada estuvo puesta en la Cámara de Diputados, en donde el oficialismo con sus aliados blindó la decisión de Javier Milei de vetar un aumento a las jubilaciones. Tampoco logró sanción la rectificación del veto a la emergencia en Bahía Blanca, aunque la oposición consiguó una amplía mayoría (172 a favor y 73 en contra) para anular el veto de la emergencia de discapacidad, que tendrá que ser ratificada por dos tercios en el Senado y podría ser incumplida por el propio Gobierno.

La votación final fue 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones (María Eugenia Vidal, cuatro diputados misioneros de Innovación Federal y la entrerriana Marcela Antola). Con ese número de presentes, se precisaban 166 votos para revertir el veto, igual que el número de quienes se abstuvieron. Desde la oposición apuntaron a la presión de gobernadores: Mendoza, Chaco y Entre Ríos -todos aliados a La Libertad Avanza en las próximas elecciones- fueron claves.

Los proyectos vetados por el Presidente de la Nación implicaban un incremento excepcional del 7,2% de las jubilaciones en todos los niveles, una suba del bono extraordinario de $70.000 (congelado desde noviembre del 2023) a $110.000 que perciben los jubilados y la recomposición de la moratoria previsional, vencida en marzo de este año y que imposibilita a recibir haberes a trabajadores que aportaron menos de 30 años. Sobre el cierre de la jornada, y al interpretar que no contaban con los votos para tratar la moratoria, el peronismo levantó la sesión, por lo que este proyecto todavía puede ser aprobado.