Nuestro país atraviesa un momento institucional preocupante debido al deterioro de la autoridad política, mientras la crisis social, económica y sanitaria no ofrece ninguna tregua.
Por una parte, el conflicto interno de la coalición de gobierno se puso de manifiesto en las diferencias acerca de los subsidios a la energía y el transporte; sin embargo, en el trasfondo hay una lucha de poder que refleja la imposible coexistencia de dos proyectos antagónicos. Para el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán es imprescindible acordar un nuevo cronograma de pagos de la deuda de casi US$45.000 millones contraida con el Fondo Monetario Internacional.
Este mes, la Argentina debe pagar unos US$2.400 millones al Club de París, y necesita renegociar los US$4.700 millones de la deuda con el FMI que vencen en setiembre.
Para Cristina de Kirchner esa deuda no es prioritaria y las tarifas de la luz y la electricidad deben ser virtualmente congeladas, aunque eso haga imposible, al menos por este año, la renegociación de la deuda.
El subsecretario de Energía, Federico Basualdo, avalado por la vicepresidenta, se opuso a la actualización y sigue en su cargo, a pesar del pedido de renuncia que le planteó el ministro.
Casi en simultáneo, el fallo de la Suprema Corte de Justicia que ratificó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, y de las 23 provincias, consagrada en la Constitución Nacional, dio lugar a una reacción intempestiva de parte de Fernández, Cristina Kirchner, el ministro y el viceministro de Justicia y la dirigencia bonaerense. Todos desconocieron la autoridad de la Corte como intérprete último de la Constitución, hablaron de «golpe de Estado» y le atribuyeron la intención de «favorecer a un candidato». Esas declaraciones terminaron confirmando la sospecha de que el decreto que pretendía imponer el cierre de escuelas en la CABA tendía a erosionar al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
Los jueces señalaron, además, que el decreto en cuestión carecía de fundamentación científica; por cierto, el cierre de escuelas había sido objetado por los ministros de Salud y Educación, la Sociedad Argentina de Pediatría y Unicef.
Pero la unanimidad de la reacción y la foto oficial que trataba de transmitir un clima de unidad y armonía, tomada el martes en el municipio de Ensenada no alcanza para disimular las diferencias.
La politización de la pandemia es insostenible. La Argentina se encuentra entre los quince países con mayor número de muertos por COVID-19. Con casi 67.000 fallecimientos (150 cada 100.000 habitantes) y más de 3.000.000 de casos, presenta una tendencia creciente que lo coloca entre los países de más riesgo junto con EEUU, India y Brasil. Además, la ministra Carla Vizzotti informó que este mes se llegará a los diez millones de dosis de vacunas, la cifra que el presidente había prometido para diciembre.
No obstante, y más allá de los traspiés iniciales, ya está vacunado con una dosis el 16% de la población, y con dos aplicaciones, el 2,2%. Muy lejos todavía del 30% estratégico para frenar la expansión y las mutaciones del virus, pero al parecer, con un programa de inmunización encaminado.
La situación no da margen para improvisaciones. Las medidas preventivas contra la pandemia deben ser consistentes. El cierre compulsivo de escuelas no garantiza la disminución de contagios y, en cambio, degrada aún más la calidad educativa general del país.
Las decisiones solo serán eficaces si se apoyan en una sólida planificación sanitaria. Una nueva cuarentena, similar a la del año pasado, es inconcebible.
Una década sin crecimiento y con una moneda que se desvaloriza mes a mes, tiene como resultado una sociedad de alrededor de 45 millones de personas, con 19 millones de pobres, 4,5 millones de indigentes y un deterioro generalizado de la producción y el trabajo.
El escenario es muy complejo. La politización exacerbada y la fragilidad institucional lo agravan dramáticamente y amenazan la tranquilidad, la paz y la calidad de vida de los argentinos.
FUENTE: EL TRIBUNO
