El organismo previsional aplicó un cambio en el esquema de pago de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo.

La ANSES dejará de retener el 20% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE). Con este cambio, el organismo previsional liquidará la totalidad de ambas asignaciones.

En la Casa Rosada responsabilizan a seis gobernadores, especialmente a tres cuyos legisladores no votaron como se esperaba. En el oficialismo consideran que así fuerzan al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit. Habrá gestiones para que la iniciativa no salga así como está o se vete.

La Libertad Avanza obtuvo ayer la media sanción del Presupuesto 2026 que impulsa en sesiones extraordinarias. Sin embargo, en la votación realizada esta madrugada en la Cámara de Diputados se lograron aprobar todos los apartados salvo el Capítulo XI, el más central de todos ellos, ya que contenía la derogación de leyes que el Gobierno consideraba inviables para el ahorro fiscal que promulgan desde el Ejecutivo, como la de Emergencia en Discapacidad o la de Financiamiento Universitario.

La Casa Rosada tiene la certeza de que el proyecto que se remitirá al Senado no le sirve para la sanción definitiva. “Vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”, afirmó en altas horas de la madrugada a Infobae una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo. Con la eliminación del Capítulo XI del proyecto, consideran que están forzando al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, algo que el Gobierno considera inaceptable.

Para la administración nacional, el foco del debate no es técnico ni reglamentario, sino político y económico: déficit versus superávit, pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. Para los libertarios, las dos leyes que continúan vigentes generan obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit fiscal, y consolidan un presupuesto que no le sirve al Gobierno para cumplir ese mandato electoral.

Es por eso que de acá en adelante el oficialismo debe elegir la estrategia legislativa a adoptar en las próximas semanas.

A priori, en ciertos despachos del Poder Ejecutivo consideran que deben demorar el envío del Presupuesto al Senado e intentar patearlo lo máximo posible a la espera de que primero se trate el proyecto de Modernización Laboral. El oficialismo podría apostar por movilizar de manera exprés un cambio en la redacción del proyecto y volver a incluir el Capítulo XI. Así, el proyecto debería volver a la cámara de origen, pero el Gobierno no tiene los números para insistir con su versión.

Una alternativa que parece imponerse por estas horas es la de vetar el propio presupuesto, ya que los bloques abiertamente opositores tienen incentivos para que salga el proyecto tal y como está.

“Solo Discapacidad son 5 puntos del PIB”, se limitan a decir desde el Poder Ejecutivo. Tal y como adelantó Infobae, pese a fallos judiciales, el Gobierno no está aplicando los fondos de esa ley (así como sucede con la de Financiamiento Universitario) porque se amparan en la postura de que no tienen presupuesto asignado. “Si se aprueba la ley, ya no hay excusas”, marcan.

Así, varios sectores del oficialismo coincidían de que era mejor de que el responsable de abroquelar el superávit fiscal del Gobierno, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, vuelva a tener en 2026 un manejo discrecional de los fondos. “Va a tener que seguir armando el Excel”, bromeaban en altas horas de la madrugada.

La administración nacional de Javier Milei se convirtió en la primera gestión en prorrogar dos veces consecutivas un presupuesto nacional. Así, durante el 2024 y el 2025 estuvo vigente el texto calculado para 2023. Esto le permitió al oficialismo poder llevar a cabo de manera más sencilla el recorte fiscal en diversas áreas de la administración pública, pero la aprobación de

La Cámara de Diputados logró aprobar el Presupuesto en general con 132 votos. Se trata de la primera ocasión en la que el oficialismo consigue una media sanción de este tipo de iniciativas, marcando además el debut de la nueva composición del recinto, que tiene a La Libertad Avanza con 95 bancas propias y como primera minoría.

A horas de que iniciara la sesión especial, tanto fuentes de la Casa Rosada como negociadores libertarios en la cámara baja eran optimistas respecto a la votación en general del proyecto y de todos sus apartados. La única excepción era el artículo 75, el cual derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

Dada la incertidumbre sobre ese punto, los estrategas parlamentarios de LLA propiciaron en la reunión de Labor Parlamentaria que se votara por capítulos y no por artículos. La esperanza era que la oposición se viera forzada a aprobar el Capítulo XI. Finalmente, el plan libertario no terminó funcionando, consiguiendo 117 votos afirmativos contra 123 negativos y 2 abstenciones.

Varios gobernadores de la oposición dialoguista habían avisado horas antes que iban a llamar a sus diputados a votar contra el capítulo. Entre este grupo, el oficialismo coloca a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta); a los que el Poder Ejecutivo les brindó importantes cifras en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Pero hay tres mandatarios que se dieron vuelta a último momento: Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco). La actitud sorprendió hasta a los principales negociadores del Gobierno, ya que este último fue aliado electoral de La Libertad Avanza en octubre, mientras que el gobernador patagónico había mantenido una campaña cordial con los libertarios en su provincia. En las filas del oficialismo también sorprendió que se abstuviera el diputado nacional por Entre Ríos, Darío Schneider, quien ingresó por la boleta de La Libertad Avanza a pedido de la alianza con Rogelio Frigerio.

Como parte de las negociaciones entre la Nación y los jefes provinciales, el Gobierno condensó en las últimas dos semanas el 33% de las transferencias de ATN a seis provincias en total. Estos fueron destinados a Tucumán ($ 20.000 millones); Misiones ($ 12.000 millones); Chaco ($ 11.000 millones); Catamarca ($ 10.500 millones); Entre Ríos ($ 7.000 millones); y Salta ($ 6.000 millones). Esto no surtió efecto para que la mayoría de estos acompañaran al oficialismo en la votación por el Capítulo XI.

Fuente: Infobae

Con 132 votos a favor contra 97 rechazos logró media sanción en general, pero no consiguió mayoría en el artículo en el que se derogaba la ley de financiamiento universitario y de discapacidad. Avanzó la propuesta de Inocencia Fiscal.

En la primera semana de sesiones extraordinarias, el Gobierno no pudo concretar su estrategia parlamentaria por completo. Si bien alcanzó a aprobar la propuesta general en Diputados el Presupuesto 2026, con 132 votos a favor a 97 en contra, perdió en la votación del capítulo más drástico de su iniciativa al no garantizarse respaldos provinciales, lo que podría representar un mensaje de sus aliados ante los intentos de tratamiento exprés de sus reformas. Aún así, Casa Rosada podría intentar la sanción de un porcentaje del proyecto en el Senado antes del fin de año. Sobre el cierre de la sesión, y de forma inesperada, definieron a los tres representantes para la Auditoría General de la Nación.

Dentro de los alineados con los gobernadores, los apoyos a La Libertad Avanza del proyecto general llegaron desde Neuquén, Salta, Tucumán, Catamarca, Santa Cruz y Misiones. Las oposiciones fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal (integrada por Nicolás Massot y Miguel Pichetto). Una particularidad se vio en el bloque de exlibertarios País Federal, en donde sus dos miembros votaron distinto: Marcela Pagano se opuso, mientras que Claudio Álvarez apoyo el Presupuesto 2026 oficialista.

Antes de la votación en general y pasada la medianoche, «Bertie» Benegas Lynch (La Libertad Avanza) anunció dos reformas: una que habilitaba al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para la ciudad Autónoma de Buenos Aires (como parte del acuerdo de Nación con el PRO), en simultáneo a la inclusión de un fondo especial de $21.347 millones a la «Jurisdicción 5 del Poder Judicial». Ambas modificaciones fueron introducidas en el capítulo 11 del proyecto, el más controvertido porque incluye el artículo 75 que eliminaba el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

Aún así, a la hora de la votación de ese capítulo (que además removía la movilidad de asignaciones familiares y la zona fría) distintos aliados provinciales modificaron su postura: la neuquina Maureira, el salteño Bernardo Biella, el correntino Diógenes González, el mencionado puntano Claudio Álvarez y los peronismos tucumanos y catamarqueños se posicionaron igual que Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Provincias Unidas (que se abstuvo hasta la última definición, en donde su postura fue fundamental), para superar por 123 votos a 117 al entramado libertario. También se registraron 2 abstenciones del radicalismo (Cipolini y Agüero) y dos ausencias del MID.

A la madrugada se definieron los otros dos propuestas del oficialismo. Una de ellas es la modificación del Régimen Penal Tributario, conocida como ley de Presunción de Inocencia Fiscal, que actualiza los montos que se precisan declarar para evitar ser considerados delitos de evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones. Esta iniciativa, que redefine «los criterios para la configuración de los delitos fiscales y prioriza la intervención penal en los casos de evasión relevante» -según precisaron en un documento libertario-, obtuvo media sanción con 130 votos a favor 107 en contra.

Definieron representantes de la Auditoría General de la Nación

Luego de esa aprobación, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, propuso la votación de la designación de los tres auditores generales de la Nación: Mónica Almada (por el oficialismo), Juan Ignacio Forlón (peronismo) y Pamela Calletti (representante de las provincias). La iniciativa provocó la ofuscación de Cristian Ritondo (PRO), que señaló que ese tema no corresponde a extraordinarias: «Que quede bien claro que la falta de códigos y de respeto a los compromisos asumidos corren por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara».

En ese momento, los miembros de Provincias Unidas definieron salir del recinto. Fueron seguidos por el PRO, la UCR y el Frente de Izquierda; quedaron provincialistas, peronistas y libertarios. Hasta ese momento cruzados, coincidieron en la aprobación a mano alzada de los representantes de Diputados para la Auditoría General de la Nación. Pasadas las 3 de la madrugada, juraron en la misma sesión.

Recaían dudas sobre la iniciativa denominada Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que establece penas de prisión para funcionarios que dicten o ejecuten «normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento». Es decir: se deben precisar el origen de los recursos para efectivizar los fondos. Finalmente, la sesión se cayó por falta de quorum y el tema no tuvo tratamiento.

Otro momento llamativo de la sesión ocurrió cuando tomó la palabra el correntino Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) que destacó obras en rutas nacionales y autopistas de su provincia, aunque se equivocó de dictamen: leyó el proyecto peronista. “No es una chicana, pero lo que leyó Almirón es nuestro dictamen. Las obras están incluidas por pedido de los diputados de Chaco y Corrientes, en una lista anexa que presentamos”, explicó Germán Martínez.

Presupuesto 2026: los puntos más importantes

Entre las proyecciones del Presupuesto 2026, el Gobierno estipula un crecimiento del 5,4% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 hacia diciembre del próximo año, objetivo que implicaría un fortalecimiento del peso nacional dado que en la jornada de sesión el dólar cerró a $1.475. Además, se considera como meta un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI.

Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la recaudación crecerá 0,47% del PIB, «con mayor presión sobre Combustibles y el Impuesto a las Ganancias, y menor en Bienes Personales». El organismo también detectó que las transferencias corrientes a provincias se incrementan 31,1% respecto del cierre previsto para este año; mientras que las empresas públicas recibirán $4,4 billones en transferencias corrientes y de capital.

El Impuesto a las Ganancias aportaría $16,5 billones, con una suba real del 12,8%. El IVA, $32,9 billones, con un crecimiento real del 8%. Débitos y créditos bancarios —uno de los tributos que el Gobierno aspira a reducir o eliminar— generaría $16,4 billones, con una mejora real del 10%. Por otro lado, se prorroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovables.

Entre los proyectos más criticados por la oposición se encontraba el artículo 69, que reducen los territorios geográficos alcanzados por el Régimen de Zona Fría; y el artículo 70, que derogaba tres artículos del Régimen de Asignaciones Familiares eliminando la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del resto de las asignaciones sujetadas a la movilidad previsional, pasando a depender de las decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

Además, en su artículo 75, eliminaba dos leyes sancionadas este año que fueron insistidas por dos tercios del Congreso: la de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Para las universidades nacionales, el Presupuesto prevé recursos por $4,8 billones, que «resultará insuficiente», según un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional. Para la Atención Integral a las Personas con Discapacidad, los aumentos iban a ser determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la ANDIS.

En el artículo 30, se derogan también las disposiciones legales para el aumento paulatino de inversión en Educación Técnico Profesional, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema de Educación Nacional y el Fondo Nacional de la Defensa. También se establece el congelamiento del bono de $70.000 para jubilados, dispuesto en el 2023, aunque se establece un incremento real del 5,7% en jubilaciones.

Fuente: Municipalidad de Salta

Las tareas se efectuaron entre las calles Ibazeta y Martín Cornejo, cercano a la Av. Entre Ríos. La zona presentaba principalmente sedimentos acumulados y malezas. El acondicionamiento permitirá un correcto drenaje del agua de lluvia.

En el marco del plan de mantenimiento de los canales pluviales de la ciudad, la Municipalidad efectuó la limpieza del canal Tineo, ubicado entre las calles Ibazeta y Martín Cornejo, cercano a la avenida Entre Ríos.

Alfredo Vorano, subsecretario de Espacios Verdes, explicó que “los trabajos consistieron principalmente en el retiro de sedimentos acumulados por las últimas lluvias y malezas existentes que dificultaban el normal escurrimiento del agua”.

“El canal Tineo se encuentra a cielo abierto desde la calle Siria hasta Almirante Brown, salvo en algunos sectores que pasa por debajo de las casas, y su angostura no permite la utilización de maquinarias por lo que la limpieza periódica suele realizarse de manera manual”, remarcó el funcionario.

Además, en el sector donde se trabajó en el día de hoy, se encuentra colindante a las viviendas por lo que la limpieza era fundamental para prevenir anegamientos o inundaciones en la zona.

Como en todos los casos, se solicita a los vecinos evitar arrojar residuos tanto dentro como en las márgenes de los canales pluviales de la ciudad.

Fuente: Municipalidad de Salta

Con la participación de múltiples organismos de seguridad y salud, se llevó adelante un operativo integral que incluyó evacuación, rescate de víctimas y control de un principio de incendio, con tiempos de respuesta altamente satisfactorios.

La Municipalidad de Salta llevó adelante un simulacro de sismo con principio de incendio en el Hospital Dr. Arturo Oñativia, con el objetivo de fortalecer los protocolos de actuación y entrenar a los equipos de respuesta ante posibles emergencias reales.

La actividad fue coordinada por la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana y planificada durante más de un mes junto a las autoridades y el personal del hospital. El ejercicio permitió poner en práctica procedimientos de evacuación, rescate y atención de víctimas en un establecimiento de alta complejidad.

El subsecretario de Protección Ciudadana, Ernesto Flores, indicó que “se evacuaron aproximadamente a 550 personas en un tiempo de 4 minutos y 40 segundos en los sectores previamente definidos, mientras que la evacuación total del edificio se concretó en alrededor de 5 minutos. Además, se trabajó con entre 8 y 10 víctimas simuladas, que fueron rescatadas mediante distintos dispositivos, incluyendo trabajos con cuerdas y extracción en zonas de difícil acceso. El ejercicio completo tuvo una duración aproximada de 45 minutos”.

Participaron del operativo Bomberos de la Policía de la Provincia, distintas divisiones de Bomberos Voluntarios, entre ellos Martín Miguel de Güemes, Campo Castañares, Brigada Solidaria, Cuerpo de Rescate Especial Voluntario y SOS Malvinas Argentinas. También personal de SAMEC, Tránsito municipal, Defensa Civil y Subsecretaría de Protección Ciudadana.

El simulacro contempló las particularidades del hospital, como áreas de diálisis, internación y medicina nuclear, además de las dificultades propias del entorno, con calles angostas y accesos reducidos. El foco del incendio fue simulado en el sector de la cocina, con generación controlada de humo, lo que permitió evaluar la coordinación entre los distintos equipos.

Al respecto, Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana sostuvo: “Este tipo de simulacros son entrenamientos fundamentales para que, ante una emergencia real, la respuesta sea más rápida y eficaz. Agradecemos profundamente al hospital y a todos los cuerpos de bomberos por la predisposición y el compromiso”.

 

Fuente: Municipalidad de Salta