La intención de las autoridades es modificar este instrumento con el propósito de seguir reduciendo la injerencia estatal en la economía y aumentar la eficiencia y transparencia en el uso de los fondos públicos.

En lo inmediato, el Gobierno espera que durante el período de sesiones extraordinarias, el Congreso termine de sancionar importantes proyectos como la modernización laboral, la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria (prohíbe los déficits), las modificaciones a la ley de Glaciares (fundamental para el desarrollo de la minería) y la reforma Código Penal (endurecimiento de las penas).

Posteriormente la intención del oficialismo es legislar sobre los puntos consensuados en el Pacto de Mayo que van desde temas de educación, coparticipación, reforma tributaria, entre otras. En particular, para la defensa de la propiedad privada se piensa acentuar el proceso de desregulación.

El cálculo del Gobierno es que existen 600.000 decretos que traban la economía. En lo inmediato, está trabajando sobre 70.000 que son los que están digitalizados para luego continuar con los restantes.

El presidente Javier Milei sostiene que durante los dos primeros años de su gestión se hicieron 13.000 reformas estructurales y que continuarán para “hacer de Argentina la economía más libre del mundo”.

Reforma del Estado

La reforma laboral no termina con el proyecto enviado recientemente al Congreso por el Poder Ejecutivo. Aunque suene extraño, dadas las ideas anarco capitalistas del presidente Javier Milei, en este ámbito también se comenta que están trabajando en un proyecto de reforma del empleo público con el objetivo de “profesionalizar a todos los cargos de la burocracia”.

Se trata de una iniciativa que replicaría lo hecho durante la presidencia de Carlos Menem, en los años 90, cuando se intentó jerarquizar a los servidores del Estado (mediante capacitaciones y ocupando vacantes por concurso, entre otros mecanismos). Se apunta, comentan en despachos oficiales, a políticas públicas que se mantengan en el tiempo –“como sucede en los países normales”, con empleados capacitados para ejecutarlas. La reformulación incluiría las remuneraciones, cuyas escalas y valores relativos “se encuentran completamente distorsionados”.

Despidos en la SIDE

Ante las críticas que despertó el DNU que modifica y amplía las funciones de los servicios de inteligencia, en el Gobierno se defienden señalando que estas tareas serán auditadas “en tiempo real” por una oficina independiente que no dependerá del titular de la SIDE, sino directamente a la Presidencia de la Nación.

En medios de la Casa Rosada se sostiene que “la SIDE es un desastre, de 1.300 empleados que tiene, apenas 8 están realmente capacitados como espías”. Una de las primeras conclusiones es que el área debería desprenderse de entre 150 y 400 personas. Que queden desvinculados no es un problema, se sostiene, porque “no manejan información sensible, cumplían tareas burocráticas”.

Los servicios de inteligencia argentinos son tan endebles que no tienen acuerdos de intercambio de información con países clave como los Estados Unidos o Israel, aclaran en medios oficiales. Y agregan que la intención, precisamente, es profesionalizar a la SIDE apuntando a tener este tipo de complementación.

Pax Cambiaria

En la City se comenta que el Banco Central está preocupado por mantener a raya el dólar, impidiendo que llegue al techo de la banda cambiaria.

La autoridad monetaria tiene en cuenta que enero y febrero son meses en los que, por razones estacionales, tiende a bajar la demanda de dinero, y en paralelo subir la de divisas. Por esta razón ha realizado tanto operaciones con títulos dólar link como intervenciones en el mercado de futuros.

El interés abierto en futuros subió 415 millones de dólares en lo que va de este año y la tasa implícita en la posición más corta llegó a 23% TNA, comparada con tasas cortas entre 30% y 40% TNA, según un informe de Equilibra. Esta consultora explica que, así, los bancos vuelven a tener incentivos para vender spot y cubrirse con futuros. Por su parte, el Tesoro también sumó oferta al mercado de cambios y vendió 266 millones de dólares el 2 de enero y 13 millones de dólares el 5.

El BCRA parece dispuesto a aceptar una cierta volatilidad en la tasa en pesos, con tal de lograr el objetivo de evitar que el tipo de cambio supere el límite superior de la banda (que lo obligaría a vender divisas cuando, por el contrario, debe acumular reservas, hoy en niveles mínimos).

La apuesta oficial es mantener la “paz cambiaria” para llegar a marzo sin sobresaltos, es decir el momento en que vuelva a subir la oferta de dólares por el comienzo de la exportación de la cosecha gruesa.

Fuente: Ámbito

No todos los vencimientos de deuda impactaron en las reservas

En este contexto, las reservas escalaron u$s1.297 millones desde el lunes. Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que no todos los vencimientos de la deuda impactaron en las reservas; por ejemplo, este viernes dichos pagos causaron una merma de u$s500 millones, que fue más que compensada por el REPO, los ingresos de las hidroeléctricas y las compras diarias del Banco Central en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

«Los globales necesariamente se pagan afuera y después vuelven los dólares de tenedores locales. Por el contrario, los bonares se pagan acá y solo se van los dólares de los tenedores del exterior», aclararon.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el pago de capital de los Globales es de u$s1.522 millones y los intereses por u$s1.042 millones. También resta el pago de los Bonares que es de u$s1.187 millones de capital y u$s462 de intereses.

Fuente: Ámbito

Con ese escenario despejado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quedó habilitada para firmar el acuerdo con los países del Mercosur. La rúbrica, que inicialmente se esperaba para el 20 de diciembre durante la cumbre del bloque sudamericano en Foz do Iguazú, había sido postergada por la resistencia francesa, que logró sumar a Italia a sus objeciones. Ahora, la firma está prevista para el sábado 17 de enero en Asunción.

Las primeras reacciones al acuerdo

Tras confirmar la noticia, Von der Leyen calificó la decisión como “histórica” y sostuvo que “Europa está enviando una señal fuerte”. En esa línea, remarcó que “con el Mercosur estamos creando un mercado compartido de 700 millones de personas”.

Desde Madrid, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró con un contundente “AL FIN” en redes sociales y afirmó que, tras la firma, “las empresas españolas podrán entrar a nuevos mercados, exportar más, y generar más empleos”. Además, marcó una diferencia implícita con la política comercial de Estados Unidos: “En el mundo de hoy, no todo son aranceles, amenazas y malas noticias. Algunos tendemos nuevos puentes”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, definió el acuerdo como un “hito en la política comercial europea y una clara señal de nuestra soberanía estratégica y capacidad de acción”, aunque advirtió que el proceso fue excesivamente largo. “25 años de negociaciones fueron demasiado tiempo”, resumió.

En Francia, en cambio, el aval al acuerdo profundizó la tensión política interna. Tanto la izquierda como la derecha endurecieron sus críticas al gobierno de Macron. Francia Insumisa (LFI) presentó una moción de censura, mientras que la Agrupación Nacional (RN), liderada por Jordan Bardella, anunció acciones contra el presidente francés y contra la jefa de la Comisión Europea en Bruselas.

Desde Sudamérica, el presidente Javier Milei calificó la decisión como una “buena noticia”. El ministro de Economía, Luis Caputo, también se sumó a las celebraciones y definió el entendimiento como “un acuerdo histórico” y explicó que “Nivelará a la Argentina frente a otros países que actualmente gozan preferencias con el bloque europeo». En ese marco, destacó que el tratado aportará “reglas claras que brindarán previsibilidad y transparencia regulatoria” y facilitará la integración de las pymes a las cadenas globales de valor.

Desde brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva definió el entendimiento como “un día histórico para el multilateralismo” y subrayó que, en un contexto de creciente proteccionismo, el acuerdo “señala el apoyo al comercio internacional como motor del crecimiento económico”.

También se expresó el presidente paraguayo Santiago Peña desde Asunción, ciudad que presenciará la firma del tan ansiado pacto. El mandatario afirmó que se “marca el inicio de una nueva etapa para nuestra región” y resaltó que abre un mercado de más de 450 millones de consumidores, impulsa inversiones, transferencia tecnológica y reglas previsibles para el comercio.

Acuerdo Mercosur-UE: cómo será la ratificación y qué falta para que entre en vigencia

Con la aprobación política en el Consejo Europeo, el proceso de ratificación ingresó en su tramo decisivo. El 17 de enero, autoridades europeas viajarán a Asunción para firmar formalmente el tratado junto a representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La firma no implica una aplicación inmediata. Ahora, el trámite avanzará por dos vías paralelas: el tratamiento en el Parlamento Europeo y los procesos de ratificación interna en cada país del Mercosur, de acuerdo con sus marcos constitucionales.

Una vez cumplidas las instancias europeas, el acuerdo podría comenzar a aplicarse con aquellos países del Mercosur que ya lo hayan ratificado, incluso si el proceso no está cerrado en la totalidad de los Estados parte.

Según estimaciones de fuentes europeas, si no surgen nuevos obstáculos políticos o legislativos, la aplicación inicial podría darse hacia finales de 2026. En el Parlamento Europeo, la aprobación requiere mayoría simple. Aunque Francia y otros países mantienen su rechazo, el número de eurodiputados contrarios no parecería suficiente para bloquearlo.

De todos modos, para la entrada en vigor plena del acuerdo global —que incluye capítulos no comerciales— será necesaria la ratificación de los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros de la UE. Ese tramo podría extenderse hasta fines de 2026 o más allá.

El tratado es considerado “mixto”: la parte comercial, de competencia exclusiva de la UE, puede avanzar con la aprobación del Consejo y el Parlamento Europeo; en cambio, los capítulos vinculados a medio ambiente, inversiones y propiedad intelectual requieren aval nacional, ya que involucran competencias de los Estados miembros.

Qué implica el acuerdo comercial entre UE y el Mercosur

En términos económicos, el acuerdo destaca por su escala. Una vez implementado, abarcará a 722 millones de habitantes y representará un PBI conjunto de u$s22 billones, lo que lo convertiría en el mayor acuerdo comercial del mundo.

Datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos indican que el comercio bilateral actual entre la UE y el Mercosur asciende a 88.000 millones de euros anuales en bienes y 34.000 millones de euros en servicios. Con la consolidación de la zona de libre comercio, esos flujos podrían representar cerca del 20% del PBI mundial.

El núcleo del entendimiento es la reducción gradual de barreras arancelarias y la creación de un mercado con reglas de origen claras, para que los beneficios queden dentro de ambos bloques. El texto también establece un marco regulatorio amplio que abarca servicios, propiedad intelectual, compras públicas, comercio sostenible, empresas estatales y mecanismos de solución de controversias, un punto clave para la previsibilidad de largo plazo.

El acuerdo prevé la eliminación de aranceles sobre el 90% del comercio bilateral, con plazos de desgravación más largos que en otros tratados firmados por la UE. Para el Mercosur, el impacto se concentraría en un mayor impulso a las exportaciones agroindustriales, energéticas y mineras. Para Europa, el objetivo es asegurar abastecimiento de alimentos, energía y minerales críticos, además de facilitar el ingreso de su producción industrial a Sudamérica y reforzar su posición frente a Estados Unidos y China.

Estimaciones de fuentes europeas señalan que la UE podría sumar cerca de u$s10.000 millones anuales en exportaciones adicionales, mientras que las ventas europeas crecerían en casi u$s60.000 millones.

Fuente: Ámbito