La funcionaria lamentó que se hayan desdoblado los comicios en territorio porteño

En medio de las tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza por la demorada alianza entre ambos partidos, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, cuestionó este domingo a Mauricio y Jorge Macri por haber adelantado las elecciones en la ciudad de Buenos Aires sin haberlo consultado antes con la Casa Rosada.

“Si yo, en el medio de querer hacer un acuerdo político, le pongo la fecha a una votación, no lo discuto con nadie y embarro un año que tenía que ser de trabajo, de gestión, eso ¿a quién le conviene? ¿Al ciudadano o al político?“, cuestionó la funcionaria.

Durante una entrevista en TN, la referente del oficialismo explicó que el Gobierno tenía pensado “tener todo un año de trabajo y ocuparnos de las elecciones recién en agosto”, por lo que la decisión del mandatario portepño de desdoblar los comicios “perturba” esos planes.

“Yo no creo que el kirchnerismo gane en la ciudad de Buenos Aires, pero la pregunta es a quién beneficia esto. ¿Qué acuerdo podés hacer con alguien que pone una elección sin consultarle a nadie? Es raro», agregó.

García-Mansilla ya asumió en su nuevo cargo, mientras que a Lijo todavía no le tomaron juramento

El plazo que se planteó para impulsar las negociaciones se está terminando y, a menos de que se suspenda la sesión, en tan solo cuatro días el Gobierno enfrentará la votación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia.

El próximo jueves, a partir de las 14:00, ambos jueces se someterán a la voluntad del Senado, donde el kirchnerismo es mayoría, aunque tiene posiciones divididas respecto de si apoyar o no las postulaciones.

A esta fractura de la oposición, justamente, apuestan los principales funcionarios de la cúpula libertaria que, si bien mantuvieron las candidaturas de los dos magistrados, no llevaron adelante grandes gestiones para garantizarse el apoyo necesario en el recinto.

En una semana que estará marcada por el feriado del 2 abril, las autoridades nacionales y legislativas realizarán las últimas conversaciones con los jefes de los otros bloques y los gobernadores.

El futuro de los jueces se definirá en el Senado (Fotos: Comunicación Senado)

Aunque todavía no fue confirmada, todo indica que el martes habrá una reunión de labor parlamentaria en la que se terminarán de acordar los detalles del debate que se llevará adelante 48 horas después.

El miércoles, la vicepresidenta Victoria Villarruel viajará a Ushuaia para participar de un acto en homenaje a los caídos en la guerra por las Islas Malvinas, en la que peleó su propio padre.

Sin embargo, la titular de la Cámara alta tiene previsto regresar a la Ciudad de Buenos Aires ese mismo día después de la ceremonia, para llegar sin problemas a presidir la sesión del jueves.

Una de las claves de la jornada estará en el quorum, ya que la oposición apunta a rechazar los pliegos y, si bajan al recinto sin ausencias, impondrían su mayoría para comenzar la discusión, es decir, 37 sentados.

Si Unión por la Patria y un puñado de radicales y macristas cumplen con las afirmaciones vertidas durante las últimas y largas semanas, sobraría número para iniciar la discusión. Por ahora, el Gobierno no mira con malos ojos que ello no ocurra, aunque tampoco movió su maquinaria para lograr dicho cometido.

Villarruel viajará a Ushuaia el miércoles, pero tiene previsto regresar a Buenos Aires para presidir la sesión

Una vez llegada la instancia de definición, los pliegos de candidatos para la Corte Suprema precisarán dos tercios de los presentes -y no del total del cuerpo- del pleno de la Cámara.

En un escenario ideal de asistencia plena -72 legisladores-, ello implicará 48 votos. Entonces, un escenario de eventual rechazo de algunas de las postulaciones necesitará 25 voluntades en contra. Esa cifra acabaría con cualquier tipo de aspiración.

Por ello también lo fundamental y clave de potenciales ausencias en el recinto. Para poner dos ejemplos: con 65 senadores presentes, los pliegos deberán obtener 44 votos; con 50 legisladores presentes, 34.

En la Casa Rosada, la cúpula libertaria señala que todavía no hay definiciones públicas por parte de los cuatro senadores que abandonaron Unión por la Patria (UP) y crearon su propio bloque, llamado “Convicción Federal”.

Se trata de Fernando Aldo Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Fernando Rejal (La Rioja), quienes están enemistados con Cristina Kirchner.

En el Gobierno consideran que estos dirigentes podrían votar a favor de la candidatura de García-Mansilla, que actualmente es la que más rechazo genera en la oposición.

La oposición buscará rechazar los pliegos (NA)

A pesar de que se alejaron del kirchnerismo, los senadores mencionados siguen dentro del interbloque de UP, por lo que continúan trabajando en conjunto con el sector de José Mayans, que responde a la ex presidenta.

De hecho, tal como anticipó Infobae, los cuatro legisladores serían los primeros en sentarse el 3 de abril próximo, y así se lo informaron en persona a la Vicepresidenta el jueves último

“Veremos qué hace el Congreso, nosotros creemos que debería acompañar. La oposición sé que estaba dividida, hay que ver si bajan todos a dar quórum o si hay ausentes. De todas formas, a García-Mansilla ya le tomaron juramento y va a seguir hasta el 30 de noviembre, pase lo que pase”, advirtió un integrante del Gabinete.

Otra cuestión a contemplar: el despacho del magistrado federal aparece como primera orden del día analizar en la sesión, un tema que podría ser repensado o planteado en una reunión de Labor Parlamentaria que se estima para el martes, pero aún no fue activada.

La semana pasada, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, se reunió con dos gobernadores -que tienen importante injerencia en el Senado-, aunque en su entorno no confirmaron ni rechazaron si hablaron del debate del jueves.

FUENTE: INFOBAE

El Gobierno disolvió el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal

En el marco de las auditorías llevadas a cabo por el Gobierno, el Gobierno disolvió el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) tras detectar variadas irregularidades en la gestión del mismo.

Se trata de una estructura que financiaba obras de infraestructura eléctrica en Argentina, cuyos fondos provenían del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. Había sido creado en 1999 por la Secretaría de Energía del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, con el objetivo de financiar obras para la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica, particularmente en alta tensión. Particularmente, apuntaba a proyectos que estuvieran destinados “al abastecimiento de la demanda o a la interconexión de regiones eléctricas, teniendo por fin la mejora de la calidad del servicio junto a una mayor seguridad de la demanda”.

Pero después de una serie de observaciones realizadas por organismos como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía, que cuestionaron la eficacia y la gestión del fondo, el Poder Ejecutivo determinó avanzar con la reciente medida, bajo el decreto 234/2025.

Según el escrito publicado en el Boletín Oficial, cuyas firmas pertenecen al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo -en cuya cartera se llevaba a cabo la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios-, la SIGEN “elaboró un Informe de Auditoría Especial en el que formuló observaciones sobre el funcionamiento”, que apuntan al incumplimiento sistemático al “Reglamento de Contrataciones CAF”.

Dentro del listado de irregularidades detectadas, mencionó la inexistencia de “manuales o instructivos internos formalizados que describan, de modo íntegro, la totalidad de las operatorias realizadas por el referido fondo”, y la falta de “un sistema integral de gestión y registro de la información financiera”, lo cual no permite que exista un adecuado control de los fondos que se destinaron a cada una de las obras.

También, destacaron el incumplimiento de normativas relacionadas con las contrataciones, demoras significativas en la ejecución de las obras, provocando incrementos en los costos y ajustes en los precios; y un aumento desproporcionado del personal a cargo del fondo.

En este último punto, la normativa argumentó bajo el artículo 147 de la Ley N° 11.672 “que los fondos fiduciarios públicos no podrán contar con estructura de personal permanente y temporario a su cargo, siendo necesario que los recursos humanos que realicen las tareas necesarias integren las plantas de personal de las Jurisdicciones y/o Entidades de las cuales dependen los citados fondos fiduciarios”. Los organismos encargados de las auditorías detectaron un salto en la nómina que pasó de 9 personas en enero de 2023 a 45 en diciembre del mismo año.

Por estas razones y una serie de indicadores que fueron considerados injustificados en el marco de la misión del fondo, el decreto indicó que “resulta claro que los gastos operativos referidos efectuados por el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) no hacen al cumplimiento de su objeto y resulta un desvío infundado”.

Este decreto de disolución no solo responde a los problemas administrativos, sino también a la necesidad de una reestructuración más profunda en la gestión pública de los fondos destinados a la infraestructura energética. En este sentido, la medida indica que es “indispensable establecer que el 19,86% de lo recaudado por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica deberá ser afectado a las obras que la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía identifique como de ampliación” del mencionado sistema de alta tensión al que apuntaba el fondo fiduciario.

A su vez, el rol de comitente en los contratos de obra serán asumidos por la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti.

Esta disolución se alinea con los principios establecidos en la Ley N° 27.742, que otorgan al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de modificar, transformar o disolver los fondos fiduciarios públicos, siempre que se garantice la transparencia y eficiencia en la utilización de los recursos. La medida publicada en horas de la madrugada de este lunes, se suma a las anteriormente tomadas por el gobierno del presidente Javier Milei.

Los últimos que habían sido disueltos eran el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, debido a condiciones de irregularidad detectadas, como lo fue el caso del FFTEF. De esta manera, el número de fondos que dejaron de existir asciende a más de siete.

FUENTE: INFOBAE