En marzo del año pasado el Presidente anticipó en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que enviaría un paquete con ocho proyectos. Las razones por las cuales no avanzó cada uno de ellos
El gobierno de Javier Milei comenzó con un tropiezo en el Congreso cuando tuvo que retirar la primera versión del proyecto de Ley Bases en medio de una sesión fallida durante febrero de 2024. Un mes más tarde, en la apertura de sesiones ordinarias, el Presidente redobló la apuesta con la convocatoria al Pacto de Mayo y el anuncio de un nuevo paquete de leyes que bautizó “anti casta” ya que apuntaría a terminar “con los privilegios de la política y sus amigos”.
Algunos meses más tarde, tras arduas negociaciones, el Gobierno finalmente lograría la aprobación de la Lay Bases y del Pacto Fiscal. Fue hasta el momento su principal victoria en el Congreso. También pudo firmar con 18 gobernadores y varios referentes de la oposición -como Mauricio Macri- el mentado Pacto de Mayo, que en la práctica tuvo un efecto político casi nulo.
Sin embargo, Milei casi no registró avances con sus proyectos de ley “anti casta”, en algunos casos por falta de consenso político, y en otros, directamente porque la realidad de la gestión lo obligó a cambiar de posición.
El más claro ejemplo fue el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia. En la apertura de sesiones el Presidente había retomado uno de los proyectos insignia del PRO, que planteaba que no pueden ser candidatas en elecciones nacionales las personas con una condena en segunda instancia por causas de corrupción. Por aquel entonces, fue un guiño a sus aliados naturales, que a lo largo del año tendrían un rol clave para la aprobación de las iniciativas del Poder Ejecutivo.
Pero cuando llegó el momento decisivo, La Libertad Avanza no acompañó. Hubo dos sesiones: en la primera no se llegó al quórum por apenas un diputado, pero el bloque libertario estuvo presente casi en su totalidad (dos ausentes). En cambio, en la segunda sesión -una semana después- quedó en claro que el oficialismo no tenía interés real en lograr la aprobación del proyecto. El bloque oficialista no solo tuvo ocho ausentes sino que los voceros del Gobierno salieron a criticar el proyecto inmediatamente después de caída la sesión.
El jefe de Gabinete Guillermo Francos había advertido que podría verse como una maniobra para proscribir a Cristina Kichner, la principal referente de la oposición que dos semanas antes había recibido la confirmación de una pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. En cambio, sectores de la oposición como el PRO y la UCR coincidieron en que el Gobierno estratégicamente decidió sabotear el proyecto para poder polarizar con Cristina Kirchner durante la campaña electoral de 2025.
Otros proyectos que quedaron cajoneados por puro pragmatismo fueron los que buscaban “democratizar los sindicatos”. Milei había anunciado a principio de año que obligaría a los gremios a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas libres -supervisadas por la Justicia electoral- y que limitaría los mandatados a 4 años, con una sola reelección posible.
También anunció los convenios colectivos específicos que se realicen en una empresa o grupos de empresas primarían por sobre los convenios colectivos del sector. “Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define detrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años”, dijo Milei.
Diferentes iniciativas se debatieron durante el año en la Comisión de Legislación del Trabajo pero en septiembre el oficialismo se negó a firmar el dictámen en el marco de un acuerdo político con la CGT.
A pesar de todo, la UCR y el PRO intentaron forzar una sesión en base a una interpretación del reglamento de la Cámara de Diputados, según la cual no hace falta la firma de la mayoría de los integrantes de una comisión para llevar al recinto un dictamen. No obstante, sin LLA, ni el peronismo ni gran parte del bloque de Miguel Ángel Pichetto, no hubo quórum.
Milei también había prometido eliminar las jubilaciones de privilegio para ex presidentes y vicepresidentes. De hecho, renunció formalmente a su jubilación bajo el argumento de que tener un ingreso garantizado al salir de la función pública hace que los políticos no estén preocupados por el resultado de su gestión, ya que de todas formas contarán con una jubilación muy por encima de la media.
En este caso tampoco hubo proyectos de ley específicos, pero sí una medida muy concreta contra la ex mandataria Cristina Kirchner: se suspendió por decreto el cobro de su jubilación y de la pensión que recibía por su fallecido esposo Néstor Kirchner. El argumento del Gobierno fue que la jubilación de privilegio se recibe como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. “La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa Vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, planteó el vocero presidencial Manuel Adorni.
El caso se definirá en la Justicia ya que Cristina Kirchner ya hizo un planteo para revertir la media y cobrar los haberes adeudados en forma retroactiva.
Otras iniciativas “anti casta” apuntaban a descontar por ley los días de paro a los empleados estatales que hicieran paro y a reducir la cantidad de asesores de los diputados y senadores. “Es una práctica común de la política que los representantes del pueblo armen pymes de 30/40 asesores cada uno, dilapidando los recursos de los argentinos”, planteó Milei ante el Congreso.
En estos casos tampoco se avanzó con proyectos de ley. Pero los descuentos se aplicaron en algunos conflictos por decreto y, por su parte, ambas Cámaras del Congreso -una controlada por Martín Menem, cercano a Karina Milei, y otra por la vicepresidenta Victoria Villarruel- avanzaron con fuertes recortes de gastos y de personal.
De hecho, la semana pasada Martín Menem anunció a través de sus redes sociales que la Cámara de Diputados le “devolverá” al Ministerio de Economía unos $7.000 millones que corresponden a “recortes de privilegio”.
“Siguiendo el mandato expreso del Presidente, la planta de la cámara se redujo en 900 personas, eliminamos más de 70 cargos jerárquicos y se redujo la cantidad de pasajes en más del 20% que utilizaban los legisladores”, dijo Manem.
Finalmente, todavía está abierta la posibilidad de avanzar en el corto plazo, durante sesiones extraordinarias de febrero, con la última de las promesas que hiciera el Presidente: eliminar el financiamiento público de los partidos políticos.
Los libertarios ya habían planteado el tema dentro de la Ley de Bases en el capítulo de la reforma política, que fue uno de los primeros en caer por la profundidad de las reformas que proponía, como la adopción del sistema de circunscripción uninominal y la modificación de la cantidad de escaños en el Congreso.
En Argentina, la Ley N° 26.215 estipula que el Estado debe garantizar fondos para que todos los partidos puedan competir en condiciones de igualdad relativa y además fija límites a los aportes privados. El oficialismo quiere terminar con el financiamiento público y liberar los aportes privados. Por eso envió en noviembre dos proyectos (el otro elimina las PASO) para que sean tratados durante extraordinarias.
Hasta el momento la falta de consenso político hizo dudar al Poder Ejecutivo, que nunca formalizó el llamado a extraordinarias. Sin embargo, el reciente giro en la postura de Mauricio Macri y el PRO sobre la eliminación de las PASO reavivó las esperanzas de los libertarios y ambos temas podrían ser retomados en febrero.
La eliminación de las PASO podría contar con cierto apoyo del peronismo, los gobernadores y sectores de la UCR. Aunque ninguno de estos sectores comparte la idea de terminar con el financiamiento público de los partidos.
