El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero

Hay clima de preocupación en el sindicalismo. El decreto 149 que elimina la obligación de las empresas a realizar aportes económicos compulsivos a las cámaras patronales a través de los convenios colectivos de trabajo, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, no afecta a los gremios. Aun así, la inquietud crece en el poder sindical: “Todo esto genera mucho ruido y malestar”, admitió a Infobae un jefe de la CGT que, como el resto, se enteró de este tema cuando salió en los medios.

Es que, según se teme, la decisión del Gobierno puede extenderse en cualquier momento a gremios que, al igual que las cámaras empresariales, tienen incluido en sus convenios colectivos de trabajo algún aporte obligatorio de los trabajadores que va dirigido, por ejemplo, al sostenimiento del aparato sindical o un beneficio adicional, como seguros de retiro o seguros de sepelio.

Mientras los abogados sindicales analizan las implicancias del decreto 149, algunos dirigentes de primera línea multiplicaron en las últimas horas sus llamados a funcionarios libertarios para saber si están en la mira por cláusulas convencionales que fijan aportes obligatorios que van a sus arcas.

En la CGT hay clima de mucha inquietud por el posible avance del Gobierno en los convenios colectivos

Nadie lo confirma, pero seguramente los teléfonos más marcados por los sindicalistas son los del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el “padre” del nuevo decreto, y del secretario de Trabajo, Julio Cordero, figura clave por su fluido diálogo con la dirigencia gremial, aunque en la CGT priorizan su llegada directa al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor Santiago Caputo.

“Hay que analizar convenio por convenio. Sin embargo, todos los aportes compulsivos que estén fuera del alcance de lo contemplado en la ley de convenios colectivos de trabajo no son válidos”, aseguraron a Infobae fuentes oficiales, aunque admitieron que aún no se hizo un relevamiento.

De todas formas, en otra área del Gobierno afirmaron a este medio que “no hay ninguna intención de confundir esta nueva norma que afecta a las contribuciones de las empresas con los aportes sindicales”. Y, en ese sentido, aclararon: “Estamos analizando si esos fondos son de la cámara empresarial o del sindicato, y qué beneficio tiene cada instituto para los trabajadores”.

La CGT, con Guillermo Francos, Santiago Caputo y Julio Cordero, en su último encuentro en la Casa Rosada

Este tema sensibiliza la curtida piel del sindicalismo porque la Casa Rosada se metió en un ámbito sacrosanto para la dirigencia gremial como los convenios colectivos de trabajo, donde hasta ahora negociaban con los empresarios algunas formas de financiamiento adicional de sus organizaciones o seguros colectivos que se instauran obligatoriamente cuando los acuerdos se homologan.

Varios gremialistas, en particular, encuentran muchos puntos de contacto entre el espíritu del flamante decreto 149 y el DNU 70, frenado por la Justicia, que puso en pie de guerra a la CGT apenas iniciado el gobierno de Javier Milei porque ponía límites estrictos a las cuotas solidarias, el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos a los trabajadores de una suma pactada con los empresarios en los convenios colectivos de trabajo.

En rigor, el DNU 70 autorizaba el pago de esas cuotas solidarias a los sindicatos “sólo si existía un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. Que era, en la práctica, una forma de complicar al extremo el sistema que sostiene actualmente el funcionamiento de los gremios.

La CGT se movilizó ante Tribunales en diciembre de 2023 para protestar contra el DNU 70 (Foto AP/Rodrigo Abd)

Las cuotas solidarias comenzaron a incorporarse en los convenios colectivos de trabajo en los años 90 como una forma de compensar la desafiliación sindical a raíz de los cambios económicos que impuso el menemismo. De esa forma, empresarios y sindicalistas pueden acordar que los no afiliados tengan que hacer un aporte al sindicato, así como lo hacen los afiliados, debido a que también son beneficiarios de los logros obtenidos por cada organización gremial. Ese recurso se convirtió desde entonces en una millonaria herramienta de recaudación para los gremios.

La profunda preocupación de los gremios por este tema fue confirmada en su momento por Armando Cavalieri, líder de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el sindicato más numeroso del país, de 1.200.000 afiliados: “Si este decreto voltea (las cuotas solidarias) pone en bancarrota a todo el gremio -alertó-. “Tenemos 350 sindicatos del interior que tienen mutuales, farmacias, y 1 millón y medio de trabajadores que aportan todos los meses a las arcas del sindicato y si de repente esto no lo tenemos más, desaparecemos como sindicato”.

Ese punto fue uno de los principales motivos por los cuales la CGT impugnó el capítulo laboral del DNU 70 y logró que la Justicia lo frenara. Pero el Gobierno volvió a incorporarlo en el borrador de la Ley Bases aprobado a fines de abril de 2024, pero luego de la presión sindical se eliminó del texto, junto con otros artículos, para conseguir más apoyos políticos que permitieran su sanción.

El dirigente de la CGT Gerardo Martínez y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos (Foto Franco Fafasuli)

La intranquilidad del sindicalismo se reactivó a mediados del año pasado cuando un grupo de diputados de la UCR y del PRO, con algunos aliados, impulsó el llamado proyecto de Democracia Sindical en la Cámara de Diputados. En la iniciativa, con la firma de Martín Tetaz (UCR), María Eugenia Vidal (PRO), Verónica Razzini (PRO), Mónica Frade (Coalición Cívica) y Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), entre otros, se propone directamente la prohibición de las cuotas solidarias: dice que “los gremios no podrán establecer, exigir ni imponer aportes a los trabajadores de manera obligatoria” y que “para cualquier tipo de descuento se requerirá autorización expresa del trabajador, que podrá ser revocada en cualquier momento que el trabajador disponga”.

El proyecto, conocido coloquialmente como la “Ley Tetaz”, quedó trabado en Diputados el 26 de noviembre pasado luego de que la UCR y el PRO no lograron el quórum necesario para una sesión especial donde se iba a tratar el tema, pese a que el dictamen no tuvo los votos en la Comisión de Legislación del Trabajo. Ahora, la iniciativa perdió estado parlamentario y deberán volver a presentarla, con muchas dudas acerca de si finalmente tendrá respaldos en un año electoral.

¿Avanzará el Gobierno sobre un tema tan sensible para el poder sindical? Una medida de ese tipo pondría en rojo las arcas de los sindicatos, por lo que si Milei lo impulsa equivaldrá a la guerra total con la CGT y toda la dirigencia gremial. Nadie cree que lo haga, pero tampoco se descarta porque el Gobierno ya desató el pánico: se acaba de meter con algo sagrado para el gremialismo.

fuente: infobae

El Gobierno prepara una serie de proyectos para enviar al Congreso (AFP)

Luego de las discusiones durante las sesiones extraordinarias, en las que el oficialismo logró algunas victorias, pero también tuvo diferentes traspiés, el Gobierno se prepara para impulsar varios proyectos que todavía no tienen el consenso garantizado dentro del Congreso, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como principal desafío.

El sábado pasado, el presidente Javier Milei dejó inaugurado el nuevo periodo legislativo con un discurso en el que anticipó varias de las iniciativas que su administración intentará que se aprueben a lo largo de este año.

Ahora, en la cúpula libertaria ya están, por un lado, terminando de escribir las medidas y, por el otro, analizando la situación en ambas Cámaras, ya que tendrán que volver a trabajar para reunir los votos que le permita sancionarlas.

Uno de los textos que ya se está cerrando tiene que ver con las reformas en las leyes migratorias, ya que la actual gestión busca facilitar la deportación de los extranjeros que cometan delitos, endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad y reforzar los controles en las fronteras.

La Casa Rosada busca endurecer los controles migratorios

Detrás de este proyecto está el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, que en los últimos meses se reunió con funcionarios del Ministerio de Justicia y de Capital Humano para definir la letra chica de algunos de los cambios.

Además, como es habitual, la medida está siendo revisada también por la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy, una de las dirigentes de mayor confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.

Por otra parte, el Gobierno intentará que se trate el proyecto de baja de edad de imputabilidad presentada el año pasado por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el cual comenzó a debatirse en comisión, pero nunca llegó al recinto.

Esta decisión va en línea con el nuevo Código Penal que estudian las autoridades nacionales, elaborado por especialistas en la materia, el cual prevé penas más duras y también debe ser discutido en ambas Cámaras para entrar en vigencia.

“Durante demasiado tiempo la política le dijo a los argentinos que no iba a castigar el delito, que los delincuentes eran víctimas de un sistema injusto. Lo único que lograron fue que, para muchos delincuentes, delinquir ya no tuviera costo. Lo sufren los bonaerenses todos los días”, sostuvo Milei durante su exposición del sábado.

Sin embargo, uno de los desafíos más importantes para el oficialismo será el proyecto que autorizaría al Presidente a firmar un nuevo acuerdo con el FMI, en el cual el Poder Ejecutivo viene trabajando desde el comienzo de su gestión.

El propio jefe de Estado se reunió en su último viaje a los Estados Unidos con la directora general de ese organismo multilateral, Kristalina Georgieva, para ultimar los detalles del nuevo préstamo que serviría para fortalecer las reservas del Banco Central.

Javier Milei junto a Kristalina Georgieva

En la Casa Rosada, sin embargo, anticipan que no van a revelar ante diputados y senadores los detalles de este futuro programa con el Fondo, sino que solamente enviarán un pedido para habilitar al Gobierno a firmarlo.

“No corresponde que demos todas las precisiones del acuerdo, que sigue siendo confidencial hasta que se firme. No tenemos que hacerlo y no lo vamos a hacer”, explicó un dirigente muy cercano al Presidente.

No obstante, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no descartaba reunirse en los próximos días con los representantes de los bloques aliados para discutir en persona todas las iniciativas que el Gobierno tiene para el 2025, como ya hizo en anteriores oportunidades.

De hecho, el funcionario recibió a los legisladores del PRO, el MID y la UCR en su oficina de Balcarce 50 tanto antes de las sesiones extraordinarias como en varias ocasiones a lo largo del 2024, para destrabar conflictos.

Por el momento, en el partido que lidera Mauricio Macri advierten que no van a garantizar los votos en el Congreso antes de conocer los detalles de cada una de las iniciativas en cuestión, incluido el acuerdo con el FMI.

“También leímos en los medios que no se van a dar las precisiones del programa con el Fondo, pero queremos leer la norma, todos los artículos, cómo están argumentados, para después fijar una posición”, advirtieron en la bancada que encabeza Cristian Ritondo.

fuente: infobae