El Gobierno de Javier Milei avanza en la privatización de las concesiones de las rutas y autopistas

Tal como había sido anunciado, el Gobierno nacional inició el proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, que maneja las principales rutas del país. Este es el paso previo al cierre de la empresa estatal.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado que el Ejecutivo comenzaría con el plan oficial para pasar al sector privado más de 9 mil kilómetros de caminos, que concentran el 80% del tráfico a nivel nacional. La decisión se oficializó esta madrugada mediante la publicación del decreto 97/2025 en el Boletín Oficial, que establece: “Autorízase el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias”.

En línea con lo que establece la normativa, será el Ministerio de Economía, con asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el organismo a cargo de adoptar las medidas necesarias para comenzar este proceso. Para eso, establecieron una serie de acciones que deberán concretarse, entre ellas:

• la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de los Tramos I a V, del Tramo VI y de los Tramos VII a X asignados a Corredores Viales S.A.;
• la ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los referidos corredores; y
• la disolución y posterior liquidación de la empresa, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.

Según explicó Adorni, “a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios”.

Ahora, el Gobierno alega que el estado de los caminos se debe al atraso tarifario. En este contexto, se definirá qué tarifas podrán establecer las nuevas concesionarias, las cuales tendrán la responsabilidad de ejecutar obras de mejora en la infraestructura vial.

“A modo de repaso, en el comienzo de la gestión, el 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado malo o crítico, los contratos de obra estaban paralizados”, detalló el vocero presidencial. Este porcentaje representa 3.402 kilómetros.

Según datos oficiales, Corredores Viales presentó un resultado económico negativo en 2023, con una deuda de $142.000 millones con proveedores y pérdidas acumuladas de $268.000 millones. Para hacer frente a esta situación, recibió asistencia del Tesoro Nacional por un total de $301.000 millones.

En el considerando de la norma, el Gobierno alega que “considera prioritaria la construcción de obras de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos con el objeto de asegurar la conexión de las distintas regiones del país de manera segura y previsible, para lo cual se precisa la participación del sector privado”. Por esto mismo, propone la privatización total de la empresa a través de la celebración de contratos de concesión de obra pública.

La empresa estatal es una de las compañías que quedaron sujetas a privatización en el Artículo 7 de la Ley de Bases junto a Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A. En el Gobierno consideran que de alguna manera Corredores Viales duplicaba las funciones de la Dirección Nacional de Vialidad, bajo la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Rutas que administra Corredores Viales:

A continuación, se detallan los 10 tramos de rutas administrados por Corredores Viales S.A., incluyendo el número de ruta, los puntos de inicio y fin, y la longitud en kilómetros:

• Tramo I: Rutas: RN 34 y RN 9. Desde: Límite Santa Fe / Santiago del Estero (Km 398,00). Hasta: La Banda, Santiago del Estero (Km 725,11). Longitud: 327,11 km.
• Tramo II. Ruta RN 188. Desde: Pergamino (Km 73,88). Hasta: Empalme con RN 7 (Km 163,89). Longitud: 90,01 km.
• Tramo III. Rutas RN 12 y RN 16. Desde: Empalme RN 123 (Km 871,15). Hasta: Posadas, Misiones (Km 1336,00)Longitud: 464,85 km
• Tramo IV. Rutas RN 8, RN 36 y A005. Desde: Pilar (Km 56,99). Hasta: Villa Mercedes, San Luis (Km 722,95)Longitud: 665,96 km.
• Tramo V. Rutas RN 19 y RN 34. Desde: Empalme RN 1 Santo Tomé (Km 0,00). Hasta: Río Primero (Km 280,20). Longitud: 280,20 km.
• Tramo VI. Rutas RN 9, RN 193, RN 34, A008 y A012. Desde: Empalme RP ex RN A024 (Km 72,90)Hasta: Empalme RN A-008 (Km 287,42)Longitud: 214,52 km.
• Tramo VII. Rutas RN 3, RN 226 y RN 205. Desde: Fin Autopista Ezeiza – Cañuelas. Hasta: Intersección con RN 226. Longitud: 245,26 km.
• Tramo VIII. Ruta RN 7. Desde: Empalme Acceso Oeste Luján. Hasta: Límite Córdoba / San Luis. Longitud: 590,74 km.
• Tramo IX. Rutas Acceso Riccheri y Ezeiza – Cañuelas. Desde: Av. Gral. Paz. Hasta: Aeropuerto Ezeiza. Longitud: 13,86 km.
• Tramo X. Ruta RN 5. Desde: Eje calle Pascual Simone. Hasta: Empalme RN 35 Santa Rosa, La Pampa. Longitud: 538,65 km.

Hace tan solo dos semanas, Vialidad Nacional convocó a una audiencia pública para finales de febrero con el fin de licitar lo que se conoce como la ruta del Mercosur, que abarca unos 670 kilómetros de extensión. Durante los últimos 30 años, esta ruta estuvo a cargo de la empresa privada Caminos Río Uruguay SA (CRUSA).

El Gobierno quiere privatizar más de 9.000 kilómetros de ruta (Ennio Leanza/Keystone vía AP)

En el proceso de adjudicación, se seleccionará a la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario, sin que exista ningún canon al Estado ni subsidios para las compañías. No obstante, los precios de los peajes se mantendrán iguales a los vigentes al momento de la adjudicación hasta que se logren las condiciones óptimas de transitabilidad, como bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical e iluminación.

El Estado establecerá una tarifa máxima y un sistema de actualización trimestral, que se detallará en los pliegos de cada licitación. Los cuadros tarifarios se ajustarán a fórmulas prefijadas, basadas en diversos índices del Indec, aunque no se dieron más detalles al respecto. En cualquier caso, se anticipa que durante el primer año de la concesión se llevará a cabo una fase de puesta en valor de las rutas y autopistas, y será a partir del segundo año cuando se inicie el cobro de tarifas.

fuente: infobae

Javier Milei

Luego de pasar el fin de semana en la Residencia Presidencial de Olivos el presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada este lunes a las 9:45, donde tendrá audiencias privadas y dará una entrevista a un canal de televisión.

Esta tarde grabará a las 15 un reportaje que se difundirá a la noche por el canal Todo Noticias donde se espera explique su actuación en la difusión de la fallida cripto $LIBRA. Llegó con una custodia más reforzada por un sector de la Avenida Leandro Alem, esta vez vestido con saco y corbata. Se lo vio de buen humor, sonriente, cuando traspasó el Salón de los Bustos rumbo a su despacho.

Milei, desde el viernes por la noche, cuando se publicó el tuit de la criptomoneda $LIBRA, había reducido su actividad en las redes sociales. Se limitó a compartir videos y fotos del acto de afiliación a La Libertad Avanza que encabezaron el ministro de Economía, Luis Caputo y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto con otros comentarios vinculados al crecimiento de la economía y a una reunión de Federico Sturzenegger, al frente de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Hace unos minutos se conoció que la jueza María Servini, a cargo del Juzgado Federal número 1, resultó sorteada para investigar las denuncias en las que está involucrado el primer mandatario.

fuente: ifobae

Hayden Mark Davis y Javier Milei

La primera denuncia que se sorteó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por el caso de la criptomoneda $LIBRA quedó a cargo de la jueza federal María Servini. Se trata de la denuncia que presentaron ayer por correo electrónico el ex diputado de la Nación Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad y que hoy fue sorteada por la Cámara Federal.

La causa estará a cargo de Servini junto con el fiscal federal Eduardo Taiano. Hay otras denuncias presentadas y -por tratarse de hechos similares- todas quedarán acumuladas en ese primer expediente, informaron a Infobae fuentes judiciales. Una primera denuncia atrae al resto si se trata de hechos similares los que se buscan investigar.

La primera denuncia que ingresó a Comodoro Py fue presentada por Lozano, Jonatan Baldiviezo (abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad), Marcos Zelaya (abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías) y María Eva Koutsovitis (ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos)

Además de Milei fueron denunciados Julián Peh, CEO y cofundador de Kip Network Inc y KIP Protocol -la empresa que desarrolló la criptomoneda-, Daniel Parisini, conocido por su nombre en redes sociales como “Gordo Dan”, el economista Agustín Laje, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures, y contra quienes la investigación determine que pueden ser responsables de los hechos.

Fueron denunciados por los delitos de asociación ilícita, estafa y otras defraudaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público y se pidió que a cada uno se le imponga “la obligación solidaria de reparar los daños causados”.

La denuncia, a la que accedió este medio, repasa los hechos que impactaron en la política desde el viernes. El Presidente de la Nación publicitó en su cuenta de la red social X el lanzamiento de $LIBRA que, explicó el jefe de estado en su mensaje, tenía como objetivo “fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Pero cuatro horas después borró esa publicación y escribió otra en la que dijo que no estaba interiorizado del proyecto.

“El Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, promocionó el proyecto vivalalibertadproject.com y la operatoria con el Token $LIBRA, que cabe destacar, no está registrada ni supervisada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), con lo cual falta el factor clave y necesario para generar confianza a los compradores, como así también para la divulgación del negocio. El presidente utiliza su investidura presidencial para generar confianza en los compradores, entre otras cosas porque es en definitiva quien propone a través del Ministro de Economía, al presidente de la Comisión Nacional de Valores”, sostiene la denuncia.

La jueza María Servini

Los denunciantes también señalaron que por la promoción que hizo Milei de $LIBRA “muchos inversores perdieron todo su dinero, mientras que los grandes tenedores del activo ganaron millones de dólares” y agregaron que “esta criptomoneda nació con 5 billeteras virtuales siendo dueña del 85% del circulante de Tokens”.

“El Presidente Milei fue partícipe necesario y fundamental en una asociación que tuvo como eje realizar una estafa histórica a través de criptomonedas. Una organización concertada en cometer miles de estafas de manera premeditada y en simultáneo. En esta megaestafa tuvo como partícipes necesarios a los que organizaron y crearon el proyecto $LIBRA y también en igual medida a quienes lo promocionaron y dieron confiabilidad y respaldo al proyecto”, plantearon los denunciantes.

fuente: infobae

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, adelantó que el Gobierno dará de baja los permisos para cultivar marihuana. “No es ley el desvío a la venta ilegal”, dijo la funcionaria de Javier Milei.

“Algunos creen que no hace daño, pero se ha convertido en una droga muy peligrosa. El THC —la sustancia que te cambia la neurología— que hay en Argentina es de 18%, mientras que la que está legalizada en Uruguay se acepta hasta un 2%. Es como una soja transgénica”, comenzó explicando la titular de la cartera de seguridad y aseguró: “Hemos tenido un problema muy serio”.

En un diálogo con Jonatan Viale en el programa “¿La Ves?”, al aire de TN, Bullrich anunció: “Vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero”. Según los datos aportados por la ministra, bajo la gestión de Alberto Fernández, “se aprobaron más de 300 mil permisos para sembrar marihuana”. “Más otros 30 mil que podían sembrar para venderle remedios a otros, remedios que no están avalados por el ANMAC, remedios que no necesariamente, que son muchas veces caseros”, agregó.

El objetivo de la medida es evitar el desvío de la marihuana a la venta ilegal (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, mencionó un hecho puntual para ejemplificar algunas de las irregularidades detectadas en la gestión de los permisos del REPROCANN —Registro del Programa de Cannabis—. “Hemos encontrado en la hinchada de Colón a un hombre que venía con un carnet del REPROCANN, que no era de él por supuesto, que tenía permiso para sembrar 18 plantas. Y en realidad tenía 18.000. Nos lo llevamos detenido”, relató y específico: “Tenía un sistema, con luces, 24x7x365”.

En agosto del año pasado, el Gobierno nacional introdujo algunos cambios al régimen de cannabis de uso medicinal, al modificar cuestiones vinculadas con los requisitos de inscripción y los rangos permitidos de plantas de flores cultivadas. Así, establecieron como “requisito excluyente” para solicitar el carnet de parte de médicos y ONG’s “contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta del Cannabis”, además de tener la indicación médica para el uso de cannabis y sus derivados, elaborada por un profesional autorizado, y haber suscrito al Consentimiento Informado Bilateral.

Por otro lado, fijaron que las asociaciones civiles o fundaciones deban tener como parte de su objeto social la prosecución de los objetivos previstos para el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, (Foto: Jaime Olivos)

Para eso, debían acreditar “su efectiva vinculación, con un carnet o constancia emitida a los efectos de acreditar representación por la institución respecto de las personas registradas en REPROCANN para las cuales cumplirá el rol de cultivador”.

Ahora, el Gobierno pretende revisar todos los permisos otorgados. “Ya hablamos con el ministro de Salud, Mario Lugones, armamos un equipo y vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero, porque hecha la ley, hecha la trampa”, reiteró Bullrich.

Al ser consultada sobre si este accionar no iría contra la legislación vigente, alegó: “Es ley el cannabis medicinal, pero no el desvío para la venta ilegal”. “Este descontrol hace que tengamos menos marihuana en la frontera, que la sembrada en cualquier lugar del país”, sumó.

En este contexto, aprovechó la oportunidad para apuntar contra algunos sectores del kirchnerismo. “Lo que genera violencia es la impunidad, no la marihuana. No nos votaron la ley antimafia, ni la de reiterancia, ni la del registro genético de ADN. No nos votaron ninguna ley que mandamos”, lanzó y preguntó: “¿Qué política criminal tienen?”.

Hasta el momento, el certificado tenía una vigencia de 3 años, desde la fecha de emisión. Tras el anuncio de la ministra, se espera la publicación de la normativa en el Boletín Oficial para conocer la letra chica de la iniciativa y qué sucederá con quienes se dediquen al cultivo de cannabis.

fuente: infobae