Lo decidió el Consejo Directivo cegetista, que está reunido en Azopardo 802, donde define un plan de acción con “medidas graduales” contra el proyecto oficial.

La CGT saldrá a la calle contra la reforma laboral de Javier Milei. El Consejo Directivo cegetista, que está deliberando en la sede de Azopardo 802, ya acordó que hará una movilización el 18 de diciembre hacia la Plaza de Mayo, como parte de un plan de lucha que incluirá “medidas graduales” contra el Gobierno.

El plan, que se está discutiendo, es concretar la movilización en cada una de las provincias y sumar a las dos CTA y a los movimientos sociales para darle más fuerza a la protesta contra la reforma laboral.

La expectativa de la CGT es reunir unos 150 mil manifestantes en la Plaza de Mayo. Para concretarlo, este viernes por la mañana ya comenzará a trabajar una comisión organizativa de la protesta.

Al llegar a la sede cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA) dijo: “Analizaremos un programa de acción. Vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”.

Toda la CGT está encolumnada en el rechazo a los cambios laborales que promueve Milei, aunque el ala política del Gobierno accedió a algunos pedidos sindicales y moderó la versión final de la reforma: por eso no tocarán la cuotas sindicales, que clave para el financiamiento de los sindicatos, y aceptó que los gremios con personería sean los que tengan que firmar los convenios por empresa que el Gobierno quiere priorizar a partir de la sanción de la ley, entre otros puntos que fueron modificados.

Este mediodía, al abrir el primer encuentro del nuevo Consejo Directivo, el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) propuso que la reforma laboral “sea atacada” desde 3 instancias: “medidas gremiales graduales; si se aprueba la ley, en la Justicia, y con acciones políticas junto con Unión por la Patria”.

El sindicalista destacó que “el proyecto entró por el Senado y lo quieren sacar antes de fin de año”, por lo que advirtió que “la pelea debe darse artículo por artículo”. “No se puede permitir el ataque al modelo sindical -aseguró-. La reforma no va a generar empleo sino que lo que genera empleo es la inversión».

Enseguida, Sola propuso una movilización callejera el 18 de diciembre y Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la CGT, planteó que sea hacia la Plaza de Mayo, ya que inicialmente se pensó en hacerla ante el Congreso para presionar a los legisladores, pero se estima que el debate parlamentario de la reforma se postergará hasta enero.

“Creemos que el debate del proyecto pasará a febrero o marzo, pero la idea es salir con todo ahora”, enfatizó a Infobae el líder de un gremio industrial.

A partir de la propuesta, aprobada por toda la dirigencia, se abrió un intenso debate y una de las ideas planteadas fue aprobada inmediatamente: realizar el martes próximo, a las 18, un plenario virtual de las delegaciones regionales de la CGT para organizar la movilización en todas las provincias.

Sergio Romero (UDA), por su parte, advirtió a sus colegas que “se veía venir este conflicto con el Gobierno” y dijo que en marzo a los docentes “nos impusieron un salario de indigencia de 500 mil pesos”.

Una vez finalizada la reunión, Sola señaló que el Consejo de Mayo “no es vinculante” y reclamó que no se tomó en cuenta la posición de la central obrera ante las propuestas de los otros miembros del Consejo.

“Este gobierno no pone en prioridad el tratamiento de los derechos de los trabajadores, no pone en vigencia las leyes que ya han sido dictadas, sino que insiste en presentar un proyecto como un paso más, en un ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores; esto se hace sin una mesa de diálogo con los dos sectores que más tienen que ver con esto, el sector que invierte y la fuerza de trabajo”, enfatizó.

Y sostuvo que el tratamiento de la iniciativa “pone una responsabilidad manifiesta en cada miembro del Poder Legislativo sobre este proyecto que pretende llevarse adelante entre gallos y medianoche, a espaldas del pueblo y de quienes van a recibir las consecuencias, negativas; la quieren hacer a libro cerrado”.

“Los diputados y senadores después tienen que debatir punto por punto, el tiempo que tarde y que esta CGT reclama estar en ese lugar de debate”, agregó, tras lo cual dijo: “Nos oponemos a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral. Es una situación que, efectivamente, transita por la precarización laboral. Vamos a tener un plan de acción. Vamos a llevar nuestro reclamo y nuestra postura a cada legislador, a cada senador, a cada gobernador, a cada diputado, les vamos a explicar por qué no puede salir esta ley, por qué hay tantos derechos que están vulnerados”, puntualizó.

“El Gobierno habla de modernización, previsibilidad y generación de empleo, pero el contenido real del proyecto apunta a otra cosa: debilitar la negociación colectiva, reducir derechos y dejar al trabajador más desprotegido. También avanza contra la vida sindical: penaliza las asambleas, limita la organización en los lugares de trabajo y debilita la representación gremial”, afirmó Fabián Montaño, secretario general de APOPS (trabajadores de Anses).

La respuesta gremial

El plan de la CGT contempla intensificar las reuniones con gobernadores y legisladores para tratar de que no apoyen la reforma laboral en el Congreso.

Hasta ahora, los sindicalistas ya se reunieron con tres gobernadores de Provincias Unidas (Nacho Torres, de Chubut; Carlos Sadir, de Jujuy, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe) y, este miércoles, con el interbloque kirchnerista del Senado, que encabeza el formoseño José Mayans, en donde se analizó una estrategia para cerrarle el paso al proyecto oficial en el Congreso.

Al mismo tiempo, el equipo de abogados de la CGT comenzó el análisis en profundidad de la reforma laboral para preparar la estrategia jurídica dirigida a impugnar el proyecto ante la Justicia, tal como hicieron con el DNU 70 y que hasta hoy permitió frenar la aplicación de algunas normas del Gobierno.

Fuente: Infobae

El Gobierno envió al Senado el proyecto que se debatirá en sesiones extraordinarias. Las reuniones semanales con la CGT y el objetivo del Gobierno para fomentar el trabajo registrado.

El presidente Javier Milei firmó finalmente la reforma laboral este jueves y comenzó así el proceso legislativo de la norma que plantea varios cambios en el sistema actual y le quita poder a los sindicatos, además de crear distintos regímenes para fomentar el blanqueo de los trabajadores.

De acuerdo con lo que explicaron a Infobae las principales autoridades nacionales que participaron de la elaboración de esta iniciativa, el texto buscó dar respuestas a cuatro desafíos fundamentales: cómo crear empleo; cómo aumentar los salarios; cómo reducir los litigios para terminar con la “industria del juicio”, y cómo lograr una baja de impuestos que derive en un incremento de la productividad.

Para esto, los funcionarios se plantearon como objetivo para el diseño de los artículos la formulación de leyes para “incentivar a que las empresas salgan a contratar”, partiendo de la base de que el sector privado no muestra mejoras en la Argentina desde hace más de 10 años.

Según sus cálculos, de la masa total de personas en actividad que existe en el país, cerca del 50% tiene menos de 35 años y se encuentra en la informalidad, por lo que el Gobierno considera que el esquema actual perjudica, principalmente, a los trabajadores.

Por esa razón, en el Poder Ejecutivo destacan que la reforma introduce cambios tanto en el plano de los contratos y convenios colectivos, como en la Justicia, en las cargas patronales y en las inversiones.

Uno de los mecanismos que se crea con esta propuesta es, por ejemplo, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual está destinado a cubrir los costos de las indemnizaciones en casos de despido.

“Esto beneficia mayormente a las PyMEs, que muchas veces tienen tres o cuatro empleados y cuando tienen que echar a uno, no pueden pagarlo y van a la quiebra. Terminan perdiendo todos”, explicó una de las personas que planificó esta nueva herramienta.

Según el proyecto, este pozo estará compuesto de “una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo” de los aportes patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Ese dinero será recaudado por cada empresa y administrado por “una entidad habilitada” que tenga autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV), pero todavía no está definido cómo lo invertirán esos organismos.

“Cuando se apruebe la reforma, luego en la reglamentación se detallarán las reglas específicas, pero la idea es que la plata que se aporta mensualmente quede en un fondo que genere intereses, para evitar que se vaya devaluando. Habrá algunas limitaciones, por supuesto. Una de ellas va a ser que estos fondos no puedan invertir en ellos mismos, pero todo lo va a explicitar el Banco Central. Lo primero que hay que destacar es que esto tiene costo cero tanto para el empleador como para el empleado”, remarcaron desde el Gobierno.

Por otra parte, hay varios puntos que le quitan poder a los sindicatos o transparentan el sistema, como un ítem que se agregará en los recibos de sueldo para detallar, no solo cuanto se le saca al trabajador para financiar los gremios, sino también cuánto destina la empresa.

Mientras el Consejo de Mayo estaba elaborando el texto, en la secretaría de Trabajo Julio Cordero recibía semanalmente a representantes de la CGT para debatir junto a ellos algunos de estos aspectos.

De esos encuentros solían participar también el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.

“En algunos casos nos poníamos de acuerdo, en otros, también por posicionamientos políticos, ellos planteaban que no estaban conformes con alguna parte en particular y no hubo consenso, pero son cambios que hay que hacer”, señaló una fuente del Ejecutivo al tanto de esas reuniones.

Si bien no se avanzó con la modificación de las cuotas solidarias, que representan uno de los principales ingresos de los gremios, el proyecto final sí establece que las empresas ya no estarán obligadas a ser agente de retención de los pagos mensuales de afiliación.

A partir de ahora, esto será opcional y “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”, aunque tampoco está claro cómo se va a implementar en caso de que la ley sea sancionada.

“Los sindicatos van a tener que hacer su propio sistema de recaudación, pero no vemos que sea un problema. Hoy en día, existen mil formas de cobrarle a un afiliado, hay un montón de mecanismos digitales, incluso, no necesitás ir puerta por puerta”, sostuvieron las autoridades nacionales.

Por último, en cuanto al sistema judicial se plantearon distintos ejes: por un lado, se agregó un artículo para reforzar el traspaso de los fueros laborales de la Nación al ámbito de la ciudad de Buenos Aires y, por el otro, se precisaron algunas pautas para que no haya más “grises”.

Por caso, el texto aclara que el aguinaldo no forma parte del cálculo para las indemnizaciones en caso de despido, algo que muchas veces generó controversia por las diferentes interpretaciones en los juicios.

Para esto, los funcionarios consultaron al ex juez laboral Guillermo Comadira, quien defendió la decisión de no incluir ese sueldo complementario en el cálculo, “siguiendo la norma mayoritaria en el país”.

“Antes, había jurisprudencia contradictoria, porque mientras en algunos lugares, como en la provincia de Buenos Aires, tenías juzgados que consideraban que se tenía que tomar en cuenta para el monto final, en otros, como en la ciudad, se rechazaba. Ahora no hay más lugar a interpretaciones”, remarcaron quienes redactaron el artículo.

Para el Poder Ejecutivo, la reforma, si es aprobada por el Congreso, va a generar un incremento de la formalización en el sector privado, lo cual, a su vez, traerá más recaudación para el Estado y un sistema más eficiente. Esto permitiría avanzar con los cambios en el régimen previsional.

Sin embargo, en la cúpula libertaria no tienen un estimado del efecto que esta medida podría traer: “No queremos plantear ante la sociedad una cifra que después no se cumpla, queremos ser cautelosos. De lo que sí estamos convencidos es de que esto va a hacer que el sector privado prefiera registrar a su personal”, auguraron.

Fuente: Infobae

La Ciudad de Salta ya vive el espíritu de las fiestas con la instalación de árboles navideños en distintos puntos estratégicos, una acción realizada por la Municipalidad en conjunto con la empresa LuSal, con el objetivo de acompañar a los vecinos y vecinas durante este tiempo de fin de año.

En total, se colocaron seis árboles navideños distribuidos en zonas de gran circulación y relevancia urbana, tales como plazas, rotondas y accesos principales. Estas estructuras ornamentales se suman a las propuestas que la Ciudad impulsa para promover espacios de encuentro y celebración en familia.

Los vecinos y turistas pueden acercarse a contemplarlos en los siguientes puntos:

1. Plaza 9 de Julio
2. Plaza Bolivia (Av. Arenales y Av. Bolivia)
3. Av. Bolivia, altura Aeroclub Salta
4. Av. Banchik y Av. Mariano Moreno
5. Av. Ex Combatientes y calle Luis Guevara (frente al Diario El Tribuno)
6. Av. Circunvalación Oeste y Ruta Nacional N.º 51

La Municipalidad invita a toda la comunidad a recorrer estos espacios y disfrutar del ambiente festivo que ya se siente en la ciudad.

Fuente: Municipalidad de Salta

Quienes adeuden tributos, tengan multas impositivas o deuda en proceso judicial, podrán acceder a este beneficio. La medida está vigente desde hoy y hasta junio del 2026. También aplica a planes de refinanciación. El objetivo es promover la regularización fiscal mediante posibilidades de pago accesibles.

La Municipalidad pone a disposición de los contribuyentes, la reducción del  50% en los intereses de financiación y refinanciación, para planes de pago. Este beneficio aplica a deudas para todos los impuestos municipales, multas tributarias y deudas que se encuentren en proceso judicial. La medida estará vigente para los planes de pago que se generen desde este 10 de diciembre, hasta el 30 de junio del 2026. 

“El objetivo es aliviar la carga tributaria del contribuyente. Si hubo un retraso en el pago de los impuestos, queremos acompañar al vecino y vemos que una reducción en la tasa de interés es importante” indicó Marcelo Baggio, subsecretario de Ingresos Públicos.

Actualmente el interés de financiación para los planes de pagos tributarios, es del 2.75%. Con esta medida de reducción quedará por debajo de los valores de inflación registrados mensualmente. Es importante resaltar que el beneficio aplica también para aquellos planes existentes que se puedan refinanciar. 

La modalidad de pago de estos planes de financiación y refinanciación, es a través del débito automático o mediante boleta generada por la Municipalidad. 

Los interesados en acceder a este beneficio pueden acercarse de lunes a viernes al CCM o las oficinas de Rentas en calles 25 de Mayo 846. Allí podrán tener más información sobre montos a financiar, cantidad de cuotas disponibles y activar el plan de pago.

Fuente: Municipalidad de Salta

En el encuentro de trabajo que se realizó en Casa Rosada y del que también participó el secretario de Hacienda de Nación, se analizó el avance de las obras con financiamiento nacional y la necesidad de garantizar la fluidez de los fondos comprometidos para que los trabajos no se detengan.

El Gobierno presentó la propuesta de un cronograma que mantiene los pagos quincenales hasta febrero, e incorpora un bono de $180.000, que se pagaría $ 90.000 en enero y $ 90.000 en febrero.

El Gobierno de la Provincia continúa las reuniones de las mesas salariales con los representantes sindicales de los distintos sectores estatales, en el marco de la aprobación del Presupuesto Provincial 2026. 

En la mesa de negociación salarial, el Gobierno presentó la propuesta de un cronograma de pagos que mantiene un desembolso cada 15 días en diciembre, enero y febrero, e incluye un bono de 180.000, que se pagaría $ 90.000 en enero y $ 90.000 en febrero.

Desde el Ejecutivo se destacó que esta propuesta busca cuidar el empleo, sostener la actividad económica, garantizar los servicios esenciales y ofrecer previsibilidad a los trabajadores estatales y sus familias.

Se trata de una serie de modificaciones tributarias. Se recupera el “Mini RIGI”, ahora denominado RIMI, y se reducen alícuotas de Ganancias a empresas: la apuesta es compensar el gasto tributario con más crecimiento.

El equipo económico que dirige Luis Caputo ya tomó nota sobre la necesidad de impulsar la actividad en 2026 y, para ello, necesita actuar sobre las inversiones y el consumo popular. Las iniciativas de reducción de impuestos e incentivos a las pymes que acompañan a la reforma laboral van en ese sentido.

Un año después de haber presentado en el Congreso el proyecto de Ley Pyme, el Poder Ejecutivo vuelve a enviar los mismos incentivos bajo la denominación de Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), similar al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Y es que, si bien este último tiene anuncios de más de 20 proyectos millonarios, todavía no comenzaron a ejecutarse y, en rigor, generarán dólares luego de 4 o 5 años de puestos en marcha. El Gobierno no tiene tiempo para ello.

En cambio, el “mini RIGI” puede generar mucho en actividad en el conurbano, con poco dinero y en un plazo más breve. Es precisamente en la industria y en los cascos que rodean a los centros urbanos donde más pegó el ajuste de estos dos años.

Mejoras para empresas

Por el lado de las empresas, el Gobierno pretende alivianar la carga del Impuesto a las Ganancias al reducir la alícuota del 35% al 31,5% y la escala del 30% al 27%. Es de recordar que, por otro lado, el equipo económico impulsa para el caso de los trabajadores y autónomos un incremento del mínimo no imponible y de las deducciones. Es decir que, para 2026, el equipo económico está dispuesto a sacrificar algunos puntos de alícuota con la esperanza de recuperar con mayor actividad.

Para el universo pyme se crea el RIMI. Este régimen prevé amortización acelerada de activos y devolución del IVA, lo cual constituye un clásico de políticas industriales que se aplica en el país desde hace poco más de 20 años, con diferentes gobiernos.

En este caso, los proyectos a presentar arrancan desde u$s150.000 para las microempresas; hay otro tramo de u$s600.000; u$s3,5 millones; uno de u$s9 millones y otro de u$s30 millones, dependiendo del tipo de empresa según lo indican las normas vigentes. Se entregarán certificados de crédito fiscal que luego las empresas podrán computar a su favor.

Otros cambios

En lo relacionado al IVA: se establece la exención a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial y se determina que, de ahora en más, los saldos a favor del contribuyente se tienen que ajustar por inflación.

En materia de Ganancias, se deroga el impuesto cedular aplicable a la renta financiera y a las operaciones de transferencia de inmuebles.

Cambios con efectos en consumidores

Se eliminan los impuestos internos a:

• Productos electrónicos.

• Objetos suntuarios.

• Automotores, motos, aeronaves y embarcaciones.

• Telefonía celular.

• Seguros.

• Servicios de comunicación audiovisual.

• Entradas a espectáculos cinematográficos.

• Videogramas grabados.

• Alquiler con destino a casa habitación sin unidades locadas.

Gasto tributario

Toda reducción de alícuotas o exenciones de impuestos lleva implícito un costo, que se denomina gasto tributario. En Argentina, de acuerdo con el último borrador de Presupuesto 2026, estaría en el orden del 3,5% del PBI.

Las medidas propuestas por el Gobierno inflarían aún más esa cifra. Algunos analistas en la materia consultados por Ámbito dijeron que están comenzando a hacer los números.

En principio, ni la pérdida de recaudación de los impuestos internos ni el RIMI tendrían un costo significativo. Pero la reducción de 3 puntos de Impuesto a las Ganancias que abonan las empresas tendría un costo importante, que solo podría contrarrestarse si la actividad da muestras de mayor dinamismo en 2026.

Fuente: Ámbito