La ex presidenta activó el PJ y quiere un darle mayor visibilidad a los integrantes del consejo nacional

La primera reunión del consejo nacional del PJ, que el último lunes comandó Cristina Kirchner, tuvo entre sus objetivos designar a los titulares de todas las secretarias del partido. Fueron 34 y las ocuparon dirigentes de diferentes sectores del peronismo, vinculados desde hace tiempo con la ex presidenta.

La secretaría general quedó a cargo de Teresa García; la secretaría de Organización por Mayra Mendoza; la de Interior por el santiagueño José Emilio “Pichón” Neder; la de Justicia por el camporista Martín Doñate; la de Economía y Producción por Emilio Estrada; la Parlamentaria por Paula Pennaca; y la Gremial por el titular de la UOM, Abel Furlán.

Esos son algunos de los nombres que ocuparon los puestos jerárquicos de la organización partidaria y que son consejeros de la lista K, que asumió la conducción en diciembre del año pasado. Son la estructura política que sostiene a CFK más allá de los límites del camporismo y el kirchnerismo duro.

Los ocupantes de esas secretarías formarán el batallón de Infantería de la ex mandataria. Serán los que salgan a discutir cada decisión que tome Javier Milei y su gobierno, y que encuentre en el peronismo la contraacara. Múltiples voces, con temas específícos, que extiendan el mensaje de CFK bajo el paraguas del PJ.

CFK designó a todos los secretarios que componen la estrcutura organizativa del PJ Nacional

El debut de ese sistema de comunicación política fue ayer, cuando el senador Martín Doñate le respondió en las redes sociales al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, luego de que este justificara la designación por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema.

Doñate le respondió en sus redes sociales y la cuenta del PJ Nacional lo retuiteo. Ese fue el movimiento de comunicación distintivo. El senador nacional por Río Negro está a cargo de la secretaría de Justicia del partido. Y, a partir de ahora, será la voz que confronte con el Gobierno en esos temas sensibles.

“Ministro Cúneo Libarona; ya lo creo que la Constitución Nacional es clara en su art. 99. Lo que queda en evidencia es que usted, o no sabe leer o no tiene comprensión de texto”, sostuvo el legislador en el inicio de una extensa publicación en la que buscó rebatir los argumentos del oficialismo para defender el nombramiento de los jueces.

“Ministro, lea la Constitución que no muerde. Pronunciamiento del Secretario de Justicia del Partido Justicialista”, fue el escueto mensaje del PJ para acompañar la publicación del dirigente camporista. Lo importante de ese posteo era darle fuerza a la palabra de Doñate. Hacerla propia del partido.

El secretario de Justicia del PJ Nacional, Martín Doñate, apuntó contra el ministro Cúneo Libarona

La intención de CFK es que los secretarios funcionen como voceros del PJ. Y que de esa forma el partido esté en movimiento y metido en la dinámica diaria de la política nacional. Así también mantiene su centralidad opositora y posiciona al PJ en la trinchera peronista.

En el tiempo de campaña que se aproxima, el ejercicio de la confrontación será clave para el peronismo. Sobre todo lo que refiere al mano a mano con el Gobierno, su principal competidor para las elecciones de medio término. Los dos extremos.

Como parte de la activación del PJ la ex jefa de Estado decidió crear el “Instituto Modelo Argentino. Pensamiento y Acción para la Patria”, que trabajará para generar propuestas y originar un plan de gobierno. Tendrá a su cargo la constitución de un programa político y económico que lleve el sello de CFK. El instituto estará presidido por Eduardo “Wado” de Pedro.

Otro movimiento que le dará más movimiento al partido y que reúna cuadros técnicos que puedan desembarcar en un eventual regreso del peronismo al poder. La idea de fondo es revitalizar la estructura pejotista. Sacarla del letargo.

En la reunión del lunes, la titular del partido decidió avanzar en la intervención de los PJ de Salta y Misiones, debido a que sus legisladores votaron en el Congreso las iniciativas del gobierno libertario. Ese fue el argumento utilizado por el kirchnerismo.

“Violaron la carta magna del partido que los insta a votar la doctrina del peronismo y la posición que tome el bloque legislativo. Ese es el principal argumento de la intervención”, plantearon cerca de la presidenta del PJ. Y agregaron: “No es una decisión antojadiza de Cristina. Hay normas y procedimientos que no se cumplieron”.

Cristina Kirchner estuvo reunida con dirigentes del peronismo misionero

Ayer el PJ dio a conocer quienes serán los interventores en las dos provincias. A cargo del PJ Salta estará el ex ministro de Seguridad Sergio Berni y la diputada nacional de La Pampa, María Luz “Luchy” Alonso. En el caso de Misiones, los interventores serán el ex intendente de Cañuelas Gustavo Arrieta y el concejal de Tres de Febrero Máximo Rodríguez, que también estuvo a cargo de la intervención del PJ de Corrientes.

La decisión de CFK fue muy cuestionada por los PJ provinciales. Tal como contó Infobae este miércoles, hubo un fuerte rechazo a la intervención y una arremetida contra el cristinismo, al que acusaron de ocasionar un “golpe institucional” en partidos que “no tienen inconvenientes”.

El arco de dirigentes no kirchneristas comenzó a plantear su descontento con las intervenciones. Rosca política y disputa de criterios. Los casos más destacados fueron el del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien aseguró que en el peronismo “naturalizamos que en lugar de ser el partido de la democracia y participación, pasamos a ser el partido de la intervención“.

Cada vez más lejos de la unidad, el peronismo se fragmenta con el correr de los días. En La Cámpora aseguran que la última, y más marcada, división es responsabilidad de Axel Kicillof, que lanzó su espacio político el último fin de semana. “Ahora existen dos bandos políticos bien claros. O estás de un lado o estás del otro”, plantearon. Pero la fragmentación va más lejos aún. Y Cristina Kirchner, quiera o no, es parte de esa división ideológica, política y territorial. Con ella o sin ella. Una historia repetida.

fuente: infobae

El juez Ariel Lijo y el catedrático Manuel García Mansilla, designados en la Corte Suprema por decreto del presidente Javier Milei.

Mientras el Gobierno se mantiene imperturbable ante la catarata de cuestionamientos de la oposición por la designación en comisión de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, la Corte Suprema se reunirá hoy en su plenario habitual y podría decidir si accede a tomarle juramento a los dos nuevos integrantes del tribunal, una respuesta que en la Casa Rosada esperan con ansiedad.

A través de canales informales, el Poder Ejecutivo le hizo saber ayer a la Corte que espera que formalice con la ceremonia de juramento la incorporación de Lijo y García Mansilla antes del sábado, cuando el presidente Javier Milei hable ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

¿Qué puede resolver la Corte ante este pedido? Aceptarlo, rechazarlo o aplicar el remedio de la “cronoterapia”, el nombre que el ex juez de la Corte Carlos Fayt le daba a una de las herramientas que el tribunal tenía para evitar pronunciarse sobre los reclamos de alta trascendencia política.

Sin embargo, la forma en que los seis jueces de la Cámara Federal avalaron ayer por unanimidad el pedido de licencia del juez Lijo para integrar la Corte, le agrega complejidad al tema. ¿Por qué? Porque la resolución firmada ayer por el titular del tribunal, Mariano Llorens, junto a sus pares Eduardo Farah, Roberto Boico, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Martín Irurzun, se inclinó por otorgarle a Lijo la “licencia extraordinaria sin goce de haberes para asumir como Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, decidiendo así resolver el caso sin enviarlo a la Corte Suprema, para que ésta se pronuncie sobre el pedido. Durante el acuerdo de la Cámara se barajó esa opción pero fue descartada.

El juez Ariel Lijo (Jaime Olivos)

En la resolución votaron por “hacer lugar a la petición”, “comunicar al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”, y “remitir copia de lo actuado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante oficio de estilo”. Es decir, que la Corte no recibió el pedido para pronunciarse, sino que sólo fue notificada. Esto significa que -a menos que decida abrir el caso para cuestionar la decisión de todos los jueces de la Cámara federal- no podría pronunciarse.

¿Qué podría pasar entonces en el plenario de hoy? La posición de uno de los tres jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti es conocida públicamente, en cuanto que avala los nombramientos de Lijo y García Mansilla. Pero la incógnita es la respuesta que darán al pedido oficial el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz. Si no hay respuesta y la jura se dilata, el tribunal se encamina al comienzo de una crisis institucional.

Dentro del Gobierno hay sectores “duros” que están dispuestos a ir a fondo para que se ejecute el decreto, pero otra ala de la Casa Rosada busca una solución que evite un conflicto de poderes entre Milei, como titular del Poder Ejecutivo, y Rosatti, como cabeza del Poder Judicial, si se retrasa la asunción.

En ese juego de extremos, ayer por la tarde trascendió que el jefe de Estado estaría dispuesto a tomarle juramento a Lijo si en la Corte decidieran desconocer su potestad para designarlo en comisión. Es una posición de máxima, que los negociadores anoche pusieron en duda. Es que el artículo 112 de la Constitución Nacional establece taxativamente que el juramento solo lo puede tomar el presidente de la Corte por acordada o por acto formal.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz

Sin embargo, una voz clave admitió la posibilidad de que sea el presidente de la Nación el que, efectivamente, les tome a Lijo y García Mansilla el juramento de estilo. En LN+ y ante la consulta de Luis Majul sobre si ambos juristas van a estar en la apertura de sesiones del sábado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respondió: “Primero tienen que jurar y luego asumen formalmente el cargo, van a su despacho y a partir de ahí participarán de todos los actos oficiales (…) La licencia se pide a la Cámara, luego de eso tiene que haber un acto de juramento, sea ante la Corte, sea ante el Presidente, sea ante la Cámara de Casación o ante quien sea. A partir de que un juez presta juramento se lo pone en funciones”.

A la par de esta decisión que debe tomar la Corte, ya hay decenas de presentaciones desde diversos sectores, y ayer una ONG, Red de Mujeres para La Justicia, que reúne a juezas de todo el país, pidió un per saltum al alto tribunal, es decir, que este intervenga directamente en el tema. También se pronunció en contra el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que preside Ricardo Gil Lavedra, a través de una declaración institucional.

Cuando recién la semana pasada se calmaron las aguas por fallo Levinas, que otorga más poder a la Corte de la Ciudad y provocó la reacción en unánime de las Cámaras nacionales de distintos fueros, la Corte parece sumergida nuevamente en una encrucijada.

Tras casi un año sin acuerdo político para cubrir las dos vacantes, el martes el presidente Milei firmó el decreto para nombrar en comisión al juez federal Lijo y al jurista García Mansilla en la Corte, y completar así el número de cinco jueces que debe tener por ley el tribunal. Con la publicación en el Boletín Oficial de los nombramientos, comenzaron a correr horas cruciales.

Fue sobre el filo del período en que el Congreso está “cerrado”, debido a que no hay sesiones extraordinarias y las ordinarias recién se inauguran el sábado. Se trató del desenlace de un proceso complejo que empezó en marzo del año pasado, con la comunicación de las nominaciones, y se trabó la semana pasada por diferencias con el kirchnerismo en el Senado.

La discusión sigue abierta y en el plenario de hoy la Corte podría avanzar en la discusión interna para definir si Lijo y García Mansilla pueden jurar como nuevos miembros de la Corte Suprema.

fuente: infobae

En la primera reunión en el PJ Nacional, CFK decidió la intervención de los PJ de Salta y Misiones

En el último punto del orden del día que se discutió el lunes en el PJ Nacional, que trataba la situación del partido en las provincias, Cristina Kirchner, en su rol de presidenta, dispuso la intervención de los PJ de Salta y Misiones. El argumento para avanzar fue que los diputados nacionales del partido acompañaron con sus votos al gobierno de Javier Milei.

La decisión de la líder peronista cayó como una bomba en las dos provincias. Fue inesperada. Y provocó la reacción inmediata de las autoridades locales, que están comunicadas entre sí y que tienen decidido acudir a la justicia federal, con competencia electoral, para judicializar la orden de CFK.

Ambos partidos emitieron comunicados rechazando la intervención y acusando a la titular del PJ Nacional de tomar una decisión sin argumentos contundentes. Se molestaron y reaccionaron con inmediatez.

“La decisión del Consejo Nacional de intervenir nuestro partido, que está política e institucionalmente sólido y ordenado en todo aspecto, es claramente ilegal y arbitraria”, indicó el PJ salteño en el comunicado.

Gustavo Sáenz

En ese sentido, indicaron que “la medida informada carece de argumentos que puedan justificar una intervención” y que constituye “una muestra cabal de la falta total de democracia interna de un PJ nacional centralista, que vulnera la voluntad de los afiliados de nuestro distrito”.

“El peronismo salteño no se doblegará ante este ataque centralista y arbitrario. La historia nos enseña que más temprano que tarde el peronismo logrará vencer esas telarañas que algunos construyen”, señalaron.

Además, lanzaron un contundente mensaje contra el kirchnerismo: “Basta de centralismo y sectarismo multiplicado al extremo que va a destrozar nuestro partido. Buscan castigar al que propone algo distinto en favor del peronismo. Ahora es Salta y Misiones, mañana serán otros los que serán atacados por no querer doblegarse a las decisiones del centralismo kirchnerista y Camporista”.

En diálogo con Infobae, el secretario general del PJ de Salta, Antonio Hucena, emitió duras críticas a la decisión de CFK. “Fue una decisión llena de rencores. Pensamos que en el inicio de su gestión iba a tener un gesto de grandeza, que iba a realizar un llamado a la concertación. Pero tuvo una actitud llena de revanchismo”, afirmó.

Antonio Hucena, secretario general del PJ de Salta

En el PJ salteño apuntaron contra el “fundamentalismo kirchnerista” y aseguraron que con esta decisión la ex jefa de Estado “se peleó con 40 intendentes peronistas” de la provincia, que forman parte de la estructura del partido. “¿Lo que viene es la monarquía de CFK? ¿Al que piensa algo distinto a ella lo van a intervenir?“, se preguntó Hucena.

El PJ provincial está dentro del frente político “Gana Salta”, que conduce el gobernador Gustavo Sáenz. Luego de varios chispazos en el comienzo de la gestión libertaria, el mandatario salteño logró construir una relación cordial con el gobierno de Milei. El año pasado tuvo varios guiños legislativos con el oficialismo. Formas con las que se colabora con el oficialismo sin dejarlo tan expuesto.

Pocos meses atrás, Sáenz dijo que el ciclo político de Cristina Kirchner “está terminado” y que ella “ya tuvo su oportunidad”. El salteño no forma parte de la vida partidaria y ha decidido ser un aliado táctico del Gobierno en algunos temas puntuales. Evita las escaramuzas con la Casa Rosada y las polémicas con Milei. Tampoco se mete en la interna del PJ. Esquiva los conflictos.

Hucena planteó que CFK “vino a dividir y no a construir” y que lo único que generó con su decisión de intervenir es “profundizar más la grieta” que hay dentro del peronismo. “Al final termina siendo funcional a Milei. Sigue escuchando la música de La Cámpora, que le ya le hizo mucho daño”, resaltó.

Cristina Kirchner se reunió el viernes pasado con dirigentes del peronismo misionero

El comunicado del PJ de Misiones también fue muy duro. “Expresamos nuestro más profundo rechazo al pedido de intervención. Es un intento de golpe institucional. No hay motivo para promoverla”, sentenciaron. Y agregaron: “El PJ misionero se encuentra con todas sus autoridades con mandato vigentes, y con sus estados contables, presentaciones judiciales y órganos administrativos, al día”.

“Es una intervención política, no institucional. Apelamos al sentido común de las autoridades nacionales del partido para allanar un camino al diálogo político y poder encontrar lazos en un camino de unidad del peronismo”, explicaron. A diferencia de la sede salteña, el PJ misionero dio una señal para intentar generar un puente de diálogo.

El viernes de la semana pasada Cristina Kirchner recibió en el Instituto Patria a varios dirigentes del peronismo misionero. Habló con ellos de la situación de la provincia y los desafíos de organizar el peronismo en ese punto geográfico. En el PJ se vieron sorprendidos con la novedad de la intervención. La información que tenían de esa reunión es que la ex mandataria había dado a entender que no tenía en sus planes intervenir.

En contacto con este medio, el secretario general del PJ Misiones, Alberto Arrua, consideró que el pedido de intervención “no tiene un fundamento legal” y que es una medida “autoritaria y antidemocrática”. En ese sentido, sostuvo que “no existe un hueco jurídico por donde entrarle al partido” y la medida solo sirve para “anular un partido que está funcionando”.

El PJ Nacional resolvió avanzar en la intervención de los PJ de Salta y Misiones (RS Fotos)

En el PJ misionero consideraron que la intervención es “un golpe institucional” y exclamaron que “si en el kirchnerismo no están de acuerdo con la conducción, armen una lista, compitan y ganen las elecciones”.

En los dos PJ se preguntaron si la titular del partido a nivel nacional va a intervenir otras sedes provinciales que acompañaron al Gobierno en algunas votaciones. “¿Va a ser lo mismo con el PJ de Córdoba? ¿Y con el de Catamarca y Tucumán?“, indicaron. Una ironía como contraataque.

En los últimos dos casos la situación es particular. El PJ de Catamarca lo conduce Lucía Corpaccci, que es vicepresidenta de la actual gestión de CFK. Y el PJ de Tucumán lo preside Juan Manzur, que es uno de los consejeros de la lista de la líder peronista. Hay un choque de intereses con los dos gobernadores peronistas, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, aliados tácticos de la Casa Rosada. En el norte argentino el peronismo está disperso.

Enfrentado con CFK, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, publicó un comunicado cuestionado la intervención de los dos PJ.

“Estás intervenciones afectan la autonomía de los distritos y debilitan la construcción de consensos internos. ¿Por qué no se respeta la voluntad de los compañeros en cada distrito? Las provincias ya han expresado su voluntad sobre la conducción de los partidos locales”, expresó el mandatario.

En un mensaje directo al corazón del kirchnerismo, el “Gitano” planteó que “lejos de consolidar el PJ, estas acciones abren la puerta a viejas prácticas que con el tiempo erosionan la democracia interna”. Además, señaló que las intervenciones generan “divisiones” en un momento donde el peronismo “necesita estar unido”.

Cristina Kirchner arrancó su gestión en el PJ evitando un enfrentamiento más crudo con Axel Kicillof y ordenando la constitución de una mesa de Acción Política que incluya a todos los sectores de Unión por la Patria (UP). Menos de 24 horas después de la reunión, tiene una nueva rebelión que enfrentar. Un desafío a su autoridad y a su conducción política.

fuente: infobae

El presidente será uno de los funcionarios que será investigado en la causa por la criptomoneda

El Gobierno nacional designó a la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, como la responsable de instruir a la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que fue creada para investigar el caso de la criptomoneda $LIBRA y el presunto involucramiento del presidente Javier Milei. La medida fue oficializada esta madrugada en el Boletín Oficial.

Por medio de la publicación de la Resolución 72/2025, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, habilitó a la jefa de Gabinete de su ministerio a dictar las normas operativas y complementarias necesarias, para descubrir si existió un acto delictivo en el proceso de creación, difusión y publicación del activo digital que el mandatario había difundido en sus redes sociales el pasado 14 de febrero.

“Establécese que la UNIDAD DE TAREAS DE INVESTIGACIÓN (UTI) será presidida por la titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE JUSTICIA”, dispuso el documento en su primer artículo, para luego aclarar que las funciones que tendrá Zicavo no representarán un gasto adicional para el Estado Nacional. Por este motivo, la funcionaria no recibiría un pago extra por asumir la titularidad del organismo.

Además de ser la encargada de ordenar las medidas pertinentes para investigar el origen de $LIBRA y el presunto involucramiento del presidente, Zicavo tendrá la obligación de informar de manera permanente al Ministerio de Justicia sobre las denuncias que pudieran formularse en contra de los sospechosos de haber cometidos ilícitos en el marco del proyecto cripto.

María Florencia Zicavo, la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia que estará a cargo de instruir la unidad que investigará el caso $LIBRA (Ministerio de Justicia)

Según el Decreto 114/2025 que oficializó la creación de la UTI, el organismo que será presidido por la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia tendrá como objetivo primordial recopilar información sobre $LIBRA y colaborar de manera rápida con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF) a lo largo de la investigación que ordenó el propio Gobierno nacional.

Entre sus funciones, la Unidad de Tareas de Investigación tendrá la facultad de poder requerir información y documentación a los organismos del sector público nacional, así como solicitar datos a entidades provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y organismos internacionales a través de la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

De la misma manera que los investigadores que conformen la UTI podrán tener acceso a información proveniente de diferentes jurisdicciones, el área también tendrá la obligación de resguardar los datos “para garantizar su inalterabilidad y prevenir su revelación o divulgación no autorizada”.

En este sentido, el organismo también tendrá la obligación de denunciar cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de los elementos que fueran considerados relevantes para la causa. No obstante, no estará dentro de sus facultades la posibilidad de emitir un juicio respecto a las pruebas que pudieran ser recolectadas en el proceso.

Bajo el punto de vista del Gobierno, la existencia de la UTI sería primordial para garantizar el “derecho de todo ciudadano a tener conocimiento de las cuestiones de interés público vinculadas a la manera en la cual los funcionarios públicos hacen ejercicio de su cargo”.

El comunicado emitido por parte de la Oficina del Presidente respecto a la investigación de $LIBRA

Sin embargo, se determinó que el área solo permanecerá en funcionamiento mientras el caso se encuentre bajo investigación, ya que se estableció la disolución de la misma apenas el proceso judicial sea concluido.

La creación de la Unidad de Tareas Investigativas había sido anunciada por el mismo presidente, luego de que varios presuntos inversores denunciaran haber perdido el total de los montos que ingresaron para adquirir el activo digital en las redes sociales. En el mismo comunicado emitido por la Oficina del Presidente, se confirmó que la causa sería encabezada por la Oficina Anticorrupción (OA).

“El Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente”, comunicaron al indicar que no solo serían investigados los funcionarios públicos, sino que también se analizará la participación de las empresas y personas que hubieran estado vinculadas al proyecto.

En el comunicado destacaron que “el Presidente Milei, que ha demostrado con hechos su vocación por la verdad, está comprometido con el debido esclarecimiento de este hecho hasta las últimas consecuencias”, respecto a la vinculación que habría tenido con la empresa que había brindado la infraestructura para poner en funcionamiento a la criptomoneda.

Las autoridades anticiparon que la UTI sería conformada por representantes de órganos y organismos vinculados a los criptoactivos, actividades financieras y lavado de activos, entre otras actividades relacionadas con la materia. En este sentido, señalaron que sería la forma más efectiva de poder analizar el trasfondo de $LIBRA, ya que se trataría de un caso sin precedentes para la Justicia argentina

fuente: infobae