La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, adelantó que el Gobierno dará de baja los permisos para cultivar marihuana. “No es ley el desvío a la venta ilegal”, dijo la funcionaria de Javier Milei.

“Algunos creen que no hace daño, pero se ha convertido en una droga muy peligrosa. El THC —la sustancia que te cambia la neurología— que hay en Argentina es de 18%, mientras que la que está legalizada en Uruguay se acepta hasta un 2%. Es como una soja transgénica”, comenzó explicando la titular de la cartera de seguridad y aseguró: “Hemos tenido un problema muy serio”.

En un diálogo con Jonatan Viale en el programa “¿La Ves?”, al aire de TN, Bullrich anunció: “Vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero”. Según los datos aportados por la ministra, bajo la gestión de Alberto Fernández, “se aprobaron más de 300 mil permisos para sembrar marihuana”. “Más otros 30 mil que podían sembrar para venderle remedios a otros, remedios que no están avalados por el ANMAC, remedios que no necesariamente, que son muchas veces caseros”, agregó.

El objetivo de la medida es evitar el desvío de la marihuana a la venta ilegal (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, mencionó un hecho puntual para ejemplificar algunas de las irregularidades detectadas en la gestión de los permisos del REPROCANN —Registro del Programa de Cannabis—. “Hemos encontrado en la hinchada de Colón a un hombre que venía con un carnet del REPROCANN, que no era de él por supuesto, que tenía permiso para sembrar 18 plantas. Y en realidad tenía 18.000. Nos lo llevamos detenido”, relató y específico: “Tenía un sistema, con luces, 24x7x365”.

En agosto del año pasado, el Gobierno nacional introdujo algunos cambios al régimen de cannabis de uso medicinal, al modificar cuestiones vinculadas con los requisitos de inscripción y los rangos permitidos de plantas de flores cultivadas. Así, establecieron como “requisito excluyente” para solicitar el carnet de parte de médicos y ONG’s “contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta del Cannabis”, además de tener la indicación médica para el uso de cannabis y sus derivados, elaborada por un profesional autorizado, y haber suscrito al Consentimiento Informado Bilateral.

Por otro lado, fijaron que las asociaciones civiles o fundaciones deban tener como parte de su objeto social la prosecución de los objetivos previstos para el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, (Foto: Jaime Olivos)

Para eso, debían acreditar “su efectiva vinculación, con un carnet o constancia emitida a los efectos de acreditar representación por la institución respecto de las personas registradas en REPROCANN para las cuales cumplirá el rol de cultivador”.

Ahora, el Gobierno pretende revisar todos los permisos otorgados. “Ya hablamos con el ministro de Salud, Mario Lugones, armamos un equipo y vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero, porque hecha la ley, hecha la trampa”, reiteró Bullrich.

Al ser consultada sobre si este accionar no iría contra la legislación vigente, alegó: “Es ley el cannabis medicinal, pero no el desvío para la venta ilegal”. “Este descontrol hace que tengamos menos marihuana en la frontera, que la sembrada en cualquier lugar del país”, sumó.

En este contexto, aprovechó la oportunidad para apuntar contra algunos sectores del kirchnerismo. “Lo que genera violencia es la impunidad, no la marihuana. No nos votaron la ley antimafia, ni la de reiterancia, ni la del registro genético de ADN. No nos votaron ninguna ley que mandamos”, lanzó y preguntó: “¿Qué política criminal tienen?”.

Hasta el momento, el certificado tenía una vigencia de 3 años, desde la fecha de emisión. Tras el anuncio de la ministra, se espera la publicación de la normativa en el Boletín Oficial para conocer la letra chica de la iniciativa y qué sucederá con quienes se dediquen al cultivo de cannabis.

fuente: infobae

Facundo Jones Huala está acusado por el Gobierno de liderar una organización terrorista (foto Europa Press)

El Gobierno fundamentó la decisión de declarar organización terrorista a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) con un informe técnico jurídico que explicó el accionar insurreccional de ese grupo, al que acusó de estar vinculado con 136 hechos violentos, entre los cuales se destacan dos crímenes, decenas de incendios, robos y amenazas. El trabajo hizo foco en Facundo Jones Huala, un dirigente que estuvo preso en Chile y en Argentina.

“La organización RAM constituye un grupo etno-nacionalista que actúa con extrema violencia, cuyos activistas cometen delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra la naturaleza, contra el orden público, contra las personas y contra la infraestructura crítica, infundiendo el temor en las zonas territoriales donde actúan, con el objetivo de promover la lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra”, estableció el informe que se publicó como anexo de la resolución que dispuso inscribir en el registro de terroristas.

De los más de 130 casos graves ocurridos en los últimos 15 años que el Gobierno le adjudicó a este grupo, los dos más graves fueron uno cometido en julio de 2010 en Cipolletti, cuando se produjo un atentado explosivo que derivó en el homicidio de José Domingo Maciel, un barrendero municipal al que le detonó una bomba tipo molotov en un destacamento de la Policía de Río Negro. Y otro crimen, en marzo de 2012, en Neuquén, del sargento de la Policía de Neuquén, José Aigo. Ambos hechos todavía permanecen impunes.

En el Boletín Oficial se publicó hoy la medida tomada por el gobierno de Javier Milei -con la firma de la ministra Patricia Bullrich- de “declarar reunidos los requisitos para la inscripción de la organización Resistencia Ancestral Mapuche en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)“. Así, la RAM se incorporó a un listado en el que también están los islamistas de Hamas, Hezbollah, Al Qaeda, Jihad Islámica y todos los acusados por el atentado a la AMIA.

El informe destaca que Facundo Jones Huala “ha sido la ‘cara visible’ de la RAM, siendo condenado por la justicia chilena por cometer delitos en este territorio integrando organizaciones radicalizadas. Él mismo ha anunciado, a través de videoconferencias que fueron ampliamente difundidas que la Patagonia iba a arder; y la Patagonia ardió por obra de las acciones criminales de sus seguidores».

Según el Gobierno, el accionar de la Resistencia Ancestral Mapuche se concentra en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, no obstante, “se han registrado hechos en otros lugares del país y mantiene estrechos vínculos con la organización que opera en territorio chileno denominada Coordinadora Arauco Malleco (CAM)”.

El presidente fue al Ministerio de Seguridad Nacional a entrevistarse con la ministra Bullrich y su equipo

El informe técnico-jurídico para la resolución que declaró terrorista a la RAM estableció que “recientemente, han provocado y continúan provocando en la Argentina una catástrofe ecológica mediante el incendio de decenas de miles de hectáreas de bosques milenarios cuya recuperación resultará imposible por un número incalculable de generaciones”. “Así lo hicieron en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, donde iniciaron y propagaron el fuego mediante la utilización de combustibles y aceleradores de las llamas en diversos focos al mismo tiempo, de modo que resulte imposible la tarea de sofocamiento de los incendios. Muchas personas han perdido sus casas e incluso, algunas murieron”, amplió.

El Gobierno afirmó que los activistas de la RAM “cometen delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra el orden público y contra las personas”, al tiempo que resaltó que “los diversos delitos que cometen los individuos que se identifican con la RAM tienen como objetivo promover la lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra” y que “la organización desconoce la soberanía del Estado Argentino y proclama que la República Argentina y sus leyes son ilegítimas”.

Pintadas de la RAM detectadas años atrás en la Patagonia

El Ministerio de Seguridad Nacional subrayó que días atrás “se han encontrado en allanamiento y detenciones practicados por orden de la Justicia, además de los combustibles y propulsores del fuego, armas largas, equipos de comunicación por radiofrecuencia, computadoras, pendrives, municiones, etc. La principal fuente de identificación son los volantes impresos, manuscritos o flyers, los cuales son dejados en los lugares donde cometen los ilícitos a modo de reivindicación de la autoría o bien los difunden a través de comunicados en páginas web”.

En ese sentido, se advirtió que el Estado argentino “se encuentra frente a un grupo de individuos organizados que recurre a la violencia extrema para alcanzar sus objetivos. Los hechos delictivos promovidos por la RAM no constituyen hechos aislados, sino que se enmarcan en el conjunto de acciones llevados a cabo por parte de una organización de carácter ilícito que intenta solaparse en reclamos de algunas comunidades indígenas presentes en territorio argentino”.

“La perspectiva penal debe ser acorde a la amenaza que representa este grupo violento para la sociedad y que afecta la seguridad, la producción de energía, el comercio, las economías locales, el turismo y la libre circulación tanto de argentinos como de extranjeros que se encuentran en nuestro país”, consideró el trabajo.

Y concluyó que “la clara ilustración de lo señalado lo constituye el conjunto de incendios forestales iniciados de manera deliberada y coordinada en la Comarca Andina del Paralelo 42, que está generando una catástrofe ambiental junto a un profundo daño a la economía local, dado que atenta de manera directa contra la industria del turismo, genera daños graves a los bienes de los habitantes, causa fallecidos, atenta contra la infraestructura local y sobre todo logra generar temor e inseguridad en la población frente a un agresor difuso”.

Postal del senado, en una de sus últimas reuniones. Vuelve a sesionar la semana que viene

El Gobierno cierra la semana celebrando el dato económico que juega como principal ficha de gestión -la baja en el registro de precios-, pero sin correr el foco del Congreso. El tejido de múltiples negociaciones le permitió avanzar con la suspensión de las PASO en el Senado y con la sanción de Ficha Limpia en Diputados. Casi al final de la etapa de sesiones ordinarias, los dos proyectos enfrentan ahora pruebas decisivas y a la vez diferentes. En el caso de las primarias, se trata nuevamente de las movidas para fisurar las filas del peronismo/kirchnerismo. Y en cuanto a la iniciativa anticorrupción, la tensión pasa por la relación con aliados y dialoguistas.

Los números de la inflación de enero fueron festejados especialmente por Javier Milei, que destacó el 2,2% del IPC, por debajo de los últimos tres meses del pasado, y algunos puntos en particular, entre ellos la marca de menos de un punto porcentual de la Canasta Básica Total, que marca la línea de pobreza. El mensaje presidencial incluyó un párrafo en estilo repetido, con chicana a “econochantes” y “mandriles”. Y coronó otros gestos para sostener el discurso, por ejemplo en materia de seguridad, que motorizaría otros proyectos para el Congreso. Eso debería esperar al 1° de marzo, cuando arranquen las sesiones ordinarias.

De todos modos y por lo pronto, el oficialismo concentra su atención legislativa en el trabajado y negociado proyecto de suspensión de las PASO para las elecciones de este año. Viene mostrando en ese terreno un despliegue intenso que incluyó conversaciones para cerrar trato con socios políticos y espacios dialoguistas -PRO, radicales, provinciales, en primera línea- y para profundizar fisuras en UxP, por la vía de acuerdos con gobernadores.

Eso mismo le permitió exponer como nunca antes el grado de fragmentación política, porque una vez abierto el juego -y cumplido el paso de lograr quórum con acompañamientos más o menos repetidos- logró desarticular al bloque peronista. Se ha dicho: UxP no expuso mínimas fisuras, sino divisiones amplias entre votos a favor y en contra, abstenciones y ausencias. Fue bastante más que el resultado de las tratativas con jefes provinciales, pero hubiera sido imposible sin reponer esos puentes con las provincias, mediante compromisos efectivos en materia de obras y otros reclamos de los distritos.

El mismo efecto produjo en el archipiélago de lo que fue JxC y entre los legisladores que responden a espacios provinciales. Por supuesto, el resultado de mayor impacto fue la postal de las divisiones en las filas del peronismo, que superó el juego de los gobernadores y volvió a mostrar otras fichas en el paño de UxP, incluidas las del massismo y diputados que no se siente atados a las autoridades del bloque. El impacto mayor fue sobre el kirchnerismo, incómodo además por el silencio de CFK y la comprobación, otra vez, de que la jefatura de la ex presidente necesita de confrontación en blanco y negro con Milei.

La pulseada y las posibles repercusiones de su resultado son aún mayores en el Senado, considerado por la ex presidente como su zona de mayor influencia. El oficialismo y los otros espacios que lograron coronar con holgura el debate en Diputados -162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones- encontraron un primer punto de entendimiento para avanzar con el tema en el Senado esta semana.

Tablero de la votación en Diputados para suspender las PASO

Allí, los números asoman más apretados. Pero por lo pronto, se sostuvo el trato con aliados y dialoguistas para garantizar el dictamen en comisión y abrir la puerta a su disputa en el recinto, la semana que viene. No todo ese conglomerado votaría de manera uniforme. Los radicales, en primer lugar, tienen en sus filas defensores de las primarias -es decir, del sistema aunque con modificaciones de peso-, pero adelantaron que ninguno entorpecería el camino. También entre algunos provinciales hay variedad de matices.

El foco vuelve a colocarse entonces sobre el peronismo/kirchnerismo. Y con más fuerza, por dos cuestiones conocidas: el peso del “interbloque” -que quedaría a tres bancas de tener mayoría propia, si se mantiene blindado- y la consideración sobre el poder de Cristina Fernández de Kirchner. Eso mismo, por efecto numérico y por impacto político, refuerza la apuesta a astillar a UxP cuando llegue la hora de votar. Las miradas se corren a representantes de Catamarca y Santiago del Estero, y también a otros tres senadores peronistas de provincias en manos de otros espacios políticos.

Las cuentas son otras para el caso de Ficha Limpia. El adelanto estuvo en Diputados, donde después de la traumática exposición en la sesión por las primarias, el peronismo se mostró reagrupado para rechazar el proyecto anticorrupción bajo el argumento, repetido, del intento de “proscripción” de CFK. Es más, escaló hasta el nivel de cruces que incluyeron insultos para ocupar otra vez el lugar de oposición dura y, sobre todo, sin fisuras mayores.

El punto, en primer lugar, es si dan los tiempos para un trámite veloz en el Senado, habida cuenta de la foto peronista que dejó Diputados en esta materia y de su enorme peso si actúa unificado. Reunir 37 senadores en la otra vereda no es tarea sencilla, en especial si se consideran fisuras y también sospechas entre integrantes del armado necesario para aprobar la iniciativa anticorrupción.

En ese terreno, son significativos los recelos que circulan sobre la actitud real del oficialismo, sobre todo entre senadores radicales y amarillos. En primer lugar, se trata de los tiempos, muy ajustados, casi al final del período de extraordinarias. Y después, del interés por la suerte de Ficha Limpia. Eso llega al nivel de temores sobre la posibilidad de que el trámite sea forzado, sin garantía suficiente de apoyo -en especial, de algunos provinciales aliados de Olivos- para que en todo caso el proyecto quede empantanado.

El punto, entonces, podría ser quién paga costos si el Ficha Limpia vuelve a naufragar. Se verá. Por lo pronto, el temario incluye otros temas delicados, como juicio en ausencia, reiterancia, y los pliegos para la Corte. Dividen aguas. Pero las cuentas y los desafíos son diferentes.

fuente: infobae