Cristina Kirchner “armó el circuito de coimas para enriquecerse ilegalmente”, se escuchó durante la cuarta audiencia del debate público del caso Cuadernos, donde en la lectura del requerimiento de elevación a juicio se detalló “la existencia durante doce años de un mecanismo de recaudación” que también favoreció a los empresarios: “en esos pactos venales, libres y voluntarios, las dos partes obtuvieron beneficios. Se acusó al empresariado de pagar “montos descomunales”. Pero todo lo que recaudaban “lo hacían para Néstor y Cristina Kirchner”.

A lo largo de la lectura del dictamen acusador que envió a todos los intervinientes en la maniobra delictiva a juicio oral, se escuchó el capítulo destinado a la valoración de los elementos de prueba que a la fiscalía le permitieron sostener que en este caso existió una asociación ilícita.

“La gravedad y la complejidad de la maniobra desplegada por representantes del Poder Ejecutivo de la Nación y terceras personas que conformaron la asociación ilícita evidencia la necesidad, a esta altura, de separar el análisis de los elementos probatorios y de los aportes realizados por los imputados colaboradores, con el objeto de esclarecer, con mayor precisión, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevaron a cabo los hechos”, se escuchó en el juicio.

Una empresa delictiva

Para la fiscalía, se conformó “una empresa delictiva que operó entre los años 2003 y 2015”.

En este punto y una hora después del inicio de la cuarta audiencia, la secretaría del TOF 7 dio lectura al detalle, el paso a paso de cómo funcionó lo que se calificó como una asociación ilícita.

“Los representantes estatales fundaron una sociedad paraestatal para obtener beneficios personales de carácter económico. Específicamente para enriquecerse a título personal aunque, también, para destinar parte del dinero recaudado a la comisión de otros planes delictivos”, sostiene el requerimiento de elevación.

Se detalló que los empresarios participaron de la maniobra “para obtener favores con relación a las empresas que representaban. Entre ellos, y a modo de ejemplo, adjudicaciones de licitaciones, otorgamientos de obras públicas, el pago de facturas emitidas, desembolsos a medida que los proyectos avanzaban, y otorgamiento de subsidios”.

“Los dos ganaban”, se escuchó. En ese punto, se hizo referencia a la existencia de un “plan global” que entre 2003 y 2015 se constituyó en una asociación ilícita que fue formada, esquematizada, y liderada por quienes ejercieron como máximos referentes del Poder Ejecutivo de la Nación, como así también organizada, en mayor medida, por representantes del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”.

La finalidad de la asociación ilícita fue que sus integrantes “pudieran enriquecerse personalmente de manera ilegal, mediante negociaciones y acuerdos espurios entablados con empresarios nacionales e internacionales de distintos rubros”. Eso incluía no sólo a ex funcionarios y sobre todo a Cristina Kirchner como “destinataria final de los sobornos”, sino también a los empresarios.

Para ello llevaron a cabo un “plan global en el cual implementaron una logística específica y concreta de recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros, entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.

El rol del empresariado -según determinó la justicia- “fue indispensable”, con “pagos de montos descomunales” durante todo el tiempo que la organización criminal funcionó.

“Recaudaban para Néstor y Cristina Kirchner”

La acusación sostiene que entre los principales recaudadores de ese esquema se encontraban Roberto Baratta -junto a secretarios que respondían a él-, Claudio Uberti, como José López. Ir a los puntos de encuentro acordados con los empresarios tenía como finalidad retirarse con bolsos, valijas, bolsas con dólares mayoritariamente. “Lo hacían para darle el dinero a Daniel Muñoz, inescindible entre los años 2008 y 2010 con quienes habían organizado y/o comandado la asociación delictiva: Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, se escuchó en el juicio.

En todo momento, indica la acusación, el eslabón final de la cadena delictiva eran los “pagos recolectados” que se entregaban al ex secretario privado de Néstor Kirchner, quien casi en su totalidad los dejaba en “dos inmuebles que en aquél entonces utilizaban Néstor y Cristina Kirchner, primero en Uruguay y segundo en la Quinta Presidencial de Olivos”.

La jefa de la asociación

Al proseguir con la lectura del requerimiento de elevación a juicio se escuchó la acusación que pesa sobre la ex Presidenta. Se explicó que a través de las confesiones de los arrepentidos, las anotaciones de Oscar Centeno como también las pruebas producidas, se pudo determinar que Cristina Kirchner fue la “jefa de la banda”.

Para la justicia, Cristina Elisabet Fernández, Julio De Vido, Roberto Baratta, José Francisco López, Carlos Wagner, Ernesto Clarens, Nelson Javier Lazarte, Rafael Enrique Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Oscar Bernardo Centeno, Gerardo Luis Ferreyra, German Ariel Nivello, y Oscar Alfredo Thomas intervinieron en una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde mayo de 2003 y hasta noviembre d 2015.

Fue así que se la señaló como jefa de la asociación ilícita: “Dicha maniobra se llevó delante de manera sofisticada con división de roles. Cristina Kirchner está acusada de haber sido la jefa de la asociación ilícita. La organización fue diagramada desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo de la Nación”.

La ex presidenta fue la destinataria final de al menos 60 millones de dólares que se entregaron en su departamento de Uruguay y Juncal y otra gran cantidad que viajó a Santa Cruz y que a la vez, fueron depositados en la quinta presidencial de Olivos.

Las evidencias contra Cristina Kirchner

Al momento de explicar su responsabilidad penal como jefa de la organización criminal el Ministerio Público Fiscal detalló en el requerimiento: “Así lo evidencian las anotaciones de Oscar Bernardo Centeno y las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Claudio Uberti, siendo quien ejerció la jefatura de la organización y la única con capacidad efectiva de decidir cómo y qué hacer con los pagos realizados por los empresarios”.

Se le dio particular relevancia a los dichos de José López como imputado colaborador, quien relató que en una reunión con Cristina Kirchner en Olivos, ella le dijo ““podes ser parte del problema o de la solución” exponiendo un cuaderno en el ex que el ex presidente anotaba todo. “A Cristina le conté todo, que había un sistema de recaudación con las obras viales, le conté el mecanismo que en el resto de los sectores del ministerio lo conocía”, dijo López.

Las anotaciones y confesión de Centeno fue utilizada en la acusación contra la ex mandataria: “Las veces que íbamos a Olivos, antes de ir para allá pedíamos por el teléfono las indicaciones para ir o no, entonces Rodríguez, secretario de Cristina, daba el ok y nos íbamos del ministerio a Olivos, o pasábamos por un lugar a retirar y de ahí íbamos a Olivos. Cuando llegábamos le avisaban al de la puerta y nos autorizaban el ingreso. Ya con Cristina presidenta íbamos una vez por semana. Habremos ido 7 u 8 veces. Yo la vi a Cristina en varias oportunidades. Con Néstor Kirchner vivo íbamos más seguido, a veces por trabajo pero muchas otras para entregar los bolsos con dinero, hasta tres veces por semana. Cuando fallece Néstor las recaudaciones se empiezan a hacer una vez por semana, que es cuando dejo de escribir. Y luego cuando retomo los cuadernos, en época de Cristina…”

Los empresarios: los pagadores de coimas

Después de dar cuenta del rol de la jefa de la asociación ilícita y de sus organizadores cumpliendo diversos roles, se avanzó en la lectura del cohecho activo, esto es: los responsables de pagar los sobornos.

Ciertos integrantes de la organización criminal acordaron con los “responsables de empresas nacionales e internacionales el pago de sumas de dinero con el fin de que los funcionarios que integraban la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dichas empresas”.

Así versa en la acusación: “En esos pactos venales, libres y voluntarios, las dos partes obtuvieron beneficios. Los empresarios lograban favores de parte del Estado, y los integrantes del grupo paraestatal, a través de los pagos, se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita durante el transcurso del tiempo”.

Eran sobornos

En el cuadro de acusaciones, se señaló que las erogaciones realizadas por los empresarios de diversos rubros, “no se trataron de una mera dación, por cierto de importantes cantidades de dinero, desconectadas de todo beneficio pretendido por el dador, sino por el contrario, de un acuerdo corrupto, entre privados y funcionarios públicos, es pos de obtener, de un lado como del otro, beneficios de carácter patrimonial”.

Ese dinero, “que aquí se enmarca en un ilícito sistema de recaudación, era en procura de que el funcionario público haga algo relativo a sus funciones: liberar un pago, adjudicar una obra, extender una concesión o un plazo, una renegociación de concesión o la obtención propia de subsidios, en definitiva, el compromiso de colocar en alguna situación de privilegio y/o favorecer a la empresa cohechante, sea frente a un pago, a una concesión, una adjudicación y/o contratación, a cambio del pago de un retorno de parte de ese ilícito beneficio.”, se escuchó durante la cuarta audiencia.