La iniciativa del Congreso se da de frente con las recientes recomendaciones del FMI. Javier Milei podría perder parte de su estrategia de negociación.
Parece ser el tiempo de las «Congresonomics«: la creciente posibilidad de que el Congreso Nacional reasuma -a su manera- un papel protagónico en la aprobación y sanción de partidas presupuestarias específicas, orientadas a áreas críticas como la salud, la educación, las transferencias a las provincias, la discapacidad y la seguridad social. Las últimas horas dan cuenta de ello.
El Gobierno viene de sufrir una dura derrota. La oposición aprobó la emergencia en el Garrahan y el financiamiento universitario. Además, se impuso el tratamiento en comisión de los proyectos de los gobernadores y los cambios en la comisión cripto, mientras que se rechazaron los decretos contra Vialidad, la Marina Mercante, el INTI y el INTA. Pero además esa derrota es doble: señalan en la Casa Rosada que este tipo de maniobras los «expone» en plena carrera electoral, al punto tal que, anoche, se sopesaba la posibilidad de terminar cediendo en alguna cuestión relacionada con la emergencia pediátrica y discapacidad.
La lectura política obligaría a pensar que esta dinámica representa un contrapeso al enfoque ejecutivo de ajuste fiscal estricto, y podría marcar un giro hacia una gestión más descentralizada y plural de los recursos públicos, en respuesta a las demandas sociales acumuladas. Sin embargo, esta perspectiva choca frontalmente con las recomendaciones emitidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su revisión del acuerdo de facilidades extendidas, aprobada el pasado 31 de julio. El organismo multilateral insta al Gobierno a mantener un superávit primario del 1,6% del PBI para 2025, priorizando la disciplina fiscal y los ajustes necesarios para garantizar un margen suficiente en el pago de la deuda externa.
Fuente: Ámbito