En continuidad con las expresiones en repudio a la legalización de la interrupción del embarazo, desde el Colegio de Médicos de la provincia hicieron pública ayer una solicitada que “reafirma la defensa de las dos vidas”.
El comunicado está dirigido a los profesionales colegiados, legisladores nacionales, autoridades de los poderes y la ciudadanía, en respuesta al proyecto de ley que comenzará a ser tratado esta semana. Sostiene que el Comité de Bioética y la Mesa Directiva del Colegio de Médicos de la provincia, reiteran su posición en contra del mismo, que oportunamente fuera expuesta en 2012 y 2018.
Sostienen que: “Desde distintos poderes del Estado (fallos judiciales y proyectos legislativos) y de organizaciones particulares, se busca instalar la práctica del aborto como un procedimiento médico y un derecho de la mujer encinta. Incluso se lo plantea como una reivindicación ante lo que se denomina la ‘corporación médica’”. En ese sentido, explica que este enfoque “reposa en el difundido agravio de que la profesión médica realizaría habitualmente abortos, movida por un interés económico, excluyendo a los sectores pobres de la sociedad”.
“No podemos dejar de recordar que el profesional médico está al servicio de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte. Por ello, el aborto como un procedimiento de las etapas del proceso de la gestación no es una actividad médica”, explican, e insisten que se trata de una práctica no aceptada ni tolerada desde la institución que nuclea a estos profesionales de la salud.
La institución continúa explicando que conforme conocimientos genéticos y embriológicos: “Sabemos que el concebido es un nuevo individuo de la especie humana, con su identidad genética única. No se trata de un órgano ni de una modificación benigna o maligna del cuerpo de la madre”.
“Incorporar el aborto como una práctica social no es un avance sino un retroceso en la calidad de vida, se dirige contra la vida misma en su etapa inicial pero ya objetivamente definida. Además, el aborto, cualquiera fueran las condiciones de su realización, no es inocuo para la misma mujer que se lo practica”.
De esta manera, detalla que “la objeción de conciencia ante una normativa de tipo permisivo surge de la raíz misma del conocimiento y de la identidad de la profesión médica, también del deber de explicar este tipo de procedimientos, su verdadera naturaleza y sus probables consecuencias psicofísicas”.
Por último, solicita que la legislación contemple la contención de asistencia social y de salud a la madre gestante y al hijo: “En esta tarea sí tenemos nuestro compromiso vocacional, y profesional y nuestra disposición a colaborar”.
Fuente: Nuevo Diario Salta