El principal objetivo será la consolidación, investigación, estudio, cooperación, difusión, y otras actividades afines vinculadas al derecho público y su aplicación.
Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 631 de la Secretaría General de la Gobernación que crea un laboratorio de Derecho Público en la provincia.
Las funciones de la flamante institución serán:
1. Impulsar el estudio e investigación del Derecho Público, a través de un enfoque pragmático, pudiendo conformar Comisiones que profundicen el análisis de sus diferentes ramas y efectúen propuestas superadoras
2. Consolidar el derecho público local
3. Promover la difusión de los trabajos, investigaciones y conclusiones desarrolladas, a través de la publicación de las mismas
4. Propender a la organización de seminarios, cursos y jornadas que versen sobre el Derecho Público
5. Desarrollar capacitaciones para los profesionales que se desempeñen en su ámbito
6. Fortalecer, en los servidores públicos, el ideario del bien común como fin y fundamento del Estado, el fomento de la progresividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, realzando la dignidad de la persona humana.
7. Suscribir acuerdos de colaboración y/o cooperación con entidades públicas y/o privadas, municipales, provinciales, nacionales e internacionales, vinculadas al Derecho Público.
8. Propiciar la profundización de los principios del federalismo a través de las herramientas del Derecho Público.
9. Adoptar todas las acciones necesarias, tendientes al mejor desempeño del Laboratorio del Derecho Público de Salta.
La secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo, será la directora del laboratorio; el fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, el director adjunto y el delegado de la Casa de Salta, Martín Plaza, será el secretario. Todos ellos sin perjuicio de las funciones que ejercen actualmente y lo harán con carácter ad honorem.
Las Comisiones del Laboratorio del Derecho Público de Salta, podrán ser integradas, de conformidad a lo que prevea su reglamento, por profesionales que se desempeñen en los distintos ámbitos del Estado, sea nacional, provincial o municipal. En ningún caso se generará vínculo laboral alguno con el Poder Ejecutivo Provincial.
López Morillo, en su calidad de funcionaria provincial, será la facultada para aprobar el reglamento, dictar la normativa necesaria y autorizar los trámites y gastos para el funcionamiento de la institución que se imputarán de la Secretaría General de la Gobernación.
Fuente: Aries Online.