Tras un acuerdo con los bloques aliados, la Casa Rosada envió el proyecto a la Cámara de Diputados, para que se vote el jueves en el recinto. El texto insiste en bajar a 13 la edad de imputabilidad, pero los votos no están. A diferencia de la versión original, este proyecto especifica el impacto fiscal.
A 48 horas de la sesión en la que la Cámara de Diputados votará el nuevo régimen penal juvenil, el Poder Ejecutivo presentó su proyecto de ley. Pese a no contar con los votos, el texto impulsado por La Libertad Avanza insiste con llevar a 13 la edad de imputabilidad. Se da por descontado que ese ítem será modificado, de lo contrario, la iniciativa corre peligro de no juntar los votos para su aprobación. Además, a diferencia del proyecto original, esta versión sí incluye el costo fiscal de la iniciativa.
El miércoles pasado, los jefes de bloque se reunieron en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara baja, para acordar el cronograma de las sesiones extraordinarias. En ese contexto, salvo algunos bloques opositores, como Unión por la Patria y el FIT, el resto de las bancadas acordaron avanzar con una sesión para este jueves 12, a fin de darle media sanción al nuevo régimen penal juvenil.
Se trata de un tema que ya fue extensamente debatido el año pasado. Tras una decena de reuniones informativas, con la ahora libertaria Laura Rodríguez Machado a la cabeza, el oficialismo había cedido en una serie de puntos. Entre ellos, llevar a 14 (y no a 13 como decía el proyecto original) la baja de edad de imputabilidad. De esa manera, La Libertad Avanza se garantizó el dictamen de mayoría. Pero, jamás lo llevó al recinto por falta de votos.
Ahora, con la nueva composición de la Cámara, La Libertad Avanza tiene un volumen más favorable en ambas Cámaras. Pero no el suficiente para garantizarse la sanción de esta y otras iniciativas. Es por eso que, en la reunión en el despacho de Menem, los libertarios propusieron avanzar con aquel texto, que también establece un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del delito y medidas alternativas a la prisión, como servicios comunitarios, programas educativos, reparación del daño y tratamiento psicológico.
Asimismo, establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves y un sistema escalonado donde la privación de la libertad quedaba reservada para casos de alta gravedad, con alojamiento en institutos especializados sin contacto con adultos.
Además, en la reunión, los popes de La Libertad Avanza anunciaron que incluirá un agregado presupuestario que reclamaron gobernadores dispuestos a adherir a la iniciativa. En concreto, como los distritos provinciales ya sancionaron sus respectivos presupuestos, la diferencia de los presupuestado para las políticas penales juveniles y lo que implique la implementación del régimen, se convenia con Nación.
En palabras de un diputado: “Si una provincia tenía 10 presupuestado en política penal juvenil y con la implementación le saldría 14, esos 4 los pone Nación”. Aun así, lo cierto es que el impacto fiscal de la iniciativa se desconoce. Pese al pedido de los diputados de la oposición, el oficialismo no giró la iniciativa a la Oficina de Presupuesto del Congreso para que haga la estimación.
Régimen Penal Juvenil: qué dice el proyecto del Ejecutivo
Pese a las conversaciones de la semana pasada, el proyecto que el Ejecutivo envió este lunes a la Cámara de Diputados no refleja el dictamen ni lo conversado en aquel encuentro. Sino que, por caso, mantiene la edad de imputabilidad en 13 años, tal cual defienden desde Patricia Bullrich, principal impulsora de la iniciativa, hasta el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por poner algunos ejemplos.
«Sale con 14», dijo una importante fuente de la Cámara de Diputados a este medio. Es que, más allá de las intenciones libertarias de llevar a 13 la edad de imputabilidad (y así lo dejaron plasmado en su texto), saben que los votos no están. Ni siquiera el PRO que conduce Cristian Ritondo está dispuesto a ceder en ese punto. El exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires siempre fue claro: la edad es 14.
Es por eso que se da por descontado que ese punto se corregirá en el plenario de comisiones que se celebrará este miércoles, en la previa a la sesión del jueves.
Un dato a tener en cuenta es que esta versión del Gobierno sí incluye el costo fiscal de la implementación del régimen penal juvenil. El proyecto que impulsó el gobierno no especificaba ese dato y, pese a los reclamos opositores, LLA jamás giró el proyecto a la Oficina de Presupuesto del Congreso para que lo analice.
De acuerdo al texto, el costo fiscal sería de $ 23.739.155.303. ¿De dónde saldrían esos fondos? Del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación.
Fuente: Ámbito