Fue condenada por la Corte Suprema a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Ayer, su abogado Carlos Beraldi confirmó que llevará el caso a Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que no dijo Beraldi y que sí pudo confirmar TN es que dos abogados de un muy prestigioso estudio jurídico norteamericano ya visitaron la sede de ese organismo, que queda al 1889 F Street, N.W, a unos 300 metros de la Casa Blanca.
Cristina ya tiene listo es escrito y los argumentos para defenderse. Citará una medida cautelar que la Comisión concedió en favor de Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, y que confirmó la Corte Interamericana. Petro, a pesar de haber sido inhabilitado, pudo ser candidato.
La expresidenta dirá que la Justicia argentina violó su derecho de defensa y que nadie puede privarla de ser elegida en comicios libres, ni siquiera la Justicia. Además, le solicitará a la Comisión Interamericana que suspenda el fallo de la Corte argentina que la inhabilitó y que, para ser candidata, debe permanecer en libertad.
Por eso, Cristina y sus abogados pedirán que la Comisión dicte una medida cautelar para que la habilite a ser candidata. Y, como precedente, invocará el caso Gustavo Petro vs Colombia.
La jugada es inminente y la expresidenta necesita que prospere antes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, de la que ella quedó excluida.
Si la carta resulta ganadora, ella no solo podría ser candidata sino que también debería permanecer en libertad, para poder hacer campaña. En otras palabras, busca que la CIDH suspenda la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, este martes, la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
Cristina invocará que su situación es similar a la que vivió Petro hace veintidós años.
El actual presidente de Colombia y hombre de izquierda había sido electo alcalde de Bogotá en 2012. Fue enjuiciado por distintas irregularidades durante su gestión. La Procuración General de la República, a través de una sala disciplinaria, llevó adelante un proceso y, un año después, lo destituyó. Por eso, Petro fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años. Esa sentencia fue confirmada por el Tribunal Constitucional de Colombia.
Pero todo cambió. Petro fue a Washington, y apenas unos meses después, en marzo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar y dispuso que ese Estado debía respetar el derecho de Petro a ser candidato.
El caso de Petro no es exactamente idéntico al de Cristina Kirchner, porque ella fue investigada por un delito de corrupción; fue investigada por un juez de instrucción; fue juzgada y condenada por un Tribunal Oral Federal y la condena fue confirmada por la Cámara de Casación y por la Corte Suprema. Es decir, su caso recorrió durante diecisiete años —no uno solo, como el de Petro— absolutamente todas las instancias judiciales y pudo ejercer, de manera completa, su derecho de defensa y presentar pruebas en su descargo.
Pero Cristina Kirchner no repara en esas minucias. Por el contrario, dice que la Corte la proscribió. Y, por otra parte, la Comisión Interamericana es la última carta que puede jugar. El tiempo se le agota, pero no se resigna y apuesta su última carta.