La Secretaría de Justicia y el Ministerio Público Fiscal firmaron un convenio que tiene como eje central garantizar una atención integral y oportuna a las víctimas, priorizando su contención psicológica, el asesoramiento jurídico adecuado y el acceso efectivo a los servicios del Estado desde los primeros momentos posteriores al hecho delictivo.
La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y Justicia firmó hoy un convenio de colaboración con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento integral, la protección y el respeto de los derechos de las víctimas de delitos graves y de sus familiares. El acuerdo fue suscripto por el secretario de Justicia, Javier Mónico, y el procurador general de la Provincia, Pedro Oscar García Castiella.
El convenio tiene como eje central garantizar una atención integral y oportuna a las víctimas, priorizando su contención psicológica, el asesoramiento jurídico adecuado y el acceso efectivo a los servicios del Estado desde los primeros momentos posteriores al hecho delictivo. Asimismo, se busca reducir los efectos traumáticos derivados del delito, mediante un abordaje respetuoso de la dignidad, la intimidad y las necesidades particulares de cada persona afectada.
En ese marco, se formaliza la articulación institucional entre la Secretaría de Justicia, a través del programa de Orientación y Asistencia a las Víctimas y Familiares de Víctimas de Delitos Graves, y el Ministerio Público Fiscal, estableciendo canales de comunicación y derivación que permitan un acompañamiento continuo, sin interferir en el proceso penal y respetando en todo momento el consentimiento de la víctima y la confidencialidad de la información.
El acuerdo prevé además la coordinación de acciones para facilitar el acceso a la Justicia, garantizar una tutela judicial efectiva y asegurar que las víctimas cuenten con información clara sobre sus derechos y los recursos disponibles, promoviendo un rol activo del Estado en su protección y asistencia.
El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, con renovación automática, y se inscribe en las políticas públicas provinciales orientadas a consolidar un sistema de atención centrado en la víctima, con una intervención articulada, respetuosa y sostenida por parte de los organismos del Estado.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación