El Senado de Salta aprobó en forma definitiva el nuevo Código que regirá en la provincia. Los legisladores afirmaron que permitirá agilizar los procedimientos y fortalecer la transparencia en la Justicia penal.
En una sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia otorgó la aprobación definitiva al proyecto de ley que introduce el nuevo Código Procesal Penal.
“Constituye una respuesta técnica, política e institucional para modernizar el servicio de Justicia penal y dotarlo de mayor transparencia y eficacia, características que la sociedad reclama”, expresó el senador por La Poma, Dani Nolasco, al presentar los aspectos centrales de la iniciativa.
El legislador explicó además que la reforma se fundamenta en una visión de modernización y representa la etapa final de un proceso gradual iniciado en 2011.
“La oralidad garantiza la participación del ciudadano. El cambio permite al MPF prescindir del ejercicio de la acción penal mediante la aplicación de los criterios de la oportunidad en casos que no comprometan el interés público”, sostuvo, enfatizando que esta herramienta contribuirá a una administración más eficiente de los recursos del Estado.
Nolasco resaltó también que el proyecto es resultado de un extenso proceso de consulta con profesionales del derecho, lo que le otorga al texto un sólido respaldo interinstitucional.
“Se separan las funciones de investigar y juzgar. Se reafirma el juicio previo, el estado inocencia, la defensa en juicio y el principio de restricción de derechos. Se otorga un marco legal robusto de los derechos de la víctima, garantizando su derecho a intervenir en el proceso”, señaló el senador, agregando que todo el procedimiento se desarrollará bajo el principio de oralidad, asegurando que la prueba sea producida ante el juez o tribunal encargado de dictar sentencia.
Para concluir, indicó que la reforma no solo adecua la normativa a los estándares constitucionales vigentes, sino que además la adopción plena de la oralidad consolida un sistema más moderno, dinámico y eficiente.
El proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación.