La Cámara de Senadores provincial aprobó por unanimidad un proyecto que impulsa la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para quienes asumen o continúan en cargos públicos, avanzando en el tratamiento de un Decreto de Necesidad y Urgencia que busca reforzar la transparencia institucional y la idoneidad en la función pública.
El Senado de la Provincia de Salta dio hoy media sanción al proyecto que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos, tras aprobar por unanimidad el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 32/26 en una sesión extraordinaria destinada a tratar la medida.
La iniciativa, impulsada originalmente por el Ejecutivo provincial bajo el decreto firmado el pasado mes de enero por el gobernador Gustavo Sáenz, propone que quienes aspiren a ocupar o ya desempeñen cargos en los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, así como en organismos de control y municipios, se sometan a análisis que detecten sustancias psicoactivas prohibidas como cocaína, opioides, cannabinoides y otras.
Según los fundamentos del proyecto, los controles serán de carácter sorpresivo y realizados con test rápidos homologados, respetando principios como la confidencialidad, la protección de datos personales, el debido proceso y el derecho a defensa con posibilidad de contrapruebas.
Los legisladores que respaldaron la aprobación destacaron que la medida busca reforzar los estándares de transparencia y garantizar la idoneidad física, psíquica y moral de quienes ejercen responsabilidades institucionales. Sin embargo, algunos plantearon cuestionamientos sobre la necesidad de “reglamentación clara” para definir operativamente cómo se llevarán a cabo las pruebas, incluyendo aspectos técnicos como el tipo de muestra a utilizar.
El proyecto ahora será remitido a la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta para su tratamiento y eventual sanción definitiva, en un proceso que podría definir el alcance y las condiciones de aplicación de los exámenes toxicológicos en la función pública salteña.
La propuesta se enmarca en una política más amplia iniciada por el Ejecutivo, que tras la firma del decreto convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura para debatir la medida, en un contexto donde la demanda por mayores mecanismos de control y transparencia en la función pública ha sido un tema recurrente.
Quienes no cumplan con la obligatoriedad de someterse a los exámenes, o quienes obtengan resultados incompatibles con la aptitud requerida, afrontarán las consecuencias y procedimientos previstos en la normativa provincial, que podrían incluir la remoción del cargo o, en el caso de cargos electivos, la activación de mecanismos como el juicio político.
La media sanción representa un avance en la discusión de esta política de control institucional, y ahora pasará al análisis de la Cámara Baja provincial para su tratamiento integral y eventual aprobación definitiva.