Se trata de una presentación que los candidatos de la Coalición Cívica, Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, elevaron al presidente Javier Milei. Abarca contrataciones directas y licitaciones aún en etapa de preadjudicación. En paralelo, la Justicia allanó la sede de Osprera y acorrala a los empresarios.
En paralelo a la causa que tramita en los tribunales de Comodoro Py por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Coalición Cívica elevó un pedido al presidente Javier Milei para que el Gobierno realice un «control exhaustivo» sobre las compras preadjudicadas a la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, que rondan los $8.823 millones, para determinar si se registran «prácticas corruptas» en los procedimientos. A su vez la Justicia allanó la sede de Osprera y pone contra las cuerdas a los empresarios.
El candidato a diputado nacional por CABA, Hernán Reyes, y la postulante a la senaduría, Marcela Campagnoli, solicitaron al mandatario nacional que ponga en marcha un análisis sobre catorce procesos de compra a la compañía investigada por el presunto pago de retornos a funcionarios de primera línea del Ejecutivo nacional, entre ellos la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y su asesor, Eduardo «Lule» Menem.
Los expedientes que el legislador porteño y la diputada nacional solicitaron revisar «con motivo de la grave posibilidad de la consumación de potenciales delitos en contrataciones públicas» fueron abiertos entre 2024 y 2025, tres de los cuales se efectuaron bajo la modalidad de contratación directa, mientras que los once restante se iniciaron mediante licitación pública. Todos ellos aún en etapa de preadjudicación por un total de $8.823.974.855.
«En todos los procedimientos mencionados Suizo Argentina S.A. se presenta como oferente y los mismos se encuentran pendientes de adjudicación, es decir, aún no se ha perfeccionado la selección definitiva del contratista», manifestaron Reyes y Campagnoli, siendo en algunos expedientes «la única oferta disponible».
A raíz de los audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, en el que se menciona el presunto pago de coimas a los funcionarios nacionales de entre el 3 y el 8% de los montos que la agencia destinó para las compras de medicamento a la droguería, la Justicia inició una investigación para verificar la veracidad de los hechos, la cual derivó en allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos. En la causa también se tomó declaratoria a Fernando Cerimedo, exasesor de La Libertad Avanza, quien ratificó que Spagnuolo le contó en privado el mismo contenido que luego se difundió en los audios.
Coimas en ANDIS: piden revisar contrataciones preadjudicadas a la Suizo Argentina
«La gravedad de estos hechos no puede ser soslayada: se trata de acusaciones verosímiles de corrupción en perjuicio del Estado y, por ende, de la sociedad, que comprometen la integridad de los procesos licitatorios mencionados y amenazan con menoscabar la confianza pública en las instituciones», manifestaron Reyes y Campagnoli en la nota, razón por la cual le solicitaron a Milei «que realice control exhaustivo en forma preventiva previo a toda adjudicación de las contrataciones que en su totalidad y/o renglón, donde fuera adjudicataria la empresa en cuestión».
Además argumentan que, tomando como base el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, el Decreto Delegado 1023/2001, que rige las contrataciones públicas nacionales, «se establece expresamente en su artículo 10 que el pago de sobornos (coimas) por parte de un oferente constituye causal determinante para rechazar una oferta o rescindir de pleno derecho un contrato ya adjudicado». Y recalcan que, en su artículo 28, se remarca que no podrán contratar con el Estado aquellas personas procesadas por delitos contra la Administración Pública, contra la propiedad, la fe pública, o por delitos contemplados en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
En esa línea, los candidatos cívicos plantean que si la causa judicial derivara en el procesamiento de los directivos o responsables de Suizo Argentina, entre ellos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, por delitos de cohecho la empresa «quedaría automáticamente impedida de resultar adjudicataria de contratos públicos» ya que «no es requisito» esperar una sentencia firme para romper el vínculo contractual.
«Las sospechas fundadas de corrupción constituyen, indudablemente, una de esas circunstancias que hacen imperativo accionar. El interés público en la transparencia y probidad de las contrataciones prevalece sobre el interés individual del oferente sospechado en concluir el proceso a su favor. En suma, jurídicamente nada obsta a que la Administración, considerado necesario, suspenda de inmediato la tramitación de estos concursos respecto de Suizo Argentina S.A., ya sea apartando provisoriamente a dicho oferente, rechazando sus ofertas por causa sobreviniente de interés público, o directamente anulando los procedimientos si se confirmase una contaminación generalizada por prácticas corruptas», remarcaron.
Más allá de los argumentos normativos, Reyes y Campagnoli enfatizaron en «la dimensión moral» del pedido, considerada como un acto «insoslayable» para «la recuperación institucional de la República y la estabilización de una Argentina postergada». «Con independencia de la interpretación que pueda hacer Casa Rosada respecto de los alcances del caso de corrupción, debe prevalecer los máximos estándares de transparencia y la protección del interés nacional por sobre las estrategias legales y/o políticas de los funcionarios de turno«, concluyeron.
Fuente: Ámbito
