El proyecto de Presupuesto 2026, enviado por el gobierno nacional, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, con el respaldo mayoritario de los legisladores, incluidos los siete representantes de Salta. La sesión extraordinaria reflejó la nueva correlación de fuerzas tras las elecciones de octubre, con un apoyo general de los bloques alineados al oficialismo.

En la votación en general sobre el Presupuesto, la totalidad de los diputados salteños apoyó la iniciativa que busca consolidar los lineamientos económicos del gobierno, entre ellos el equilibrio fiscal y la reducción del tamaño del Estado. La delegación provincial está integrada por tres legisladores del bloque Innovación Federal, vinculados al gobernador Gustavo Sáenz, y cuatro de La Libertad Avanza.

Sin embargo, el apoyo uniforme se quebró cuando llegó el momento de votar en particular sobre el artículo 75 del capítulo 11, que proponía la derogación de dos leyes consideradas clave: la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento a las Universidades Nacionales.

Aunque originalmente desde Innovación Federal se había anticipado una postura en contra de esa modificación, terminó siendo el diputado Bernardo Biella el único salteño que votó en contra del intento de eliminar estas normas. Sus colegas tanto de su propio bloque como los de La Libertad Avanza votaron a favor de mantener el artículo dentro del texto presupuestario.

La propuesta de eliminar esas leyes no prosperó: el capítulo que contenía ese artículo fue rechazado por 123 votos contra 117 a favor del oficialismo libertario, lo que constituye una derrota parcial para el gobierno a pesar de la aprobación general del Presupuesto.

Las leyes en cuestión —la de emergencia en discapacidad y la que garantiza el financiamiento de las universidades nacionales— son consideradas pilares para la atención de personas con discapacidad y el sostenimiento de la educación pública. La intención de derogarlas había generado críticas de distintos sectores sociales y políticos por el posible impacto adverso que podría tener sobre estos grupos.

Con la votación en particular resuelta y el Presupuesto aprobado en general, el proyecto ahora será remitido al Senado para continuar con su tratamiento legislativo.

La Cámara de Senadores de la Provincia de Salta dio media sanción a un proyecto de ley que busca agravar las sanciones para quienes se dedican al cobro ilegal por estacionamiento, cuidado o limpieza de vehículos en la vía pública, práctica conocida popularmente como la de los “trapitos”.

La iniciativa propone modificar la Ley de Contravenciones para elevar las penas y dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas más firmes para actuar ante esta conducta que, según los legisladores, genera situaciones de intimidación y molestia para los conductores.

Según lo aprobado en el Senado provincial, las sanciones podrán incluir arresto de hasta 40 días o 40 días multa para quienes realicen estas prácticas, en sustitución de las penas actuales.  
Además, el proyecto contempla que “las penas serán de cumplimiento efectivo cuando se compruebe la existencia de una organización detrás de esta actividad”, lo que busca alcanzar casos en los que haya coordinación o grupos estructurados detrás de estos cobros.

Desde la Legislatura se destacó que el objetivo de la reforma es brindar a las autoridades una respuesta más contundente ante las quejas de vecinos y automovilistas que, en múltiples ocasiones, se han visto forzados a pagar bajo amenaza de daños a sus vehículos o porque sienten vulnerada su seguridad.

El proyecto, que ya recibió el visto bueno de la Cámara alta, fue impulsado con el respaldo de representantes municipales y de diversos sectores que reclamaron un marco legal más firme para frenar estas prácticas en puntos de alta circulación y durante eventos públicos.

Tras la aprobación en el Senado, la iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados de Salta, donde seguirá su tratamiento con el objetivo de convertirse en ley definitiva.

Con esta edición del Neumatón ya son 20 los operativos realizados desde su puesta en marcha: 8 en 2024 y 12 en 2025, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y a mantener una ciudad más limpia y sustentable.

La Municipalidad de Salta, a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible, llevó adelante el último Neumatón del año y presentó un balance altamente positivo del programa. Con esta edición ya son 20 los operativos realizados desde su puesta en marcha: 8 en 2024 y 12 en 2025.

El director general del área, José Piú, destacó la amplia participación de vecinos, empresas y distintas instituciones, entre ellas la Municipalidad de San Lorenzo, la Policía y otros organismos que se sumaron acercando neumáticos en desuso.

“El balance es muy positivo. Ya salió el primer camión con 14 toneladas rumbo a Jujuy para su reciclado y, con esta edición, superamos ampliamente el objetivo que nos habíamos propuesto a principios de año”, señaló.

En total, el programa alcanzó las 1.451 toneladas recolectadas hasta la fecha y se estima que, sumando las últimas cargas de hoy, se superarán las 1.500 toneladas de neumáticos recuperados en las 20 ediciones realizadas. En promedio, cada operativo mensual recolecta entre 45 y 50 toneladas, con un mínimo registrado de 35 toneladas y un máximo de 63.

“El Neumatón no es solo el punto de recepción. Contamos con camionetas del Ministerio de Salud de la Nación que recorren la vía pública y con el apoyo del Ejército, que realiza la recolección en gomerías de la zona. Toda esta coordinación permite dar una respuesta integral y obtener estos números”, sostuvo el funcionario.

Cabe recordar que los neumáticos recolectados reciben una disposición final adecuada y son reciclados para su reutilización en la industria del cemento, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y a mantener una ciudad más limpia y sustentable.

Fuente: Municipalidad de Salta

La Dirección General de Mediación intervino en más de mil expedientes y llevó adelante más de 2 mil audiencias. Del total de casos abordados, la mayoría correspondió a conflictos de índole familiar, seguidos por otras problemáticas comunitarias.

 Municipalidad de Salta presentó el informe estadístico 2025 de la Dirección General de Mediación, que refleja el impacto positivo del servicio en la resolución de conflictos vecinales y familiares. Durante este año, el equipo de mediadores municipales trabajó sobre 1.098 expedientes, llevando adelante 2.352 audiencias y logrando 952 mediaciones cerradas, lo que representa una tasa de cierre del 87%.

Del total de casos abordados, la mayoría correspondió a conflictos de índole familiar, seguidos por otras problemáticas comunitarias. En cuanto al perfil de las personas solicitantes, se registró una mayor participación de mujeres, tanto en el inicio de los procesos de mediación como en la intervención general.

El informe también señala que, en promedio, cada expediente requirió dos audiencias, lo que da cuenta de un abordaje sostenido, con seguimiento y acompañamiento por parte de los mediadores. Asimismo, se destaca la intervención en 801 casos que involucraron a niños y adolescentes, garantizando un tratamiento adecuado y priorizando la protección de derechos.

En relación con situaciones de discapacidad y violencia familiar, intrafamiliar o de género, los registros muestran que estos casos representan un porcentaje menor del total, aunque cuentan con un tratamiento específico y articulado con las áreas correspondientes.

Desde la Municipalidad se invita a los vecinos a acercarse al Centro de Mediación Comunitaria más cercano a su domicilio para resolver sus diferencias de manera pacífica y constructiva.

Para consultas, los vecinos tienen disponible la línea de WhatsApp 3874120342.

Fuente: Municipalidad de Salta

El secretario de Justicia Javier Mónico, mantuvo una reunión con el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, en la que se abordó la situación de las personas privadas de la libertad, las condiciones de las unidades carcelarias y la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas a un trato digno y humano.

Durante la recorrida, el Gobernador destacó que esta infraestructura es clave en el Corredor Bioceánico. Integrará tecnología y el trabajo interdisciplinario de cinco organismos: Rentas, Gendarmería, Seguridad, Aduana y Municipio.

El gobernador Gustavo Sáenz verificó la obra del nuevo puesto de control en Salvador Mazza, emplazado en la zona del antiguo peaje, que registra un 90% de avance y es ejecutada con fondos provinciales. La infraestructura busca modernizar y reforzar la lucha contra el comercio ilegal y contrabando de mercadería.

Durante la visita, el Gobernador destacó la importancia de la obra para reforzar los controles en ruta, especialmente en una provincia como Salta con fronteras internacionales.

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur explicó que esta obra se emplaza en un lugar estratégico, ya que Salta “tiene tres países limítrofes y este es uno de los pasos más importantes de la Argentina”.

Con un recorrido por distintas dependencias, el Secretario de Seguridad verificó los trabajos operativos preventivos que se despliegan en la zona del departamento San Martín. Junto a autoridades del Distrito de Prevención 4 evaluó las tareas investigativas, la labor conjunta de las unidades especiales y las obras en edificios policiales.

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, supervisó el amplio trabajo operativo que se desarrolla en el norte provincial, relacionado al servicio policial y a los controles estratégicos establecidos en prevención de delitos.

Avellaneda, verificó, en el Puesto Policial Urundel, trabajos que se realizan para avanzar con el mejoramiento de la infraestructura del lugar junto al municipio local. Destacó la importancia de los controles vehiculares que continuamente se desarrollan en ese cruce de la ruta 34 y el acceso a esa localidad.

También supervisó los operativos integrales de seguridad que se instalan en esa zona, junto al jefe de la subcomisaría de Urundel,Manuel Aramayo dependiente del Distrito de Prevención 8, en los que participan integrantes de unidades especiales de la Policía.

Dejará para una segunda etapa su reforma más ambiciosa. «Ha sido el pedido de muchos sectores», explicó Patricia Bullrich. «Ahora empieza otro partido», plantearon desde la CGT.

Tampoco en el Senado el Gobierno pudo concretar su estrategia legislativa al pie de la letra: luego de una extensa jornada de expositores informativos en la que se iba garantizar el dictamen mayoritario de reforma laboral, anunció que prorrogará su tratamiento en sesión para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, en el mes de febrero. Su objetivo inicial era obtener una media sanción la próxima semana. Ahora el oficialismo priorizará la aprobación del Presupuesto 2026 e insistiría con el capítulo 11 rechazado en Diputados.

«Vamos a firmar un dictamen abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero«, explicó Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Trabajo del Senado, en medio del Plenario legislativo en conjunto con la Comisión de Presupuesto que trabajaba para apurar el dictamen. «Este ha sido el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley, en vez de discutirla el día 26 de diciembre», agregó la exministra, que explicó que esa fecha se destinaría a la votación del proyecto de Presupuesto 2026 y de Presunción de Inocencia Fiscal sancionadas por la madrugada en Diputados.

Ahora el plan del Gobierno es alcanzar dictamen del proyecto de Presupuesto 2026 este viernes 19 de diciembre a las 10 horas, en una reunión de comisiones. A partir de allí, precisarían aprobar la iniciativa en el Senado en los cinco días hábiles que le restan, considerando que su propuesta original no logró avanzar en Diputados tras la caída de un capítulo completo.

Es por eso que intentarán volverlo a introducir ese capítulo en el debate de la Cámara alta, lo que implica un tratamiento a contrarreloj: de tratarse el 26 de diciembre, Diputados tendría dos días hábiles para dictaminar nuevamente el mismo proyecto y sancionarlo en el recinto, intentando que la sesión no se extienda más allá de la medianoche porque las extraordinarias fueron convocadas hasta el 30 de diciembre. En caso de que no pueda aprobar el proyecto en lo que queda del año, Casa Rosada debería tomar la decisión de prorrogar el Presupuesto 2023 por un período de tiempo más.

Durante la jornada, las negociaciones con el sector dialoguista se tensó por discordancias de la redacción original y por el acuerdo entre libertarios y peronistas en Diputados por la AGN. Antes de terminar de definir la prórroga, Patricia Bullrich incluso hizo una visita de urgencia a Casa Rosada. Horas después, confirmó que se firmaría un dictamen «como criterio de cierta certeza», aunque su borrador final aún no se ha difundido públicamente.

«Es bueno que se prorrogue el debate y que no se cierre tan express como se venía intentando y que se escuche», destacó el senador Mariano Recalde (Fuerza Patria), aunque se lamentó porque «el dictamen no recoge ninguna observación ni ningún planteo, siquiera lo que ustedes consideraron aceptables».

Reforma laboral: marcha de la CGT en simultáneo

La prórroga del tratamiento de la reforma laboral se definió horas después de una marcha de la Confederación General del Trabajo en Plaza de Mayo, que formó parte de un «plan de resistencia programada», según plantearon en la central obrera. Desde ese organismo, también advirtieron por la posibilidad de un paro nacional en caso de que se avance el proyecto sin modificaciones.

Un miembro de la conducción sindical atribuyó la decisión oficialista a «la presión de CGT sobre los senadores, el efecto de la movilización y los errores nos forzados del oficialismo. Además de los cuestionamientos generalizados en la comisión». «Ahora empieza otro partido«, agregaron. Un legislador peronista que también forma parte de la dirigencia gremial explicó en qué momento se rompieron los puentes con Casa Rosada: «Con Guillermo Francos se hablaba bien. Después venía Santiago Caputo y… más o menos. Pero llegaba Sturzenegger y se pudría todo». Su testimonio subraya las tensiones que subsisten dentro de la gestión nacional acerca del tipo de vínculo que deben tener contra el gremialismo nacional.

Desde la conducción sindical, en conjunto con los bloques legislativos justicialistas, insisten con su plan inicial de ocho puntos para la reforma laboral: reducción paulatina de la jornada laboral, recomposición salarial, garantías para trabajadores de plataformas, articulación de convenios colectivos, participación en las ganancias de grandes empresas, derecho a la desconexión digital, creación de comités de salud y seguridad en las compañías y aumento de la licencia parental. Estos últimos dos apartados tuvieron dictamen en 2023, con otro oficialismo nacional.

Fuente: Ámbito